Represión en la zona republicana durante la guerra civil española para niños

Datos para niños Represión en la zona republicana durante la guerra civil española
Parte de Guerra civil española
Zonas sublevada y republicana en agosto y septiembre de 1936.
Localización
País	España
Datos generales
Tipo	represión política
Objetivo	Bando sublevado Iglesia católica Empresarios, industriales, terratenientes y políticos de la derecha
Participantes	Bando republicano
Histórico
Fecha de inicio	1936
Fecha de fin	1939
Desenlace
Muertos	49 272

La violencia en la zona republicana durante la guerra civil española se refiere a una serie de acciones violentas que ocurrieron en el territorio controlado por el bando republicano durante la guerra.

Estas acciones fueron llevadas a cabo por grupos de personas que apoyaban la revolución contra quienes consideraban sus oponentes. En España, esto incluía a empresarios, dueños de tierras y políticos de derecha. También afectó a miembros y propiedades de la Iglesia católica. Los grupos de izquierda a menudo veían a la Iglesia como aliada de las clases más ricas. Se calcula que entre 6.000 y 6.800 religiosos católicos perdieron la vida.

El intento de golpe de Estado de julio de 1936 y la revolución que le siguió en la zona republicana causaron un gran desorden. El ejército se disolvió y la policía cambió mucho. En su lugar, surgieron muchos "pequeños poderes" formados por comités y grupos de trabajadores, así como algunos restos de la policía. Estos grupos actuaron como policía y jueces, y llevaron a cabo una intensa violencia política, especialmente al principio de la guerra, contra los "derechistas" y "rebeldes" en la zona republicana. Los religiosos fueron un grupo muy afectado.

Los lugares de detención que usaron se llamaban a menudo "checas". En las prisiones, las personas encarceladas por motivos políticos (los "derechistas") sufrieron malos tratos y trabajos forzados, sobre todo cuando los vigilantes eran milicianos y no funcionarios.

La violencia en la zona republicana en los primeros meses

Después del intento de golpe de Estado de 1936

Monolito en el cementerio de Paracuellos de Jarama, en honor a las víctimas allí enterradas.

Portal gótico de la iglesia parroquial de San Ginés, en Vilasar de Dalt (Barcelona), recuperado de las ruinas de la iglesia original, que fue destruida y reconstruida en 1940.

En los primeros días después del intento de golpe de Estado, dos cosas importantes causaron la violencia en el territorio republicano. Primero, para detener a los rebeldes, se entregaron armas a los trabajadores que formaban parte de milicias. Estas milicias estaban controladas por partidos políticos y sindicatos, no por el Gobierno. Segundo, cuando los militares rebeldes se rindieron, se descubrió que había grupos de ultraderecha involucrados. Esto hizo que se sospechara de todos los grupos y clases sociales que alguna vez habían apoyado a esos grupos, incluyendo a políticos de derecha y a la Iglesia católica.

La entrega de armas a grupos que no estaban bajo el control del Estado, junto con la identificación de supuestos enemigos de la República, llevó a que algunas personas aprovecharan para ajustar cuentas personales. La violencia comenzó con la ejecución de rebeldes que se rindieron. Luego, siguió con arrestos masivos y, a veces, asesinatos de personas sospechosas de apoyar el golpe. Esto incluía principalmente a empresarios, dueños de tierras, personas con ideas políticas de derecha y religiosos.

Se discute hasta qué punto los líderes políticos fueron responsables de estos crímenes iniciales. La mayoría de los historiadores creen que la mayoría de los casos fueron por una explosión de ira o venganza personal, debido a la falta de control. Piensan que esta violencia disminuyó a principios de 1937, cuando el gobierno logró controlar a los grupos armados. Algunos autores, como Pío Moa y César Vidal, afirman que el Gobierno de la República y los partidos políticos sabían lo que pasaba y apoyaban estas acciones.

La violencia comenzó persiguiendo a los rebeldes capturados (como Fanjul o Goded). También se persiguió a quienes se consideraban "enemigos de clase": líderes o simpatizantes de partidos como la CEDA, la Comunión Tradicionalista (como Víctor Pradera) o Falange Española (como Primo de Rivera o Ledesma). También fueron afectados dueños de tierras, nobles (como De la Quadra Salcedo), empresarios, industriales, católicos conocidos (como Rovira i Roure) e incluso políticos republicanos que no estaban de acuerdo con la revolución (como Melquíades Álvarez). Se formaron patrullas de milicianos armados para arrestar y juzgar rápidamente a los "enemigos del pueblo". Aunque una minoría de los asesinados eran supuestamente culpables de delitos, la falta de un gobierno fuerte permitió que las milicias obreras, sin supervisión, ajustaran cuentas personales. Esto ocurrió con frecuencia. Además, en los primeros días de combate, hubo asesinatos masivos de prisioneros cuando los milicianos lograban vencer a un grupo rebelde que se había defendido con armas, como pasó en el cuartel de Simancas y el cuartel de la Montaña.

En las grandes ciudades se crearon las checas para actuar como policía política. Algunas de ellas (como la dirigida por Agapito García Atadell) eran simplemente grupos criminales que buscaban dinero, usando la protección de partidos y sindicatos. A menudo, los presos eran llevados a las afueras para ser ejecutados y sus cuerpos abandonados. A veces, estos asesinatos se hacían de forma masiva, en lo que se llamaban "sacas de presos". En estas, se reunía a presos de diferentes checas o cárceles (como las de Porlier o la Modelo de Madrid), a menudo con el pretexto de un traslado, pero en realidad eran llevados a una ejecución extrajudicial y a una fosa común. Las más conocidas fueron las llamadas matanzas de Paracuellos.

Todas las grandes ciudades en la zona republicana tuvieron sus checas, como Valencia. Allí destacaron las checas de Santa Úrsula, Trinitarios, Seminario, Carniceros, Torres de Quart o la calle Sorní. Miles de valencianos pasaron por ellas. En estos lugares no solo se privaba de libertad, sino que también se realizaban malos tratos y ejecuciones.

En Cataluña se crearon fuerzas de seguridad paralelas al gobierno, como las Patrullas de Control. Estas patrullas, que dependían del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, actuaron de forma violenta en toda Cataluña. Participaron activamente en la persecución a los maristas en Barcelona en 1936, donde murieron 172 personas.

El caso del País Vasco

La región del País Vasco casi no sufrió violencia contra la religión. Sin embargo, sí hubo acciones violentas por parte de las milicias, igual que en el resto de España. La gente del País Vasco era muy religiosa en esa época. Allí, la Iglesia siempre estuvo muy unida a la tierra, y las parroquias eran el centro de reunión en las zonas rurales. Más del 50% de la población vasca practicaba el catolicismo, mientras que en el resto de España era menos del 30%. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco, el principal partido nacionalista vasco, siempre tuvo una fuerte tradición católica. La Iglesia vasca, por su parte, siempre apoyó al movimiento nacionalista vasco.

Debido a esta situación diferente de la Iglesia en el País Vasco, cuando las tropas rebeldes tomaron la región, los sacerdotes que apoyaban el nacionalismo vasco también fueron perseguidos. Un total de 16 sacerdotes fueron fusilados por las tropas de Franco en 1936 por sus ideas nacionalistas. La Iglesia católica española no le dio mucha importancia a esto, excepto el obispo de Vitoria, quien fue expulsado de España por las autoridades de Franco por protestar. El Vaticano protestó por los fusilamientos, pero esta protesta no se hizo pública en su momento.

Por otro lado, aunque en menor proporción que en el resto de España, también fueron asesinados 39 miembros del clero en el País Vasco. Esto ocurrió principalmente en las "sacas" de presos de los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna-Mendi, así como en las prisiones de Larrinaga y Ángeles Custodios, entre agosto de 1936 y enero de 1937. Estas "sacas" fueron en respuesta a los bombardeos de la aviación del bando sublevado.

Los ataques aéreos de las fuerzas de Franco los días 31 de agosto y 25 de septiembre sobre Bilbao, la ciudad del norte más afectada por los bombardeos, provocaron el asesinato de los detenidos en los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi (siete el 31 de agosto y 75 el 25 de septiembre). El 2 de octubre, marineros del acorazado republicano Jaime I asaltaron de nuevo el Cabo Quilates y asesinaron a muchos detenidos, incluyendo doce sacerdotes. Las acciones más graves ocurrieron el 4 de enero de 1937, después de un fuerte bombardeo en Bilbao. "Una multitud asaltó varias cárceles y más de 200 personas fueron ejecutadas". El gobierno vasco, liderado por José Antonio Aguirre, reaccionó de inmediato y ordenó una investigación para encontrar a los responsables. Se detuvo a 61 personas, aunque las condenas a muerte no se llevaron a cabo. Fue la primera vez en ambos bandos que las autoridades investigaron un caso de represalias por bombardeos. Además, el gobierno vasco tomó medidas muy estrictas para evitar nuevas represalias.

Las primeras amenazas de represalias por bombardeos ocurrieron al inicio de la campaña de Guipúzcoa. La Junta de Defensa de Irún advirtió que fusilarían a "rehenes derechistas, entre ellos Víctor Pradera, Honorio Maura, el obispo de Valladolid..." si la ciudad era bombardeada (esta amenaza se cumplió). La junta de San Sebastián hizo una advertencia similar y la cumplió después del bombardeo que sufrió la ciudad el 18 de agosto por el acorazado España: un consejo de guerra condenó a muerte a 13 militares y civiles detenidos.

Las represalias por los primeros bombardeos (julio-octubre de 1936)

En la zona republicana, las represalias por los bombardeos de los rebeldes fueron mayores que en la zona sublevada. Esto se debió a que en la zona republicana, los mecanismos de control del Estado casi habían desaparecido por la revolución. En Gijón, el miedo y el odio causados por el fuerte bombardeo del 14 de agosto, que dejó muchos muertos, provocaron el fusilamiento de más de 150 presos en la iglesia de San José. En Málaga, los bombardeos aéreos de los rebeldes día y noche aumentaron el odio en la población. El 22 de agosto, después de un ataque aéreo que destruyó los depósitos de Campsa y causó víctimas civiles, se produjo la primera "saca" de la cárcel. 46 personas fueron fusiladas, entre ellas el general Francisco Patxot, gobernador militar de Málaga que se había unido a los rebeldes. Los bombardeos de los días 30 de agosto y 20, 21 y 24 de septiembre provocaron nuevas sacas en las que fueron fusiladas más de doscientas personas. Además, el bombardeo del acorazado Jaime I en el puerto de Málaga fue respondido con un tribunal improvisado que juzgó y condenó a muerte a diez oficiales detenidos por intentar rebelarse el 19 de julio. Fueron fusilados la noche del 12 al 13 de agosto. Esto ocurrió en alta mar, cuando el barco iba a la base naval de Cartagena para ser reparado, y los marineros se amotinaron exigiendo su ejecución.

Cuando el Jaime I llegó a Cartagena el 13 de agosto, el entusiasmo de sus marineros se extendió al resto de la tripulación y a la guarnición de la base naval. Esa misma noche, diez oficiales fueron fusilados en un callejón. Pero lo más grave ocurrió al día siguiente, cuando dos barcos prisión, el Sil y el España n.º3, fueron asaltados. Los detenidos, muchos de ellos militares que habían participado en el intento de golpe de Estado, fueron llevados a alta mar, asesinados y arrojados al mar (52 del Sil y 159 del España n.º 3). Al mismo tiempo, en tierra, algunas personas importantes de derecha fueron "sacadas" de la cárcel y asesinadas en la carretera de Murcia.

La noche del 13 de septiembre de 1936, un grupo de milicianos ejecutó a la mayoría de los 93 presos que estaban en el castillo de Ibiza. Algunos se salvaron saltando por las ventanas y huyendo. Esto fue en represalia por el bombardeo que había sufrido la ciudad ese día. El 18 de noviembre en Menorca, 50 presos del barco prisión Atlante, la mayoría religiosos y militares, fueron asesinados. Esto ocurrió como represalia por los bombardeos de la base naval de Mahón los días 15, 16 y 18 de noviembre, especialmente por el último que causó seis muertos. Al día siguiente, un grupo de artilleros fusiló a otros 22 presos, 15 de ellos religiosos.

Las represalias en Bilbao el 4 de enero de 1937 fueron tan graves como las causadas por el primer bombardeo de Santander una semana antes (el 27 de diciembre de 1936), que causó muchas víctimas civiles. El barco prisión Alfonso Pérez fue asaltado y 155 detenidos de derecha fueron asesinados.

Gamel Woolsey, esposa de Gerald Brenan, describió así las represalias a los bombardeos aéreos en su libro Málaga en llamas, publicado en 1939:

El odio aumenta mucho durante los ataques aéreos, especialmente por la noche. (...) La bomba cae y mata a sus víctimas inocentes; después la gente enojada busca venganza. Siempre la misma historia: la gente del barrio se enfada y va a las cárceles, donde mata a cuarenta o cincuenta de cien personas, la mayoría tan inocentes como los niños que murieron por las bombas.

La violencia en la zona republicana desde finales de 1936

A medida que el Estado republicano intentaba reconstruirse, los gobiernos trataron de controlar las actividades de los "pequeños poderes" que habían surgido. Para ello, crearon nuevos organismos como el DEDIDE (Departamento Especial de Información del Estado), las Milicias de Vigilancia de Retaguardia y, más tarde, el SIM (Servicio de Información Militar). Este último actuó como una policía política a partir de agosto de 1937. Especialmente preocupantes fueron los centros del SIM en Barcelona, que tenían "celdas psicotécnicas" donde se sometía a los detenidos a métodos de interrogatorio basados en principios "científicos", como las "celdas-armario" o "la campana" que causaba sensación de asfixia. Los intentos de los gobiernos republicanos para detener estas prácticas no tuvieron éxito.

Sin embargo, la cantidad de ejecuciones y la destrucción de edificios religiosos disminuyeron a medida que el Gobierno de la República controlaba más a los grupos armados de trabajadores y sindicalistas. A partir de mayo de 1937, la violencia cambió. Hubo un enfrentamiento directo, principalmente en Barcelona, entre el Partido Comunista de España y otros partidos y sindicatos revolucionarios, como el POUM y la CNT. El POUM, que fue derrotado, fue acusado de ser cómplice del fascismo. Su líder, Andreu Nin, desapareció sin dejar rastro.

Las represalias por bombardeos

El primer bombardeo aéreo de la base de Cartagena el 18 de octubre tuvo consecuencias. "Un total de 49 personas fueron sacadas de la cárcel de San Antón y fusiladas en el cementerio de la ciudad". Asimismo, el bombardeo de Alicante el 28 de noviembre provocó el asalto a la prisión provincial. Un grupo de 49 presos fue sacado y asesinado en las paredes del cementerio. Mucho más graves fueron las represalias por el bombardeo del puerto de Rosas por el crucero Canarias el 30 de octubre. Se corrió el rumor de que las fuerzas de Franco habían desembarcado allí. Esto desató una ola de miedo en muchas ciudades de Cataluña. En Gerona, el seminario que servía de cárcel fue asaltado y 16 detenidos implicados en el golpe de julio de 1936 fueron fusilados. En San Feliu de Guíxols, cuatro derechistas y seis sacerdotes fueron llevados al cementerio y asesinados. En Olot, también fue asaltada la prisión y diez personas fueron fusiladas. En Tarrasa, unos milicianos detuvieron a doce personas y poco después las asesinaron. En Tarragona, un sacerdote fue asesinado. Además, el siguiente bombardeo del crucero Canarias sobre una población de la costa de Gerona, esta vez Palamós el 16 de noviembre, provocó represalias en Palamós y en los pueblos cercanos. En total, 22 personas fueron asesinadas. El primer bombardeo marítimo de Barcelona, el 13 de febrero de 1937, realizado por el crucero italiano Eugenio de Saboya, causó pánico en la ciudad. Cuatro personas que supuestamente habían hecho señales desde un edificio para guiar el bombardeo fueron detenidas y fusiladas.

Durante la batalla de Madrid, las represalias más graves ocurrieron el 6 de diciembre de 1936 en Guadalajara. Después de un bombardeo en el que 23 aviones lanzaron 200 bombas incendiarias y 40 explosivas, causando 18 muertes y muchos daños. Ese día, civiles y milicianos asaltaron la cárcel y asesinaron a todos los presos de derecha, cerca de 280 personas. Los esfuerzos del gobernador civil Miguel Benavides para evitar la matanza fueron inútiles ante "una gran multitud que se dirigió hacia la cárcel animada por milicianos y miembros del comité revolucionario". En cambio, el intento de asalto a la cárcel de Alcalá de Henares dos días después, como represalia por un bombardeo que mató a varios civiles, fue impedido por el anarquista Melchor Rodríguez, director general de Prisiones. Según uno de los presos, el monárquico Cayetano Luca de Tena, Rodríguez "se plantó en la puerta y logró detenerlos. Les dijo que eran unos cobardes, que matar presos desarmados era muy fácil y que si querían podían ir al frente".

Las últimas represalias por bombardeos fueron las de Jaén a principios de abril de 1937. 128 personas de derecha, encarceladas desde el golpe de julio de 1936, fueron sacadas de la prisión provincial y fusiladas junto al cementerio de Mancha Real después del bombardeo que sufrió la ciudad el 1 de abril. También las de Gijón en agosto de 1937. Allí, cada vez que el puerto o la ciudad eran bombardeados, se fusilaba en la cubierta del barco prisión Luis Caso de los Cobos a varias decenas de los 500 detenidos de derecha, incluyendo algunos sacerdotes, que estaban allí.

Consecuencias

Víctimas de la violencia

Ceremonia de beatificación de los llamados mártires españoles del siglo XX, Ciudad del Vaticano, octubre de 2007.

La mayoría de los historiadores expertos, aunque con cifras diferentes, coinciden en que la violencia en el bando republicano duró menos que la del bando sublevado. También fue mucho menor de lo que la propaganda de Franco afirmó durante y después de la guerra. Todos están de acuerdo en que disminuyó mucho a partir de la primavera de 1937. Después, se centró más en eliminar a los republicanos que no estaban de acuerdo y a los milicianos, en lugar de la violencia por clases sociales. Además, los diferentes gobiernos republicanos durante la guerra intentaron, en la medida de lo posible, evitar los crímenes de los grupos incontrolados. El Gobierno llegó a aplicar penas de muerte a miembros de los comités del Frente Popular de Tarancón, Villar de la Encina, Quintanar del Rey y Yepes, entre otros, por cometer crímenes.

El gran proceso judicial conocido como "Causa General", realizado después de la guerra por el nuevo gobierno de Francisco Franco, fue considerado durante mucho tiempo la fuente oficial del número de muertos por la violencia en la zona republicana, a pesar de las críticas. Las cifras de este proceso hablan de 85.940 asesinados en total. La cifra que aparece en el Santuario Nacional de Valladolid es de 54.594.

Cruz conmemorativa en el lugar donde fueron fusilados 20 monjes franciscanos en Fuente el Fresno (Ciudad Real).

La cantidad de civiles asesinados fue mucho mayor que la de religiosos. La cifra de muertos entre los miembros de la Iglesia católica, según esa fuente, es de 6.832: 282 monjas, 13 obispos, 4.172 párrocos y curas de distinto rango, 2.364 monjes y frailes (entre ellos 259 claretianos, 226 franciscanos, 204 escolapios, 176 maristas, 165 Hermanos Cristianos, 155 agustinos, 132 dominicos y 114 jesuitas). La distribución de estas muertes fue muy desigual. En algunas diócesis bajo control republicano apenas hubo víctimas entre el clero, mientras que en otras, como Barbastro, fue asesinado hasta el 88%. También varió mucho la crueldad hacia las víctimas; mientras unos fueron fusilados sin más, otros fueron maltratados antes de morir.

En ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado.

Hugh Thomas

La Iglesia católica siempre ha considerado a los religiosos que murieron durante el conflicto como mártires por la fe. La excepción son los curas fusilados en el País Vasco por el bando sublevado por su apoyo al nacionalismo vasco; ninguno de ellos ha sido beatificado todavía, con el argumento de que no murieron por ser sacerdotes, sino por ser nacionalistas. Del resto de religiosos fallecidos, muchos han sido beatificados desde que terminó la guerra, varios centenares en el mismo Vaticano: 233 en el año 2001, y otros 498 en 2007. Esta fue la ceremonia de beatificación más numerosa realizada por la Iglesia hasta ese momento.

En 2012, los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José Luis Ledesma publicaron un resumen del número de muertos por la violencia en ambas zonas durante la guerra civil (y la posguerra inmediata en las zonas ocupadas por el ejército de Franco). Los datos provenían de estudios provinciales y regionales, cuya fuente principal eran las defunciones anotadas en los registros civiles. Estos estudios fueron realizados durante las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI por ellos mismos y por unos cuarenta investigadores más. Espinosa y Ledesma señalaron que aún había 16 provincias donde el estudio de la violencia de Franco estaba incompleto, por lo que el número de víctimas de ese bando podría aumentar en el futuro.

Obispos asesinados

• Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro.
• Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén.
• Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona.
• Narciso de Esténaga Echevarría, obispo de Ciudad Real.
• Salvio Huix Miralpeix, obispo de Lérida.
• Manuel Irurita Almándoz, obispo de Barcelona.
• Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca.
• Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix.
• Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza.
• Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador apostólico de Orihuela.
• Miguel Serra Sucarrats, obispo de Segorbe.
• Diego Ventaja Milán, obispo de Almería.
• Anselmo Polanco y Fontecha, O.S.A., obispo de Teruel y administrador apostólico de Albarracín.

Intelectuales asesinados

Algunos de los intelectuales asesinados fueron:

• P. Zacarías García Villada, S.J. Historiador.
• Fr. Luis Urbano Lanaspa, O.P. Teólogo y físico.
• Ramiro de Maeztu. Ensayista y escritor.
• P. Pedro Poveda. Pedagogo y fundador de la Institución Teresiana.
• Francisco Beceña González, profesor de Derecho.
• P. Juan Bautista Ferreres, S.J. Teólogo.
• José Manuel Aizpurúa Azqueta. Arquitecto.
• Andrés Manuel Calzada Echeverría. Arquitecto y escritor.

Pérdidas de edificios y demás patrimonio

Estatua de la Virgen de la Almudena, esculpida en 1941 para reemplazar a la original, destruida en 1936.

Las propiedades de los llamados "enemigos del pueblo" solían ser confiscadas, a veces con violencia. Las propiedades que producían (tierras de cultivo, talleres y fábricas) se ponían a trabajar de inmediato, pero controladas por comités revolucionarios. Aunque hubo casos de saqueos y robos, la tendencia general fue que los bienes incautados se usaran para el bien común. Los palacios y mansiones se convirtieron en nuevas sedes de partidos políticos y sindicatos. Los bienes se repartían entre la gente o se guardaban para uso de la comunidad.

Los estallidos de violencia también afectaron mucho a las propiedades de la Iglesia católica y las órdenes religiosas. En estos casos, el motivo era más la destrucción que el robo. Muchas colecciones de arte sacro pudieron salvarse de la destrucción en el último momento gracias a funcionarios públicos. Aunque en Madrid se salvaron al principio gran parte de las iglesias y otros edificios religiosos gracias a la intervención del gobierno, en muchos lugares estos mismos edificios fueron quemados después de ser saqueados (en Barcelona, por ejemplo, solo se salvaron la catedral y el monasterio de Pedralbes).

En general, la destrucción de las iglesias se recibía con más indiferencia que entusiasmo. Casi todas las que se salvaron en la zona republicana fueron usadas como almacenes, casas del pueblo u otros usos públicos. Durante años, se prohibieron las manifestaciones públicas de culto. Los símbolos religiosos también fueron blanco de la ira de los milicianos; muchas estatuas fueron destruidas o dañadas.

El reconocimiento a las víctimas por el gobierno de Franco

Inscripción en la iglesia de San Miguel de Ogarrio (Cantabria) en memoria de José Antonio Primo de Rivera y los partidarios locales del bando sublevado caídos en la Guerra Civil. Después de la guerra, estas inscripciones se hicieron oficiales en todas las parroquias de España.

En general, se considera que la violencia en la zona republicana, llamada por el bando de Franco "Terror Rojo", fue usada como argumento para castigar y quitar derechos a los perdedores de la Guerra Civil.

Las víctimas del "Terror Rojo" fueron elogiadas y vistas como mártires en la "Cruzada Nacional" contra el comunismo por el gobierno de Franco. Este argumento fue usado sobre todo por Falange Española. Después de la guerra, el comunismo internacional, y especialmente la URSS, fueron considerados la causa de todos los problemas de España, incluyendo la Guerra Civil. Esto aumentó el deseo de venganza, que se manifestó en la violencia contra todos los sospechosos de apoyar el comunismo y la República, así como en la solicitud de voluntarios para el Frente Ruso a partir de 1941, que formaron la División Azul.

El Valle de los Caídos

Vista de la cruz del Valle de los Caídos.

En 1940, por orden de Franco, comenzó la construcción del Valle de los Caídos. Es un gran monumento en recuerdo de los que murieron durante la guerra civil. Está formado por una basílica, una abadía y una enorme cruz de unos 150 metros de altura. Allí están enterrados José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange) y, hasta el 24 de octubre de 2019, el propio Franco.

La Causa General

Después de la guerra, el nuevo Gobierno de Francisco Franco realizó un enorme proceso judicial llamado Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, conocida como "Causa General". Durante dos décadas, se recopiló de forma muy detallada una lista de todos los crímenes cometidos en territorio republicano.

El nacionalcatolicismo

El nacionalcatolicismo fue una de las ideas principales del gobierno de Franco. Su parte más visible fue el gran poder que tenía la Iglesia católica en todos los aspectos de la vida pública y privada. Se convirtió en la religión oficial del Estado y se enseñaba de forma obligatoria. La mayoría de los obispos que sobrevivieron, como el cardenal Gomá, apoyaron totalmente a Franco. Incluso presentaron la lucha del bando sublevado como una verdadera "Cruzada Nacional" para defender la fe católica. Esta situación de gran poder de la Iglesia duró hasta 1978.

Véase también

• Represión republicana en Madrid durante la guerra civil española
• Iglesia católica y guerra civil española
• Persecución religiosa durante la guerra civil española
• Represión en la zona sublevada durante la guerra civil española
• Represión franquista
• Causa General
• Víctimas de la guerra civil española
• Terror Rojo (España)
• Jacques de Borchgrave