Represión en la zona republicana durante la guerra civil española para niños
La represión en la zona republicana durante la guerra civil española fue una sucesión de acciones violentas cometidas en el territorio del bando republicano durante la guerra civil española. Dichas acciones eran cometidas por grupos de revolucionarios contra aquellos a los que percibían como sus enemigos de clase. En España, eso incluía tanto a empresarios, industriales, terratenientes y políticos de la derecha como a miembros y bienes de la Iglesia católica, a quien tradicionalmente las fuerzas de izquierda había visto siempre como alineada junto a las clases capitalistas y reaccionarias, y actuando como un factor necesario para la alienación del obrero. El número de religiosos católicos muertos, sin contabilizar los seglares, se ubicaría en torno a los 6000 y 6800.
El golpe de estado de julio de 1936 y la revolución social que lo siguió en la zona que quedó en poder de la República provocaron el colapso del Estado y de sus aparatos coercitivos ―el ejército fue disuelto y los cuerpos policiales sufrieron una profunda mutación―. Ocuparon su lugar multitud de «micropoderes» ejercidos por comités y milicias obreras y también por restos de algunas unidades policiales y de organismos oficiales. Estos «micropoderes» ejercieron las funciones propias de los aparatos policiales y judiciales del Estado. Los centros de detención que usaron se denominaron generalmente «checas», aunque recientemente se ha advertido de que se debería evitarse el uso de este término ya que poco tenían que ver con la checa originaria bolchevique. En las prisiones los encarcelados por motivos políticos ―los «derechistas»― fueron objeto de malos tratos, de vejaciones y de trabajos forzados, especialmente cuando los encargados de su custodia eran milicianos y no funcionarios.
Contenido
La represión en la zona republicana en los primeros meses
Tras el golpe de estado de 1936
Los primeros días tras el golpe de estado se unieron dos factores determinantes en el estallido de la represión indiscriminada en el territorio controlado por la República: con el fin de apagar los focos de rebelión se repartieron armas a los obreros integrados en milicias (o estos las consiguieron por su cuenta), controladas por los partidos políticos y sindicatos, no por el Gobierno; y la rendición de los militares sublevados en las plazas donde el golpe fracasó destapó la trama de conjuras alrededor de la planificación del mismo, exponiendo la intervención de grupos de ultraderecha y extendiendo la sospecha de «golpistas» sobre todas las organizaciones y clases sociales que en alguna ocasión habían apoyado políticamente a tales grupos, lo cual incluía a políticos de la derecha y la Iglesia católica.
La entrega de armas a contingentes fuera del control del Estado, unida a una identificación, cierta o no, de enemigos de la República, se unió a la oportunidad de realizar ajustes de cuentas personales. La línea más común en la historiografía afirma que la gran mayoría de casos se debieron principalmente a una explosión de ira en el bando republicano o a revanchismo individual amparado en la falta de control, y que como tal, se apagaron hasta desaparecer a inicios de 1937 cuando el gobierno finalmente logró tomar las riendas de los grupos de milicianos armados. Algunos autores "revisionistas", encabezados por Pío Moa y César Vidal, afirman que el Gobierno de la República y los principales partidos políticos que lo formaban eran perfectamente conscientes de lo ocurrido, y favorecían dichas acciones de manera abierta y constante. La afirmación de que la Guerra Civil no comenzó con el golpe de estado en España de julio de 1936 sino con la Revolución de Asturias de 1934 forma parte de la línea argumental de estos autores en todas sus obras sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La represión se inició persiguiendo a golpistas hechos prisioneros (como Fanjul o Goded), y a aquellos percibidos como enemigos de clase: dirigentes, militantes o simpatizantes de la CEDA, de la Comunión Tradicionalista (como Víctor Pradera) o de Falange Española (como Primo de Rivera o Ledesma), pero también terratenientes y nobles (como De la Quadra Salcedo), empresarios e industriales, católicos reconocidos (como Rovira i Roure) e incluso políticos republicanos contrarios a la revolución social (como Melquíades Álvarez). Se formaron patrullas de milicianos armados con el objetivo de arrestar y juzgar sumariamente a los «enemigos del pueblo».
En las grandes ciudades se instituyeron las checas con el fin de actuar como policía política, aunque algunas (como la dirigida por Agapito García Atadell) eran simples bandas con afán de lucro personal, que se amparaban bajo la cobertura de los partidos y sindicatos para alcanzar sus objetivos personales.
Todas las grandes ciudades en la zona republicana dispusieron de sus checas, como Valencia, en la que destacaron por su importancia las checas de Santa Úrsula, de Trinitarios o del Seminario, de Carniceros, de las Torres de Quart o de la calle Sorní, por la que pasaron miles de valencianos.
En Cataluña se constituyeron unas fuerzas de seguridad paralelas a las gubernamentales, como fueron las Patrullas de Control, adscritas al Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que actuaron de forma represiva violenta por toda la geografía catalana y participaron activamente en la persecución a los maristas en Barcelona en 1936, en la que murieron 172 personas.
El caso del País Vasco
La población del territorio vasco era en aquella época (y venía siendo) muy religiosa; allí la Iglesia se mantuvo siempre muy unida a la tierra, las parroquias eran el punto de reunión natural en las zonas rurales, y el nivel de católicos practicantes, que en el conjunto de España no alcanzaba el 30 %, era en el País Vasco de más del 50 %. De hecho el Partido Nacionalista Vasco, principal fuerza nacionalista vasca, tuvo desde sus orígenes una importante tradición religiosa católica, anticipándose al surgimiento de los modernos partidos democristianos. La Iglesia vasca, por su parte, siempre había dado amplio apoyo al movimiento nacionalista vasco.
Esta situación de la Iglesia, diametralmente opuesta a la del resto del territorio español, hizo que tras la toma del País Vasco por parte de las tropas sublevadas los sacerdotes identificados como nacionalistas vascos fueran también blanco de la represión. La jerarquía católica española minusvaloró el hecho, excepto el obispo de Vitoria que fue expulsado de España por las autoridades franquistas por manifestar sus protestas. El Vaticano protestó por los fusilamientos, aunque dicha protesta no se hizo pública en su día, y estos fueron ignorados por la propaganda franquista.
Los ataques de la aviación franquista de los días 31 de agosto y 25 de septiembre sobre Bilbao, la ciudad del norte más castigada por los bombardeos de los sublevados. Las represalias más graves se produjeron el 4 de enero de 1937 tras el durísimo bombardeo que sufrió Bilbao ese día. "Una multitud exaltada asaltó distintas cárceles y más de 200 personas fueron ejecutadas". El gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre reaccionó inmediatamente y ordenó una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los hechos. Fueron detenidas 61 personas, aunque finalmente las condenas a muerte no se cumplieron, pero fue la primera vez en ambos bandos en que las autoridades investigaron un caso de represalias por bombardeos (en todos los demás los responsables quedaron impunes). Además el gobierno vasco tomó medidas muy estrictas lo que impidió que hubiera nuevas represalias.
Las represalias por los primeros bombardeos (julio-octubre de 1936)
En la zona republicana las represalias por los bombardeos de los sublevados fueron de mayores dimensiones que en la zona sublevada ya que allí los mecanismos de coerción del Estado prácticamente habían desaparecido debido al estallido de la revolución. En Gijón el pánico y el odio causado por el durísimo bombardeo del 14 de agosto que causó muchos muertos provocaron el fusilamiento de más de 150 presos que estaban detenidos en la iglesia de San José. En Málaga los bombardeos aéreos de los sublevados día y noche fueron alimentando el odio en la población y el 22 de agosto tras una incursión de la aviación sublevada que destruyó e incendió los depósitos de Campsa pero también causó numerosas víctimas civiles.
Gamel Woolsey, esposa de Gerald Brenan, explicaba así las represalias a los bombardeos aéreos en su obra Málaga en llamas, publicada en 1939:
El odio alcanza cotas muy elevadas durante los ataques aéreos, especialmente por la noche. (...) La bomba cae y siega la vida de sus inocentes víctimas; después el pueblo soliviantado reclama su deuda de sangre. La misma historia siempre: la gente del barrio se exalta y se dirige a cobrársela a las cárceles, donde a su vez aniquila a cuarenta o cincuenta de entre un centenar de infelices almas, la mayoría tan inocentes como los niños exterminados por las bombas
La represión en la zona republicana desde finales de 1936
En el contexto del proceso de reconstrucción del Estado republicano después de los primeros meses de la guerra, los gobiernos intentaron controlar la actividad parapolicial y parajudicial de los «micropoderes» surgidos de la revolución. Para ello crearon nuevos organismos en los que encuadrarlos como el DEDIDE (Departamento Especial de Información del Estado), las Milicias de Vigilancia de Retaguardia y posteriormente el SIM (Servicio de Información Militar), que actuó con relativa impunidad como una verdadera policía política a partir de su creación en agosto de 1937.
Sin embargo, la cantidad de ejecuciones extrajudiciales y destrucciones de patrimonio eclesiástico se fueron reduciendo de forma continuada a medida que el Gobierno de la República fue reforzando su control sobre los grupos armados de obreros y sindicalistas. A partir de mayo de 1937, la represión tomó un nuevo cariz cuando, a raíz de las conocidas como Jornadas de mayo de 1937, se produjo un enfrentamiento directo, principalmente en Barcelona, entre el Partido Comunista de España y otros partidos y sindicatos revolucionarios, como el POUM y la CNT. El POUM, derrotado, fue acusado de ser cómplice del fascismo internacional contra la República y su líder, Andreu Nin, desapareció en el sistema de checas sin dejar rastro.
Las represalias por bombardeos
El primer bombardeo aéreo de la base de Cartagena del 18 de octubre tuvo represalias.
Durante la batalla de Madrid las represalias más graves se produjeron el 6 de diciembre de 1936 en Guadalajara después de un bombardeo en el que 23 aviones "facciosos" arrojaron 200 bombas incendiarias y 40 explosivas que causaron 18 víctimas mortales además de numerosos destrozos materiales. En cambio el intento de asalto de la cárcel de Alcalá de Henares de dos días después, como represalia a un bombardeo franquista en que murieron varios civiles, fue impedido por el anarquista Melchor Rodríguez, director general de Prisiones, que, según uno de los reclusos, el conocido monárquico Cayetano Luca de Tena, «se plantó en la puerta [de los talleres de la prisión donde se habían refugiado los presos] y consiguió frenarles. Les dijo que eran unos cobardes, ...y que si querían podían ir al frente».
Consecuencias
Víctimas de la represión
La mayoría de hispanistas de prestigio, aunque difieren en las cifras, defienden que la represión en el bando republicano fue de menor duración que su equivalente en el bando sublevado, y muy inferior a lo que la propaganda franquista proclamó en su día y con posterioridad a la guerra. Todos coinciden en afirmar que se redujo a una mínima expresión a partir de la primavera de 1937, pasando a centrarse más en purgas de disidentes republicanos y milicianos que en represión según clase social.
En ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado.
La Iglesia católica siempre ha considerado a los religiosos muertos durante el conflicto como mártires por la fe. Muchos han sido beatificados desde que terminó la guerra, varios centenares en el mismo Vaticano: 233 en el año 2001, y otros 498 en 2007. Esta fue la ceremonia de beatificación más numerosa llevada a cabo por la Iglesia hasta ese momento.
En 2012 los historiadores Francisco Espinosa y José Luis Ledesma publicaron un cuadro resumen del número de muertos víctimas de la represión judicial y extrajudicial en ambas retaguardias durante la guerra civil (y la inmediata posguerra en las zonas ocupadas por el ejército franquista al finalizar la contienda: Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y algunas zonas de Andalucía). Los datos del cuadro provenían de los estudios provinciales y regionales —cuya fuente fundamental eran las defunciones anotadas en los registros civiles— llevados a cabo a lo largo de las dos décadas finales del siglo XX y la primera del siglo XXI por ellos mismos y por cerca de cuarenta investigadores más (entre ellos Jesús Vicente Aguirre, Francisco Alía Miranda, Julián Casanova, Francisco Etxeberria, Carmen González Martínez, Francisco Moreno Gómez, Juan Sisinio Pérez Garzón y Alberto Reig Tapia). Espinosa y Ledesma señalaban además que había 16 provincias (Albacete, Ávila, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Las Palmas, León, Madrid, Murcia, Palencia, Salamanca, Tenerife, Valladolid y Zamora) en las que el estudio de la represión franquista estaba aún incompleto, por lo que el número de víctimas causadas por el bando sublevado podría aumentar en el futuro conforme avancen las investigaciones.
| VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA Y DE LA REPRESIÓN REPUBLICANA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ACTUALES (según los estudios realizados provincia por provincia) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Represión franquista | Represión republicana | ||||||||||||||||||
| Andalucía | 47 399 | 8.367 | |||||||||||||||||
| Aragón | 8.523 | 3.901 | |||||||||||||||||
| Asturias | 5.952 | 2.000 | |||||||||||||||||
| Baleares | 2.300 | 323 | |||||||||||||||||
| Canarias | 2.600 | - | |||||||||||||||||
| Cantabria | 2.535 | 1.283 | |||||||||||||||||
| Castilla-La Mancha | 10.358 | 7.524 | |||||||||||||||||
| Castilla-León | 14.660 | 575 | |||||||||||||||||
| Cataluña | 3.688 | 8.352 | |||||||||||||||||
| Ceuta-Melilla-Protectorado de Marruecos | 768 | - | |||||||||||||||||
| Extremadura | 10.594 | 1.567 | |||||||||||||||||
| Galicia | 4.265 | - | |||||||||||||||||
| Madrid | 3.204 | 8.815 | |||||||||||||||||
| Murcia | 1.251 | 740 | |||||||||||||||||
| Navarra | 3.280 | - | |||||||||||||||||
| País Vasco | 1.900 | 945 | |||||||||||||||||
| La Rioja | 2.000 | - | |||||||||||||||||
| Comunidad Valenciana | 4.922 | 4.880 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 130 199 | 49 272 | |||||||||||||||||
Pérdidas de edificios y demás patrimonio
Los bienes de los llamados «enemigos del pueblo» solían ser confiscados, en ocasiones por la fuerza. Los bienes productivos (tierras de labranza, talleres y fábricas) volvían de inmediato al trabajo, esta vez controlados por comités revolucionarios. Aunque se produjeron casos de saqueos y robos, la tendencia general fue la de socializar los bienes incautados. Los palacetes y mansiones se convertían en nuevas sedes de los partidos políticos y sindicatos, los bienes se repartían entre la gente o quedaban en depósito para uso comunal.
En general la destrucción de las iglesias se recibía con más indiferencia que excitación. Casi todas las que se salvaron en la zona republicana fueron reacondicionadas como almacenes, casas del pueblo, u otros usos públicos. Hasta años posteriores se prohibieron las manifestaciones públicas de culto. Los símbolos religiosos fueron también blanco de la ira de los milicianos; muchas estatuas fueron destruidas de forma rutinaria.
El reconocimiento a las víctimas por la dictadura franquista
En general, se considera que la represión en zona republicana, calificada globalmente por el bando sublevado como Terror Rojo, fue usado como argumento para reprimir y privar de derechos a los perdedores de la Guerra Civil.
Las víctimas del Terror Rojo fueron ensalzadas y glorificadas como mártires en la Cruzada Nacional contra el comunismo por parte del régimen franquista. Este mecanismo fue empleado sobre todo por Falange Española; tras la guerra, el comunismo internacional, y sobre todo la URSS, fueron considerados el origen de todos los males de España, incluida la reciente Guerra Civil. Se acrecentó una fuerte necesidad de revancha, que encontró salida en la represión de todos los sospechosos de connivencia con el comunismo, y por extensión la República (los llamados desafectos), así como en la solicitud de voluntarios para el Frente Ruso a partir de 1941, encuadrados en la División Azul.
El Valle de los Caídos
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En 1940, por orden de Franco, se inició la construcción del Valle de los Caídos, un enorme conjunto monumental en recuerdo de los caídos durante la guerra civil. Formado por una basílica, una abadía y una enorme cruz de unos 150 metros de altura, allí están enterrados José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange) y, hasta el 24 de octubre de 2019, el propio Franco.
La Causa General
Tras la guerra, el nuevo Gobierno liderado por Francisco Franco realizó un juicio mastodóntico, la Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, conocida abreviadamente como «Causa General».
El nacionalcatolicismo
El nacionalcatolicismo fue una de las principales señas de identidad ideológica del franquismo. Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia católica en todos los aspectos de la vida pública e incluso privada, pasando a convertirse en religión oficial del Estado, incluida en la enseñanza obligatoria. La gran mayoría de los obispos sobrevivientes, de los cuales el más representativo fue el cardenal Gomá, no sólo dieron su apoyo total al franquismo, sino que plantearon la lucha del bando sublevado como una auténtica Cruzada Nacional en defensa de la fe católica. Dicha situación hegemónica se prolongó hasta 1978.
Véase también
- Represión republicana en Madrid durante la guerra civil española
- Iglesia católica y Guerra Civil Española
- Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española
- Represión en la zona sublevada durante la guerra civil española
- Represión franquista
- Genocidio (Derecho español)
- Causa General
- Víctimas de la Guerra Civil Española
- Terror Rojo (España)
- Jacques de Borchgrave
