Golpe de Estado en España de 1981 para niños
Datos para niños Golpe de Estado de 1981 |
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 El teniente coronel Antonio Tejero irrumpiendo pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
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| Contexto del acontecimiento | ||
| Fecha | 23 de febrero de 1981 | |
| Sitio | España | |
| Impulsores | Véase Condenados | |
| Gobierno previo | ||
| Gobernante | Adolfo Suárez | |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria | |
| Gobierno resultante | ||
| Gobernante | Adolfo Suárez | |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria | |
El golpe de Estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F, fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. Los hechos principales sucedieron en las ciudades de Valencia y Madrid.
En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno y diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD). Los diputados y el Gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.
La ciudad de Valencia fue ocupada militarmente, en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III región militar. Dos mil hombres y cincuenta carros de combate fueron desplegados en las calles de la ciudad.
A las 21 horas de ese mismo día, el diario El País puso en la calle una edición especial posicionándose contra el golpe con el titular en primera plana: «El País, con la Constitución». A la una de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24.
El Tribunal Supremo, en casación, condenó a 30 años de cárcel a Milans, Tejero y Alfonso Armada como principales responsables del golpe de Estado. En total fueron condenados doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete miembros de la Guardia Civil y un civil. Menos Tejero, todos ellos salieron de la prisión antes del año 1990 (el general Armada gracias a un indulto).
Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «el estrepitoso fracaso del golpe trajo consigo la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza». «El 23-F fue el resultado de una tradición militarista que murió con él», añade Fuentes.
Contenido
Antecedentes
El Ejército, pilar de la dictadura franquista
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El Ejército en la dictadura franquista constituyó uno de los tres pilares del régimen junto con la Iglesia católica y el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS (o Movimiento Nacional); incluso se podría considerar el más importante.
El régimen franquista respondió a los postulados del militarismo desarrollados en España desde principios del siglo XX. El exministro y militar Jorge Vigón en Teoría del militarismo (1955) sostuvo que entre los «deberes del Ejército» se encontraba el de ser «vigilante defensor de los valores y constantes históricas de su nación».
Que el Ejército era el último garante del régimen («el guardián del franquismo») lo reconoció el propio Franco en diversas ocasiones. Cuando en febrero de 1971 el general Vernon A. Walters, segundo jefe de la CIA, le preguntó en una audiencia privada sobre qué sucedería tras su muerte el Caudillo le respondió que «el Ejército nunca permitiría que las cosas se escaparan de las manos».
Juan Francisco Fuentes constata que en los años finales de la dictadura «el Ejército estaba dejando de ser un bloque monolítico y la forma de combatir el terrorismo o la necesidad de introducir algunas reformas podían provocar graves discrepancias». No deja de ser sintomático que los sectores «ultras» lanzaran el grito de «¡Ejército al poder!». En las Fuerzas Armadas las posiciones «reformistas» eran minoritarias (como lo demostraría la destitución en junio de 1974 del teniente general Manuel Díez-Alegría como jefe del Alto Estado Mayor, después de haber conseguido parar la «noche de los cuchillos largos» que pretendieron llevar a cabo los militares más radicales). Predominaba, en cambio, «un sentido inmovilista de su misión institucional, en consonancia con las tesis defendidas por una prensa ultraderechista [Fuerza Nueva, El Alcázar] que gozaba de gran predicamento en los cuarteles».
El Ejército ante la Transición
Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «muerto Franco, la lealtad al rey, el acatamiento, aunque fuera a regañadientes, del poder constituido y la ruptura de la tradición golpista hicieron más llevadera la difícil convivencia con una democracia en construcción. Pero en un contexto de aguda crisis social, económica y territorial y de brutal ofensiva terrorista, dirigida precisamente contra el Ejército y las fuerzas del orden, la eficacia de aquellos factores paliativos tenía que ser limitada. Todo ello explica la existencia de un malestar estructural en las Fuerzas Armadas, que en el lenguaje de la época se acabó conociendo como "ruido de sables" y que los más extremistas quisieron convertir en argumento para una acción de fuerza». A esto habría que añadir la presión que ejercieron sobre los militares los sectores políticos y sociales asociados con el régimen franquista que se oponían radicalmente a la «reforma política».
La reunión de Suárez con la cúpula militar del 8 de septiembre de 1976
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El obstáculo que más preocupaba al gobierno de Adolfo Suárez (nombrado en julio de 1976 por el rey Juan Carlos I) para sacar adelante la «reforma política» que diera paso a un régimen democrático, no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino las Fuerzas Armadas, pues Suárez era consciente de que estas se consideraban el garante último del «legado de Franco».
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El 8 de septiembre se produjo la reunión prevista de Adolfo Suárez con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma. En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios». El proceso que conduciría a las elecciones siempre estaría bajo el control del gobierno. Una vez clarificados los límites, los recelos del Ejército quedaron aparentemente disipados.
Sin embargo,la primera crisis con los militares no tardó mucho tiempo en producirse. El general De Santiago se manifestó contrario al desmantelamiento de la Organización Sindical franquista que se estaba planeando y sobre todo a los contactos que estaba manteniendo el gobierno con el sindicato clandestino Comisiones Obreras —y también con la ilegal UGT—, por lo que fue cesado de su cargo de vicepresidente del Gobierno y retirado del servicio activo. Fue sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar «reformista». Su nombramiento no fue bien acogido por los otros ministros militares. El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga (militar que había estado muy unido a Franco), fue el más decepcionado, pues pensaba que el cargo de vicepresidente para Asuntos de la Defensa tendría que haberlo ocupado él. Los tres ministros militares se plantearon dimitir, pero fueron disuadidos por el rey.
El mismo día 22 de septiembre de su cese, De Santiago envió una carta privada a los tenientes generales y almirantes que pronto se hizo pública en la que denunciaba la intención del Gobierno de legalizar a «las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona sublevada, y de las CC. OO., organización del Partido Comunista». Su «cese-dimisión» fue aplaudido por la extrema derecha y el día 23 Antonio Izquierdo, director del ultraderechista El Alcázar, invitaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a seguir el ejemplo de De Santiago en un artículo publicado en primera página con el título «Solo un hombre». Cuatro días después el mismo diario publicaba una carta del teniente general Carlos Iniesta Cano, procurador en Cortes y exdirector de la Guardia Civil, en la que se solidarizaba con De Santiago al que expresaba su «personal admiración». Llevaba por título «Una lección de honradez y patriotismo». El Gobierno reaccionó enviándolo también a la reserva. Simultáneamente la extrema derecha civil y militar lanzaba una campaña contra el «señor Gutiérrez», en referencia al general Gutiérrez Mellado al que le negaban su pertenencia al estamento militar. Sin embargo, los dos tenientes generales ganaron el recurso que presentaron contra la decisión del Gobierno de pasarlos a la reserva, por lo que siguieron en el servicio activo y a partir de ese momento ambos fueron jaleados por la prensa de extrema derecha.
En la votación de las Cortes franquistas del 18 de noviembre de 1976 que aprobó por abrumadora mayoría la Ley para la Reforma Política, entre los 59 procuradores que votaron en contra había siete tenientes generales y dos generales. De los siete tenientes generales, tres habían sido ministros con Franco (Antonio Barroso y Sánchez Guerra, Juan Castañón de Mena y Julio Salvador y Díaz-Benjumea), dos capitanes generales (Alfredo Galera Paniagua y Alfonso Pérez Viñeta), uno director general de la Guardia Civil (Carlos Iniesta Cano) y el último director general del Tesoro (Álvaro de Lacalle Leloup). Todos ellos nombrados directamente por el Caudillo. Por el contrario, el ministro de Marina Gabriel Pita da Veiga votó a favor. «Mi conciencia está tranquila porque la reforma democrática se hará desde la legalidad franquista», afirmó.
La crisis provocada por la legalización del Partido Comunista de España (abril de 1977)
El 9 de abril de 1977, aprovechando que medio país estaba de vacaciones de Semana Santa, el presidente Suárez tomó la decisión más arriesgada de toda la transición: legalizar al Partido Comunista de España (PCE). Ese día, Sábado Santo, los comunistas salieron a la calle con sus banderas rojas para celebrar que después de treinta y ocho años volvían a ser un partido legal en España. Las reacciones negativas se produjeron a partir del día siguiente, a pesar de que era Domingo de Resurrección, y la más grave fue la de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió el lunes 11 de abril y el gobierno tuvo que recurrir a Pascual Pery Junquera, un almirante de la reserva para cubrir su puesto.
El jueves, 14 de abril, el Gabinete de Prensa del Ministerio del Ejército hacía pública una nota en la que se decía que «la legalización del PC ha producido una repulsa general en todos las unidades el Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado». Tras recibir la nota el rey ordenó al general Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, que se informara de lo tratado en el Consejo Superior del Ejército y este le informó a don Juan Carlos que existía una fuerte desconfianza hacia el Gobierno que también afectaba al monarca. En un documento confidencial elaborado por los servicios de información del Ejército, se decía que existía «una total indignación ante la sensación de haber sido engañados» por el presidente del Gobierno.
Como ha destacado Santos Juliá, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición» porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario». El Partido Comunista como contrapartida tuvo que aceptar la monarquía como forma de gobierno y la bandera rojigualda. El 13 de mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, que volvía a España después de un exilio de 38 años. Fue a partir de entonces cuando empezó a fraguarse el golpe del 23-F «porque los militares no le perdonaron a Suárez la legalización de los comunistas».
La «estrategia de la tensión» y el «ruido de sables»
Para intentar paralizar la transición la extrema derecha neofranquista puso sus máximas esperanzas en que los sectores involucionistas del Ejército se embarcasen en un intento de golpe de Estado. Para ello desarrolló una «estrategia de la tensión» que crease (o acrecentase) la percepción social de inseguridad, desorden e inestabilidad que lo justificara. En la creación del «ambiente» de inseguridad desempeñaron un importante papel los periódicos ultraderechistas, entre los que destacaron El Alcázar, dirigido desde julio de 1977 por Antonio Izquierdo y El Imparcial, fundado en diciembre de 1977 y cuyo primer director fue Emilio Romero. La táctica utilizada por estos medios de prensa «abundaba en la manipulación informativa mediante el falseamiento, deformación o simple omisión de la información».
«Siete días de enero»
El primer momento en que se puso en evidencia la «estrategia de la tensión» fue la última semana del mes de enero de 1977 —la semana trágica de la transición o los Siete días de enero—. Mes y medio antes se había aprobado en referéndum la Ley para la Reforma Política que abría las puertas a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas desde 1936. La primera provocación se produjo el 23 de enero en la Gran Vía de Madrid, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación proamnistía era atacado por unos miembros del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva. Al día siguiente, 24 de enero, en la manifestación de protesta por el suceso falleció una de los participantes, María Luz Nájera, y por la noche unos pistoleros «ultras» irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a «comisiones obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y atacaron a ocho de ellos y a un conserje. El mismo día, los GRAPO, que como la extrema derecha —pero por razones contrarias— también querían detener el proceso de transición política, habían secuestrado por la mañana al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis.
En el funeral por los policías fallecidos, celebrado el 29 de enero, se produjeron unos graves enfrentamientos. Cuando salían los féretros del Hospital Militar Gómez Ulla un grupo de civiles y de militares comenzaron a cantar el himno de Infantería, lo que dio lugar a que Gutiérrez Mellado ordenara: «Todo el que lleve uniforme, firmes, y el que sepa y quiera que rece». Lo que fue contestado inmediatamente por el capitán de navío Camilo Menéndez (implicado más adelante en el 23-F): «Por encima de la disciplina está el honor». A continuación se produjo un forcejeo y se pudieron escuchar varios gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Traidores!». El 11 de febrero serían liberados los secuestrados.
La reunión de los generales de septiembre de 1977 en Játiva (o en Jávea)
Tras los «siete días de enero» el proceso de transición continuó y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó Unión de Centro Democrático, encabezada por el presidente Suárez, aunque no consiguió la mayoría absoluta. Las Cortes surgidas de esas elecciones comenzaron a elaborar la nueva Constitución. Entre el 13 y el 16 de septiembre se reunieron en Játiva (o en Jávea, según otras versiones) varios generales convocados por el exvicepresidente del Gobierno, teniente general Fernando de Santiago. En la reunión se redactó un memorándum que pretendían hacer llegar al rey y al conjunto de las Fuerzas Armadas en el que mostraban su descontento con la evolución política. Desde el Ministerio de Defensa se negó que tal memorando se hubiera presentado al rey e incluso se puso en duda su existencia. Sin embargo, poco tiempo después Milans del Bosch fue nombrado capitán general de la III Región Militar con sede en Valencia —desde donde dirigiría el golpe del «23-F»—. Simultáneamente, Guillermo Quintana Lacaci tomó posesión de Capitanía general de Madrid, de la que dependía la DAC, lo que se demostraría como un gran acierto durante el «23-F».
El conflicto por la UMD y la Ley de Amnistía
La tramitación por las Cortes de la Ley de Amnistía, que sería aprobada en octubre de 1977, provocó un grave conflicto con los militares cuando se conoció que el proyecto de ley incluía el regreso al Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática. La presión del Ejército fue tan grande que finalmente no se aprobó esa medida.
Tres años más tarde, en junio de 1980, todos los grupos parlamentarios, excepto Coordinación Democrática, presentaron una proposición de ley que rectificaba la Ley de Amnistía de 1977 y permitía el reingreso en el Ejército de los militares condenados de la UMD. La reacción en contra de los militares fue fulminante —«se decía que la indignación en los cuartos de banderas era aún mayor de lo que había sido tras la legalización del PCE»—, pero la respuesta más contundente fue la del vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado que amenazó con dimitir si se aprobaba. Finalmente su opinión prevaleció y la proposición de ley fue retirada.
La «Operación Galaxia»
Un par de semanas antes del 6 de diciembre de 1978 en que se iba a celebrar el Referéndum para la ratificación de la Constitución española la policía desarticulaba la «Operación Galaxia», una intentona golpista contra el Gobierno de Adolfo Suárez, la primera operación golpista de la Transición. Su principal responsable, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, solo fue condenado a siete meses de arresto, por lo que recobró inmediatamente la libertad, ya que los había cumplido mientras se celebraba el consejo de guerra.
La «Operación Galaxia», llamada así por el nombre de la cafetería del barrio madrileño de Moncloa donde los dos principales cabecillas (el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez) se reunieron el sábado 11 de noviembre de 1978 con tres oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional, consistía en el asalto por una fuerza de unos doscientos hombres del Palacio de la Moncloa, nueva sede de la Presidencia del Gobierno, el viernes 17 de noviembre cuando el Consejo de Ministros estuviera reunido. Paralelamente se ocuparían los puntos neurálgicos de Madrid. El vacío de poder creado por el secuestro del presidente Suárez y de su gobierno sería el pretexto para que se formara un Gobierno de salvación nacional, que paralizara el proceso constituyente. El plan se desbarató porque uno de los tres oficiales del Ejército que asistieron a la reunión lo denunció a sus superiores el 15 de noviembre. Al día siguiente, tras reforzarse la seguridad del Palacio de la Moncloa, Tejero e Ynestrillas eran detenidos mientras la prensa relataba el plan golpista.
La sentencia de la «Operación Galaxia», hecha pública el 8 de mayo de 1980, consideró que se había cometido «un delito de conspiración y proposición para la rebelión militar», pero a pesar de ello, condenó a los dos acusados a penas muy leves: a Tejero a siete meses y un día de arresto y a Ynestrillas a seis meses y un día. Como ya habían cumplido esos tiempos de arresto mientras se celebraba el juicio, recobraron la libertad inmediatamente y «brindaron con champán por un fallo que permitía el regreso de los condenados al servicio activo, pronto se vio con qué intenciones». «Fue entonces cuando empezó a preparar el 23 de febrero». «Cambiaría de objetivo: el Palacio de la Moncloa (poder ejecutivo) por el palacio de las Cortes (poder legislativo)».
La insubordinación del general Atarés Peña
A finales de mayo de 1979, se hizo pública la sentencia sobre la insubordinación del general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña que lo absolvió de todos los cargos, fallo que fue ratificado por el Capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch. Los hechos se habían producido en Cartagena el viernes 17 de noviembre de 1978, el día previsto por la «Operación Galaxia» para el asalto del Palacio de la Moncloa. La reunión había sido convocada por el general Gutiérrez Mellado en un enorme hangar de aviación para explicar a varios centenares de jefes y oficiales de la guarnición y de la Armada el alcance de las reformas militares que estaba poniendo en marcha el Gobierno y aclarar sus dudas sobre la Constitución, que iba a someterse en referéndum el 6 de diciembre. El vicepresidente del Gobierno ya había celebrado reuniones similares en otros lugares, pero la de Cartagena derivó en un tumulto en el que hubo gritos en contra del general Gutiérrez Mellado. El que más destacó fue el general Atarés, quien acusó al vicepresidente del Gobierno de mentiroso, de traidor, de masón y de espía. Gutiérrez Mellado ordenó su arresto inmediato y puso fin al acto. Enseguida el general Atarés recibió numerosas muestras de solidaridad.
Durante la conmemoración del 20-N celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid el 19 de noviembre, se desplegaron pancartas a favor del general Atarés y con insultos al Rey, a Gutiérrez Mellado y a Adolfo Suárez. En los discursos que pronunciaron los neofranquistas José Antonio Girón de Velasco y Blas Piñar pidieron la intervención del Ejército. En esos meses habían aparecido pintadas y se habían distribuido panfletos en los cuarteles que estaban firmados por grupos clandestinos autodenominados Unión Patriótica Militar, Movimiento Patriótico Militar, Juntas Patrióticas, Movimiento de Resistencia Patriótica o Unión Militar Española. En los panfletos se exigía que la lucha antiterrorista fuera encomendada al Ejército.
El papel de ETA
La aprobación de la Constitución no solo no detuvo la «estrategia de la tensión», sino que se incrementó e involucró a sectores más amplios del Ejército, Debido sobre todo a la instrumentalización de los atentados terroristas de ETA que había puesto en su punto de mira a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. Los conflictos que se producían a base de eso eran amplificados por la prensa de extrema derecha.
El intento de golpe de Estado del general Torres Rojas
En enero de 1980 el Gobierno abortó un plan para tomar el Palacio de la Moncloa. Su instigador era el general Luis Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete (DAC). Torres Rojas, un militar «profundamente franquista», pretendía que la Brigada Paracaidista realizara el asalto y una vez ocupada La Moncloa se impusiera un Gobierno presidido por un militar «de prestigio». A continuación las Cortes serían disueltas, el Partido Comunista de España prohibido y se interrumpiría el proceso autonómico. El general Torres Rojas fue destituido del mando de la DAC el 24 de enero y destinado al gobierno militar de La Coruña. Sin embargo, el Gobierno negó que tuviera alguna relación con actividades golpistas. Un año después Torres Rojas sería uno de los principales protagonistas del 23F.
La conspiración
Los planes de los golpistas
El 30 de mayo de 1980 el teniente general «ultra» Carlos Iniesta Cano se entrevistó en El Saler (Valencia) con el capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch. Iniesta Cano le pidió a Milans que liderara el golpe de Estado que estaban preparando. Milans puso como condición que el rey Juan Carlos apoyara la operación. Acordaron que seguirían en contacto a través del ayudante de Milans, el teniente coronel Pedro Mas Oliver.
El 15 de junio Mas Oliver almorzó en Madrid con el teniente coronel Tejero y con el ultraderechista Juan García Carrés. La misión de Mas Oliver era comprobar el «grado de seriedad» de la operación de la que había hablado Iniesta Cano —«Tejero causó una grata impresión a su colega del Ejército, como así lo manifestó a su general». Inmediatamente Tejero reunió a varios capitanes y tenientes de la Guardia Civil de su confianza para pedirles el apoyo al plan golpista, pero no lo logró. Días o semanas más tarde volvieron a reunirse Tejero y Mas Oliver y en esta ocasión este le comunicó a Tejero la conformidad de Milans a que estudiara la operación para tomar el Congreso de los Diputados. En las semanas siguientes Tejero estudió el objetivo y sus medidas de seguridad y compró seis autobuses de segunda mano para transportar a la fuerza que llevaría a cabo el asalto, así como gabardinas y anoraks para camuflar sus uniformes. Para guardar los autobuses alquiló una nave industrial en Fuenlabrada.
Paralelamente a los primeros contactos entre Tejero y Milans, nacía la «Solución Armada». Javier Cercas sitúa su inicio en el mes de julio de 1980 cuando el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa Real, entregó en La Zarzuela un informe redactado por un catedrático de derecho administrativo en el que se proponía como salida a la crisis política que estaba viviendo el país desalojar del poder a Adolfo Suárez y sustituirlo por un gobierno unitario presidido por una personalidad independiente, posiblemente un militar. «En muy poco tiempo la hipótesis de un gobierno de unidad presidido por un militar como salvavidas contra el hundimiento del país había llegado a todos los rincones del pequeño Madrid del poder». Mientras tanto, el general Armada mantenía reuniones con políticos, militares, empresarios y financieros y en ellas siempre dejaba caer de forma velada que contaba con el respaldo del rey. .
La primera mención pública a la «solución Armada» data del 7 de agosto de 1980. Ese día el progolpista Heraldo Español publicó en portada un dibujo de un caballo encabritado sin jinete con el titular «¿Quién montará este caballo? Se busca general». En las páginas interiores un artículo firmado por «Merlín» (seudónimo del periodista Fernando Latorre) aludía de forma aparentemente críptica al general Armada cuando finalizaba diciendo: «Pero ¿dónde está el HOMBRE [que ponga orden en el país y tenga la confianza del Rey]? ¡Que venga pronto! ¡Que venga ese HOMBRE de las Fuerzas Ar…ma…das…».
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A lo largo del verano Armada había hablado con políticos de UCD y de la derecha, pero no conocía a los dirigentes socialistas. Fue el 22 de octubre cuando contactó con algunos de ellos. Ese día tuvo lugar una comida en casa del alcalde socialista de Lérida Antoni Siurana a la que asistieron además de Armada, entonces gobernador militar de esa provincia, los líderes socialistas Joan Reventós y Enrique Múgica Herzog. Enrique Múgica le trasladó a su secretario general Felipe González que Armada se había postulado discretamente para presidir el gobierno (y Felipe González se lo comunicó al rey y también a Suárez). El presidente Suárez recibió un informe reservado, fechado el 9 de octubre, en el que se planteaba la posibilidad de la formación de una «coalición de salvación nacional» presidida por una «personalidad independiente», con apoyo de los socialistas.
El 17 de noviembre de 1980 el general Armada se reunió en Valencia con el Capitán General de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, quien en aquellas fechas ya mantenía una relación fluida con Tejero. Armada le informó de lo que había hablado con los líderes socialistas en Lérida. Una semana antes el general Armada había mantenido un largo encuentro con el rey en un refugio de montaña del Valle de Arán, en la provincia de Lérida de la que Armada era el gobernador militar. Al parecer Armada le habló al monarca del malestar que existía en las Fuerzas Armadas y este le pidió que se enterara mejor y que le informase. Ese habría sido el motivo inmediato de que Armada fuera a Valencia para entrevistarse con Milans, «consciente de que no había en el ejército un militar más descontento que Milans». En la entrevista es probable que Armada le hablara a Milans de su proyecto de constituir un gobierno de unidad presidido por él, que contaría con el respaldo del rey, y que le ofreciera el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército. Según Javier Cercas, «Milans aceptó el trato, y de esa forma la Operación Armada se dotó de un ariete militar».
Ese mismo mes de noviembre el Rey y el Gobierno recibieron un informe de los servicios de inteligencia. En el informe se decía que estaba en curso una «operación de ámbito cívico-militar» y tres estrictamente militares, aunque sin relación entre sí: la de los tenientes generales (cuyo modelo era el golpe militar que se acababa de producir en Turquía, pero el informe no daba ningún nombre), la de los coroneles y una tercera, denominada «de los espontáneos», a la que relacionaba con la «famosa Operación Galaxia», y que el informe la consideraba como la más peligrosa, ya que podía fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas, con peligro real de guerra civil. La más radical de las tres conspiraciones militares, según el informe, era la «operación de los coroneles»: «No tienen convencimiento monárquico de ninguna clase y por ello piensan más en una “república de tinte presidencialista” con tintes muy nacionalistas».
En cuanto a la «operación de ámbito cívico-militar», el informe decía que su objetivo era forzar la dimisión de Adolfo Suárez y que a continuación el rey propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno a un general que contara «con respaldo del resto de la estructura militar». Este una vez investido formaría un «gobierno de gestión o de salvación nacional» que emprendería la reforma de la Constitución y daría marcha atrás en determinadas políticas de Suárez. El informe decía que la operación «podría culminar para antes de la primavera de 1981 (salvo imponderables)». La operación mixta civil y militar era un golpe blando destinado a conjurar los tres golpes duros estrictamente militares y sus promotores eran grupos de civiles y un grupo de generales en activo.
El 17 de diciembre el diario El Alcázar publicaba el primero de los tres artículos del colectivo «Almendros», grupo que había surgido por una iniciativa de la dirección del diario a la que se habían sumado militares involucionistas y exministros franquistas. Este primer artículo llevaba por título «Análisis político del momento militar» en el que, tras criticar la política del gobierno Suárez, se daban una serie de consejos amenazadores al posible sucesor del presidente: «El sucesor debería reunir las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegable unidad de la Patria». El segundo artículo del Colectivo Almendros se publicó el 22 de enero de 1981, también en El Alcázar. En él se defendía la formación de un «Gobierno de amplios poderes» para resolver los problemas del país. Y si esta opción no era aceptada se amenazaba con un golpe de Estado militar.
En Navidad el presidente Suárez le dijo al miembro de su partido Fernando Álvarez de Miranda, quien había acudido al Palacio de la Moncloa alarmado por lo que se decía por los círculos madrileños: «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza. Por su parte Armada se reunía a finales de diciembre con el embajador de Estados Unidos en España, Terence Todman, en Santa Cruz de Ribadulla (La Coruña). A principios de noviembre Todman había enviado un informe a Washington en el que decía que el rey Juan Carlos le había manifestado «su pesimismo sobre la situación interna de España, particularmente como resultado de la aparente ineficacia del primer ministro Suárez para afrontar los problemas domésticos».
El 3 de enero el general Armada se entrevistó con el monarca en Baquiera Beret. Armada le expuso el descontento de las Fuerzas Armadas y le informó de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a tomar medidas radicales. Don Juan Carlos, alarmado, telefoneó al presidente Suárez, que se encontraba en Ávila, y le dijo que fuera inmediatamente a Baqueira. Cuando llegó al día siguiente, el rey no le pidió la dimisión, pero sí le echó en cara su mala gestión en relación con el Ejército.
El día 10 Armada viajaba a Valencia para informar a Milans del Bosch. Trataron sobre «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas» promovidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de evitarlo colocando a un «presidente neutral» al frente del Gobierno. Armada había llegado a la conclusión de que el rey «quería que diese un "golpe de timón" a la situación». Milans se convenció de que don Juan Carlos «está harto de Suárez». Según uno de los condenados por el 23-F, de la reunión celebrada en Valencia el 10 de enero salió una dirección bicéfala de la conspiración, Milans-Armada, y de la que también formaba parte el teniente coronel Antonio Tejero, en contacto con Milans desde julio.
La reunión clave de la conspiración tuvo lugar un mes antes del golpe, el domingo 18 de enero de 1981, en el domicilio madrileño del teniente coronel Pedro Mas Oliver, ayudante del teniente general Milans del Bosch. No hay acuerdo sobre los militares que estuvieron presentes, además de Milans del Bosch y de Tejero. Según José Luis Rodríguez Jiménez, estuvieron los generales Carlos Iniesta Cano y Manuel Cabeza Calahorra, este último integrante del Colectivo Almendros. Juan Francisco Fuentes da por segura la presencia del general Luis Torres Rojas y como probable la del general Carlos Alvarado Largo, además de Iniesta Cano y de Cabeza Calahorra. No asistió el general Armada.
En la reunión se acordó que el general Torres Rojas se desplazaría desde La Coruña a Madrid para hacerse cargo del mando de la División Acorazada Brunete, clave para controlar la capital una vez se hubiera producido el asalto al Congreso dirigido por Tejero. Tejero prefería la formación de una Junta Militar a un Gobierno de concentración presidido por este, pero Milans aparentemente lo convenció alegando que Armada era el enlace con el rey. Terminada la reunión Milans volvió a Valencia y allí ordenó a su ayudante el coronel Diego Ibáñez Inglés que viajara inmediatamente a Lérida para informar al general Armada de lo que se había acordado. Ibáñez Inglés también cumplió con otro encargo de Milans: entrevistarse con el coronel San Martín, para que este paralizase las operaciones golpistas que estuviese preparando. Se reunieron en el Parador Nacional de Alarcón el 31 de enero, dos días después de la dimisión de Suárez. También trataron de la movilización de la DAC en caso de que fuera necesaria. El 23 de enero, los servicios de inteligencia informaron al rey de que había habido una reunión de generales en la que se había hablado de la necesidad de una intervención militar.
Por aquellas mismas fechas —concretamente el 22 de enero— el rey intentó que el general Armada fuera nombrado 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército (2.º JEME), pero Suárez se negó en redondo —«surgió una seria discusión entre ellos»— y don Juan Carlos aceptó su decisión. Sin embargo, acabaría siendo nombrado para el puesto el 3 de febrero, cuatro días después de la dimisión de Suárez, y el rey se lo comunicó personalmente por teléfono. Cuando Suárez, entonces ya presidente en funciones, se quejó del nombramiento el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún le dijo: «Me lo ha pedido el rey». A lo que Suárez contestó: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico».
La dimisión de Adolfo Suárez
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El 29 de enero de 1981 Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y como presidente de su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). Se ha especulado mucho sobre las razones de la dimisión, ya que nunca llegaron a aclararse del todo. Suárez siempre negó que la dimisión tuviera algo que ver con el posterior intento de golpe de Estado.
La dimisión de Suárez no canceló los planes golpistas, aunque sí congeló momentáneamente la «solución Armada». El ultraderechista El Alcázar publicó un artículo titulado «Suárez se va, pero apenas nada cambia»: «todo lo que no sea cambiar el sistema, congelar la Constitución y emprender el intento honesto de construir una democracia a la española, se traducirá en un apresuramiento hacia la catástrofe inapelable». El 1 de febrero el Colectivo Almendros publicaba su tercer artículo también en el El Alcázar, titulado «La decisión del mando supremo» y en él se volvía a insistir en la formación de «un Gobierno de regeneración nacional» «cuya única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiera» y que en caso de no constituirse «instauraría la posibilidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas».
El 4 de febrero se producían los incidentes de la Casa de Juntas de Guernica de 1981 (los diputados de Herri Batasuna interrumpieron el discurso del rey Juan Carlos I cantando con el puño en alto el himno Eusko Gudariak). Era el primer viaje que hacían los reyes al País Vasco. Dos días después, el 6 de febrero, fallecía el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado el 29 de enero por ETA militar. El 13 de febrero moría en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro de ETA Joseba Arregui.
El 6 de febrero, el general Armada, que ya había sido nombrado 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército, cenó a solas con el rey en Viella (Valle de Arán). Armada le sugirió al monarca que lo propusiera a él como candidato a la presidencia del gobierno. No se sabe lo que le contestó el rey, pero no hay que descartar que dudara como lo probaría que tardara once días en presentar la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo, el elegido por UCD para sustituir a Suárez.
La designación de Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno «fue el final de la Operación Armada, el final de la operación solamente política», afirma Javier Cercas.
De hecho, el general Armada aún hizo un último intento para salvar la operación: consiguió reunirse con el Rey el 13 de febrero para intentar persuadirle de que se retractara de su decisión de designar a Calvo Sotelo. Don Juan Carlos lo remitió al vicepresidente Gutiérrez Mellado y este recordó posteriormente que cuando Armada fue a verle estaba lleno de ira. Decía que el rey estaba cometiendo un inmenso error al aplicar mecánicamente la Constitución y proponer a un civil en el lugar de Suárez.
Alrededor del día 16 de febrero, un enviado de Milans del Bosch, el coronel Diego Ibáñez Inglés, visitaba al general Armada en su nuevo despacho de 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército. En la conversación, según Preston, «Armada accedió a regañadientes a dar luz verde a los planes urdidos en Madrid el 18 de enero pero aparcados durante un mes». Tejero, por su parte, se mostraba impaciente por actuar —el 18 de febrero telefoneó a Ibáñez Inglés para decirle que el plazo de treinta días que le había dado Milans para que triunfase la «Operación Armada» ya se había cumplido—. Además Tejero había contactado con el comandante José Luis Cortina, jefe de la Unidad Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID. El mismo día 18 en que habló por teléfono con el ayudante de Milans Tejero cenó con los capitanes de la Guardia Civil para pedirles de nuevo que se sumaran a la operación del asalto al Congreso de los Diputados. Poco después Tejero se puso en contacto con Valencia para informar de que estaba preparado para tomar el Congreso de los Diputados, a pesar de que ninguno de los capitanes con los que se había reunido se había mostrado dispuesto a participar en la operación. La fecha que tenía prevista era el lunes 23 de febrero.
El viernes 20 de febrero había tenido lugar en el Congreso de los Diputados la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, pero no consiguió la mayoría absoluta necesaria, por lo que debía producirse una nueva votación cuarenta y ocho horas después, el día 22 de febrero, tal como establece el artículo 99.3 de la Constitución española. Como el 22 de febrero era domingo, el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, decidió aplazar la segunda votación al lunes, 23 de febrero. Este último es el día que elegirán los conjurados para su tentativa de golpe de Estado. Ese mismo viernes 20 de febrero el corresponsal en Madrid de Paris Match había escrito: «En el aire se huele el golpe de estado, el pronunciamiento».
El domingo 22, el comandante Ricardo Pardo Zancada, destinado en la Brunete, viajó a Valencia y se entrevistó con Milans del Bosch. Este le dijo que estaba todo preparado y que el asalto al Congreso de los Diputados se produciría al día siguiente entre las seis y las seis y media de la tarde. Inmediatamente Milans declararía el estado de guerra en la III Región Militar y se pondría en contacto con el general Armada, que estaría en el Palacio de la Zarzuela junto al rey don Juan Carlos. Entonces informarían al resto de Capitanes Generales de que la operación se hacía en nombre del rey. Este nombraría al general Armada presidente del Gobierno y a Milans jefe del Estado Mayor del Ejército. Para que el plan funcionara era necesario que la División Acorazada Brunete controlara los puntos neurálgicos de Madrid, y vencer así la posible resistencia del Capitán General de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci. De comandar la Brunete se encargaría el general Luis Torres Rojas, que se desplazaría a la capital desde su destino en La Coruña. En medio de la conversación sonó el teléfono. Pardo Zancada dedujo que el que llamaba era el general Armada porque cuando descolgó el aparato Milans dijo: «¿Sí? Soy yo, Alfonso; puedes hablar». A Pardo Zancada le pareció entender que estaban confirmando el plan dispuesto para el día siguiente. Milans se despidió del comandante diciéndole que cuando llegara a Madrid se pusiera en contacto con el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la Brunete. El encuentro tuvo lugar a medianoche. Tanto Pardo Zancada como San Martín estaban preocupados por el grado de improvisación con que se había preparado el golpe.
Ese mismo domingo 22 de febrero el diario El Alcázar había publicado en portada una enorme fotografía del hemiciclo vacío del Congreso de los Diputados con una gruesa flecha señalándolo que contenía la frase «Todo dispuesto para la sesión del lunes». Según Javier Cercas, esta portada probaría que «al menos el director de El Alcázar y alguno de sus colaboradores» conocían lo que iba ocurrir.
El golpe
El golpe de Estado comenzó a las 18:23 horas del lunes 23 de febrero con el asalto al Congreso de los Diputados por los guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que fue seguido de la proclamación por el capitán general Jaime Milans del Bosch del estado de excepción en la III Región Militar con sede en Valencia. Pero los siguientes tres pasos planificados por los golpistas fueron neutralizados por la intervención de La Zarzuela: ningún capitán general secundó a Milans del Bosch y proclamó el estado de excepción (el rey Juan Carlos I habló con todos ellos para que no secundaran el golpe); la División Acorazada Brunete no se movilizó (el capitán general de Madrid Guillermo Quintana Lacaci, siguiendo las órdenes del rey, hizo volver a las unidades que ya se disponían a ocupar Madrid); y el general Alfonso Armada no consiguió el permiso del rey para ir a La Zarzuela y estar junto a él, lo que pretendía servir de coartada al golpe. Se creó así una situación de ‘’impasse’’ que se rompió hacia las 21:00 h. cuando Milans habló con Armada y le propuso una variante del plan inicial: que fuera al Palacio de las Cortes y consiguiera que los diputados aprobaran el gobierno de concentración previsto presidido por él a cambio del fin del secuestro del Congreso de los Diputados y de la retirada de los tanques que, siguiendo sus órdenes, ya ocupaban Valencia.
El general Armada obtuvo el permiso para entrevistarse a «título personal» con Tejero, pero este rechazó la propuesta del gobierno de concentración que calificó de «chapuza» cuando conoció que lo integraban representantes de todos los partidos (él esperaba que se constituyera una Junta Militar). Así que no permitió que Armada pudiera dirigirse a los diputados. A la 1,14 de la madrugada del martes 24 de febrero, cuando Armada aún se encontraba discutiendo agriamente con Tejero, TVE emitía el mensaje del rey Juan Carlos (grabado una hora antes) en el que este manifestaba su radical oposición al golpe. Milans entonces ordenó retirar los tanques de Valencia, aunque aún tardó varias horas en levantar el estado de excepción. A primera hora de la mañana se negociaban las condiciones de la rendición de las fuerzas que ocupaban el Congreso (a las que se había unido una columna de la Brunete al mando del comandante Ricardo Pardo Zancada) y a las 11,25 se firmaba el «pacto del capó». Media hora después comenzaban a abandonar el Palacio de las Cortes los diputados y los miembros del gobierno secuestrados.
Lunes, 23 de febrero
9,00 h. Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) Tejero consigue los seis conductores que necesita para trasladar en autobús a los guardias civiles que van a participar en el asalto del Congreso de los Diputados
- El teniente coronel Antonio Tejero le pide al coronel Miguel Manchado, responsable de la Unidad de Tráfico y conocido suyo, que le proporcione seis conductores y dos mecánicos que los necesita para antes de las dos de la tarde (para traer los autobuses que Tejero había comprado y que se encontraban en una nave de Fuenlabrada). «No puedes negarte. Es una operación a nivel nacional. Nos sigue todo el Ejército y el rey detrás, respaldando», le dice Tejero. Este convierte el despacho de Manchado en su cuartel general.
9,00 h. (circa) Capitanía de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch prepara la declaración del estado de excepción
- El Estado Mayor de la III Región Militar prepara las "alertas rojas" que se distribuirán entre las guarniciones de Castellón y de Valencia para que controlen los puntos estratégicos que se les asignen. Poco después el Capitán General Milans del Bosch comienza a redactar, junto con su ayudante el coronel Ibáñez Inglés, el bando de proclamación del estado de guerra en toda la demarcación. A continuación —eran las 10,30 h.— reunió a sus ayudantes para informarles que en Madrid se iba producir «un hecho muy importante» a consecuencia del cual se iba a formar un gobierno presidido por el general Armada y que él iba a ser nombrado presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. «El rey está al corriente», añadió. Más tarde se enviaban a los jefes militares sobres lacrados con las órdenes que debían cumplir una vez recibieran por el teletipo una palabra clave: «Miguelete».
15,00 h. Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) El general Torres Rojas llega desde La Coruña
- Tras recogerle en el aeropuerto de Barajas hacia las 14,00 h., el comandante Ricardo Pardo Zancada lleva al general Luis Torres Rojas al Cuartel General de la División. Poco antes de salir del aeropuerto Pardo Zancada le había ordenado a un capitán que contactara con el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Alto Estado Mayor de la Brunete y que estaba comprometido con el golpe, para decirle que regresara con el jefe de la División, el general José Juste Fernández (la contraseña que debía darle era «la bandeja está grabada»). Ambos se dirigían al campo de San Gregorio (Zaragoza) donde unidades de la Acorazada iban a realizar unas maniobras. El general Juste, a diferencia de San Martín, no sabía nada del golpe (precisamente para asegurarse que lo apoyara habían hecho venir desde La Coruña al general Torres Rojas, su antecesor en el mando).
16,30 h. Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) Tejero recluta los guardias civiles para el asalto al Congreso
- Se presenta en el Parque el capitán del CESID Vicente Gómez Iglesias y consigue vencer las últimas resistencias que habían manifestado algunos oficiales, entre ellos el capitán Pedro Abad Gutiérrez, para participar en la operación de Tejero. Se reúne en el patio a los guardias civiles para pedir voluntarios y consigue que ochenta y cinco den un paso al frente. Por su parte el capitán Abad suma su unidad de la Agrupación Tráfico al operativo: siete suboficiales, veintitrés cabos y noventa y cinco guardias. También se unen cincuenta y cuatro guardias y un suboficial de la Academia de Tráfico. Como los autocares que Tejero había comprado no llegaban le pidió al coronel Manchado que le proporcionara seis autobuses de la Guardia Civil.
16,50 h. Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) La División Acorazada Brunete se suma al golpe
- Cuando el general Juste y el coronel San Martín llegan al Cuartel General Pardo Zancada les informa que se va celebrar una reunión de mandos a la que también asistirá el general Torres Rojas, que se encuentra de visita. Pardo Zancada informa a la docena de generales y jefes presentes de la reunión de la operación que está en marcha y que cuenta con el beneplácito del rey y del general Armada. Ante las dudas del general Juste, el general Torras Rojas le susurra al oído, sin que nadie más lo oyera: «Mira, Juste, si no mandas tú, tendré que mandar yo. Es el deseo del rey». Finalmente Juste accedió: «Bueno, pues adelante». El coronel San Martín redactó inmediatamente las órdenes de movilización para las diversas unidades de la División especificando sus objetivos (formaban parte de un plan muy detallado para la ocupación militar de Madrid). Los mandos salen del Cuartel General para dirigirse a sus unidades.
17,30 h. Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) / Primera Comandancia Móvil de la Guardia Civil (Valdemoro, Madrid) El grupo de Tejero sale hacia el Congreso de los Diputados
- Salen del Parque Automovilístico de la calle Príncipe de Vergara seis autobuses con los guardias civiles que Tejero ha logrado reclutar. Al mismo tiempo sale un autobús de la Primera Comandancia Móvil de la Guardia de Valdemoro llevando a veinticinco guardias, incluidos tres oficiales, que ha reclutado el capitán Jesús Muñecas Aguilar. En total son 445 guardias civiles. En la parte final del recorrido los autobuses fueron precedidos por coches camuflados del CESID conducidos por hombres del comandante Cortina. Su finalidad habría sido «desbrozar su camino» previniéndolos «de los obstáculos que pudieran encontrar». El autobús del capitán Muñecas llegaría al Congreso de los Diputados más tarde cuando el asalto ya se había producido.
17,30 h. Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch da las últimas instrucciones
- Milans del Bosch reúne en su despacho a los generales y jefes destinados en Valencia para explicarles lo que ocurrirá una hora después (el asalto al Congreso, el despliegue de la Brunete en Madrid, la declaración del estado de excepción en la III Región Militar, el nombramiento del general Armada como nueve jefe de Gobierno y de él mismo como jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor) y que todo ello se hace con la anuencia del rey. Media hora después abandonan el despacho para dirigirse a sus unidades e iniciar las operaciones. A las 17,00 h. Milans había hablado con el capitán general de la II Región Militar Pedro Merry Gordon quien en principio se niega a secundar sus planes y declarar el estado de excepción en su demarcación porque no se le ha consultado con el debido tiempo y porque Milans ha asumido una jefatura militar que no le corresponde, ya que Merry Gordon está por encima de él en el escalafón del generalato.
18,23 h. Congreso de los Diputados (Madrid). Asalto al Congreso de los Diputados encabezado por Tejero. Empieza el golpe
- Cuando se estaba produciendo la segunda votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno e iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, irrumpe en el hemiciclo el teniente coronel Antonio Tejero. Desde la tribuna grita «¡Quieto todo el mundo!» [sic]. Aparecen varios guardias civiles armados y se oye el grito «¡Al suelo todo el mundo!». Como militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente del Gobierno, el teniente general del Ejército de Tierra Gutiérrez Mellado se levanta inmediatamente, se dirige al teniente coronel Tejero y le ordena que se ponga firme. El presidente del Gobierno Adolfo Suárez hace ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado. Tejero baja de la tribuna y le dice: «¡Siéntese, diputado!» (Gutiérrez Mellado no lo había sido nunca). Tejero efectúa un disparo al aire que es seguido por ráfagas de los subfusiles de los asaltantes. Estos disparos provocaron algunos orificios en el techo del hemiciclo. Sin inmutarse, con los brazos en jarras, el teniente general permaneció indiferente al sonido de las armas. Mientras los diputados y miembros del gobierno se tiraban al suelo, solo tres personas no lo hicieron: el diputado comunista Santiago Carrillo, Adolfo Suárez que siguió sentado en el escaño del presidente del Gobierno «en actitud impasible casi retadora» y el teniente general Gutiérrez Mellado que siguió de pie. Entonces, Tejero se dirige a Gutiérrez Mellado, le zarandea y le pone la zancadilla, sin conseguir que el teniente general caiga al suelo. Finalmente, Gutiérrez Mellado a petición de Suárez vuelve a su escaño. Ambos siguen sentados. Tejero va a la tribuna. Aunque la sesión no estaba siendo emitida por televisión en directo, toda la escena está siendo grabada por el operador de TVE Pedro Francisco Martín, aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable. Las imágenes se emitirán por TVE una vez fracasado el golpe. La que sí estaba emitiendo en directo la sesión era la Cadena SER. Mariano Revilla —técnico— y Rafael Luis Díaz —periodista— relataron el asalto desde el interior del Congreso y consiguieron dejar micrófonos conectados para grabar el sonido ambiente. Aquella noche será recordada como «la noche de los transistores», debido a que buena parte de la población la pasó conectada a la radio siguiendo los acontecimientos.
18,30 h. (circa) Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) Milans proclama el estado de excepción en la III Región Militar e intenta que el resto de capitanes generales le secunden
- Tras recibir la contraseña acordada con Tejero («Naranjas») de que todo estaba saliendo según lo planeado, el capitán general Jaime Milans del Bosch proclama el estado de excepción en la III Región Militar y ordena el despliegue de la División Motorizada Maestrazgo por las calles de Valencia. Sus objetivos son los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o el Gobierno Civil. La llamada «Operación Turia», era clave para que otras regiones militares se incorporasen al golpe de Estado.
18,40 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Esperando la llegada de la «autoridad competente, militar por supuesto»
- Los diputados comienzan a incorporarse en sus asientos, aunque se les ordena que las manos estén a la vista. El capitán de la Guardia Civil Muñecas Aguilar, hombre de confianza y amigo de Tejero, se dirige a la tribuna de oradores y anuncia que deben esperar hasta la llegada de la «autoridad competente, militar, por supuesto», «que dispondrá lo que tenga que ser». Insiste en que estén todos tranquilos.
18,40 h. Cuartel General de División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) / Capitanía General de Madrid Quintana Lacaci ordena la vuelta a los cuarteles de la Brunete
- Aunque ha ordenado el despliegue de la División en cuanto ha conocido lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados, el general Juste aún tiene dudas sobre lo que está pasando y decide confirmar que el general Armada está efectivamente junto al rey. Llama al Palacio de la Zarzuela y cuando pregunta por Armada el secretario de la Casa Real, general Sabino Fernández Campo, le responde: «Ni está ni se le espera». Juste le contesta: «Ah, eso lo cambia todo»; y después cuelga. Entonces Juste —que acaba de comprender que Torres Rojas, San Martín y Pardo Zancada le han engañado y que el rey no avala la operación— telefonea al Capitán General de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, a quien le pregunta si le había llamado Milans del Bosch. Cuando este le contesta «¿Para qué tenía que llamarme?» Juste confirma sus sospechas. Y cuando este le dice que en el Cuartel General de la Brunete está Torres Rojas, Quintana Lacaci le responde «Ten cuidado con él». Finalmente Quintana Lacacci, quien se ha puesto sin titubeos a las órdenes del rey quien desde el Palacio de la Zarzuela le ha ordenado que no mueva sus tropas, le ordena a Juste que aborte la salida de unidades y él personalmente llama a los mandos para dar contraorden. Una unidad de tanques ya se dirigía hacia el centro de Madrid y Quintana Lacaci les hizo regresar. Sin embargo, no consiguió impedir que una columna del Regimiento de Caballería Villaviciosa 14 ocupara las instalaciones de TVE en Prado del Rey. Tiempo después del golpe, el general Quintana Lacaci, cuya actuación fue clave para hacer fracasar la asonada, declaró: «El rey me mandó parar el golpe y lo paré. Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso, lo habría hecho». El historiador Juan Francisco Fuentes comenta: «La lealtad al rey, incluso más que a la Corona, no digamos a la Constitución, era lo único que podía hacer fracasar el golpe de Estado».
18,40 (circa) Palacio de la Zarzuela (Madrid) El rey se pone en contacto con los capitanes generales para asegurarse que no secundan el golpe
- El rey Juan Carlos I y los miembros del personal de la Zarzuela, encabezados por el general Sabino Fernández Campo (secretario de la Casa Real), comienzan a contactar con los mandos militares para asegurarse que no secundan el golpe. Desde La Zarzuela también se llamó a Milans del Bosch y a Tejero (Sabino Fernández Campo le dice: «¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente». Tejero responde: «No recibo más órdenes que las del general Milans del Bosch». A lo que Fernández Campo replica: «Pero tú has invocado el nombre del Rey. ¿Por qué, por qué?». Tejero cuelga el teléfono sin contestar). El historiador Juan Francisco Fuentes considera que la actuación del rey «a través de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas fue decisiva para revertir una posible inercia a favor del golpe». Según Javier Cercas, el rey paró el golpe «por la sencilla razón de que era la única persona que podía pararlo». La reina Sofía le dijo a la periodista Pilar Urbano quince años después:
La televisión tuvo importancia, pero a esa hora el Rey ya se había hecho con el mando de la situación. El golpe no se paró en seco, por tal orden en tal momento: el Rey lo fue parando a base de hablar una y otra vez con este, con el otro... ¡con todos! Y eso lo hizo por teléfono, con varios teléfonos. Yo diría que el golpe lo rompió el Rey con el teléfono y con su autoridad moral sobre los militares.
18,45 h. (circa) Palacio de la Zarzuela (Madrid) El general Armada fracasa en su intento de acudir al Palacio de la Zarzuela
- El rey Juan Carlos telefonea al general Armada al Cuartel General del Ejército para recabar información y pedirle consejo. El general Armada, que esperaba con impaciencia la llamada, se ofrece para ir al Palacio de la Zarzuela para explicarle más detalladamente la situación, pero en ese momento entra en el despacho de don Juan Carlos el general Sabino Fernández Campo que acaba de hablar con el general Juste y de cuya conversación ha deducido que Armada puede estar implicado en el golpe. Entonces Sabino se pone al teléfono y le dice al general Armada: «No, Alfonso. Quédate ahí. Si te necesitamos ya te llamaremos». El general Armada tuvo que permanecer en el Cuartel General del Ejército, «con lo que el antiguo secretario no pudo acercarse al monarca y la pieza fundamental del golpe no encontró su punto de encaje», afirma Javier Cercas.
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19,15 h. (circa) Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)/Palacio de la Zarzuela (Madrid) La diputada Anna Balletbò habla por teléfono con el rey
- La diputada socialista catalana Anna Balletbò, que estaba embarazada de cuatro meses de gemelos, consigue que debido a su estado le dejen abandonar el Congreso de los Diputados. Desde los cercanos locales de los grupos parlamentarios socialistas en Marqués de Cubas intenta contactar con el Palacio de la Zarzuela, pero como no sabe el número antes llama al presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol que es quien se lo facilita («Es una buena idea. También llamaré yo», le dice Pujol). Alrededor de las 19,15 fue cuando pudo hablar con el Rey, quien en seguida le pidió que le contara todo lo que había pasado dentro del Congreso de los Diputados. La diputada le preguntó a don Juan Carlos qué pensaba hacer y este le respondió: «El Rey está al servicio de los más altos intereses de España», y al añadir ella «¿y?» prosiguió: «y de la democracia».
19,15 h. Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) Fracasa el intento del director general de la Guardia Civil para que Tejero depusiera su actitud
- El director general de la Guardia Civil, general José Luis Aramburu Topete, regresa del Congreso de los Diputados a donde había ido desde el Hotel Palace, puesto de mando de las fuerzas leales, para intentar convencer a Tejero que depusiera su actitud, pero este no solo no había obedecido sus órdenes, sino que le había amenazado. Poco antes del intento del general Aramburu, el coronel Félix Alcalá-Galiano Pérez, enviado del general Gabeiras, había fracasado también en su propósito de conseguir que Tejero se retirara del Congreso de los Diputados. En el momento en que Aramburu regresó al Palace la Carrera de San Jerónimo estaba llena de medios de comunicación y de fuerzas de orden público. Cuando llegó al hotel les dijo al general José Antonio Sáenz de Santamaría, inspector general de la Policía Nacional, y al gobernador civil de Madrid Mariano Nicolás que Tejero no reconocía otra autoridad que la del rey y la de los generales Milans del Bosch y Alfonso Armada. Por eso Aramburu le pidió a sus ayudantes que le pusieran en contacto inmediatamente con el general Armada, a quien localizaron en su despacho de 2.º jefe del Alto Estado Mayor. Pero su superior el general Gabeiras no dejó ir a Armada al Palace —solo situado a trescientos metros del Cuartel General del Ejército— porque lo necesitaba allí, ya que él tenía que acudir a la reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Tras el fracaso del general Aramburu, fue Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado, quien telefoneó a Tejero: «Hablo con el teniente coronel Tejero por teléfono y le conmino a que deponga su actitud, al no haberlo hecho ante el general Aramburu. Se niega a ello y me dice que él no acata más órdenes que las de Milans del Bosch, capitán general de Valencia, y las del general Armada, y corta la conversación colgando el teléfono».
19,35 h. Congreso de los Diputados (Madrid) El presidente Suárez es sacado del hemiciclo por Tejero
- El presidente Suárez se levanta del banco azul y exige hablar con el que manda la fuerza. Se oyen unos gritos y un guardia civil pide tranquilidad a los diputados. Poco después se presenta Tejero en el salón de sesiones, coge por el brazo al presidente Suárez y lo saca del hemiciclo. Se dirigen al cuarto de ujieres, donde Suárez le pide a Tejero que le explique «¡qué locura es ésta!». Tejero se limita a decir que era «todo por España». Ante la insistencia de Suárez, Tejero le replica: «Tú ya no eres presidente de nada». Suárez queda confinado en esa pequeña sala de ujieres.
19,47 h. Palacio de la Zarzuela (Madrid) / Capitanía de la III Región Militar (Valencia) El rey llama a Milans del Bosch y este se niega a retirar las fuerzas que ha desplegado en Valencia
- El teniente general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, le informa al rey Juan Carlos que Milans del Bosch se ha negado a cumplir la orden que le ha dado hace cinco minutos de que retire las fuerzas que, según sus noticias, acaba de sacar a la calle. Primero le ha respondido con evasivas y luego le ha dicho que solo reconoce la autoridad del general Armada. Don Juan Carlos llama inmediatamente a Milans, con Gabeiras a la escucha, para reiterarle la orden, pero Milans se vuelve a escudar en el general Armada para no obedecerla.
19,48 h. Instalaciones de TVE en Prado del Rey (Madrid) Ocupación de Televisión Española por una unidad de la Brunete
- El capitán al mando de la columna del Regimiento de Caballería Villaviciosa 14, de la División Acorazada Brunete, que ha recibido la orden de ocupar TVE, irrumpe en el despacho del director general, Fernando Castedo, y le conmina a que sustituya la programación prevista por marchas militares. La ocupación durará hasta las 21 h., cuando por fin reciben la orden de volver al cuartel. Había tenido que intervenir el Palacio de la Zarzuela, concretamente el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey y general de caballería, para que el coronel del Regimiento, Joaquín Valencia Remón, dejara de dar largas a la orden de repliegue dada por el Capitán General Quintana Lacaci. El coronel cuando recibió la llamada de la Casa Real dijo que lo haría enseguida, pero añadió: «¡Qué ocasión estamos perdiendo!». La liberación de TVE permitió que saliera de allí un equipo dirigido por Jesús Picatoste y Pedro Erquicia, subdirector de informativos, para la grabación en el Palacio de la Zarzuela de un mensaje del rey a la nación que la cadena anunció a las 22,30 h. sin determinar la hora en que se iba a emitir. El equipo llegó al Palacio a las 23,30 h. y el discurso se grabó en el despacho del rey poco antes de la medianoche. La idea de la comparecencia del rey por televisión había empezado a gestarse en la Zarzuela hacia las ocho de la tarde. Había que despejar cualquier equívoco sobre el rechazo del monarca al asalto del Congreso de los Diputados y reiterar su compromiso en la defensa de la Constitución que ya se había hecho llegar a los capitanes generales por télex.
20,10 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Son sacados del hemiciclo el vicepresidente del Gobierno, el ministro de Defensa y tres destacados diputados (González, Guerra y Carrillo)
- Cinco asistentes al pleno son también separados del resto: el vicepresidente del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado; el líder de la oposición y secretario general del PSOE, Felipe González; el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra; el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo; y el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahagún. «En ese momento se produce en la Cámara un grave silencio», se dice en el acta de la sesión elaborada al día siguiente por los secretarios de la Mesa del Congreso, por encargo del presidente del mismo Landelino Lavilla. Los cinco son conducidos a la sala de los relojes, donde permanecerán el resto del tiempo fuertemente vigilados y sin poder hablar entre ellos. Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, antiguos enemigos durante la batalla de Madrid de la guerra civil, intercambian cigarrillos. Carrillo escribirá en sus Memorias: «Lo que es la vida. En 1936 estábamos los dos en Madrid; él dirigiendo la quinta columna franquista y yo luchando contra ella, y henos aquí hoy, juntos, esperando la misma suerte por defender la democracia». Unos minutos antes Tejero había ordenado que abandonaran el Palacio de las Cortes todos aquellos que no fueran diputados (periodistas, funcionarios del Congreso de los Diputados, invitados y miembros del Cuerpo Superior de Policía).
20,30 h. (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) Tejero anuncia lo que le ha comunicado un enlace: las regiones militares II, III, IV y V están sublevadas (aunque en realidad solo lo estaba la III)
- Juan García Carrés le comunica a Tejero la situación en las regiones militares. Le dice que la II (Sevilla), la III (Valencia), la IV (Barcelona) y la V (Zaragoza) se han sublevado y que apoyan el nombramiento de Jaime Milans del Bosch como presidente del Gobierno (y Tejero lo anuncia a continuación en el hemiciclo). García Carrés señala a la I (Madrid) y a las Capitanías Generales de Baleares y de Canarias como dudosas, mientras que la VII (Valladolid) y el jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo, capitán general Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó, estaban a disposición del rey a la espera de recibir órdenes. La V (Zaragoza) adquiere una importancia especial porque ese día se encontraban en la provincia de Zaragoza varias unidades de la División Acorazada Brunete realizando prácticas. Pero la realidad era que el único capitán general que se había sublevado era Jaime Milans del Bosch. Según Javier Cercas, después de la ronda de llamadas realizadas por el rey sólo había dos capitanes generales seguros, el de Madrid (Quintana Lacaci) y el de Burgos Luis Polanco Mejorada. «El resto se debatieron durante toda la tarde y la noche en un tremedal de dudas, de un lado urgidos por las arengas telefónicas de Milans… y de otro sujetados por el respeto al rey…». Según una nota publicada por el periódico El País, al parecer escrita durante el golpe por el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, Capitán General de la I Región Militar (Madrid) la situación de las capitanías era la siguiente (Javier Cercas pone en duda la fidelidad de la de Granada que en la lista se da como "leal al rey y a la constitución"):
| Número | Escudo | Región y capitanía | Teniente General al mando | Posicionamiento |
|---|---|---|---|---|
| I | .svg) |
Primera Región Militar, capitanía general de Madrid. | Guillermo Quintana Lacaci. | Leal al rey y a la constitución. |
| II | .svg) |
Segunda Región Militar, capitanía general de Sevilla. | Pedro Merry Gordon. | A la espera de acontecimientos. |
| III | .svg) |
Tercera Región Militar, capitanía general de Valencia. | Jaime Milans del Bosch | Sublevada. |
| IV | .svg) |
Cuarta Región Militar, capitanía general de Barcelona. | Antonio Pascual Galmes. | Leal, pero si la V (Zaragoza) se hubiese sublevado también lo habría hecho. |
| V | .svg) |
Quinta Región Militar, capitanía general de Zaragoza. | Antonio Elícegui Prieto. | Pendiente de lo que hacía la I (Madrid). |
| VI | .svg) |
Sexta Región Militar, capitanía general de Burgos. | Luis Polanco Mejorada. | Leal al rey y a la constitución. |
| VII | .svg) |
Séptima Región Militar, capitanía general de Valladolid. | Ángel Campano López. | A la espera de acontecimientos. |
| VIII | .svg) |
Octava Región Militar, capitanía general de La Coruña. | Manuel Fernández Posse. | Leal al rey, pero si la VI (Burgos) se hubiese sublevado también lo habría hecho. |
| IX |  |
Novena Región Militar, capitanía general de Granada. | Antonio Delgado Álvarez. | Leal al rey y a la constitución. |
| Baleares | .svg) |
Capitanía General de Baleares. | Manuel De la Torre Pascual. | A la espera de acontecimientos. Si la III (Valencia) de Milans hubiera tenido éxito quizá se le hubiera unido. |
| Canarias | .svg) |
Capitanía General de Canarias. | Jesús González del Yerro. | Dudas. Al enterarse del protagonismo de Milans y de que Armada sería presidente, se muestra leal al rey y a la Constitución. Desconfía de Armada. |
20,40 h. Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) Abandona el Congreso el primer civil y El País saca a la calle una edición extraordinaria
- Carmen Fernández de Córdoba y Calleja, sobrina del teniente general Gutiérrez Mellado, que estaba embarazada de gemelos, abandona el edificio del Congreso de los Diputados gracias a un capitán de los asaltantes. Se considera que fue la primera persona que se encontraba en la tribuna de invitados que pudo salir del allí. Poco después se comienza a distribuir la edición especial del diario El País que lleva en portada el titular «Golpe de Estado. El País, con la Constitución».
21 h. Ministerio del Interior (Madrid) Se anuncia la formación de un gobierno interino formado por los Secretarios de Estado y los subsecretarios
- Se hace público un comunicado del Ministerio del Interior en el que se informa de la constitución de un «gobierno interino» formado por los Secretarios de Estado y los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. El gobierno interino se formó como respuesta al intento de la Junta de Jefes de Estado Mayor de constituirse en el gobierno del Estado.
21,50 h. Cuartel General de la División Acorazada Brunete (Madrid) El general Torres Rojas cumple la orden de volver a su destino en La Coruña
- El jefe de la Brunete, el general Juste, le transmite personalmente la orden: «Que te vuelvas a La Coruña en seguida». Lo que había sucedido es que el capitán general de Madrid Quintana Lacaci se había puesto en contacto con el capitán general de Galicia, Manuel Fernández Posse, para que ordenara a su subordinado Torres Rojas que se reintegrara a su destino como gobernador militar de La Coruña. Fernández Posse le dijo: «Dile que se vuelva inmediatamente».
21,50 h. (circa) Cuartel General del Ejército (Madrid) El general Armada consigue ser autorizado por La Zarzuela para acudir al Congreso a título personal
- Entre las 21,00 h. y las 21,30 Milans llama Armada al Cuartel General del Ejército y le propone una variación del plan original dada la situación de bloqueo en que se encuentran. Le dice a Armada que proponga a los diputados la aprobación del previsto gobierno de unidad presidido por él a cambio de su liberación y de la retirada de los tanques y del estado de excepción en Valencia. Armada acepta la propuesta. Los generales del Estado Mayor presentes también la apoyan. Entonces Armada llama a La Zarzuela y le explica el plan al rey, quien tras oírlo le responde: «Creo que te has vuelto loco», y le pasa el teléfono a Sabino Fernández Campo. Este le dice que lo que propone es un disparate, una locura. «¿Cómo se te ocurre que los diputados van a votarte a punta de metralleta? ¿Cómo se te ocurre que el Rey va aceptar un presidente del gobierno elegido a la fuerza?», le dice. «No hay otra solución», contesta Armada. Finalmente el rey y Fernández Campo acaban cediendo. El secretario de la Casa Real le pone una condición para autorizarle ir al Congreso: «Tiene que quedar claro que vas por tu cuenta, eso sí, y sólo para liberar al gobierno y a los diputados: no invoques al rey».
22,35 h. Palacio de La Zarzuela (Madrid) El rey envía un télex a las capitanías generales
- En el Palacio de La Zarzuela se decide enviar el siguiente télex a todas las capitanías generales de los tres Ejércitos:
Ante situación creada por sucesos desarrollados palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado autoridades civiles y Junta Jefes Estado Mayor [JUJEM] tomen todas medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM.
Ruego me confirmen que retransmiten a todas las autoridades del Ejército.
23,30 (circa) Hotel Palace (Madrid) Armada explica su «plan» para acabar con el secuestro del Gobierno y del Parlamento a Aramburu, a Sáenz de Santamaría y a Mariano Nicolás
- Antes de ir al Congreso el general Armada pasa por el Hotel Palace, sede del centro de mando del operativo que rodea el Palacio de las Cortes (según Muñoz Bolaños y Paul Preston, Armada llegó al Palace alrededor de las 00,00 h.), y allí les explica su plan para acabar con el secuestro del Gobierno y del Parlamento a los generales Aramburu Topete y Sáenz de Santamaría y al gobernador civil de Madrid Mariano Nicolás. Les dice que la situación es crítica porque el golpe se está extendiendo a otras regiones militares (lo que no es cierto, ya que sólo la de Valencia está sublevada) y que por eso va a postularse para presidir un «gobierno de transición» que cuente con el respaldo del Congreso de los Diputados y cuya misión será «reformar algunos problemas básicos»).
Martes, 24 de febrero
0,30 (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) El general Armada se presenta en el Congreso y mantiene una agria discusión con Tejero
- El general Armada se presenta en el Congreso (las fuentes difieren sobre la hora exacta), pero, siendo la «autoridad competente» esperada por Tejero, no le propone una Junta Militar presidida por Milans, o un Gobierno en el que Milans fuera ministro de Defensa, sino una lista de políticos de todos los partidos, con el propio Alfonso Armada como presidente del Gobierno. Ante la propuesta de Armada, Tejero le responde airadamente: «Mi general: yo no he asaltado el Congreso para esto». «Eso que está usted proponiendo es una chapuza», añade. Tras una agria discusión, el teniente coronel despachó violentamente al general Armada sin dejar que se dirigiera a los diputados. Para justificar su propuesta de un gobierno encabezado por él, Armada le había dicho a Tejero que «las cosas no han ido bien». También le había hablado de que se le proporcionaría un avión y dinero para que él y sus hombres pudieran huir al extranjero (a Portugal concretamente), lo que indignó aún más a Tejero. En ese momento decidió llamar a Milans a Valencia. Milans le ordena que obedezca al general Armada. Tejero se niega y cuelga el teléfono.
1,14 h. Palacio de la Zarzuela (Madrid) Discurso del rey Juan Carlos I difundido a toda España por televisión
- Se emite a través de TVE el mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con el uniforme de capitán general de los Ejércitos. El discurso había sido grabado poco antes de la medianoche en el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela. El rey se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución, llamar al orden a las fuerzas armadas en su calidad de comandante en jefe y desautorizar a Milans del Bosch. El mensaje era una reelaboración de un télex enviado sobre las diez y media de la noche desde la Zarzuela a las Capitanías Generales. A partir de la emisión del mensaje del rey, el golpe se da por fracasado.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:
«Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor».
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
1,20 h. Capitanía de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch cumple la orden del rey de retirar los tanques de Valencia, pero no levanta el estado de excepción
- Nada más emitirse por televisión su mensaje, don Juan Carlos llama a Milans del Bosch . El rey le ordena que deponga su actitud. Milans obedeció y ordenó retirar los tanques que ocupaban una Valencia desierta desde las 21:00 h. del día anterior cuando entró en vigor el toque de queda ordenado en el bando de declaración del estado de excepción. Sin embargo, Milans se negó a levantar el estado de excepción. Por su parte el general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, le había ordenado al gobernador militar de Valencia, general Luis Caruana, que arrestara a Milans, pero cuando este se presentó en su despacho con «la misión, para mí muy triste y desagradable» que se le había encomendado, Milans le respondió: «¡Atrévete!». Caruana se retiró sin cumplir la orden.
1,25 h. Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) El general Armada sale del Palacio de las Cortes sin que Tejero haya aceptado su «plan»
- El general Armada abandona el Congreso de los Diputados sin haber conseguido que su «plan» fuera aceptado por Tejero. De él dice: «Este hombre está completamente loco». Era el fin del golpe de Armada y de Milans. Más tarde, descubierto su juego, el general Armada será relevado de su puesto de 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército por su implicación en la trama golpista. Por su parte Armada negará que hubiera propuesto un gobierno presidido por él o que hubiera querido dar un «golpe blando».
1,45 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Una columna comandada por Pardo Zancada se une a las fuerzas de Tejero
- El comandante Pardo Zancada se presenta en el Congreso de los Diputados al frente de un pequeño destacamento compuesto por catorce vehículos en los que van ciento nueve soldados, cinco oficiales y cinco suboficiales. No sólo quiere apoyar a las fuerzas de Tejero que ocupan el Congreso de los Diputados sino que con su gesto también pretende arrastrar a otras unidades de la Brunete. Sin embargo, nadie le secunda, incluso los que unas horas antes habían apoyado el golpe. Desde el Congreso Pardo Zancada telefonea a otros mandos de unidades de la Brunete, pero todos rehúsan unirse a él y a Tejero, ya que consideran que todo está perdido después de que el rey hubiera aparecido en televisión. A las 4,45 h. Europa Press difundirá una especie de manifiesto escrito por Pardo Zancada en el que se abogaba por una «verdadera democracia», se rechazaban las «autonomías separatistas» y se hacía un llamamiento al rey para que se pusiera «al frente de los destinos de la Patria». Horas antes el capitán general de Madrid Guillermo Quintana Lacaci había telefoneado a Milans del Bosch para que este ordenara a Pardo Zancada el abandono inmediato del Congreso de los Diputados, pero Milans se negó y le dijo que «lo hiciera él, como mando que era de la Capitanía de Madrid».
5,10 h. Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) Milans comunica al Palacio de la Zarzuela el levantamiento del estado de excepción
- Milans del Bosch llama al Palacio de la Zarzuela para decir que se va a hacer público un nuevo bando que «dejaba sin efecto» el estado de excepción proclamado el día anterior. Terminaba diciendo: «En todo momento, la intención de este Mando ha sido y es el Servicio a España, el respeto a la Ley bajo el mando supremo de S.M. el Rey (Q.D.G.), cuya adhesión inquebrantable queda patente, hoy más que nunca. ¡VIVA EL REY! ¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA!».
5,20 h. (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) / Capitanía de la III Región Militar (Valencia) Pardo Zancada habla con Milans y este se desentiende de lo que suceda en adelante
- Al enterarse —a través del coronel José Ignacio San Martín— de que Milans del Bosch ha levantado el estado de excepción, el comandante Ricardo Pardo Zancada, que hace pocas horas se ha sumado a las fuerzas de Tejero que tienen secuestrado al Gobierno y al Parlamento, le llama a Valencia para confirmar la noticia que ha recibido y en busca de instrucciones. Milans intenta quitarle importancia a la decisión que ha tomado y también le dice que la solución es que convenza a Tejero de que acepte la proposición de Armada. Cuando Pardo Zancada le dice que se lo diga personalmente a Tejero Milans le responde: «no, háblale tú mismo».
7,30 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Manuel Fraga es conducido fuera del hemiciclo
- Los diputados, cansados física y psicológicamente, conocían que el golpe había fracasado por los aparatos de radio que tenían algunos de ellos. En ese clima de deterioro de la situación, Manuel Fraga Iribarne, el único líder político importante que permanecía en el hemiciclo, protestó diciendo que quería salir a la calle lo que provocó un tumulto. Intervino Tejero y lo sacó del hemiciclo. Fraga quedó recluido en el despacho del presidente del Congreso de los Diputados. El siguiente en protestar fue Joaquín Satrústegui, de UCD, que le dijo a Tejero: «Soy íntimo amigo del teniente general Milans de Bosch. Pido que yo pueda hablar con él. Porque aquí se nos está mintiendo. El teniente general Milans del Bosch es incapaz de sublevarse contra el Rey». Tejero le contestó: «Siéntese, yo no dialogo». Y abandonó el hemiciclo.
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9,50 h. (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) Se pactan las condiciones de la rendición del comandante Pardo Zancada
- El teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, destinado en el Cuartel General del Ejército, negocia las condiciones de su rendición con el comandante Pardo Zancada. Fuentes, amigo de Pardo Zancada desde que ambos trabajaban a las órdenes del coronel José Ignacio San Martín en el servicio de inteligencia del almirante Carrero Blanco y colaborador de la revista militar progolpista Reconquista de la que Pardo Zancada es redactor-jefe, se había ofrecido para ir al Congreso e intentar que este se rindiera. El general Gabeiras le había dado permiso con la esperanza de que si lo conseguía eso arrastrara a Tejero a hacer lo mismo. Había llegado al Congreso poco después de las 9,00 h., no sin antes recibir instrucciones del puesto de mando establecido en el hotel Palace. La negociación no fue fácil, pero finalmente acordaron que Pardo Zancada saldría del Congreso al mismo tiempo que Tejero y al mando de su unidad, sin fotógrafos ni cámaras de televisión, y que no se exigirían responsabilidades a los hombres a sus órdenes «de teniente para abajo». Cuando Fuentes llevó el acuerdo al hotel Palace recibió el visto bueno del general Gabeiras desde su despacho en el Cuartel General del Ejército.
10,00 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Huida de un grupo de guardias civiles y salida de las mujeres diputadas
- Ante las noticias que se van filtrando sobre el fracaso total del golpe, un grupo de guardias civiles huyen saltando por una ventana de la planta baja del nuevo edificio de las Cortes que da a la Carrera de San Jerónimo. Pardo Zancada califica el hecho de «vergonzoso». La escena era tan deshonrosa que el director general de la Guardia Civil José Luis Aramburu Topete, que llevaba horas intentando poner fin al secuestro, declaró: «Con gusto los hubiese vuelto a meter dentro». Por otro lado, los secuestradores autorizan a las mujeres diputadas a que puedan abandonar el Congreso de los Diputados. Todas protestan por lo discriminatorio de la medida, pero sus compañeros varones les convencen para que lo hagan.
10,30 h. Congreso de los Diputados (Madrid) / Hotel Palace (Madrid) Tejero exige que acuda el general Armada al Congreso como una de las condiciones de su rendición
- El teniente coronel Tejero, tras reunirse con sus oficiales y sus guardias, anuncia que está dispuesto a rendirse, pero exige que vaya al Congreso el general Armada. Un cuarto de hora después Armada sale del Cuartel del Ejército y antes de ir al Palacio de las Cortes pasa por el hotel Palace, el centro de mando del operativo que rodea el Congreso. En cuanto llega al Congreso los golpistas le entregan una nota escrita en papel timbrado de las Cortes en el que exponen sus condiciones para la entrega. El general Armada regresa al hotel Palace para llevar la nota a sus superiores. La nota con las condiciones había sido escrita por el coronel Fuentes Gómez de Salazar cuando volvió al Congreso de los Diputados para negociar esta vez con Tejero. Las condiciones eran similares a las de Pardo Zancada, aunque con algunos matices.
11,25 h. Congreso de los Diputados (Madrid) El general Armada firma el documento con las condiciones para la rendición de Tejero (el «pacto del capó»)
- El general Armada firma sobre el capó de uno de los vehículos utilizados por los asaltantes la nota con las condiciones de la rendición. La nota acordada con los golpistas que Armada había llevado al hotel Palace había sido aprobada por el general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, y por Ignacio Alfaro Arregui, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Según el que sería conocido como el «pacto del capó», quedaban excluidos de cualquier responsabilidad los militares y los guardias civiles que habían participado en el asalto «de teniente para abajo». El «pacto del capó» también incluía la salida de Tejero sin la presencia de periodistas.
12,00 h. Congreso de los Diputados (Madrid) Los miembros del Gobierno y los diputados salen del Palacio de las Cortes. El golpe de Estado había terminado
- Comienzan a abandonar el edificio del Congreso los diputados y los miembros del Gobierno. Previamente el presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla no ha permitido que fuera Tejero el que organizara la salida del hemiciclo, sino que lo ha hecho él mismo como máxima autoridad de las Cortes, con lo que restablecía así la supremacía del poder civil. Sin embargo, una última humillación les aguardaba a los diputados en el patio lateral que comunica con la Carrera de San Jerónimo: tienen que caminar entre dos filas de soldados y guardias civiles armados. Entre los que salen también se encuentran el presidente del Gobierno y el grupo formado por el vicepresidente, el ministro de Defensa, y los diputados González, Guerra y Carrillo, que han permanecido aislados durante prácticamente todo el secuestro. A las 12,15 ya no quedaba nadie en el hemiciclo. Algunos de los que salen reconocen al general Armada que se encuentra entre las autoridades que les reciben. Se acercan a él para darle las gracias por sus gestiones. Uno de ellos el presidente del gobierno Adolfo Suárez. Este cuando poco después se encontró con el rey en el Palacio de la Zarzuela le dijo que había cometido un error con Armada. «Agárrate. No te equivocaste. Ha sido el cerebro de todo», le contestó don Juan Carlos. Cuando salieron los primeros diputados y miembros del gobierno «eran las doce en punto de la mañana de un martes helado y brumoso, acababan de transcurrir las diecisiete horas y media más confusas y decisivas del último medio siglo de historia de España y el golpe del 23 de febrero había terminado».
Reacciones
Dentro de España
Cuando se produjo el golpe nadie salió a la calle en defensa de la democracia, y ello se debió, según él, al recuerdo todavía vivo de la guerra civil.
El día 23 el episcopado español se encontraba reunido en asamblea plenaria, pero no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando el golpe ya había fracasado. Cuando finalmente se redactó el comunicado algunos obispos se opusieron a que se incluyera la referencia a la Constitución, aunque acabó prevaleciendo la opinión del sector «progresista» liderado por el cardenal Tarancón y sí apareció: «Queremos expresar a Su Majestad el Rey, a las autoridades y al pueblo, nuestro firme propósito de contribuir como pastores de la Iglesia a la serenidad y a la responsabilidad de todas las instituciones y personas del país, dentro del respeto a la Constitución, y con voluntad de concordia por parte de todos». Sin embargo, en el comunicado no se condenaba de forma expresa el golpe ni aparecía la palabra democracia. Por otro lado, la patronal CEOE tampoco hizo ningún comunicado a favor del sistema democrático.
Poco después de las doce y media de la mañana del martes 24, cuando todos los diputados y miembros del gobierno ya habían salido del Palacio de las Cortes, Televisión Española emitió las imágenes de lo que había sucedido en el hemiciclo del Congreso de los Diputados desde la entrada del teniente coronel Tejero pistola en mano a las 18,23 h. del lunes 23 hasta treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos después. Aunque no se estaba emitiendo en directo, había cuatro cámaras enviando su señal a la unidad móvil de TVE. Las dos centrales fueron inutilizadas por los asaltantes, pero las dos laterales siguieron funcionando hasta que en un momento determinado dejaron de emitir. El impacto de las imágenes fue enorme. Era «el único golpe en la historia grabado por televisión».
Por la noche de ese mismo martes 24 de febrero, tras la reunión de la Junta de Defensa Nacional, el rey recibió en el Palacio de la Zarzuela a los principales líderes políticos (Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga). Les entregó un documento en el que se decía que había que extraer «meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta» y en el que se pedía a los partidos que actuaran con «serenidad y prudencia» y que limitaran las exigencias de responsabilidades por el golpe a quienes «cometieron los actos de subversión de las últimas horas» evitando generalizarlas al conjunto de las Fuerzas Armadas. Según Juan Francisco Fuentes, el mensaje que quiso transmitir el rey a los dirigentes políticos fue que «la salud de la democracia y la estabilidad del país requerían una mayor unidad entre todos».
El 25 de febrero por la tarde se celebró la sesión de investidura interrumpida por el asalto al Congreso por Tejero. Leopoldo Calvo Sotelo obtuvo 186 votos, 17 más que en la primera vuelta. Previamente el presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla pronunció un discurso reprobando el golpe y renovando, en nombre de la Cámara, «nuestra fe en el orden constitucional».
El viernes 27 de febrero se celebraron en toda España manifestaciones masivas en defensa de la democracia.
Al día siguiente el rey presidió un acto en la Academia Militar de Zaragoza en el que les dijo a los oficiales allí reunidos: «No se contribuye a la seguridad de la Patria con acciones irreflexivas». También se refirió a los políticos y a los medios de comunicación a los que solicitó «no propiciar un ambiente de incomodidad, disgusto o preocupación en las Fuerzas Armadas». Más concretamente pidió «no extender el análisis o la sanción moral a colectividades enteras por el hecho de que pertenezcan a ellas quienes piensan erróneamente que sus impulsos precipitados les convierten en salvadores de la patria y que no existen más caminos que los de la subversión y la violencia».
Fuera de España
El 23-F fue portada en todos los periódicos del mundo. Muchos de ellos reprodujeron la foto del teniente coronel Tejero en la tribuna del Congreso (esa foto de Manuel Pérez Barriopedro recibiría el premio World Press Photo of the Year). Un periódico sueco llegó a titular «Un torero asalta el Parlamento español», lo que constituía una prueba de que los viejos estereotipos sobre España no acababan de desaparecer. Hubo periódicos que recurrieron al más puro sensacionalismo como The Daily Mirror: «Spain: Civil War». La conclusión generalizada fue que la España democrática había superado la prueba.
- Europa
Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe fue condenado con toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea, con quienes España estaba negociando una adhesión que se produciría finalmente en 1986. De entre todos los Estados miembros conviene destacar por su energía la protesta del Reino Unido y especialmente la reacción de la entonces primera ministra, Margaret Thatcher.
- Estados Unidos
Tras la entrada de Tejero en el hemiciclo, el secretario de Estado estadounidense, el general Alexander Haig, no condenó el asalto al Congreso de los Diputados, sino que se limitó a decir que era «un asunto interno de los españoles», lo que le valió severas críticas internacionales. El presidente Ronald Reagan, a diferencia de varios líderes europeos que lo hicieron mucho antes, no telefoneó al Rey hasta la mañana del día 24 —una conversación que duró solo tres minutos—. Una vez fracasado el golpe, Estados Unidos cambió el sentido de sus declaraciones radicalmente: «Tenemos que congratularnos de que en España haya triunfado la democracia». El 27 de febrero Reagan le envió una carta personal al rey Juan Carlos felicitándole por su actuación y mostrando su apoyo al sistema democrático. Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó por aclamación una resolución en el mismo sentido. En octubre de 1981 los reyes Juan Carlos y Sofía hicieron una visita oficial a Estados Unidos, donde fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy.
El juicio
La instrucción del sumario
El mismo 24 de febrero por la tarde se reunió en el Palacio de la Zarzuela la Junta de Defensa Nacional presidida por el rey. Por expreso deseo del presidente en funciones Adolfo Suárez también asistió Francisco Laína, que había presidido el «gobierno interino» que había asumido el poder ejecutivo mientras el Gobierno y el Parlamento estaban secuestrados. Laína aportó las grabaciones de las llamadas de los ocupantes del Congreso al exterior. Las cintas probaban la implicación del general Armada en el golpe y su doble juego (y también su mala opinión sobre don Juan Carlos, lo que conmocionó al rey), por lo que Suárez ordenó su inmediata destitución como 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército. Como el general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, pareció dudar y buscó la aprobación del rey Suárez le dijo de forma taxativa: «No mire al Rey. Míreme a mí».
Tras la reunión de la Junta de Defensa el teniente general Gabeiras se encargó de tomar las primeras medidas disciplinarias. A las 20,30 de ese mismo día recibió en su despacho al teniente general Jaime Milans del Bosch, a quien había ordenado venir desde Valencia en un avión dispuesto para él. Estaba presente también el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci. Gabeiras le comunicó a Milans su destitución como Capitán General de la III Región Militar y la imposición de dos meses de arresto por desobediencia reiterada, sin perjuicio sobre lo que pudieran dictar los tribunales militares. Media hora después, hacia las 21,00 horas, Gabeiras llamó a su despacho al general Armada a quien le comunicó su destitución como 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército y que debía permanecer en su domicilio a la espera de nuevas órdenes. Según Gabeiras, cuando Armada salió de su despacho dijo: «Sí, me equivoqué; comprendo que me equivoqué». Frase que Armada negará haber pronunciado; por el contrario, según la versión de Armada, le afeó a Gabeiras que no lo hubiera defendido como es la obligación de un superior sobre su subordinado cuando este lo que hace es cumplir órdenes. Dos días después, 26 de febrero, el Ministerio de Defensa informaba del arresto del general Armada «como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento no constitucional de asumir por su parte la presidencia del gobierno». También daba cuenta del arresto del general Luis Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, y del coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete.
Como juez instructor fue nombrado José María García Escudero y este terminó el sumario el 9 de julio de 1981. Ocupaba más de seis mil folios mecanografiados a doble cara y en él se proponía el procesamiento de treinta y dos militares y un único civil, el ultraderechista Juan García Carrés.
Las defensas tuvieron de plazo hasta el 28 de septiembre para presentar sus conclusiones y en todos los casos solicitaron la absolución de sus clientes, alegando el principio de obediencia debida. Argumentaban que se habían limitado a obedecer las órdenes que ellos pensaban que provenían del rey a través del general Armada. Tras presentar sus alegaciones diez de los abogados defensores emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que la «operación del 23-F» había sido llevada a cabo por sus perpetradores «en la firme convicción y plena seguridad de dar fiel cumplimiento a consignas emanadas de S. M. el Rey, comandante supremo de las FA, según mandato constitucional…».
Según Paul Preston, el rey «estaba totalmente exasperado» «por las continuas insinuaciones de su implicación en el 23-F». En su discurso de la Pascua Militar de enero de 1982 denunció la campaña de difamación de la que estaba siendo objeto diciendo que tenía «la mentira como lema, la confusión como método, y la afrenta como objetivo».
La vista oral
La vista oral comenzó el 19 de febrero de 1982 en el almacén del Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento, a las afueras de Madrid. Desde el primer momento quedó claro que la estrategia de las defensas se centraba en conseguir que el general Armada declarara que el rey había estado detrás del golpe. Durante los tres meses que duró el juicio, muchos de los acusados se comportaron con arrogancia y chulería, intentando convertirlo en una «sórdida carnavalada». Tejero, por ejemplo, respondió a la pregunta del fiscal sobre el momento exacto del asalto al Congreso: «La próxima vez que tome el Congreso miraré el reloj para saber la hora». Y tampoco faltaron las acusaciones cruzadas entre ellos. El comandante Pardo Zancada ―el único que no eludió los hechos― les recriminó a los generales Milans del Bosch y Armada que no tuvieran la gallardía de asumir su completa responsabilidad en el golpe, en descargo de todos sus compañeros. En su alegato final Tejero dijo: «Ante la gran mayoría de mandos de las Fuerzas Armadas siento un profundo desprecio por su cobardía y por su traición a la patria».
La sentencia y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo
El 24 de mayo de 1982 el general Federico Gómez de Salazar, presidente en funciones del Consejo Supremo de Justicia Militar ―el titular Luis Álvarez Rodríguez estaba de baja por enfermedad―, declaró el juicio visto para sentencia. Esta se hizo pública diez días después, el 3 de junio. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo inmediatamente la recurrió al Tribunal Supremo por considerarla benevolente (salvo Tejero y Milans condenados a 30 años de prisión, aunque el tribunal recomendaba que se redujeran a 20, la mayoría de los acusados lo fueron a penas de entre tres y seis años; los tenientes fueron absueltos, así como el comandante del CESID José Luis Cortina ―«demostró ser con diferencia el más inteligente de los procesados: desmontó todas las acusaciones que pesaban sobre él»― y dos capitanes; el general Armada solo había sido condenado a seis años). Al día siguiente el expresidente Suárez publicó un artículo titulado «Yo disiento» (en él decía, entre otras cosas: «Es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo civil»). Con el recurso de casación ante el Tribunal Supremo el gobierno también pretendía dejar clara la supremacía de la justicia civil y la inexistencia de un poder militar autónomo.
El Tribunal Supremo tardó casi un año en revisar la sentencia y su fallo se hizo público el 28 de abril de 1983, cuando ya presidía el gobierno Felipe González, tras haber ganado el PSOE las elecciones generales de octubre de 1982. El Supremo elevó las penas de la mayoría de los condenados (muchas de ellas duplicándolas). El caso más destacado fue el del general Armada que pasó de seis años de cárcel a treinta al considerar que había cometido un delito de rebelión militar consumada (y no simplemente de conspiración como decía la sentencia inicial). Los ocho tenientes de la guardia civil que habían sido absueltos pasaron a ser condenados a entre uno y dos años de prisión. «Quizá el castigo continuaba siendo benévolo, pero ya no quedaban tribunales a los que apelar y los golpistas empezaron a salir de las cárceles poco después de su condena en firme. Algunos abandonaron a la fuerza el ejército, pero casi todo el que tuvo oportunidad permaneció en él, incluidos por supuesto los guardias civiles y suboficiales que [...] ni siquiera fueron procesados. […] Los principales responsables tardaron más tiempo en salir de prisión… El último en obtener la libertad fue el teniente coronel Tejero… Como muchos de sus compañeros durante sus años de reclusión llevó una vida confortable, agasajado por algunos de los directores de las cárceles donde cumplió condena y convertido en icono de la ultraderecha, pero cuando en 1996 salió de prisión ya no era un icono de nada». Milans del Bosch murió en 1997 y el general Armada fue indultado por un gobierno socialista a finales de 1988.
Condenados
Los treinta condenados en el juicio fueron los siguientes:
- Miembros de las Fuerzas Armadas
- Jaime Milans del Bosch y Ussía. Teniente general y capitán general de la III Región Militar. Condenado a 30 años. Puesto en libertad condicional en 1990. Falleció en 1997.
- Alfonso Armada Comyn. General de División y 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 6 años, ampliada a 30 por el Tribunal Supremo. Indultado en 1988. Falleció en 2013.
- Luis Torres Rojas. General de División y gobernador militar de La Coruña. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1988. Falleció en 2014.
- Camilo Menéndez Vives. Capitán de Navío. Condenado a 1 año. Falleció en 1995.
- Diego Ibáñez Inglés. Coronel de Ingenieros y 2.º jefe de Estado Mayor de la III Región Militar. Condenado a 5 años, ampliada a 10 por el Tribunal Supremo. Falleció en 1987. Único condenado que falleció en prisión.
- José Ignacio San Martín López. Coronel de Artillería y jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Condenado a 6 años, ampliada a 10 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1986. Falleció en 2004.
- Pedro Mas Oliver. Teniente coronel de Infantería. Condenado a 6 años. Falleció en 1991.
- Ricardo Pardo Zancada. Comandante de Infantería. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1987.
- Carlos Alvárez-Arenas Pardinas. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
- José Pascual Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
- Francisco Dusmet García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de empleo.
- José Cid Fortea. Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.
- Miembros de la Guardia Civil
- Miguel Manchado García. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el Tribunal Supremo. Puesto en libertad condicional en 1985. Falleció en 2010.
- Antonio Tejero Molina. Teniente coronel. Condenado a 30 años. Puesto en libertad condicional en 1996.
- Vicente Gómez Iglesias. Capitán. Agente del CESID. Condenado a 6 años. Indultado en 1984.
- Jesús Muñecas Aguilar. Capitán. Condenado a 5 años.
- José Luis Abad Gutiérrez. Capitán. Condenado a 5 años.
- Enrique Bobis González. Capitán. Condenado a 3 años.
- Francisco Acera Martín. Capitán. Condenado a 3 años.
- Carlos Lázaro Corthay. Capitán. 3 años de suspensión de empleo. Falleció en 2006.
- Juan Pérez de la Lastra. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
- César Álvarez Fernández. Teniente. Condenado a 1 año.
- Pedro Izquierdo Sánchez. Teniente. Condenado a 1 año.
- Vicente Ramos Rueda. Teniente. Condenado a 1 año.
- Santiago Vecino Núñez. Teniente. Condenado a 1 año. Falleció en 1983.
- Manuel Boza Carranco. Teniente. Condenado a 1 año.
- Jesús Alonso Hernaiz. Teniente. Condenado a 1 año.
- José Núñez Ruano. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
- Vicente Carricondo Sánchez. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
- Civiles
- Juan García Carrés. Exdirigente de los Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años. Falleció en 1986.
Hubo tres procesados absueltos:
- Miembros de las Fuerzas Armadas
- José Luis Cortina Prieto. Comandante de Infantería. Jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID.
- Juan Batista González. Capitán de Artillería.
- Miembros de la Guardia Civil
- Francisco Ignacio Román. Capitán.
Consecuencias
El final del intervencionismo militar
La primera consecuencia del fracaso del 23-F, y tal vez la más importante, fue que «el problema militar acabó despareciendo del primer plano de la actualidad» gracias también a las medidas tomadas por los gobiernos de Leopoldo Calvo Sotelo, primero, y de Felipe González, después (con sus ministros de Defensa al frente: Alberto Oliart y Narcís Serra, respectivamente). Supuso el final de la intervención del Ejército en la vida política, una constante en la historia contemporánea de España. Como dice el título del libro de Juan Francisco Fuentes, el de febrero de 1981 fue «el golpe que acabó con todos los golpes». «El golpismo entró a saco por la puerta del Congreso y acabó huyendo a hurtadillas por la ventana de la historia», ha afirmado su autor. Lo mismo asegura Javier Cercas: «el golpe de Estado fue la vacuna más eficaz contra otro golpe de estado». «No sólo desacreditó a los golpistas ante la sociedad, sino también ante sus propios compañeros de armas, precipitando de esa forma el final de una tradición de dos siglos de golpes militares», argumenta Cercas. Roberto Muñoz Bolaños coincide: el fracaso del golpe «marcó el inicio del fin del protagonismo del Ejército en la vida política española, haciendo posible el establecimiento de un sistema democrático estable en nuestro país». Lo mismo afirma Francisco Alía Miranda: «El proceso de transición a la democracia se hacía irreversible y se acababa, por fin, con el problema militar en España».
Sin embargo, el peligro de un nuevo golpe de Estado no desapareció inmediatamente, ya que tras el 23F, «la espiral conspirativa no fue completamente desarticulada, y el juicio contra los acusados del intento golpista fue utilizado por sectores de la extrema derecha para estimular una nueva campaña de desestabilización. A partir de entonces, la actividad de los grupos golpistas “duros” irá dirigida en dos direcciones. Por un lado, hacia el objetivo de intentar involucrar al rey en el “23-F” y boicotear el juicio con el propósito de que los encausados recibieran condenas mínimas. Por otro lado, en el sentido de reorganizar a los distintos grupos golpistas y proyectar nuevas operaciones que, a partir de ahora, incorporan decididamente, aunque esto ya había sido asumido anteriormente por algunos sectores, el derrocamiento del rey Juan Carlos».
En junio de 1981 la policía (la Brigada Antigolpe, recién formada) consiguió desarticular un golpe de Estado previsto para el día 24, onomástica del rey, cuyo objetivo era secuestrar al monarca y a las principales autoridades del Estado presentes en la recepción que tendría lugar en el Palacio de Oriente —en el Palacio de la Zarzuela, según Roberto Muñoz Bolaños—. Los golpistas también tenían previsto hacer estallar unas bombas el 23 de junio en el estado del Nou Camp donde se iba a celebrar una gran concentración catalanista. Fueron arrestados los coroneles Ricardo Garchitorena y Antonio Sicre y el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez, procesado por la «Operación Galaxia» (el líder ultraderechista José Antonio Girón, al parecer implicado también en la intentona, no fue detenido). También fueron arrestados el comandante Jesús Campos Pérez y un grupo de civiles vinculados con la extrema derecha neofranquista. Sin embargo, no se pudieron reunir pruebas suficientes para procesar a los detenidos y la causa fue sobreseída.
Pocos meses después tres capitanes del Ejército —Rogelio González Andradas, Blas Piñar Gutiérrez, hijo del líder ultraderechista Blas Piñar, y José Ignacio San Martín Naya, hijo del coronel José Ignacio San Martín, condenado por el 23-F— planearon asaltar la sede madrileña del periódico El País, rememorando lo ocurrido en los hechos del ¡Cu-Cut! de 1905, pero la operación acabaron desechándola por su complejidad. La sustituyeron por la publicación el 6 de diciembre de 1981 —coincidiendo con el tercer aniversario del referéndum constitucional— del que sería conocido como «Manifiesto de los 100», por el número de oficiales y de suboficiales que lo firmaron (no se contó con generales y jefes porque, según el capitán González Andradas, su principal instigador, «ya tuvieron la oportunidad de evitar con su mayor responsabilidad lo que estaba sucediendo en aquellos años»). El mismo día de su publicación el Capitán General de Madrid Guillermo Quintana Lacaci ordenaba el arresto inmediato de todos sus firmantes. No obstante, las sanciones que se les impusieron fueron anuladas por el Consejo Supremo de Justicia Militar y por la Audiencia Nacional. Según un informe de la CIA, «el Manifiesto apoya a los implicados en el intento de golpe de Estado de febrero, ataca a la prensa por difamar a las Fuerzas Armadas y acusa a los políticos de interferir con la autonomía militar. Estos sentimientos son ampliamente compartidos en el Ejército».
El siguiente intento de golpe de Estado estaba previsto para el día anterior a la celebración de las elecciones generales de octubre de 1982 (que fueron ganadas por mayoría absoluta por el PSOE) y fue desarticulado por el CESID el 2 de octubre. Los implicados en la conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982 pretendían «neutralizar» con unidades militares los puntos neurálgicos de Madrid y otras ciudades importantes, así como a determinados militares y líderes políticos (esto último mediante operaciones de madrugada llevadas a cabo por comandos militares y civiles de extrema derecha). «Formaba parte del plan que hubiera derramamiento de sangre con objeto de anular la posibilidad de vuelta atrás. Manglano [director general del CESID] y Sabino Fernández Campo [secretario de la Casa Real] serían ejecutados y el Rey depuesto por haber traicionado su juramento de lealtad al Movimiento». La intentona fue obra del grupo conocido como los «Técnicos», integrado por los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez, cuya esposa era candidata de Fuerza Nueva al Senado, y Jesús Enrique Crespo Cuspinera, uno de los inspiradores del «Manifiesto de los Cien», y los tenientes coroneles José Enrique Crespo Cuspinera y Carlos de Meer. Contactaron con Milans de Bosch y con el coronel San Martín, que apoyaron el plan, y también con políticos neofranquistas como Blas Piñar, José María de Oriol y Urquijo y Federico Silva Muñoz. Su proyecto era sustituir la monarquía parlamentaria por un régimen presidencialista autoritario encabezado por una «personalidad militar» que asumiría «todos los poderes de la Administración del Estado». El fracaso de la operación, como la de junio de 1981, se debió sobre todo a que no contó «con el respaldo de generales con mando en tropa». «La estrategia del gobierno del PSOE fue la de minimizar la conspiración para intentar restablecer unas relaciones cordiales con el Ejército».
Aún hubo una última intentona: la conspiración golpista para el 2 de junio de 1985 (fue desactivada por el CESID durante la Semana Santa de ese año, aunque no sería desvelada hasta seis años después). Los militares conjurados, apoyados por civiles de extrema derecha como Antonio Izquierdo, director de El Alcázar, planeaban volar la tribuna de autoridades en el desfile de las Fuerzas Armadas que iba a tener lugar en La Coruña y en la que iban a estar presentes los reyes, el presidente del gobierno, el ministro de Defensa y la cúpula militar. Iban a excavar un túnel como en la «Operación Ogro» de ETA que acabó con la vida del almirante Carrero Blanco y de hecho la explosión iba a ser atribuida a esa organización terrorista, lo que serviría de pretexto para imponer un gobierno militar. Dos de ellos llegaron a visitar en la prisión militar de El Ferrol donde estaba cumpliendo su condena por el 23-F, al teniente general Jaime Milans del Bosch —«líder moral de todos los golpistas»—, pero este no dijo ni una palabra cuando le explicaron el plan (un silencio que sus visitantes no supieron cómo interpretar). Fueron descubiertos porque dos de los implicados eran agentes infiltrados del CESID. Uno de los conjurados declaró años después: «Después de 1981, quedó claro que el golpe no podía hacerse con el Rey ni pese al Rey, sino contra el Rey. Para nosotros, era un perjuro y un traidor». Entre los implicados figuraban nombres conocidos: Ynestrillas, Pardo Zancada, Crespo Cuspinera… Un exministro socialista dijo doce años después: «Después de lo del 85, no hubo más».
Sin embargo, en 1986 aún se produjo un extraño episodio golpista: el coronel Carlos de Meer, que había estado implicado en el 27-O y que estaba obsesionado con el poder de la masonería anglosajona, viajó en enero a Libia para conseguir de Gadafi financiación para sus planes golpistas. Fue detenido el mes de mayo, pero el consejo de guerra al que fue sometido lo absolvió. La sentencia fue recurrida, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar solo lo condenó a seis meses de prisión, con lo que pudo seguir con su carrera militar. «Con el "Caso De Meer" terminó el involucionismo militar en España». «Desapareció definitivamente el golpismo militar y se consiguió el control completo de las Fuerzas Armadas por el poder político y el fin del intervencionismo militar».
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La evolución posterior de España tampoco favoreció la causa del golpismo. ETA siguió atentando, pero la actitud del país frente a los terroristas cambió y «la izquierda se esmeró en arrebatarles las coartadas que les había entregado» ―además el número de víctimas descendió de forma notable―. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea fortaleció el régimen democrático y la entrada en la OTAN y las misiones de paz de la ONU impulsaron la modernización, la profesionalización y el civilismo de las Fuerzas Armadas, entre otras razones porque puso en contacto a sus miembros con ejércitos democráticos. El cambio generacional también favoreció la desaparición del golpismo. De tal forma que la valoración social de los Ejércitos fue mejorando hasta convertirse en una de las instituciones que recibía una puntuación más alta en las encuestas y sobre la que la población mostraba una mayor confianza. «El golpismo sigue pareciendo un anacronismo felizmente superado desde aquel 23-F», ha escrito Juan Francisco Fuentes en 2020.
El fortalecimiento de la democracia y de la monarquía
El fracaso del golpe «convulsionó al país y pareció cambiarlo de cuajo», afirma Javier Cercas. Despareció bruscamente el «desencanto» con la democracia que se había extendido desde la aprobación en referéndum de la Constitución en diciembre de 1978. «Todos parecieron redescubrir con entusiasmo las bondades de la libertad, y quizá la mejor prueba de ello es que un año y medio después del golpe una mayoría desconocida de españoles decidió que no habría reconciliación real entre ellos hasta que los herederos de los perdedores de la guerra gobernasen de nuevo, permitiendo una alternancia en el poder que acabó de amarrar la democracia y la monarquía». «La sociedad civil comenzó a valorar en mayor grado las conquistas democráticas de la Transición», ha afirmado Francisco Alía Miranda. «Paradójicamente, con su intentona los golpistas contribuyeron involuntariamente a la consolidación del sistema democrático que habían querido derribar», dejando atrás el «desencanto» que dio paso a «una nueva etapa caracterizada por la esperanza en un sistema político que, a pesar de sus posibles limitaciones, era sin duda preferible a la alternativa autoritaria que se había pretendido imponer», ha afirmado Charles Powell. Una valoración similar ha hecho Paul Preston: «La supervivencia de la democracia en la noche del 23 de febrero significó un nuevo comienzo. La masiva manifestación del 27 de febrero supuso el final del "desencanto". El desprecio por la democracia demostrado por Tejero, Milans y Armada tuvo el efecto involuntario de inducir a la población en general a reconsiderar el valor de las instituciones democráticas». Fue el completo fracaso del golpe «lo que convirtió el sistema democrático bajo la forma de monarquía parlamentaria en el único sistema de gobierno verosímil en España», escribió Cercas en 2009. Este autor fue más lejos cuando afirmó que «el 23 de febrero no sólo puso fin a la transición y a la posguerra franquista: el 23 de febrero puso fin a la guerra». «Únicamente un golpe de estado podía revocar el golpe de estado que el 18 de julio de 1936 engendró la guerra y la prolongación de la guerra por otros medios que fue el franquismo».
La intervención del rey, clave para que el golpe fracasara, fortaleció a la monarquía de Juan Carlos I al dotarla de una nueva legitimidad democrática («El rey salvaba la democracia y la democracia salvaba a la corona», ha afirmado Francisco Alía Miranda). Según Paul Preston, la «valentía y determinación en defensa de la democracia» del rey en el 23-F le dio «una legitimidad de facto a la legitimidad dinástica resultante de la renuncia de su padre y la legitimidad democrática derivada de los dos referéndums de 1976 y 1978». Según Javier Cercas, «la Corona se armó de un poder y una legitimidad con las que antes del golpe ni siquiera había soñado. El poder del Rey provenía de Franco, y su legitimidad del hecho de haber renunciado a los poderes o a parte de los poderes de Franco para cedérselos a la soberanía popular y convertirse en un monarca constitucional; pero esa era una legitimidad precaria… El golpe de estado blindó a la Corona». «La aparición del rey en televisión… fue el principio de una larga luna de miel entre la monarquía y la democracia… Su comportamiento supuso una inyección de legitimidad en el régimen democrático nacido en la transición», ha afirmado Juan Francisco Fuentes. Roberto Muñoz Bolaños comparte la misma valoración: «dotó de legitimidad democrática de ejercicio a la institución monárquica encarnada por Juan Carlos I —convertido en el gran protagonista del acontecimiento—, haciendo que se olvidara su legitimidad de origen franquista». Cuatro años después del golpe Los Angeles Times, en un artículo publicado con motivo del décimo aniversario de la muerte del general Franco, aseguraba que el fracaso del 23-F había impulsado la democracia.
Sin embargo, en los meses que siguieron al golpe algunos políticos y periodistas afirmaron que este no había fracasado por completo porque el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo había tomado algunas decisiones que coincidían con objetivos de los golpistas, como la entrada de España en la OTAN y, sobre todo, la LOAPA, acordada con el PSOE, que «reordenaba» todo el proceso autonómico, aunque más tarde el Tribunal Constitucional la derogó parcialmente. Se hablaba de una democracia vigilada por el ejército. Un síntoma de esto fue que «todos los despachos oficiales, todos los balcones de los ayuntamientos, todas las asambleas de los partidos y todas las sedes de los gobiernos autonómicos florecieron bruscamente de banderas nacionales». Sin embargo, la aplastante victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 puso fin a esas especulaciones.
En el acto conmemorativo del 30 aniversario del 23-F celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 2011 el presidente de las Cortes, el socialista José Bono, dijo: «Esa noche el rey de España hizo por la democracia, sí, pero también por la Monarquía más que todos sus antepasados juntos». Se ganó así la legitimidad social que se sumaba a la legitimidad jurídica que le venía de la Constitución, argumentó Bono. También destacó a Adolfo Suárez y al general Manuel Gutiérrez Mellado, «el soldado más firme y más leal, símbolo de las libertades y de la democracia», y a continuación agradeció la presencia en las tribunas de los Jefes del Alto Estado Mayor acompañados de una decena de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que provocó un prolongado aplauso por parte de los diputados. José Bono terminó diciendo que el golpe «sirvió de vacuna para nuevas felonías y de abono para cosechar tres décadas de libertad para los españoles…, el periodo de libertad continuada más largo de nuestra historia». Las palabras de Bono son una prueba, según Juan Francisco Fuentes, de que «el régimen democrático nacido en la transición ha convertido el fracaso del golpe de Estado en un momento de refundación de sí mismo, con toda la épica y el dramatismo que suelen acompañar a las grandes fechas históricas».
«Que un fallido golpe de Estado apuntale aquello que pretende derribar no es algo extraordinario», advierte Juan Francisco Fuentes. «En el caso del 23-F, se puede decir que tanto las instituciones democráticas como los militares rebeldes hicieron todo lo necesario para que el Estado constitucional sacara el mayor rédito de su victoria. Por un lado, los golpistas dieron una penosa imagen de sí mismos durante aquellas “diecisiete horas grotescas", como las llamó Calvo Sotelo, y en el juicio celebrado al año siguiente. Por su parte, los gobiernos posteriores manejaron la cuestión militar con habilidad y prudencia, siempre con el respaldo del rey. El involucionismo residual sabía que en ningún caso podría contar con la Corona para lograr sus fines».
Otra consecuencia del fracaso del golpe que fortaleció la democracia fue el aislamiento social que sufrió a partir de entonces la ultraderecha neofranquista, como lo demostró la pérdida del escaño de Blas Piñar (y los escasos votos que recibió Solidaridad Española, la candidatura de Tejero) en las elecciones generales de octubre de 1982, que registraron una altísima participación, superior al 80 %, y que dieron la victoria por mayoría absoluta al PSOE.
En la cultura popular
- Televisión española emitió en 2009 una miniserie llamada 23-F: el día más difícil del rey, que recuerda el 23-F desde el punto de vista del Rey.
- F-23, obra de teatro de Jorge Luis Moreno Pieiga estrenada en 2010 y basada en los hechos acaecidos durante el intento de golpe de Estado.
- 23-F: la película, película de 2011 dirigida por Chema de la Peña.
- Operación Palace, un falso documental emitido por La Sexta y dirigido por Jordi Évole. Hacía creer que el 23-F fue un golpe de Estado falso, orquestado para evitar uno real. Fue emitido el 23 de febrero de 2014, 33 años después del golpe. El engaño se mantiene hasta el final del documental, cuando se desvela la broma.
- En el episodio 7 de la Parte 4 de la serie española, La casa de papel, emitida por Netflix (2020), la inspectora Alicia Sierra menciona el 23F entre los sucesos por los cuales supuestamente debe asumir responsabilidad.
Véase también
En inglés: 