República Popular de Lugansk (2014-2022) para niños

El Euromaidán (en ucraniano, Євромайда́н, Yevromaidán; «Europlaza») es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que en su punto álgido derrocaron al presidente Víktor Yanukóvich, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones. Los sucesos se desencadenaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013, un día después de que el Gobierno de Ucrania hubiera suspendido in extremis la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE).

Aunque el 30 de marzo de 2012, Yanukóvich y los líderes de la UE habían acordado un estatuto de asociación de Ucrania con la UE, la entrada en vigor se fue aplazando y las negociaciones quedaron estancadas durante un año, entre otras razones porque una de las exigencias europeas era la liberación de Yulia Timoshenko y Yuri Lutsenko, opositores al Gobierno. Ello no impidió que durante los meses previos al inicio de las protestas, Yanukóvich prometiera realizar las reformas necesarias para seguir adelante con la negociaciones.

Sin embargo, sorpresivamente, el 21 de noviembre de 2013, el Gobierno ucraniano, encabezado por Mikola Azárov, publicó una nota oficial en la que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo quedaba «suspendido». Las razones esgrimidas fueron la caída en la producción industrial y el mantenimiento de relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes. Yanukóvich asistió a la cumbre de la UE los días 28 y 29, tal como estaba previsto antes de la suspensión unilateral, pero solo para declinar la última oferta europea, de 600 millones de euros, por considerarla «humillante». Por su parte, Azárov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta del apoyo económico que hubiera compensado el «divorcio comercial» con Rusia, a la vez que admitía que había sido Moscú quien había conminado a Kiev a no sellar el pacto.

Desde el 21 de noviembre, se producen en Kiev varias concentraciones en la plaza de la Independencia exigiendo al gobierno retomar el diálogo con la UE. La concentración aglomeró a cientos de miles de personas en todas las inmediaciones de la plaza, con discursos diarios de líderes políticos opositores así como íconos culturales ucranianos y extranjeros que venían en señal de motivación y apoyo. Entre los principales gestores se encontraban: organizaciones sociales, la oposición política —incluido el grupo ultra-nacionalista y de extrema derecha Sector Derecho, uno de los principales organizadores del movimiento en Kiev e instigador de los disturbios, y el partido parlamentario de extrema derecha Svoboda— y las Iglesias ucranianas —como la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev—, con excepción de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. En las manifestaciones también participaron representantes de minorías étnicas (rusos, chechenos, tártaros de Crimea, judíos, georgianos, armenios y otros) y ciudadanos de otros países (de Polonia, Bielorrusia, Georgia, Rusia y otros).

Las protestas desembocaron en disturbios, que fueron creciendo en intensidad, al punto de que hubo días en que muchos manifestantes continuaban sus protestas toda la noche, lo que hacía imposible su desalojo del lugar por parte de las autoridades. El 16 de enero, la Rada ordenó penas contra los manifestantes, el bloqueo de edificios administrativos y la instalación de tiendas de campaña. Esto fue tomado por los manifestantes como un veto a su derecho de manifestarse y protestar. Desde entonces, las protestas provocaron una escalada de violencia en rechazo a las nuevas leyes. Como resultado, el 22 de enero las manifestaciones registraron cinco muertos por primera vez desde su inicio. Entre tanto, las protestas se fueron expandiendo a lo largo del centro y oeste del país y con algunos focos en el este, mayoritariamente ruso. La exigencia no era solo el cambio económico a Europa, sino el cambio total de gobierno, lo que llevó a la dimisión de Azárov el 28 de enero y, a que Parlamento reunido en asamblea extraordinaria, derogara las polémicas leyes que limitaban los derechos de manifestación y reunión.

La noche del 19 y 20 de febrero, Yanukóvich y los principales líderes de la oposición (Vitali Klichkó, Arseni Yatseniuk y Oleh Tiagnibok) acordaron una tregua, y el desarme de las barricadas colocadas en la plaza de capital anteriormente como medida de contención a las fuerzas policiales. El 21 de febrero —tras el llamado “Jueves Negro” (20 de febrero) en el que murieron más de 60 manifestantes—, se aprobó un acuerdo entre ambas partes para adelantar las elecciones, formar un gobierno de transición, volver a la Constitución de Ucrania de 2004 y frenar la violencia. En la madrugada del 21 al 22 de febrero Yanukóvich, sin informar al parlamento, abandonó la capital y desapareció en dirección desconocida. El 22 de febrero, por la mañana, la Rada Suprema lo destituyó de su cargo por "abandono de sus funciones constitucionales" y tomó el control del país votando, por mayoría constitucional, la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Sólo después de dicha vuelta al sistema político parlamentario, en lugar del presidencial, Oleksandr Turchínov asumió la presidencia del parlamento, previa renuncia por escrito del presidente anterior. Al día siguiente, Turchínov fue nombrado primer ministro en funciones con el fin de realizar la coordinación de tareas de gobierno. El 28 de febrero, Yanukóvich reapareció en Rostov del Don (Rusia), donde denunció un presunto golpe de Estado.

La víspera del Euromaidán, la población ucraniana se encontraba virtualmente dividida: un 38,0 % de los ucranianos apoyaba una asociación con Rusia, mientras que el 37,8 % prefería una con Europa. Al mismo tiempo, el 41 % de los ucranianos consideraban que la prioridad para Ucrania tenía que ser la integración con la UE y el 33 %, por el contrario, se mostraba partidario de una unión aduanera con Rusia. El mayor apoyo hacia la integración con la UE se encontraba en Kiev (alrededor de 75 %) y en el oeste de Ucrania (81 %); el apoyo se reducía al 56 % en el centro de Ucrania, al 30 % en el sur y en Crimea (sede de la Flota del Mar Negro) y al 18 % en el este.

Firma de la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. De izquierda a derecha: Serguéi Aksiónov, Vladímir Konstantínov, Vladímir Putin y Alekséi Chaly.

La anexión de Crimea por Rusia es el proceso de incorporación de las dos entidades que forman la península de Crimea, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol, como sujetos federales de la Federación de Rusia. De acuerdo con la Ley sobre Nuevos Territorios Federales de la legislación rusa que se aplicó en la península, esa legislación considera a Crimea parte de Rusia desde el momento de la firma del acuerdo interestatal del 18 de marzo de 2014. Además, el periodo transitorio se prolongará hasta el 1 de enero de 2015.

El proceso tiene su origen en el Euromaidán, la revolución ucraniana iniciada a finales de 2013, la cual culminó con la destitución de Víktor Yanukóvich en lo que unilateralmente para el gobierno ruso fue un golpe de Estado. Entonces se inició una serie de manifestaciones de rusófilos —en su mayoría rusos étnicos y ucranianos rusófonos— opuestos a los eventos ocurridos en Kiev y que anhelan estrechar sus vínculos (o inclusive integrarse) con Rusia. Luego varios gobiernos regionales propusieron referendos separatistas y se produjo una invasión militar, donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en Crimea, con el objetivo, según el Kremlin, de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política; desoyendo las advertencias de no invadir lanzadas por Estados Unidos y Kiev. Previamente, las autoridades de Crimea —de ideología prorrusa— habían solicitado la asistencia del gobierno de Moscú después de que el gobierno de Kiev introdujera una ley para abolir el uso oficial de toda lengua distinta al ucraniano.

La anexión de Crimea por Rusia no es reconocida por Ucrania, que la considera ilegítima y opuesta al derecho internacional, y asegura que el territorio sigue conformando la República Autónoma de Crimea y la ciudad especial de Sebastopol. Esta anexión por parte de Rusia, considerada ilegal por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, causó la peor crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, empeorada drásticamente por la invasión rusa de Ucrania de 2022. Además, ya en marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/262 llamada Integridad territorial de Ucrania en respuesta a la crisis de Crimea. Aprobada por 100 países, la resolución afirmó el compromiso de las Naciones Unidas para reconocer a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum sobre el estatus político.

Invadiendo y anexando Crimea, Rusia violaba un tratado internacional y tres tratados bilaterales firmados con Ucrania: el Memorándum de Budapest —que ofrecía garantías de seguridad por parte de sus signatarios a Ucrania—; el Tratado de Amistad y Colaboración entre Ucrania y Rusia de 1997; el Tratado sobre la permanencia de la Flota del mar Negro rusa en territorio ucraniano hasta 2017 y el Tratado de Járkov por el que dicha permanencia se extendía hasta 2042.

Por otra parte, la Constitución de la República de Crimea fue aprobada el 11 de abril de 2014. El texto dice que la República de Crimea es un Estado democrático y de derecho dentro de la Federación de Rusia. Además, establece que la República de Crimea es una parte «inseparable» del territorio de Rusia.

Establecida el 21 de marzo de 2014, por orden del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia se crea la medalla «Por el regreso de Crimea».

El 23 de febrero de 2014, el Congreso de diputados y gobernadores regionales del Este y Sur de Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. Además, algunas provincias del poniente ucraniano, suprimen al otrora oficialista Partido de las Regiones, así como al Partido Comunista.

El 1 de marzo, las manifestaciones contra el nuevo gobierno ucraniano se fueron extendiendo a la región del Dombás, en el sudeste de Ucrania, donde casi el 50 % de la población es de etnia rusa y el idioma ruso es hablado por al menos tres cuartos de la población; unos 10 mil manifestantes se congregaron en Donetsk —la cuna de Yanukóvich— al grito de «¡Rusia, Rusia!», izaron la bandera rusa, y escogieron a Pável Gúbarev, líder de una milicia popular, como nuevo gobernador de la provincia; mientras que unos 20 mil manifestantes prorrusos exigieron en Járkov la «federalización de Ucrania» y el archivo de las causas penales contra los policías que cumplieron su deber durante las manifestaciones europeístas. También hubo manifestaciones prorrusas en Odesa, Dnipró, Lugansk, Melitópol, Eupatoria, Zaporiyia y Kerch, entre otras; en todas estas ciudades las banderas ucranianas fueron arriadas de los edificios públicos y en su lugar ondean banderas rusas.

El Ayuntamiento de Donetsk exhortó a su Parlamento regional para que asignara una fecha para realizar un referéndum sobre el futuro del Dombás, que incluyese la posibilidad de considerar el idioma ruso como lengua oficial junto al ucraniano, a Rusia como un mediador estratégico de la región y una mayor autonomía. Mientras que en el Óblast de Lugansk se votó a favor del estatus del idioma ruso como segunda lengua oficial, desarmar a las unidades de autodefensa del Maidán y la prohibición de un número de organizaciones políticas como Svoboda. Se amenazó a las autoridades ucranianas centrales que se reservaba el derecho a «solicitar la ayuda del hermano pueblo de la Federación Rusa». Al mismo tiempo, una manifestación en Járkov reunió decenas de millares de personas que invadieron la sede de la administración regional y obligaron a los partidarios del gobierno central a pedir disculpas. La Cámara Municipal de Mariúpol fue tomada por manifestantes. También hubo protestas en Lugansk, que reunieron cerca de 10 000 personas pidiendo la realización de un referéndum. Además, una manifestación contra el fascismo y la violencia, y favorable a la unión de Ucrania con Rusia y Bielorrusia y la realización de un referéndum reunió más de 400 personas en Jersón.

Entre tanto, Yanukóvich escribió una carta a Vladímir Putin pidiéndole que usara las fuerzas armadas rusas para defender al pueblo y restablecer la legitimidad, la paz, la estabilidad, la ley y el orden. Este pedido fue citado por Vitali Churkin, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, en la tercera reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania. Al día siguiente, el Consejo Regional de Lugansk adoptó posiciones semejantes a las de la Cámara Municipal de Donetsk, y declaró ilegítimas a las nuevas autoridades ejecutivas ucranianas, solicitó el desarme de los grupos armados ilegales, la prohibición de organizaciones pro-fascistas y neo-fascistas, y se reservó el derecho a solicitar ayuda al pueblo hermano de Rusia. Poco después, una manifestación dirigida por la Guardia de Lugansk exigió que los diputados solicitasen a Putin el envío de tropas, y durante las protestas, ocuparon el edificio del Consejo Regional.

El 30 de marzo, se produjeron manifestaciones en Járkov, Donetsk y Lugansk a favor de una mayor autonomía para las regiones situadas en el sureste.

Del 20 al 24 de noviembre de 2017, se produce un golpe interno de Luhansk. El ministro del Interior de Lugansk, Ígor Kornet, y el líder del Servicio Secreto de Lugansk, Leonid Pásechnik, apoyados por la RPD y posiblemente por Rusia, hacen que el autoproclamado presidente Ígor Plotnitski huya para refugiarse en Moscú. Aprovechando la división entre las facciones separatistas, el ejército ucraniano recuperó tres aldeas y alturas estratégicas cerca de Debáltseve. Además, el 24 de noviembre, una tropa táctica ucraniana reconquistó las localidades de Trávneve y Hladósove, que habían estado ubicadas desde 2015 en la tierra de nadie al norte del bastión separatista de Hórlivka.

Alrededor de las 15:00 del 28 de febrero, las tropas rusas comenzaron a bombardear la ciudad. Según Serhiy Haidái, gobernador del óblast de Lugansk, hubo una víctima y varios heridos. Los gasoductos también fueron golpeados.

En este artículo se examina el actual estatus internacional de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Estas repúblicas tienen un reconocimiento limitado al ser reconocidas, en octubre de 2022, por los estados de la Federación Rusa, Siria y Corea del Norte. Al mismo tiempo estas repúblicas reconocieron su independencia, una de la otra, y del 24 de mayo de 2014 hasta el 18 de mayo de 2015 eran fundadores y miembros de la Unión de Repúblicas Populares/Nueva Rusia. Ambas repúblicas son reconocidas por Rusia, Siria, Corea del Norte, Abjasia y Osetia del Sur, estas dos últimas poseen un reconocimiento muy limitado internacionalmente.

Ucrania, que no reconoce la RPD y la RPL como Estados, las considera organizaciones terroristas y separatistas, organizadas y armadas por la Federación de Rusia, que con el apoyo del ejército ruso conquistaron el territorio ucraniano. De facto, los territorios controlados por la RPD y la RPL, de acuerdo con la legislación de Ucrania, se consideran temporalmente ocupados.

Desde mayo de 2014 las Naciones Unidas denunciaron "deterioros alarmantes" del respeto a los derechos humanos en los territorios en conflicto por la guerra, mientras que Human Rights Watch realizó reportajes en los que denunciaba violaciones presuntamente sistemáticas a los derechos humanos dentro de los territorios bajo control prorruso mientras que Amnistía Internacional denunció casos de impunidad en desapariciones por parte de los organismos de seguridad ucranianos en el marco del conflicto así como la existencia de milicias de extrema derecha nacionalista actuando a favor del bando gubernamental.