Directorio militar de Primo de Rivera para niños
El Directorio militar de Primo de Rivera fue la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera en España, que comenzó después de un golpe de Estado entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923, durante el reinado de Alfonso XIII.
El Directorio militar era un grupo de militares, formado por ocho generales y un contralmirante. Su líder era el general Miguel Primo de Rivera. Este grupo tenía la tarea de asesorar a Primo de Rivera en el gobierno y crear nuevas leyes, ya que las Cortes (el parlamento) habían sido cerradas.
En diciembre de 1925, el Directorio militar fue reemplazado por un nuevo gobierno, también presidido por Primo de Rivera, pero que incluía tanto a militares como a civiles. Esta segunda etapa se conoció como Directorio civil y duró hasta enero de 1930.
El gobierno del Directorio militar, similar a otros gobiernos militares de la época en Europa, se diferenciaba de otros sistemas en que, aunque tenía un solo partido político, el poder seguía en manos de las clases más influyentes, que solo permitían cambios limitados. Sin embargo, tenía algunas similitudes con otros sistemas, como la forma de organizar a los trabajadores y empresas en grupos controlados por el Estado.
Durante esta primera fase, la Dictadura logró dos cosas importantes: resolver la situación en Marruecos y restablecer el orden en Cataluña. Una vez que estos problemas estuvieron bajo control, el gobierno de Primo de Rivera, que contaba con el apoyo del rey, buscó mantenerse en el poder creando un nuevo sistema político autoritario. Este sistema se basaría en un único partido, llamado Unión Patriótica.
Contenido
El inicio del Directorio militar

Desde el desastre del 98 (una derrota militar en 1898), el Ejército español tuvo cada vez más influencia en la política. Un ejemplo fue la crisis del Cu-Cut! en 1905, cuando oficiales militares atacaron la redacción de una revista satírica en Barcelona. Esto llevó a la Ley de Jurisdicciones en 1906. Otro momento importante fue la crisis española de 1917, donde grupos de militares llamados Juntas de Defensa tuvieron un papel destacado.
Todo esto culminó con el golpe de Estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Este golpe fue la primera vez que las Fuerzas Armadas intervinieron de forma conjunta en la política, creando un gobierno militar que trasladó los valores del Ejército a la vida pública.
El 15 de septiembre de 1923, Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII se reunieron en el Palacio de Oriente. Acordaron que Primo de Rivera sería el "Jefe del Gobierno" y "ministro único", y que contaría con la ayuda de un Directorio militar. Este Directorio estaría formado por ocho generales de brigada, uno por cada región militar, y un contralmirante de la Armada, Antonio Magaz y Pers.
Al día siguiente, la Gaceta de Madrid publicó el decreto real que nombraba a Primo de Rivera como jefe de gobierno. También se publicó el decreto que creaba el Directorio militar, que tendría todas las funciones de un gobierno, pero con una sola firma, la de Primo de Rivera. Se dijo que este Directorio sería un "breve paréntesis" en la forma de gobierno constitucional de España.
El 17 de septiembre, se disolvieron el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque la Constitución de 1876 exigía que se volvieran a convocar en tres meses, esto no ocurrió. Cuando los presidentes del Congreso y del Senado le recordaron al rey su deber, fueron destituidos. Primo de Rivera justificó esto diciendo que el país quería "orden, trabajo y economía" en lugar de las ideas liberales y democráticas.
El 21 de diciembre de 1923, el Directorio se reorganizó. Los generales que lo formaban pudieron asumir responsabilidades similares a las de un ministro. También se restableció el cargo de subsecretario. En junio de 1924, los miembros del Directorio pudieron firmar decretos, algo que antes solo podía hacer Primo de Rivera.
El estado de excepción y la «paz social»
La militarización del orden público
El objetivo principal del nuevo gobierno fue restablecer el "orden". Para ello, se puso esta tarea en manos del Ejército, que tuvo un poder enorme. No estaba controlado por ninguna asamblea y no tenía que rendir cuentas como un gobierno parlamentario. La Constitución fue suspendida, lo que eliminó muchas libertades públicas. Así, la Dictadura convirtió la vida pública española en un estado de excepción constante.
Primero, se declaró el estado de guerra en toda España, que duró hasta el final del Directorio militar en diciembre de 1925. Luego, Primo de Rivera reemplazó a las autoridades provinciales y locales (gobernadores civiles, alcaldes) por militares. A partir de abril de 1924, algunos gobernadores civiles volvieron a ser civiles, pero funciones importantes como la censura y el orden público siguieron en manos de militares.
Además, los "delitos políticos" (como usar banderas no nacionales o hablar en lenguas que no fueran el castellano en actos oficiales) y muchos delitos comunes (como el robo a mano armada, el uso de explosivos, la traición y los delitos contra la monarquía) pasaron a ser juzgados por tribunales militares.
Los encargados de aplicar estas medidas fueron Severiano Martínez Anido y Miguel Arlegui, quienes ya habían sido responsables del orden público en Barcelona durante una época de mucha violencia. La Guardia Civil recuperó su autonomía.
La declaración del estado de guerra y las demás medidas para controlar el orden público y limitar los derechos y libertades lograron reducir el número de ataques y huelgas. Esto último también se debió al crecimiento económico de los "felices años veinte".
El Somatén
Otra decisión del Directorio relacionada con el orden público fue extender el Somatén, una institución catalana, a todas las provincias de España. El Somatén Nacional, como se le llamó oficialmente, sería formado por los capitanes generales y estaría al mando de un General de Brigada. Primo de Rivera explicó que el Somatén no solo ayudaría a mantener el orden, sino que también animaría a los ciudadanos a colaborar con el nuevo gobierno.
El Somatén era un grupo armado de ciudadanos, creado por el poder para mantener el orden. Aunque Primo de Rivera lo comparó con los "camisas negras" de otros países, el Somatén estaba formado principalmente por personas de clase media y alta, aunque también se unieron algunos trabajadores. Su lema era "paz, justicia y orden".
Para animar a los hombres mayores de 23 años a unirse, se organizaron muchos eventos cívicos. El Somatén tuvo un papel importante en la "policía de las buenas costumbres", buscando establecer un comportamiento cívico conservador y religioso. En el campo, se dedicaba a reprimir delitos comunes como los robos. En las ciudades, actuaba bajo la supervisión del Ejército y la Policía para reprimir los "delitos sociales", como las huelgas. Sin embargo, con el tiempo, el Somatén se convirtió más en un grupo para desfiles y ceremonias oficiales.
Restricción de los derechos y libertades: la censura
Con la Constitución de 1876 suspendida, los derechos y libertades de los ciudadanos quedaron limitados. Uno de los más controlados fue la libertad de expresión. El 15 de septiembre de 1923, se estableció una censura de prensa muy estricta.
Estaba prohibido criticar al gobierno, a sus miembros o a sus instituciones. Tampoco se podía mencionar las medidas que la Dictadura tomaba contra sus supuestos enemigos, ni hablar de temas regionales. Se prohibió informar sobre huelgas, problemas de orden público, ataques, crímenes, escándalos o chantajes. También se censuraban comentarios sobre problemas de alimentos, combustible o comunicaciones, y detalles de juicios militares o temas militares relacionados con Marruecos. No se permitían ataques, bromas o caricaturas sobre personas o gobiernos extranjeros, ni artículos sobre la situación en Rusia.
Las multas por incumplir estas normas podían ser de 250 pesetas o la suspensión de la publicación. Muchos periódicos fueron multados o suspendidos, especialmente Heraldo de Madrid. Era común ver espacios en blanco o líneas negras en sus páginas, donde se habían eliminado párrafos enteros. Así, los periódicos dejaron de ser lugares para expresar opiniones. En 1920, había 41 diarios en Madrid, pero en el último año de la Dictadura, solo quedaban 16.
En 1924, el control de los periódicos se centralizó en la Oficina de Información y Censura.
Otro derecho muy limitado fue el derecho de reunión, debido a la declaración del estado de guerra.
Además, el gobierno podía cambiar de puesto a jueces y funcionarios judiciales, lo que eliminó la división de poderes y la independencia de la justicia. Esto dejó a las personas sin protección legal frente a las acciones del gobierno.
Represión del anarcosindicalismo
El Directorio militar dejó claro su política hacia las organizaciones de trabajadores: permitía asociaciones para la cultura, protección y ayuda mutua, pero no para la resistencia o el conflicto con la producción. Esto explica por qué la anarcosindicalista CNT y la socialista UGT fueron tratadas de forma diferente.
Primo de Rivera intentó atraer a los socialistas, lo que causó una división dentro de la PSOE. Algunos, como Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, estaban a favor de colaborar con la Dictadura, mientras que otros, como Indalecio Prieto, se oponían. La postura de colaboración ganó, y los socialistas se unieron al Consejo de Trabajo. Largo Caballero incluso formó parte del Consejo de Estado.
En cambio, la política de la Dictadura hacia la CNT fue de represión total. Las primeras medidas fueron controlar los Sindicatos Únicos de la CNT, que eran muy fuertes en Cataluña. Se les exigió presentar sus documentos y libros de contabilidad, lo que sirvió de excusa para cerrar sus sedes y encarcelar o desterrar a sus líderes sin juicio, usando los poderes que les daba el estado de guerra. Muchas organizaciones de la CNT pasaron a la clandestinidad.
En mayo de 1924, la Dictadura prohibió los Sindicatos Únicos y cerró el periódico de la CNT, Solidaridad Obrera. Esto debilitó mucho a la CNT, especialmente en Cataluña, donde ya estaba afectada por la violencia y los conflictos internos. En junio de 1924, el nuevo Comité Nacional de la CNT fue detenido en Zaragoza, lo que impidió que el sindicato funcionara normalmente a nivel nacional.
El fin del «caciquismo»
Primo de Rivera se veía a sí mismo como el "cirujano de hierro" que debía acabar con el "caciquismo" (un sistema de control político local basado en la influencia de personas poderosas), algo de lo que ya había hablado Joaquín Costa antes. Primo de Rivera dijo que nueve hombres con buena voluntad podían hacer mucho en poco tiempo.
Además de restablecer la "paz social", el otro gran objetivo de las nuevas autoridades militares en las provincias y localidades era "regenerar" la vida pública, desmantelando las redes de caciques. Se creó una Junta militar especial para investigar posibles irregularidades cometidas por políticos. Los nuevos gobernadores civiles, todos militares, se encargaron de investigar casos de corrupción, aceptando incluso denuncias anónimas. Para ayudar a los gobernadores, se nombraron delegados gubernativos, también militares, en cada partido judicial. Se investigaron más de ochocientas corporaciones locales y se destituyeron a 152 secretarios de ayuntamiento.
Los delegados gubernativos
La figura del delegado gubernativo fue creada por un decreto real el 20 de octubre de 1923. Su función era informar a los gobernadores civiles sobre los problemas en los ayuntamientos y proponer soluciones, además de impulsar la "nueva vida ciudadana" en los pueblos.
Sin embargo, en la práctica, esta medida fue "poco efectiva" porque entre los delegados también hubo casos de corrupción, y algunos se convirtieron en nuevos caciques. Incluso políticos de la Dictadura los criticaron. Se dijo que a menudo convertían sus áreas en "reinos" donde hacían lo que querían. También fueron criticados por las autoridades locales porque parte de su salario y gastos corrían a cargo de los ayuntamientos, y porque abusaban de sus poderes. Por todo esto, el Directorio decidió reducir sus funciones y su número.
El Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1925
La reforma política a nivel local culminó con la aprobación del Estatuto Municipal de 1924, impulsado por José Calvo Sotelo. Aunque el Estatuto decía que el Estado debía basarse en municipios libres, los alcaldes seguían siendo nombrados por el Gobierno, no elegidos por los ciudadanos.
Otro paso para acabar con el caciquismo fue la disolución de las diputaciones provinciales en enero de 1924, excepto las del País Vasco y Navarra. Los gobernadores civiles nombraron a sus nuevos miembros entre profesionales y empresarios. Esto causó descontento entre los miembros de la Lliga Regionalista en Cataluña, que al principio habían apoyado a Primo de Rivera, porque los nuevos miembros de las diputaciones catalanas eran "españolistas".
Sin embargo, la Dictadura no logró eliminar el caciquismo, sino que cambió a las personas que lo ejercían. Además, aunque sus decisiones tuvieron un gran impacto propagandístico, el control del gobierno aumentó la burocracia y el favoritismo hacia los afines al régimen. No se logró una verdadera reforma de la administración local o provincial, sino que las prácticas de favoritismo continuaron, aunque con algunas medidas disciplinarias contra la corrupción más evidente.
En realidad, la principal razón de la crisis del caciquismo durante la Dictadura fue que los partidos políticos tradicionales estuvieron fuera del poder durante mucho tiempo, aunque muchos caciques se unieron al partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica.
Las relaciones con la Iglesia
En el plan de Primo de Rivera para "regenerar" el país, la religión católica tenía un papel muy importante. Desde el principio, Primo de Rivera defendió los intereses de la Iglesia. El rey Alfonso XIII, en un discurso ante el Papa Pío IX en Roma en noviembre de 1923, prometió la lealtad de España a la Iglesia.
Una de las primeras medidas de Primo de Rivera fue renunciar en marzo de 1924 a la intervención del Estado en el nombramiento de los obispos, una facultad que los gobiernos anteriores siempre habían tenido. Como resultado, las sedes vacantes fueron ocupadas por obispos muy conservadores, como Pedro Segura, que se convirtió en arzobispo de Toledo y cardenal. El único conflicto que tuvo la Dictadura con la Iglesia católica fue por la resistencia de los obispos catalanes a ordenar a los párrocos que predicaran en castellano.
La Unión Patriótica: un partido «apolítico»

Meses después de establecer la Dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, Primo de Rivera pensó que no bastaba con acabar con la "oligarquía" (el gobierno de unos pocos) y el caciquismo para "regenerar" el país. También era necesaria una "política nueva" que se apoyara en "gente de ideas sanas" y "de buena fe", que formarían un "partido político, pero apolítico". Este partido se encargaría de la administración del Estado, siguiendo el lema de "menos política, más administración".
Al principio, Primo de Rivera consideró un pequeño grupo de Barcelona que imitaba a otros movimientos políticos europeos. Pero después de un viaje a Italia en noviembre de 1923, se decidió por las organizaciones promovidas por la derecha católica, que darían origen a la Unión Patriótica Castellana (UPC). El primer presidente de la UPC fue Eduardo Callejo, y sus ideas iniciales eran un catolicismo tradicionalista y corporativista, que defendía la propiedad y los valores agrarios.
El 5 de abril de 1924, Primo de Rivera animó a los delegados gubernativos a "unir y organizar a todos los hombres de buena voluntad" para cuando el Directorio hubiera terminado su misión. Diez días después, el dictador explicó su proyecto: crear un "partido político pero que en el fondo es apolítico", que uniría a todos los españoles "de buena voluntad" y "ideas sanas" bajo los principios de "Religión, Patria y Monarquía". Esta nueva organización no tendría una ideología específica, sería incompatible con la Constitución de 1876, y su papel sería "estimular el espíritu de ciudadanía" para formar una mayoría parlamentaria en la que el Rey pudiera confiar. El 29 de abril, dio instrucciones para organizar los comités de la Unión Patriótica, muchos de los cuales fueron nombrados para formar los nuevos ayuntamientos. Así, la Unión Patriótica fue un partido "organizado desde el poder y por el poder".
Primo de Rivera definió la Unión Patriótica como "un partido central, monárquico, moderado y serenamente democrático". Uno de sus pensadores, José María Pemán, se encargó de diferenciarlo de otros movimientos políticos y afirmó que el Estado que defendía la Unión Patriótica era el "tradicional socialcristiano", y que además rechazaba el sufragio universal (el derecho a votar de todos los ciudadanos) por considerarlo un "gran error". Al partido se unieron personas de la derecha católica tradicional, de otros sectores conservadores, "apolíticos" de todo tipo y también oportunistas.
La Unión Patriótica se basó principalmente en el ámbito local y provincial. El diario La Nación, financiado por el gobierno, fue muy importante para unir al partido.
Sin embargo, la Unión Patriótica no fue muy efectiva para acabar con el caciquismo, porque "incorporó a muchos antiguos caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos".
El nacionalismo español y la lucha contra el «separatismo»
Del «sano regionalismo» al «españolismo»
El Manifiesto del 13 de septiembre, que justificó el golpe de Estado, mencionaba la "descarada propaganda separatista" como una de las razones. Cinco días después, el Directorio publicó un Decreto contra el "separatismo", que castigaba severamente los "delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria", juzgados por tribunales militares. Así, la Dictadura adoptó un nacionalismo español autoritario. Los símbolos y entidades de otros nacionalismos fueron perseguidos. La censura limitó la prensa en otras lenguas, y las actividades políticas fueron restringidas. Los nacionalismos regionales entraron en un período de "eclipse forzado" hasta 1929.
Al principio, Primo de Rivera parecía apoyar un "sano regionalismo". Incluso encargó a las diputaciones forales vascas que redactaran un proyecto de Estatuto. También dijo que quería reemplazar las 49 administraciones provinciales por 10, 12 o 14 regiones con cierta autonomía. Se ofreció una Mancomunidad gallega a los nacionalistas gallegos conservadores a cambio de su colaboración. Ofertas similares se hicieron a los regionalistas valencianos y aragoneses. Sin embargo, este impulso "regionalista" de la Dictadura desapareció.
El 13 de enero de 1924, Primo de Rivera disolvió las diputaciones provinciales, excepto las del País Vasco y Navarra. Los gobernadores civiles nombraron a sus nuevos miembros.
El nombramiento de "españolistas" al frente de las diputaciones catalanas, como ya había ocurrido con los ayuntamientos, causó el descontento de la Lliga Regionalista, que al principio había apoyado a Primo de Rivera.
Primo de Rivera encargó la reforma del sistema de ayuntamientos y diputaciones provinciales a José Calvo Sotelo. Calvo Sotelo formó un equipo que colaboró en la elaboración del Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1925.
En una nota oficial que acompañó al Estatuto Provincial, Primo de Rivera reconoció que había cambiado de opinión sobre el "regionalismo". Antes pensaba que podía ser positivo, pero ahora se había dado cuenta de que "reforzar la personalidad" de las regiones y "exaltar el orgullo diferenciador" contribuía a deshacer la unidad nacional.
La represión de la lengua y la cultura popular catalana
El programa "nacionalizador" también llegó a las escuelas, donde se debía impartir una enseñanza "patriótica" y religiosa. El 27 de octubre de 1923, se publicó una circular que recordaba a maestros e inspectores su deber de "enseñar la lengua castellana" y dar las clases en ese idioma. Meses después, los inspectores pudieron cerrar centros o suspender a maestros que no cumplieran esta orden. El 13 de octubre de 1925, se ordenó a los directores de centros educativos que vigilaran la difusión de "doctrinas antisociales o contra la unidad de la Patria". También debían retirar los libros que no estuvieran en castellano o que contuvieran ideas contrarias a la unidad de la patria.
En Cataluña, la Lliga Regionalista pronto se dio cuenta de su error al apoyar el golpe de Primo de Rivera, ya que este llevó a cabo una política de persecución del catalanismo. Entre otras medidas, se prohibió el catalán en actos oficiales, se intentó suprimir su uso en sermones y ceremonias religiosas, se impuso el castellano como única lengua administrativa, se cambiaron los nombres de lugares catalanes al castellano, se boicotearon los Jocs Florals (que tuvieron que celebrarse fuera de España), se prohibió izar la bandera catalana, se limitó el baile de sardanas, y se persiguió a instituciones profesionales, sindicales y deportivas por usar el catalán.
Esta política generó muchos conflictos con diversas instituciones catalanas que se resistían a aceptarla, y muchas de ellas fueron cerradas temporal o definitivamente. Por ejemplo, algunos locales de la Lliga Regionalista fueron cerrados y su periódico La Veu de Catalunya fue suspendido temporalmente.
En enero de 1924, Primo de Rivera se reunió en Barcelona con algunos políticos catalanes, pero solo consiguió el apoyo de la Unión Monárquica Nacional, cuyo líder Alfonso Sala Argemí pasó a presidir la Mancomunitat después de la dimisión de Josep Puig i Cadafalch. Sin embargo, Sala terminó enfrentándose a las autoridades militares de Cataluña. Cuando el 12 de marzo de 1925 se aprobó el Estatuto Provincial de 1925, que en la práctica prohibía la Mancomunitat, Sala dimitió.
Después de la desaparición de la Mancomunitat, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña se volvieron más fuertes, mostrándose totalmente contrario a cualquier tipo de autonomía regional. Esto causó un distanciamiento cada vez mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando los conflictos. Acció Catalana llevó el "caso catalán" a la Sociedad de Naciones y Francesc Macià, un antiguo militar, se convirtió en el símbolo de la resistencia de Cataluña a la Dictadura.
La represión del nacionalismo vasco
La Dictadura también reprimió duramente al nacionalismo vasco, especialmente al sector más radical del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Una semana después de su formación, el Directorio militar cerró Aberri, el diario del PNV, y ordenó el cierre de los centros y sociedades del PNV, que quedó ilegalizado. En cambio, la Comunión Nacionalista Vasca (CNV), más moderada, fue tolerada.
A partir de entonces, tanto el PNV como la CNV se centraron en promover actividades religiosas, de ocio (como el excursionismo), culturales (danza, teatro, música, fomento del euskera) o deportivas (fútbol y ciclismo).
La pacificación de Marruecos
Del «abandonismo» al desembarco de Alhucemas
Respecto al "problema de Marruecos", el general Primo de Rivera siempre había defendido la idea de abandonar el territorio. Por ello, ordenó el repliegue de las tropas a la costa del Protectorado español de Marruecos. Esto causó malestar entre los militares "africanistas" (los que defendían mantener la presencia en África), como el teniente coronel Francisco Franco. Una de las razones de su oposición era que el repliegue significaba el fin de los ascensos rápidos por "méritos de guerra", que permitían a los oficiales en África subir de rango más rápido que los de la península.
En marzo de 1924, Primo de Rivera ordenó retirar las tropas de algunas zonas, lo que acortaría las líneas de defensa. Pero el repliegue se hizo en muy malas condiciones climáticas y fue aprovechado por Abd el-Krim, el líder de la autoproclamada República del Rif, para lanzar una ofensiva. La operación fue un desastre, con más bajas que el desastre de Annual de tres años antes. Abd el-Krim se apoderó de gran parte del protectorado español. Primo de Rivera logró ocultar la magnitud del desastre gracias a la censura, pero en octubre de 1924 tuvo que asumir personalmente el cargo de Alto Comisario Español en Marruecos. Solo un error de los rebeldes rifeños, que atacaron las posiciones francesas en la primavera de 1925, permitió a Primo de Rivera salvar la situación.

El ataque de Abd el-Krim a las zonas francesas de Marruecos hizo que Francia, por primera vez, estuviera dispuesta a colaborar con España para acabar con la rebelión. De esta colaboración surgió el desembarco de Alhucemas, que tuvo lugar en septiembre de 1925. Fue un éxito total, ya que sorprendió al enemigo por la espalda y dividió la zona controlada por los rebeldes. Así, en abril de 1926, Abd el-Krim pidió negociar, y al año siguiente, Marruecos estaba completamente pacificado, dejando de ser un problema para España. Abd el-Krim se entregó a los franceses, quienes lo deportaron a la isla Reunión.
La victoria en Marruecos fue el mayor éxito del gobierno de Primo de Rivera y sentó las bases de su política exterior. La solución de este problema, que había sido una pesadilla para los gobiernos españoles desde 1898, fue la razón por la que el general Primo de Rivera quiso permanecer en el poder más allá de lo provisional.
La cuestión de las responsabilidades
Una vez cerrado el parlamento y confiscada la documentación de la Comisión de Responsabilidades, los juicios de los militares acusados por el desastre de Annual quedaron bajo la jurisdicción del Consejo Supremo de Guerra y Marina. El 25 de febrero, el general Cavalcanti, miembro del Cuadrilátero, fue absuelto, lo que provocó la dimisión del presidente del Consejo Supremo. Cuatro meses después, el 19 de junio, comenzó el juicio contra el general Dámaso Berenguer y otros implicados en el desastre de Annual. Dámaso Berenguer fue obligado a dejar el servicio activo, pero el resto de los acusados fueron absueltos o recibieron condenas leves. En julio de 1927, Primo de Rivera concedió una amnistía a Berenguer y a los demás condenados. De esta forma, se puso fin a la división en el Ejército por el asunto de las responsabilidades.
Composición del Gobierno
Composición del Gobierno | |||||||
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Cargo | Titular | Inicio | Fin | Partido Político | |||
Presidente del Directorio Militar | Miguel Primo de Rivera | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vicepresidente y vocal de Marina | Antonio Magaz y Pers, conde de Magaz | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la I Región Militar | Adolfo Vallespinosa y Vioz | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la II Región Militar | Luis Hermosa y Kith | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la III Región Militar | Luis Navarro y Alonso de Celada | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la IV Región Militar | Dalmiro Rodríguez Pedré | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la V Región Militar | Antonio Mayandía Gómez | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la VI Región Militar | Francisco Gómez-Jordana Sousa | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la VII Región Militar | Francisco Ruiz del Portal | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||
Vocal de la VIII Región Militar | Mario Muslera Planes | ![]() |
15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar |
Responsables de los ministerios suprimidos
Composición del Gobierno | |||||||
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Cargo | Titular | Inicio | Fin | Partido Político | |||
Presidencia del Consejo | Carlos Fort y Morales de los Ríos | 18 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | |||
Responsable de Estado | Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo | 15 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Diplomático | |||
Responsable de Gracia y Justicia | Fernando Cadalso Manzano | 17 de septiembre de 1923 | 21 de diciembre de 1923 | Abogado | |||
Ernesto Jiménez Sánchez | 21 de diciembre de 1923 | 22 de enero de 1924 | Magistrado | ||||
Francisco García-Goyena y Alzugaray | 22 de enero de 1924 | 3 de diciembre de 1925 | Jurista | ||||
Responsable de Guerra | Luis Bermúdez de Castro y Tomás | 15 de septiembre de 1923 | 4 de julio de 1924 | Militar | |||
Juan O’Donnell y Vargas | 4 de julio de 1924 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||||
Responsable de Hacienda | Enrique Illana y Sánchez de Vargas | 17 de septiembre de 1923 | 21 de diciembre de 1923 | Político | |||
Carlos Vergara Caillaux | 21 de diciembre de 1923 | 25 de febrero de 1924 | Abogado | ||||
José Corral y Larre | 25 de febrero de 1924 | 3 de diciembre de 1925 | Político | ||||
Responsable de Marina | Gabriel Antón Iboleón | 15 de septiembre de 1923 | 5 de febrero de 1924 | Militar | |||
Federico Ibáñez Valera (interino) | 5 de febrero de 1924 | 12 de febrero de 1924 | Militar | ||||
Ignacio Pintado y Gough | 12 de febrero de 1924 | 25 de mayo de 1924 | Militar | ||||
Honorio Cornejo y Carvajal | 25 de mayo de 1924 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||||
Responsable de la Gobernación | Millán Millán de Priego | 17 de septiembre de 1923 | 22 de septiembre de 1923 | Abogado | |||
Severiano Martínez Anido | 22 de septiembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Militar | ||||
Responsable de Fomento | José Vicente Arche | 17 de septiembre de 1923 | 21 de diciembre de 1923 | ||||
Pedro Vives y Vich | 21 de diciembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Ingeniero | ||||
Responsable de Instrucción Pública y Bellas Artes | Alfonso Pérez Gómez-Nieva | 17 de septiembre de 1923 | 21 de diciembre de 1923 | Escritor | |||
Javier García de Leániz | 21 de diciembre de 1923 | 3 de diciembre de 1925 | Jurista | ||||
Responsable de Trabajo, Comercio e Industria | Alejandro García Martín | 17 de septiembre de 1923 | 21 de diciembre de 1923 | ||||
Juan Flórez Posada | 21 de diciembre de 1923 | 7 de febrero de 1924 | Ingeniero | ||||
Eduardo Aunós Pérez | 7 de febrero de 1924 | 3 de diciembre de 1925 | Político |
Predecesor: V Gobierno de Manuel García Prieto |
![]() 15 de septiembre de 1923-3 de diciembre de 1925 |
Sucesor: Directorio Civil |
Véase también
En inglés: Militar Directory of Primo de Rivera Facts for Kids