Matanzas de Paracuellos para niños

Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de ejecuciones organizadas en la retaguardia durante la batalla de Madrid, en el transcurso de la guerra civil española, que llevaron al fallecimiento de numerosos presos considerados del bando sublevado por parte del bando republicano. Los hechos se desarrollaron en dos lugares cercanos a la ciudad de Madrid: los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en el soto de Aldovea, en el término municipal de Torrejón de Ardoz.

Las ejecuciones se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y sublevadas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en ejecuciones: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron.

Los convoyes mencionados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares, donde miles de prisioneros fueron ejecutados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República, falangistas, religiosos, aristócratas, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser consideradas partidarias de la sublevación y encarceladas sin amparo legal ni acusación formal.

Los presos extraídos de las prisiones lo fueron con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. La Presidencia de la Junta de Defensa la ocupaba el general José Miaja, y la Consejería de Orden Público estaba encabezada por Santiago Carrillo. Posteriormente, como se ha dicho, los presos que figuraban en las 23 sacas citadas fueron ejecutados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras.

Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de ejecutados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.

Los trágicos sucesos de Paracuellos son considerados los de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. Según Paul Preston, «las sacas y las ejecuciones, conocidas bajo el nombre genérico de “Paracuellos”, constituyeron la mayor atrocidad cometida en el territorio republicano durante la guerra civil española, y su horror puede explicarse, aunque no justificarse, por las aterradoras condiciones de la capital sitiada».

Son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en ejecuciones en tanto que en otras (las menos) los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de lo que había sucedido.

Las fuentes

Vista del cementerio de Paracuellos cercano al río Jarama, uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios de represión de la guerra civil española, erigido en recuerdo y memoria de los ejecutados. Al fondo de la imagen, una cruz blanca de grandes dimensiones, en la ladera del "cerro de San Miguel", es visible desde la proximidad del aeropuerto de Madrid-Barajas.

El libro de referencia sobre las ejecuciones de Paracuellos ha sido durante mucho tiempo Paracuellos: cómo fue, del hispanista irlandés Ian Gibson, publicado en 1983 y reimpreso en 2005. Su libro fue el primero que abordó de forma sistemática y sin tesis preconcebidas dicho asunto.

Ese mismo año, el periodista e historiador gallego Carlos Fernández publicó Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?.

Ian Gibson firmando en la Feria del Libro de Madrid de 2007. La publicación del libro de Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue en 1983 marcó un hito en el estudio de las ejecuciones.

En 1994, con motivo de la presentación por parte de Santiago Carrillo de sus Memorias, Ricardo de la Cierva publicó Carrillo miente, en el que afirma demostrar que las memorias del político comunista contenían abundantes inexactitudes y falsedades.

En 1998, Javier Cervera había publicado un análisis de la represión y la resistencia clandestina en Madrid durante la Guerra Civil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939. En este libro, se dedica un capítulo («Las sacas de presos») dentro de la sección Madrid: sublevación derrotada, Estado destruido al análisis de los acontecimientos de Paracuellos. La reimpresión de 2006 proporciona nuevos datos y hallazgos.

Ya en los primeros años del siglo xxi, Ángel Viñas habría avanzado mucho en esclarecer los hechos gracias a los archivos soviéticos. El hispanista estadounidense Stanley G. Payne afirma que el mejor estudio sobre los sucesos de Paracuellos es la obra de César Vidal Paracuellos-Katyn.

Posteriormente se han publicado El Holocausto español (2011) de Paul Preston y El Terror Rojo. Madrid, 1936 (2012) de Julius Ruiz que dedican sendos y extensos capítulos a Paracuellos. En 2015 Julius Ruiz publicó un libro específico titulado Paracuellos. La verdad incómoda.

Los hechos

Cuartel General del Ejército del Aire, edificado durante la posguerra en la manzana donde se levantaba la Cárcel Modelo, de donde partieron las sacas de los días 7, 8 y 9 de noviembre que terminaron en Paracuellos de Jarama, donde sus integrantes fueron ejecutados.

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 se llevaron a cabo 33 extracciones (sacas) de presos de cárceles madrileñas. Las extracciones se llevaban a cabo mediante notificaciones con el membrete oficial de la Dirección General de Seguridad y firma de su director y, en ocasiones, firma de Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público y situado inmediatamente a las órdenes de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Las extracciones portaban listas nominativas e incluían como razón de la extracción la puesta en libertad de los listados o su traslado a cárceles alejadas de la línea del frente como las de Alcalá de Henares o Chinchilla.

Las autoridades de las prisiones procedían a llamar a los presos que aparecían en las listas. Una vez congregados, los presos, en su mayor parte, eran atados por las manos. A continuación se les subía a los vehículos encargados de su traslado. Si la expedición era numerosa, se utilizaban autobuses de dos pisos de color verde del servicio público de transportes de la ciudad. Autobuses de tal tipo fueron usados en las sacas de la del 7, 8 y 9 de noviembre, así como en la evacuación de la prisión el día 16. Cuando el volumen de sacados era menor, se utilizaban camiones. Las expediciones eran escoltadas por milicianos, pertenecientes en su mayor parte a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia a bordo de coches balilla.

El problema de las cárceles y las sacas del CPIP (del 29 de octubre al 5 de noviembre)

Conforme las columnas rebeldes del general Franco se acercaban a Madrid iba creciendo el miedo en la capital alimentado por los relatos de los refugiados sobre las barbaridades cometidas por las columnas sublevadas desde que salieron de Sevilla a principios de agosto. Los periódicos hacían referencia a la mala suerte que esperaba a los madrileños si las fuerzas del general Franco entraban en la capital. Las largas colas para conseguir alimentos y otros bienes de primera necesidad y las continuas interrupciones en el suministro de agua agravaban la sensación de crisis. Mucha gente se iba de la ciudad.

Al miedo a las columnas de Franco se unía el miedo a un impreciso enemigo interior que se identificaba con la llamada «quinta columna». El 3 de octubre la líder comunista Dolores Ibárruri Pasionaria había denunciado desde las páginas de Mundo Obrero la existencia de una «quinta columna» ―era la primera vez que se utilizaba por escrito ese término― a la que había que «aplastar inmediatamente» para «tener limpia la retaguardia». En los días siguientes aparecieron en otros diarios llamamientos para «reducir a la impotencia al enemigo interior.

Una de las ramificaciones del «enemigo interior» identificado como la «quinta columna» se encontraría en las cárceles madrileñas donde estaban presos entre 8000 y 10 000 derechistas, de los cuales unos 5500 se encontraban en la Cárcel Modelo de Madrid, cerca de 400 en la cárcel de Ventas, 1150 en la cárcel de San Antón y unos 1200 en la cárcel de Porlier. Entre ellos había unos 2000 militares que ya habían rechazado incorporarse a las fuerzas que defendían la ciudad y que en cuanto fueran liberados se sumarían a las fuerzas rebeldes, lo que supondría un refuerzo significativo de las mismas. También se temía que en las prisiones se produjeran fugas o estallaran motines. Por otro lado, los diplomáticos occidentales y latinoamericanos presionaron al gobierno para que evacuara a los prisioneros fuera de la ciudad.

El 27 de octubre, se produjo un bombardeo de la capital y el rumor de que los presos de la cárcel de Ventas habían hecho señales a los aviones rebeldes provocó que una multitud de unas 500 personas la intentara asaltar. El director de la prisión se negó a entregar a los presos.

En la noche del 28 al 29 de octubre treinta y dos presos, incluidos 14 militares, fueron “sacados’’ de la prisión bajo una autorización del ministro de la Gobernación Ángel Galarza para su traslado a la cárcel de Chinchilla. Se los condujo al cementerio Aravaca donde fueron ejecutados. Contando esta vez con la autorización para el «traslado a Chinchilla» del director general de seguridad, Manuel Muñoz Martínez, o del subdirector Vicente Girauta Linares, entre los días 1 y 5 de noviembre el CPIP llevó a cabo las “sacas” de 158 presos más de las prisiones madrileñas. Unos fueron ejecutados en Aravaca y otros en Vaciamadrid. A los militares antes de «trasladarlos» se les dio la oportunidad de unirse a las fuerzas republicanas en la defensa de Madrid, pero rehusaron el ofrecimiento.

La creación de la Junta de Defensa de Madrid (6 de noviembre)

En el consejo de ministros realizado el 6 de noviembre de 1936, y ante el avance de los franquistas, que se hallaban a las puertas de Madrid, el nuevo Gobierno republicano a cuyo frente se hallaba Largo Caballero decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia.

El gobierno abandonaba la ciudad con la intención de dejar al mando, para encargarse de la defensa de la ciudad, a una Junta de Defensa presidida por el general Miaja y compuesta por representantes de todos los partidos que componían el Frente Popular. La Junta quedaba facultada para «la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de Madrid, que deberá ser llevada al límite», absorbiendo también las competencias del Ayuntamiento de Madrid.

El general Mija carecía de Estado Mayor, apenas tenía noticias de las fuerzas que defendían Madrid y solo poco a poco fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra algunos militares para ponerse a sus órdenes. El Quinto Regimiento se puso inmediatamente a su disposición. Por su parte, durante la noche del 6 de noviembre fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra también representantes de los partidos políticos del Frente Popular. Unos de los primeros en reunirse con Miaja fueron los dos dirigentes comunistas, Pedro Checa y Antonio Mije que se ofrecieron a ocupar las dos consejerías clave, la de Guerra, para el propio Mije, y la de Orden Público, para Santiago Carrillo.

Esa misma noche del 6 de noviembre comenzó a funcionar la Consejería de Orden Público presidida por Segundo Serrano Poncela, miembro de las JSU, nombrado por Cariillo.

La Junta se constituía oficialmente el día 7 de noviembre. La primera reunión formal de la Junta de Defensa de Madrid no se produjo hasta la última hora de la tarde del día 7, veinticuatro horas después de la partida del gobierno a Valencia, periodo de tiempo durante el cual se produjo un «vacío de poder». Fue durante ese «vacío de poder» cuando, según Paul Preston, se tomaron las principales decisiones sobre qué hacer con los presos de las cárceles de Madrid.

La madrugada del 6 al 7 de noviembre: la creación del Consejo de Investigación de la DGS

La madrugada del 6 al 7 de noviembre, Santiago Carrillo constituyó el Consejo de Investigación de la Dirección General de Seguridad. Una de las competencias que Carrillo atribuyó al nuevo Consejo fue «todo cuanto se relacione con el mantenimiento de detenciones y libertades, así como también en el movimiento, traslado, etc. de los detenidos».

Las primeras sacas y el acuerdo de las JSU con la CNT (7 al 9 de noviembre)

Durante la reunión de constitución de la Junta, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, se decidió evacuar a los presos internados en la Cárcel Modelo de Madrid a prisiones alejadas de Madrid. El motivo era la preocupación por que los presos pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados ante la eventualidad de la caída de la capital. En ese momento, los combates se llevaban a cabo en la propia ciudad, habiendo llegado los rebeldes hasta la Ciudad Universitaria, muy cercana a la cárcel Modelo (este episodio bélico se conoce como la batalla de Madrid). En la cárcel Modelo el proceso de clasificación de los 5400 reclusos por su peligrosidad se prolongó durante toda la noche y la mañana del día 7. La «evacuación» no se llevó a cabo esa mañana sino que se produjo por la tarde.

Las primeras sacas tuvieron lugar en las cárceles de Porlier y en la de San Antón, por la mañana del sábado 7 de noviembre. Ese mismo día hubo otras dos evacuaciones en la cárcel de San Antón pero en esta ocasión los presos de cada una de ellas llegaron sanos y salvos a la cárcel de Alcalá de Henares.

Según Julius Ruiz, estas dos primeras sacas de Porlier y de San Antón serían la continuación de las llevadas a cabo por el CPIP dos días antes. Pero a diferencia de las sacas anteriores los presos no fueron llevados a Aravaca o Vaciamadrid, por estar demasiado cerca del frente, sino al paraje conocido como «Arroyo de San José» en Paracuellos de Jarama, pues corría paralelo a la carretera de Madrid a Belvis del Jarama. Los presos fueron llevados en autobuses de dos pisos del servicio urbano de Madrid, escoltados por coches y camiones.

A primeras horas de la tarde de ese mismo día 7 comenzó la saca de la cárcel Modelo de Madrid. Los presos fueron llevados a Paracuellos, escoltados también por las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, al mando de Federico Manzano. Todos los presos fueron ejecutados.

El cónsul honorario de Noruega, el alemán Felix Schlayer, y el delegado de la Cruz Roja Internacional habían visitado ese día la Cárcel Modelo y habían visto los autobuses a las puertas de la prisión. El director de la cárcel les había dicho que los autobuses estaban allí para trasladar a 125 militares a la cárcel de San Miguel de los Reyes de Valencia. Inmediatamente Schlayer informó de lo que había visto al cuerpo diplomático en una reunión celebrada aquella misma tarde. Se acordó enviar una comisión para que hablara con el general José Miaja, presidente de la Junta de Defensa, para pedir garantías sobre la seguridad de los presos. El propio Schlayer también fue a ver a Miaja y asimismo se reunió con Santiago Carrillo, el consejero de Orden Público. Carrillo le dijo que no sabía nada de los traslados de presos y lo tranquilizó asegurándole que su seguridad estaba garantizada.

Las órdenes utilizadas por Serrano Poncela, como máximo responsable del Consejo de Investigación de la DGS, para llevar a cabo las sacas eran las que había dejado el anterior director general de Seguridad, Manuel Muñoz, antes de abandonar Madrid. Algunas de las órdenes no iban firmadas por Muñoz sino por el subdirector general de Seguridad Vicente Girauta, cumpliendo las instrucciones verbales de su superior. Para llevar a cabo la operación de «traslado» de los presos, se necesitaba la colaboración de los anarquistas pues eran ellos los que controlaban las carreteras de salida y de entrada de Madrid por medio de las «Milicias de Etapas».

En la noche del sábado 7 de noviembre tuvo lugar una reunión decisiva entre «los socialistas que tienen la Consejería de Orden Público» y miembros de la Federación local de la CNT. De la reunión se levantó un acta.El acta decía lo siguiente (las mayúsculas son del original):

A continuación da cuenta de los acuerdos que han tenido con los socialistas que tienen la Consejería de Orden Público sobre lo que debe hacerse con los presos, habiendo tomado el acuerdo de dividirlos en tres grupos, a saber:
Primer grupo.―Fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata, cubriendo responsabilidad.
SEGUNDO GRUPO. Detenidos de menor peligrosidad, su evacuación inmediata al penal de Chinchilla con toda clase de seguridades.
TERCER GRUPO. Detenidos de menor peligrosidad, su evacuación inmediata con toda clase de garantías sirviéndonos de ellos como instrumento para demostrar a las Embajadas nuestro humanitarismo.

Así pues, en la reunión se decidió la «ejecución inmediata, cubriendo responsabilidad» ―es decir, sin dejar rastros incriminatorios y desplegando una campaña de desinformación para ocultar la verdad― de los presos «fascistas y elementos peligrosos».

Cuando se produjo la reunión de las dos delegaciones de «socialistas de la Consejería de Orden Público» y cenetistas en la noche del 7 de noviembre, ya se habían producido las primeras “sacas”. La decisión de ejecutar a los presos, según Julius Ruiz, se tomó en la noche del 6 al 7 de noviembre por el recién creado por orden de Santiago Carrillo Consejo de Investigación de la Dirección General de Seguridad presidido por Serrano Poncela. Alrededor de las nueve o las diez de la mañana del 8 de noviembre se produjo una segunda saca de la cárcel Modelo organizada personalmente por Serrano Poncela durante la madrugada. Los presos fueron llevados a la finca Soto de Aldovea de Torrejón de Ardoz donde fueron ejecutados. Esa misma tarde llegaron también a la finca Soto de Aldovea 40 reclusos sacados de la cárcel de Porlier, de ellos 29 militares. También fueron ejecutados.

La paralización de las sacas: la intervención de Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo (9 al 17 de noviembre)

Entre el 9 y el 17 de noviembre no hubo más sacas debido a la intervención del anarquista Melchor Rodríguez, nombrado el día 9 «inspector especial del Cuerpo de Prisiones». La primera intervención de Rodríguez se produjo el mismo 9 de noviembre cuando se presentó en plena noche en la cárcel Modelo y detuvo la nueva saca de 400 presos que se estaba preparando. A continuación prohibió que ningún preso fuera trasladado entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana y sacó a los milicianos de las prisiones. También anunció que acompañaría personalmente a los presos que fueran evacuados a otras cárceles. Por otro lado, escondió a personas perseguidas en el palacio de Viana donde había establecido su cuartel general.

Durante el intervalo en que no se produjeron sacas, dos ministros del gobierno, ambos sin cartera, pidieron explicaciones por teletipo al ministro de la Gobernación Ángel Galarza sobre lo que estaba sucediendo en las cárceles de Madrid. Según Julius Ruiz, Galarza respondió con evasivas a las preguntas más directas sobre el destino de los presos. Según Paul Preston, la vaguedad de la respuesta de Galarza «demostraba a las claras que estaba al corriente de las evacuaciones de presos». Aunque Irujo informó al presidente de la República Manuel Azaña de sus gestiones ―este anotó en su libreta: «Que un inspector de prisiones de la FAI, había impedido nuevas “entregas” de presos», en alusión a Melchor Rodríguez―, los dos ministros desistieron de seguir investigando las sacas del 7 al 9 de noviembre y siguieron el resto del mes en Barcelona.

Al día siguiente, 12 de noviembre, Santiago Carrillo en una alocución por radio reconoció implícitamente las medidas que se estaban tomando con los presos de las cárceles cuando dijo: «La “quinta columna” está camino de ser aplastada, y los restos que de ella quedan en los entresijos de la vida madrileña están siendo perseguidos y acorralados con arreglo a la ley, con arreglo a todas las disposiciones de justicia precisas; pero sobre todo con la energía necesaria para que en ningún momento esa “quinta columna” pued[a] alterar los planes del Gobierno legítimo y de la Junta de Defensa». Dos días después, 14 de noviembre, la Junta de Defensa haría pública una declaración desmintiendo la «vil campaña» que estaban lanzando las «emisoras facciosas» «sobre malos tratos a los detenidos fascistas». «Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida», se decía en la declaración.

La declaración de la Junta de Defensa intentaba hacer frente a las informaciones que circulaban entre el cuerpo diplomático y los periodistas extranjeros sobre lo que estaba ocurriendo con los presos de las cárceles de Madrid. Era difícil guardar el secreto. Además estaban los familiares de las víctimas a los que no convencían las «explicaciones» que les daban sobre qué había pasado con ellas.

En efecto, el cuerpo diplomático había emprendido una investigación para esclarecer lo ocurrido y el gobierno de Largo Caballero recibió gran cantidad de protestas, especialmente de los dos diplomáticos más abiertamente prorrebeldes, el alemán Felix Schlayer, cónsul honorario de Noruega, y el embajador de Chile Aurelio Núñes Morgado. Ambos junto con Georges Henny, representante de la Cruz Roja Internacional, se desplazaron a Torrejón de Ardoz y allí comprobaron que había rastros de ejecuciones. El 15 de noviembre el encargado de negocios de la embajada británica George Ogilvie-Forbes, que hacía las funciones de embajador, informó a su gobierno de las ejecuciones. Una semana después recibió un informe de las sacas del 7 y del 8 de noviembre elaborado por el encargado de negocios argentino Edgardo Pérez Quesada. La respuesta de Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, fue: «Una noticia espantosa».

El 13 de noviembre ―el 12 según Julius Ruiz― el ministro García Oliver y su director general de Prisiones Carnero se presentaron inesperadamente en Madrid. García Oliver tuvo una fuerte discusión con Melchor Rodríguez. Entonces Melchor Rodríguez le presentó su dimisión. Las sacas se reanudaron en cuanto dejó su cargo.

Se reanudan las sacas (18 de noviembre al 4 de diciembre)

Las sacas no se reanudaron hasta el 18 de noviembre, aunque a menor escala. Ya no hubo ninguna de la cárcel Modelo porque los presos habían sido trasladados el 16 de noviembre a otras cárceles de Madrid ―y algunos a Alcalá de Henares― debido a la proximidad del frente. De hecho en la Modelo se habían instalado el cuartel general y el hospital de la XI Brigada Internacional y de la columna Durruti.

Durante ese periodo en total se llevaron a cabo al menos 15 sacas que acabaron con la ejecución de los presos en Paracuellos y cinco en las que los presos llegaron sanos y salvos a la cárcel de Alcalá de Henares. Los «tribunales» de clasificación a las órdenes de Manuel Rascón instalados en cada una de las prisiones comenzaron a prestar más interés a los civiles con antecedentes sociopolíticos «peligrosos» ―en la de San Antón también a los sacerdotes y religiosos―. Pero también el azar desempeñó un papel importante a la hora de determinar si un preso vivía o moría, como ya había sucedido con las sacas del 7 al 9 de noviembre. Entre los presos más conocidos fallecidos en esta segunda etapa de las sacas se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

Hasta el 22 de noviembre las órdenes fueron firmadas por el subdirector de la Dirección General de Seguridad Vicente Girauta. Después del 22 fueron firmadas por el «sucesor» de Girauta, Bruno Carreras Villanueva, o por Segundo Serrano Poncela. Por supuesto, en ninguna de estas órdenes figuraba que los presos habían de ser ejecutados, sino que tenían que ser puestos en «libertad» o «trasladados».

El final: la vuelta de Melchor Rodríguez

La última saca llegó a Paracuellos en la mañana del 4 de diciembre.

El 25 de noviembre había llegado a Madrid una comisión de seis diputados del parlamento británico para investigar las condiciones de las cárceles. En el recorrido que hicieron por las prisiones, les acompañó Margarita Nelken, diputada socialista que era la encargada de prensa y propaganda de la oficina del general Miaja. El 4 de diciembre, antes de volver a Londres, la delegación británica se reunió en Valencia con el presidente del gobierno Largo Caballero y con el ministro de Estado Álvarez del Vayo. Durante la misma los parlamentarios británicos mencionaron los «excesos» que se habían cometido y Largo Caballero se comprometió a crear una «Comisión de Seguridad» interministerial especial para investigar la seguridad de los presos. En su repuesta formal por escrito Largo Caballero dijo que «el Gobierno también había preparado la evacuación de los prisioneros políticos de la capital de la República y, en la medida de lo posible, la ha llevado a cabo. Seguirá haciéndolo y, de este modo, una de las tareas inmediatas de la ‘Comisión de Seguridad’ quedará completada». Finalmente, el informe que presentaron los diputados británicos a su vuelta a Londres fue bastante favorable al gobierno republicano pues afirmaron que el «claro descenso del número» de reclusos en las cárceles se debía a «un legítimo traslado de prisioneros desde Madrid a las provincias por parte de las autoridades gubernamentales». La «Comisión de Seguridad» prometida por Largo Caballero nunca llegó a formarse.

Poco después de la llegada de la delegación británica a Madrid, el ministro de Justicia García Oliver llamó a Valencia a Melchor Rodríguez. Se entrevistaron el día 28 de noviembre y poco después Rodríguez también se reunió con el ministro de la Gobernación Galarza. El 1 de diciembre fue nombrado «delegado de Prisiones de Madrid y Alcalá de Henares». Las sacas cesaron definitivamente cuando Melchor Rodríguez recuperó su cargo. Cuando volvió a Madrid el 5 de diciembre impidió que se produjeran nuevas «evacuaciones» y volvió a expulsar a los milicianos de las cárceles a los que sustituyó por guardias de asalto.

Las responsabilidades

La responsabilidad última de estos actos es un asunto aún abierto y la tarea de determinarla es cada vez más ardua para los historiadores, a causa de la muerte de muchas personas clave de dichos hechos y de la ausencia de pruebas directas acerca de quién o quienes dieron las órdenes.

Según Ian Gibson

El hispanista irlandés Ian Gibson afirma que es clara la responsabilidad del Partido Comunista, cada vez más poderoso en Madrid y fuerza hegemónica en el Consejo de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Orden Público (presidido por Segundo Serrano Poncela), continuador del Comité Provincial de Investigación Pública, dirigido en la sombra por los agentes soviéticos en España Mijail Koltsov (al que identifica como a la persona que se ocultaba bajo el seudónimo de Miguel Martínez) y Nikloski "Alejandro" Orlov, jefe de la NKVD en España.

Según César Vidal

César Vidal sostiene que la responsabilidad última de los fusilamientos la tuvieron Santiago Carrillo, como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y sus subordinados comunistas, socialistas y anarquistas. También acusa a Margarita Nelken, diputada socialista, Manuel Muñoz Martínez, director General de Seguridad, a los ministros del Gobierno de Largo Caballero Angel Galarza (Gobernación) y García Oliver (Justicia). La responsabilidad estaría, en definitiva, «en una visión ideológica que pretendía poseer la autoridad y legitimidad suficientes como para decidir la muerte de segmentos enteros de la población».

Según Javier Cervera

Javier Cervera por su parte, afirma que indudablemente las ejecuciones fueron cuidadosamente preparadas y no resultaron obra de incontrolados, individuos aislados o comités autónomos. Afirma, basándose, entre otras cosas, en los reglamentos aplicables a la gestión de las salidas de presos de las cárceles madrileñas, que la responsabilidad de las sacas estuvo en el entorno de la Dirección General de Seguridad.

Según Jorge Martínez Reverte

La principal novedad de Cervera es que sigue la tesis de Jorge Martínez Reverte, según la cual los anarquistas tomaron parte en los hechos. Según Reverte, La ejecución habría corrido a cargo de comunistas y anarquistas. Sostiene que fueron los agentes estalinistas soviéticos, de los que Mijail Koltsov era el más conocido, quienes tomaron la decisión. Los herederos del movimiento anarquista han negado cualquier participación anarquista en las ejecuciones de Paracuellos.

La responsabilidad de Santiago Carrillo

Santiago Carrillo firmando sus Memorias en la Feria del Libro de Madrid en 2007. Santiago Carrillo era consejero de Orden Público cuando tuvieron lugar las ejecuciones.

En la madrugada del 7 de noviembre, el puesto de consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid había recaído en el joven Santiago Carrillo. Tenía 21 años y era el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, una organización que constituía el resultado de la fusión entre las juventudes del PSOE y las del PCE. Carrillo provenía de las socialistas, alineadas con el ala izquierda del partido, liderada por Largo Caballero. Sin embargo, cuando se hizo cargo de la consejería, Carrillo había solicitado ya (el mismo día 6 de noviembre) el ingreso en el PCE. Ya la Causa General franquista mencionó a Carrillo en relación con las ejecuciones.

Según Ricardo de la Cierva

Los autores identificados con el franquismo, como Ricardo de la Cierva (hijo, además, de un fallecido en Paracuellos), acusan a Santiago Carrillo de haber ordenado las ejecuciones. Tales acusaciones son lugar común entre círculos de la extrema derecha.

Otros autores, sin embargo, sostienen que no existe ninguna prueba documental o testimonios que prueben o le acusen de haber ordenado directamente las ejecuciones, aunque sí documentos o citas de terceras personas. El propio Carrillo desmintió repetidamente que fuese el. En su entrevista con Ian Gibson para Paracuellos: cómo fue, Carrillo niega la posibilidad de que los responsables de las ejecuciones fueran parte de la consejería de Orden Público aunque insinúa la responsabilidad de Serrano Poncela y de los agentes soviéticos.

Memoria histórica

Monolito levantado en el Cementerio de los mártires de Paracuellos de Jarama. Lleva la inscripción: «GLORIA Y HONOR a los que mueren por su FE y su PATRIA.

Pocos días después de la entrada de las tropas franquistas en Madrid el 28 de marzo de 1939 se celebró una misa por las víctimas de la tragedia de Paracuellos, según informaba el diario Madrid.

A los pocos meses de acabada la Guerra Civil, las autoridades franquistas ordenaron la exhumación de los restos sepultados en las fosas de Paracuellos y de Torrejón de Ardoz y su entierro en un cementerio católico que se levantó allí mismo ―recibiría el nombre de Cementerio de los mártires de Paracuellos de Jarama y estuvo presidido por un monolito con la inscripción «GLORIA Y HONOR a los que mueren por su FE y su PATRIA»—. Los trabajos de exhumación y enterramiento cristiano fueron ampliamente difundidos por la prensa —con abundantes fotografías proporcionadas por la agencia oficial EFE— y por los noticiarios cinematográficos.

En recuerdo de las víctimas se creó la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos de Jarama y Torrejón de Ardoz presidida por el almirante Francisco Bastarreche. Uno de sus objetivos fue levantar un altar que sustituyera la mesa de madera que se utilizaba para celebrar cada domingo la misa en memoria de los fallecidos y que tenía lugar en el «Camposanto de los Mártires de Paracuellos del Jarama». Para ello organizaron una cuestación que contó con el apoyo inmediato del mismísimo Generalísimo Franco que donó la importante cantidad de 100 000 pesetas, y el Estado les concedió una subvención. Al mismo tiempo hicieron gestiones en la Dirección General de Propaganda, que era el organismo que se encargaba de supervisar los monumentos relacionados con el culto a los «Caídos», para que el arquitecto de la Sección de Plástica se hiciera cargo del proyecto del nuevo altar. En febrero de 1940 se hizo realidad el altar «de reducidas dimensiones, pero proyectado de forma que pueda ser permanente».

Según el historiador Javier Rodrigo, «de las políticas enfocadas hacia la articulación y la consecución de un consenso activo en torno al Régimen, a su Caudillo y a los valores que representaba, ninguna tuvo, posiblemente, tanta importancia cotidiana ―al margen de las políticas asistenciales― como el culto a la memoria de los caídos».

Véase también

• Víctimas de la Guerra Civil Española
• Embajadas y legaciones extranjeras (Guerra Civil Española)
• Represión en la zona republicana durante la guerra civil española