Reforma política de Adolfo Suárez para niños
La reforma política de Adolfo Suárez fue un proceso muy importante que ocurrió en España entre 1976 y 1977. Fue liderado por el entonces presidente Adolfo Suárez, quien fue nombrado por el rey Juan Carlos. Gracias a esta reforma, la dictadura que había establecido el general Francisco Franco cambió para dar paso a una monarquía parlamentaria, donde el pueblo tiene más voz.
La herramienta legal principal para este cambio fue la Ley para la Reforma Política. Esta ley fue creada por Torcuato Fernández Miranda, quien era el presidente de las Cortes franquistas. Esta ley permitió que el sistema cambiara desde dentro, de forma pacífica. Así se llegó a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, las primeras desde febrero de 1936. Este periodo es parte de lo que se conoce como la Transición Española, que ocurrió después del último gobierno de Carlos Arias Navarro y antes de que se creara la Constitución de 1978.
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¿Cómo empezó la reforma política?
El general Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975. Su muerte puso fin a su largo periodo de gobierno, pero el sistema que él había creado seguía existiendo. Como Franco había decidido, le sucedió el Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón. Él era nieto del último rey Alfonso XIII e hijo de Juan de Borbón, quien había sido pretendiente al trono por muchos años.
El nuevo rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno. Arias Navarro había sido el último presidente nombrado por Franco. Sin embargo, Arias no mostraba mucho interés en hacer cambios hacia la democracia. Por eso, el Rey decidió reemplazarlo por Adolfo Suárez, quien era menos conocido en ese momento, el 1 de julio de 1976.
Primeros pasos hacia el cambio
Aunque muchos españoles querían un cambio político, el sistema anterior seguía siendo muy fuerte. Esto se debía principalmente a que las Fuerzas Armadas estaban controladas por generales que habían luchado en la Guerra Civil Española bajo las órdenes de Francisco Franco.
Cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente, muchos pensaron que su gobierno duraría poco. Esto se debía a que había otros políticos reformistas más conocidos, como José María de Areilza o Manuel Fraga. Además, el pasado de Suárez, relacionado con el sistema anterior, hacía que la oposición no confiara en él. Su elección fue una decisión arriesgada del Rey.
Con el apoyo de Alfonso Osorio, Suárez logró incluir en su equipo a reformistas del llamado Grupo Tácito. A pesar de esto, la prensa no recibió bien al nuevo gobierno. Suárez también decidió mantener a ministros militares muy conservadores del gobierno anterior, liderados por el general Fernando de Santiago.
Suárez presentó su plan en televisión. Apoyando lo que el Rey ya había dicho, reconoció que el poder residía en el pueblo. Expresó su intención de establecer un sistema democrático y prometió un referéndum y elecciones antes del 30 de junio de 1977.
El 14 de julio, Suárez presentó a las Cortes un proyecto para cambiar el Código Penal. El objetivo era permitir la legalización de los partidos políticos. Esta medida ya había sido rechazada en junio. Sin embargo, Suárez logró que se aprobara al añadir una cláusula que parecía impedir la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Esta norma prohibía las asociaciones políticas "sometidas a una disciplina internacional que se propongan implantar un sistema totalitario".
Mientras tanto, la energía del joven equipo formado por el Rey y el presidente fue ganando apoyo popular. El 30 de julio, el gobierno aprobó una propuesta para dar una amplia amnistía (perdón) a los presos políticos, aunque no incluía ciertos delitos graves.
Para reducir la presión del PCE y mantener el control del proceso de cambio, Suárez se reunió en agosto con líderes de la oposición. Entre ellos estaba Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). También contactó indirectamente con Santiago Carrillo, secretario del PCE, a través del periodista José Mario Armero. Suárez le pidió al líder comunista que no impidiera la "transición", que se entendía como un proceso pacífico que mantendría las estructuras sociales y económicas.
La Ley para la Reforma Política: Un paso clave
El 23 de agosto de 1976, Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, entregó a Adolfo Suárez un borrador de la Ley para la Reforma Política. Suárez lo presentó al consejo de ministros al día siguiente sin decir quién era el autor. Se formó un pequeño grupo de trabajo para revisar el texto.
Durante la discusión de este proyecto, el Gobierno tuvo que enfrentar la creciente oposición de los altos mandos militares. Ellos desconfiaban de una reforma que consideraban contraria a los principios del sistema anterior. A petición del Rey, el 8 de septiembre, Suárez presentó el proyecto a los altos jefes militares. El presidente les aseguró que el PCE solo sería legalizado si la ley lo permitía. También les dijo que sus estatutos y el Código Penal modificado impedían esa legalización. Suárez no mencionó que había tenido contactos con Santiago Carrillo. La propuesta fue aceptada con algunas dudas, y solo porque el monarca la apoyaba. Dos días después, el gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la Reforma Política y lo presentó al país.
Unos días más tarde, Suárez destituyó al general Fernando de Santiago y lo reemplazó por el general Manuel Gutiérrez Mellado. Esto ocurrió porque de Santiago había criticado una reforma sindical propuesta por el ministro Enrique de la Mata. El general destituido buscó apoyo dentro y fuera del Ejército, lo que puso a su sucesor en una situación difícil.
Aunque el PCE no recibió bien el proyecto, otros grupos de oposición más moderados estaban contentos con el creciente ambiente de libertad. El PSOE se preparaba para celebrar su XXVII Congreso. Las actividades públicas de los comunistas seguían prohibidas, pero se les permitía operar de forma no oficial. Así, Suárez tomó la iniciativa política y dividió a la oposición.
El 23 de octubre, la plataforma opositora Coordinación Democrática se unió con otras cinco organizaciones regionales similares para formar la Plataforma de Organismos Democráticos. El 4 de noviembre, esta nueva organización rechazó la propuesta del gobierno de celebrar un referéndum para aprobar la Ley de Reforma. Argumentaron que no tendría sentido si los partidos políticos no estaban legalizados, si el sistema anterior seguía organizado y si no se liberaba a todos los presos políticos. La Plataforma pidió no votar en la consulta. El 12 de noviembre hubo una huelga general, pero la buena acogida pública de la reforma hizo que la protesta no se convirtiera en una oposición a la misma.
El debate de la Ley en las Cortes se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de noviembre. Antes, hubo muchos contactos para conseguir votos. Con gran habilidad, Fernández-Miranda encargó la defensa del proyecto a Miguel Primo de Rivera y Urquijo, sobrino del fundador de la Falange Española. La Ley para la Reforma Política fue aprobada con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones.
El 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, grupos que se oponían a los cambios se reunieron en la plaza de Oriente de Madrid para mostrar su rechazo al Gobierno. Sin embargo, el día 27, la Plataforma de Organismos Democráticos celebró una reunión. Aunque insistieron en sus peticiones habituales, abandonaron su exigencia anterior de formar un gobierno provisional de "consenso democrático" para celebrar las elecciones. Incluso el Partido Comunista tuvo que moderar su actitud hacia el Rey.
Finalmente, el 15 de diciembre de 1976, se celebró el referéndum para aprobar la ley. Los llamados de la oposición a no votar no tuvieron mucho éxito, y el texto legal fue apoyado por el 94% de los votantes. El muy bajo porcentaje de votos negativos dejó claro que los grupos que no querían cambios eran una minoría. Esto hizo que aumentaran los movimientos que buscaban volver al pasado dentro de las Fuerzas Armadas. El Rey tuvo que usar su influencia sobre los militares para calmar los ánimos.
La legalización de los partidos políticos
Después de que se aprobara la Ley para la Reforma Política, Adolfo Suárez tuvo que enfrentar varios desafíos. Uno de ellos era la difícil legalización del PCE. Santiago Carrillo forzó la situación apareciendo en público y fue detenido el 22 de diciembre de 1976. El Gobierno decidió liberarlo, lo que fue un gran paso hacia la legalización.
Sin embargo, la aparición de grupos violentos con secuestros de figuras importantes, como Antonio María de Oriol el 11 de diciembre de 1976 y el general Emilio Villaescusa Quilis el 24 de enero de 1977, puso aún más nerviosos a los militares. Ambos fueron liberados por la policía el 11 de febrero. Al mismo tiempo, el mismo día del secuestro de Villaescusa, un grupo de ultraderechistas atacó una oficina de abogados y asesinó a cinco personas.
La reacción tranquila del Partido Comunista, con una manifestación pacífica de rechazo a la violencia el día de los funerales, terminó de convencer al Rey, a Suárez y a la opinión pública de que el PCE merecía ser legalizado. Una delegación de la oposición obtuvo de Suárez la promesa de actuar contra los grupos que se oponían al cambio. A cambio, acordaron una declaración conjunta entre el Gobierno y la oposición en contra de la violencia y pidiendo apoyo al ejecutivo.
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En septiembre de 1976, Manuel Fraga y otros seis antiguos ministros de Francisco Franco formaron Alianza Popular (AP). Con mucho apoyo económico, esperaban conseguir los votos de un sector que consideraban mayoritario. La creación de esta coalición conservadora reforzó la idea de Suárez de que debía ocupar el centro político. Para ello, y a lo largo de meses de negociaciones, fue formando una gran coalición de partidos que se llamaría Unión de Centro Democrático (UCD). Esta coalición incluía a grupos que se llamaban demócrata cristianos, liberales y socialdemócratas, junto con un importante sector que, como el propio Suárez, venía del sistema anterior.
La violencia de algunos grupos dificultó la legalización del PCE. A finales de febrero de 1977, Suárez y Carrillo tuvieron un encuentro secreto. Carrillo ofreció aceptar la monarquía y la bandera tradicional de España a cambio de la legalización de su partido. El 2 de marzo, en un nuevo paso hacia el reconocimiento legal, el gobierno aceptó la celebración de una reunión de líderes comunistas europeos, en la que participaron los líderes del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, y del Partido Comunista Francés, Georges Marchais. Además, el partido había modificado sus estatutos para permitir la legalización sin que Suárez tuviera que romper el compromiso que había adquirido con los militares el 8 de septiembre anterior.
El 8 de abril, la Junta de Fiscales Generales del Tribunal Supremo emitió un informe diciendo que no había impedimento para la legalización del PCE. A pesar del claro riesgo de que se produjera un golpe de Estado de los que querían volver al pasado, al día siguiente, Suárez anunció la legalización del Partido Comunista. El descontento entre los altos mandos militares fue considerable y llevó a la dimisión del ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga. Esta renuncia creó una situación muy delicada porque ningún alto oficial de la Marina quería reemplazar a Pita. Finalmente, el prestigioso almirante retirado Pascual Pery aceptó el cargo y la crisis se resolvió, aunque el malestar de un sector militar fue muy usado por la prensa de extrema derecha.
Un problema que no se pudo resolver fue el de un sector del nacionalismo vasco que también había optado por la violencia. A Suárez le costó entender la situación de este sector y lo trató como un problema de orden público, encargando su manejo al ministro del Interior Rodolfo Martín Villa. A pesar de ello, el Gobierno inició conversaciones con la organización violenta Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en noviembre de 1976, y las retomó en febrero de 1977. Una pequeña tregua permitió otorgar una nueva amnistía el 14 de marzo de 1977, lo que resultó en que solo 27 miembros de ETA permanecieran encarcelados. Sin embargo, los partidos que apoyaban a las dos ramas de ETA exigieron la liberación de todos los presos antes de las elecciones como condición para participar en ellas. El Gobierno inició nuevas negociaciones y concedió una tercera amnistía el 20 de mayo de 1977.
El 23 de mayo, Torcuato Fernández-Miranda, una persona clave durante el proceso de reforma, renunció a su cargo como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Para entonces, sus relaciones con Suárez, que antes eran muy cercanas, se habían vuelto muy tensas. El 29 de mayo, el Rey presidió el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y concedió un indulto a los militares, excepto a los miembros de la Unión Militar Democrática y a los que sirvieron en el Ejército Popular de la República. Después del acto militar, se celebró una sencilla ceremonia en la que el padre del Rey, don Juan de Borbón, renunció expresamente a sus derechos al Trono y reconoció a su hijo como legítimo monarca.
Las elecciones de 1977
La oposición de algunos militares hizo que el Gobierno y la oposición fueran cuidadosos durante el proceso electoral. Sin embargo, la campaña se desarrolló en un ambiente de celebración. El PSOE y el PCE organizaron los mítines más grandes, pero la presencia en televisión de la UCD, que apoyaba al gobierno, fue enorme.
AP, a pesar de tener muchos recursos económicos, se vio afectada por la participación del expresidente Carlos Arias Navarro, quien expresó una postura que no quería cambios. También la presencia de Santiago Carrillo y otros compañeros suyos de edad avanzada recordaba a los votantes la Guerra Civil Española, y el PCE se vio perjudicado por ello.
Adolfo Suárez se negó a debatir con ningún rival. Aprovechó el control del gobierno sobre muchos medios de comunicación (incluida TVE, la única televisión) y realizó una campaña de publicidad muy fuerte. Casi el 80% de las personas con derecho a voto participaron, y la mayoría votó por el cambio de sistema. Los deseos de cambio sin enfrentamientos beneficiaron a UCD y PSOE. La coalición de Suárez obtuvo el 34,3% de los votos, y los socialistas, el 28,5%. El PCE obtuvo el 9,3% y AP un 8,4%. El sistema de Franco no sería completamente superado hasta la aprobación de la Constitución de 1978.
Véase también
