Cuestión religiosa en la Segunda República Española para niños
La cuestión religiosa en la Segunda República Española fue un desacuerdo importante que surgió en España entre 1931 y 1939. Por un lado, estaba la Iglesia católica en España y sus seguidores, que querían mantener la posición especial que tenían antes. Por otro lado, estaban los gobiernos y partidos de la Segunda República Española, que buscaban una separación clara entre la Iglesia y el Estado.
Esta separación se estableció en la Constitución de 1931, especialmente en el artículo 3, que decía que "España no tiene religión oficial". También hubo un artículo muy debatido, el 26, que, entre otras cosas, prohibía a las órdenes religiosas tener colegios. Esto fue desarrollado más tarde por la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933.
Contenido
- La influencia de la religión en España
- Propuestas republicanas sobre la religión
- Política religiosa inicial del Gobierno Provisional
- La Constitución de 1931
- Política religiosa del gobierno de Manuel Azaña (1931-1933)
- La "rectificación" de los gobiernos de centro-derecha (1933-1936)
- El gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)
- La Guerra Civil (1936-1939)
La influencia de la religión en España
Desde el Concordato de 1851 (un acuerdo entre el Estado y la Iglesia) y la política de la Monarquía Restaurada, la Iglesia católica recuperó mucha de su influencia en la sociedad. Antes, la Revolución Liberal le había quitado privilegios y bienes.
A partir de 1875, la Iglesia católica tuvo una gran presencia en muchos aspectos de la vida diaria: cárceles, hospitales, cementerios y, sobre todo, escuelas. Esta influencia creció aún más con la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que hizo del catolicismo uno de los pilares de su gobierno. Por ejemplo, el lema de su partido era "Patria, Religión y Monarquía".
En 1930, había muchos religiosos en España: más de 20.000 hombres en más de 1.000 conventos y monasterios, y más de 60.000 mujeres en casi 4.000 casas religiosas.
La Iglesia católica dominaba la educación gracias a la Ley Moyano de 1857 y a que los gobiernos de la Restauración permitieron que las órdenes religiosas abrieran muchos colegios. Esto ocurrió mientras se construían pocas escuelas públicas. Muchas de estas órdenes venían de Francia, donde habían sido expulsadas.
En España, la Ley de Asociaciones de 1887 no se aplicó a las órdenes religiosas, lo que les permitió crecer. Políticos como Antonio Maura reconocieron que las órdenes religiosas tenían un derecho consolidado a existir. Intentos posteriores de limitar su crecimiento, como la Ley del Candado de 1911, no tuvieron éxito. La Dictadura de Primo de Rivera consolidó aún más la posición de la Iglesia.
Cuando se proclamó la Segunda República, muchos republicanos y socialistas querían un Estado laico, similar al de Francia, donde la Iglesia y el Estado estaban separados desde 1905.
El socialista Luis Jiménez de Asúa, quien presidió la comisión que redactó la Constitución, explicó que la "cuestión religiosa" se había vuelto muy importante porque los representantes de la Iglesia habían apoyado a la Dictadura, dándole un carácter político a su actuación.
Propuestas republicanas sobre la religión
Los partidos republicanos y el partido socialista que formaron el Gobierno Provisional en 1931 estaban de acuerdo en que el nuevo gobierno debía separar completamente la Iglesia y el Estado. Esto significaba terminar con más de cien años de un Estado que tenía una religión oficial.
Sin embargo, no todos estaban de acuerdo en qué tan profunda debía ser esta separación. Había dos ideas principales:
- Una postura moderada: Liderada por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Ellos querían que el Estado fuera laico, pero de forma gradual. Creían que al proclamar la libertad de culto y quitarle privilegios a la Iglesia, esta perdería su gran influencia. No se oponían a los colegios religiosos y defendían la "libertad de enseñanza", donde las escuelas fueran neutrales y respetaran las creencias.
- Una postura más radical: Defendida por la mayoría de los partidos republicanos y el PSOE. Ellos querían una separación más profunda, no solo del Estado, sino también de la sociedad. Creían que la influencia de la Iglesia había frenado el progreso de España. Su plan incluía:
* Eliminar el dinero del Estado para el clero. * Establecer el matrimonio civil y el divorcio. * Hacer los cementerios no religiosos. * Disolver las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, y que sus bienes pasaran a ser del Estado. * Reemplazar los colegios religiosos por una escuela pública y laica.
Esta postura más radical, que también apoyaban los anarquistas, a veces venía acompañada de ideas que veían a los religiosos como enemigos del pueblo. Había diferencias entre los que defendían esta postura, desde los menos estrictos como Manuel Azaña (que no pedía la disolución de las órdenes, pero sí la prohibición de la enseñanza) hasta los más extremos como los radical-socialistas y algunos socialistas.
Política religiosa inicial del Gobierno Provisional
Cuando se proclamó la Segunda República Española, el nuevo gobierno quería garantizar la libertad de cultos y separar al Estado de la Iglesia católica. Los republicanos anunciaron que crearían escuelas laicas, introducirían el divorcio, harían los cementerios y hospitales no religiosos, y reducirían el número de órdenes religiosas.
Las primeras decisiones del Gobierno Provisional fueron moderadas. El 14 de abril de 1931, se proclamó la libertad de cultos, diciendo que el Estado respetaría las creencias individuales.
En las semanas siguientes, se aprobaron medidas como:
- Disolver las órdenes militares.
- Eliminar la obligación de asistir a actos religiosos en cárceles y cuarteles.
- Prohibir la participación oficial en actos religiosos.
- Poner fin a las exenciones de impuestos para la Iglesia.
- Declarar voluntaria la enseñanza religiosa en las escuelas (6 de mayo).
- Quitar a la Iglesia su representación en los Consejos de Instrucción Pública (5 de mayo), lo que significaba que ya no podrían influir en los planes de estudio.
Al mismo tiempo, el Gobierno Provisional habló con el nuncio Federico Tedeschini (representante del Vaticano) para asegurar que se respetaría el Concordato de 1851 hasta que se aprobara la nueva Constitución. A cambio, la Iglesia debía aceptar el nuevo gobierno. El nuncio pidió a los obispos que respetaran a las nuevas autoridades.
Algunos líderes de la Iglesia, como el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, mostraron una actitud conciliadora. El diario católico El Debate también pidió a los católicos que aceptaran la República de forma leal y activa.
Sin embargo, muchos obispos, especialmente los nombrados durante la Dictadura de Primo de Rivera, no estaban de acuerdo con la República. El cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo, se opuso abiertamente a la República, llamándola un castigo divino. El 1 de mayo, publicó una carta en la que elogiaba a la monarquía. Esto enfureció a la prensa republicana y a los partidos de izquierda, que lo vieron como una declaración de guerra. El Gobierno Provisional protestó y pidió que fuera apartado de su cargo.
La quema de conventos de mayo
El domingo 10 de mayo de 1931, se inauguró en Madrid un club monárquico. Durante el evento, algunos monárquicos provocaron a la gente. Se extendió el rumor de que un taxista republicano había sido atacado por monárquicos. Esto llevó a altercados y a la quema de algunos coches.
Una multitud se reunió frente a la sede de un diario monárquico, donde la Guardia Civil intervino, causando heridos y dos fallecidos, uno de ellos un niño. La gente se dirigió a la Dirección General de Seguridad pidiendo la dimisión del ministro Miguel Maura. Esa noche, grupos de personas quemaron un quiosco de un diario católico y atacaron otros edificios.
El ministro Maura quiso usar a la Guardia Civil para detener los disturbios, pero otros ministros, como Manuel Azaña, se opusieron, no queriendo usar la fuerza contra el "pueblo". Azaña incluso dijo que "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".
La inacción del gobierno permitió que se quemaran más de diez edificios religiosos en Madrid. Al día siguiente, 11 de mayo, la quema de conventos se extendió a otras ciudades del este y sur de España, como Málaga. Donde las autoridades actuaron con firmeza, no hubo incendios.
No se sabe con certeza quién inició los incendios, pero se cree que fueron grupos de izquierda y anarquistas que querían presionar al gobierno para que hiciera cambios más radicales. La mayoría de los ministros no querían que el nuevo gobierno empezara disparando contra los ciudadanos. El presidente Niceto Alcalá Zamora justificó la inacción diciendo que así se había evitado un "baño de sangre".
La izquierda republicana y los socialistas interpretaron los hechos como una advertencia al Gobierno Provisional para que fuera menos moderado.
La tensión entre la República y la Iglesia católica
El gobierno suspendió la publicación de los diarios católico El Debate y monárquico ABC, y detuvo a varios monárquicos. También se expulsó de España al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, el 17 de mayo, por temor a incidentes.
El Gobierno Provisional también tomó medidas para asegurar la separación de la Iglesia y el Estado antes de que se reunieran las Cortes Constituyentes:
- El 13 de mayo, se ordenó retirar los crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no recibieran enseñanza religiosa.
- El 21 de mayo, se exigió el título de maestro para enseñar, lo que afectaba a muchos religiosos.
- El 22 de mayo, se reconoció la libertad de culto y conciencia en la escuela, y se prohibió a los religiosos vender bienes sin permiso del gobierno.
El "caso Segura"
La Iglesia católica criticó estas medidas, especialmente la retirada de los crucifijos. El 30 de mayo, el Vaticano rechazó al embajador español. El cardenal Pedro Segura, desde Roma, publicó otra carta el 3 de junio, criticando las decisiones del gobierno.
El Gobierno Provisional pidió al Vaticano que el cardenal no regresara a España y fuera destituido. Sin embargo, el cardenal Segura volvió el 11 de junio, fue detenido y expulsado del país el 15 de junio. Una foto de él rodeado de policías se usó como "prueba" de la "persecución" a la Iglesia.
El "caso Echeguren"
Dos meses después, en pleno debate de la Constitución, ocurrió otro incidente. El 17 de agosto, se encontraron documentos del cardenal Pedro Segura en posesión del vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que aconsejaban vender bienes de la Iglesia o transferirlos a personas no religiosas para evitar posibles expropiaciones.
El Gobierno Provisional respondió el 20 de agosto con un decreto que suspendía la venta de bienes de la Iglesia y las órdenes religiosas. También se suspendieron varios periódicos católicos en el País Vasco y Navarra por sus mensajes contra la República.
La Constitución de 1931
La propuesta de la Comisión Constitucional
Una comisión de expertos, presidida por el jurista Angel Ossorio y Gallardo, propuso un borrador de Constitución que establecía la separación de la Iglesia y el Estado, pero reconocía a la Iglesia católica como una "Corporación de Derecho Público". También garantizaba la libertad de conciencia y de culto.
Sin embargo, este borrador fue rechazado por la Iglesia católica y por la mayoría de las Cortes Constituyentes, que querían una separación más radical. La Comisión Constitucional, presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa, elaboró un nuevo proyecto. Este proyecto establecía la separación total de la Iglesia y el Estado ("El Estado español no tiene religión oficial") y proponía la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. También eliminaba el reconocimiento especial de la Iglesia católica y prohibía cualquier ayuda económica del Estado. La libertad de culto se limitaba al interior de los templos, y la educación sería responsabilidad del Estado, con una "escuela única" y laica.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, intentaron negociar con el nuncio y el cardenal Francisco Vidal y Barraquer. Acordaron algunos puntos, como que la Iglesia aceptaría la no oficialidad del Estado y renunciaría al dinero público, a cambio de que no se disolvieran las órdenes religiosas y se permitiera la "libertad de enseñanza" (que los colegios religiosos pudieran seguir). Pero estos puntos no fueron aceptados por el resto del gobierno y la mayoría de las Cortes.
El debate del artículo 26 de la Constitución
El debate sobre el artículo 26 fue muy importante. Los partidos más radicales y los socialistas se opusieron a cualquier cambio en la propuesta. Otros, como el partido de Manuel Azaña, querían "suavizarla". La derecha católica se opuso a lo que consideraban un "ataque a los derechos de la Iglesia".
El 13 de octubre, la Comisión Constitucional se reunió para modificar el artículo 26. La intervención de Manuel Azaña fue clave, con su famosa frase "España ha dejado de ser católica". Con esto, Azaña quería decir que el catolicismo ya no era el elemento principal de la cultura española y que, por lo tanto, debía haber una separación total entre Iglesia y Estado.
Azaña propuso una nueva redacción que eliminaba la disolución de todas las órdenes religiosas, pero prohibía que ejercieran la enseñanza y disolvía a los jesuitas (considerados muy conservadores). También se incluyó que el dinero del Estado para el clero desaparecería en dos años.
La propuesta de Azaña fue aprobada con 178 votos a favor y 59 en contra. Inmediatamente, los diputados de la derecha católica se retiraron de las Cortes en señal de protesta.
La aprobación del artículo 26 causó una crisis política. El presidente Niceto Alcalá-Zamora y el ministro Miguel Maura dimitieron por no estar de acuerdo. Manuel Azaña se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno Provisional.
Después de la retirada de los diputados de derecha, el resto de los artículos relacionados con la religión se aprobaron con menos conflicto. Se permitió la "manifestación pública del culto" bajo control del gobierno y se secularizaron los cementerios. Se reconoció el derecho al divorcio y se estableció la escuela laica y "unificada", aunque se mantuvo la posibilidad de la enseñanza privada bajo inspección del Estado.
La respuesta de la Iglesia y del movimiento católico
La Iglesia católica y las organizaciones católicas reaccionaron con fuerza contra la Constitución. Tanto los católicos moderados como los más estrictos vieron el artículo 26 como una "persecución" y una "declaración de guerra".
El papa Pío XI protestó "enérgicamente" por las "ofensas" a los derechos de la Iglesia. Los obispos españoles publicaron un documento en diciembre de 1931, acusando a las Cortes de actuar con "criterio sectario" y de poner a la Iglesia bajo el control del poder civil.
Desde ese momento, los católicos iniciaron una campaña para pedir la revisión de la Constitución. La organización Acción Nacional se convirtió en un partido político, la CEDA, para agrupar a los católicos en las elecciones. Esta campaña adoptó un tono de "cruzada", con el lema "comunismo o civilización cristiana". La izquierda respondió con movilizaciones en defensa del laicismo, lo que llevó a enfrentamientos, como los de Bilbao en enero de 1932, donde hubo fallecidos y un convento incendiado.
Valoración final
Por primera vez en la historia de España, se estableció un Estado laico, superando la oposición de la Iglesia a cualquier medida que pudiera afectar la unidad católica de España. Sin embargo, en lugar de buscar un acuerdo, los que redactaron la Constitución optaron por la confrontación en el tema religioso.
La izquierda republicana y socialista impusieron su modelo radical, sin buscar el consenso con la derecha católica. Esto creó una división social y política que dificultó la estabilidad de la República. Muchos católicos que habían apoyado a la República se sintieron decepcionados. La religión se convirtió en una bandera para agrupar a las derechas, como la CEDA, con el objetivo de cambiar la Constitución.
Política religiosa del gobierno de Manuel Azaña (1931-1933)
Después de la aprobación de la Constitución, el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña tomó medidas para hacer efectivo el Estado no religioso.
La primera medida fue el decreto del 23 de enero de 1932, que disolvió la orden de los jesuitas y nacionalizó la mayoría de sus bienes (colegios y residencias). Sin embargo, muchos bienes no estaban a nombre de los jesuitas, lo que llevó a problemas legales y a que el gobierno solo pudiera quedarse con una docena de edificios. Los jesuitas no fueron expulsados del país, pero muchos sacerdotes jóvenes se retiraron, lo que se presentó como una "expulsión".
Siete días después, el 30 de enero de 1932, se hizo que los cementerios fueran no religiosos. Pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos. Los entierros católicos se consideraron manifestaciones públicas y debían ser autorizados por los alcaldes. En algunos lugares, se celebraron ceremonias públicas y se quitaron las vallas que separaban las tumbas de los no católicos.
El 2 de febrero de 1932, se aprobó la ley de divorcio, que permitía la disolución del matrimonio por parte del Estado, algo que antes solo la Iglesia podía hacer. Aunque fue un cambio importante, hubo pocos casos de divorcio.
La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas
El momento de mayor tensión fue la presentación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en 1933. El 25 de mayo de 1933, los cardenales y obispos españoles, liderados por el nuevo cardenal Isidro Gomá y Tomás, protestaron, calificando la ley de "ultraje" a los derechos de la Iglesia.
El 3 de junio, el mismo día en que se publicó la ley, el Papa Pío XI emitió una carta (Dilectissima Nobis) condenando el "espíritu anticristiano" del gobierno español y llamando a los católicos a unirse para defender su fe.
La Ley de Congregaciones desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución. Establecía que las órdenes religiosas debían registrarse, regulaba el culto público, eliminaba el dinero del Estado para el clero y nacionalizaba parte del patrimonio de la Iglesia. Lo más importante era que ordenaba el cierre de los centros de enseñanza católicos: los de secundaria para el 1 de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.
Para reemplazar a los colegios religiosos, el gobierno planeaba construir 7.000 nuevas escuelas y formar 10.000 maestros. Sin embargo, este plan no se pudo cumplir por falta de fondos y porque muchos ayuntamientos no colaboraron. Finalmente, los colegios religiosos no se cerraron porque el nuevo gobierno de centro-derecha, que llegó al poder en noviembre de 1933, suspendió la aplicación de la ley.
La política educativa
Desde abril de 1931, una prioridad del gobierno fue aumentar el número de escuelas públicas para reducir el analfabetismo. Había unas 35.000 escuelas para casi dos millones de niños, pero más de un millón y medio de niños no iban a la escuela. El Estado calculó que necesitaba construir 27.000 nuevas escuelas.
El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, y el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis, lanzaron un ambicioso programa de construcción de escuelas. A finales de 1932, se habían construido o habilitado casi 10.000 escuelas. Sin embargo, el plan no pudo completarse por falta de dinero debido a la crisis económica.
Esto dificultó el cumplimiento de la Ley de Congregaciones, que exigía el cierre de los colegios religiosos de primaria. Además, muchos ayuntamientos no colaboraron, y en algunas zonas rurales, los padres se negaban a la coeducación (niños y niñas juntos) o protestaban por la retirada de los crucifijos de las aulas.
En el verano de 1933, la República lanzó las misiones pedagógicas, una iniciativa para llevar "el aliento del progreso" a los pueblos más aislados. Profesores y estudiantes llevaban arte, música, películas y obras de teatro a las aldeas, y también libros y medicinas, ayudando a construir escuelas.
La oposición de los católicos: el nacimiento de la CEDA
La oposición de la Iglesia católica y sus seguidores a la República y a su política de separación de la Iglesia y el Estado, llevó al nacimiento del catolicismo político. A partir de Acción Nacional (luego Acción Popular), se formó un gran partido de masas: la CEDA.
Este partido agrupó a diferentes sectores, desde las antiguas élites hasta miles de agricultores y clases medias urbanas, que se sentían perjudicados por las reformas del gobierno de izquierda. Todos ellos veían con preocupación la separación de la Iglesia y el Estado y el ascenso de la clase obrera.
La CEDA se presentó como defensora de la Iglesia y de la propiedad, calificando a los republicanos de "perseguidores de la Iglesia" y a los socialistas de "enemigos de la propiedad y el orden".
La "rectificación" de los gobiernos de centro-derecha (1933-1936)
Los gobiernos de centro-derecha que llegaron al poder después de las elecciones de 1933 intentaron cambiar algunas de las políticas religiosas.
La primera cuestión fue el dinero para el clero. La Constitución de 1931 establecía que el Estado dejaría de pagar a los sacerdotes en 1934. El gobierno propuso una ley para que los sacerdotes más pobres recibieran una parte de su sueldo. Esta ley fue aprobada el 4 de abril de 1934, aunque no satisfizo ni a la izquierda (que la vio como una traición a la República) ni a la derecha (que la consideró insuficiente).
La segunda cuestión fue la educación. El gobierno sabía que reemplazar todas las escuelas religiosas por públicas era difícil por falta de dinero, escuelas y maestros. El 31 de diciembre de 1933, el gobierno prorrogó los plazos para el cierre de las escuelas religiosas de primaria. Además, como la Constitución permitía la escuela privada, muchas escuelas católicas pudieron seguir abiertas.
En el verano de 1934, el ministro de Educación, Filiberto Villalobos, presentó un nuevo plan de bachillerato que no incluía la enseñanza de la religión, lo que enfureció a la CEDA. A pesar de las críticas, el gasto en educación aumentó en 1934 y 1935.
Los gobiernos de centro-derecha también atendieron las quejas de la Iglesia católica sobre las restricciones al culto público, como los entierros católicos o el uso de campanas. La presencia pública del culto católico en la calle aumentó. Además, se devolvieron algunos bienes a los jesuitas y se eximió a cuatro órdenes religiosas de la aplicación de la Ley de Confesiones y Congregaciones.
Finalmente, los gobiernos de centro-derecha intentaron negociar un acuerdo con el Vaticano. Sin embargo, el Vaticano exigió una revisión importante de las leyes que consideraba "antirreligiosas", lo que hizo imposible el acuerdo.
La interpretación de la derecha católica de la "Revolución de Octubre"
La "Revolución de Octubre" de 1934 fue una sublevación importante. La prensa de derecha, como El Debate y ABC, la describió como obra de "fieras" y de la "Anti-España", que atacaba los valores tradicionales. Atribuyeron la destrucción en Asturias a los revolucionarios.
Para esta derecha, la sublevación demostraba que una "revolución antiespañola" estaba en marcha y que solo podía ser vencida por la fuerza.
Un clérigo, el canónigo de la catedral de Oviedo, Maximiliano Arboleya, tuvo una visión diferente. A pesar de que 40 sacerdotes y religiosos fueron asesinados y más de cincuenta edificios religiosos incendiados o saqueados en Asturias, Arboleya creía que la Iglesia también tenía parte de responsabilidad. Pensaba que muchos trabajadores veían a la Iglesia como defensora del capitalismo y enemiga de la clase obrera.
Arboleya criticó que la Iglesia no cambiara su política social y siguiera apoyando sindicatos católicos vinculados a los empresarios. Otros católicos, como Luigi Sturzo, líder del Partido Popular Italiano, y Alberto Onaindía, canónigo de Valladolid, también lamentaron que no se hubiera escuchado a Arboleya, quien había advertido sobre la situación.
El gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)
Durante el gobierno del Frente Popular (una coalición de partidos de izquierda) en 1936, antes de la Guerra Civil, hubo un aumento de la violencia política. Los enfrentamientos entre grupos de derecha (como los falangistas) y de izquierda (como las juventudes socialistas) crearon una sensación de desorden.
La prensa católica y monárquica contribuyó a esta percepción, incitando a la rebelión contra el gobierno, al que consideraban "enemigo de Dios y de la Iglesia". La tensión entre la Iglesia y el Estado volvió a ser muy alta, con disputas sobre el toque de campanas o las procesiones religiosas.
Entre febrero y julio de 1936, hubo 262 fallecidos por violencia política, la mayoría militantes de izquierda. No hubo sacerdotes ni religiosos entre las víctimas mortales en este periodo.
La división de la CEDA
Después de las elecciones de febrero de 1936, la CEDA (el partido católico) se dividió. Su ala moderada quería apoyar a la República, pero no lo logró. El sector liderado por José María Gil Robles se inclinó por boicotear las instituciones republicanas y apoyar un golpe de Estado militar. Los diputados de derecha convirtieron el Congreso en un "campo de batalla" con discusiones muy fuertes, lo que dio una imagen de "desgobierno" y alimentó la tensión.
La Guerra Civil (1936-1939)
Durante la Guerra Civil Española, la Iglesia católica tuvo un papel muy diferente en los dos bandos. En la zona republicana, más de 6.000 miembros del clero fueron asesinados, y los templos fueron cerrados y el culto prohibido. En la zona sublevada (nacional), la Iglesia católica apoyó con entusiasmo la "causa nacional", llamando a la guerra una "cruzada" o "guerra santa". Esto dio a los sublevados y a su líder, el Generalísimo Franco, una legitimidad religiosa.
La zona sublevada: del pronunciamiento a la "Cruzada"
Al principio, los militares que iniciaron el golpe de Estado en España de julio de 1936 no mencionaron la religión en sus proclamas. Sin embargo, el conflicto pronto tomó un carácter religioso. Aunque la Iglesia católica española no participó en la preparación del golpe, la mayoría de los obispos deseaban una intervención del Ejército para poner fin a la situación.
La "sacralización" del levantamiento, es decir, su transformación en una "cruzada", ocurrió rápidamente. Esto fue útil para legitimar el golpe militar. La Iglesia se entregó a los sublevados, especialmente cuando llegaron noticias de la "persecución religiosa" en la zona republicana.
Los militares sublevados comenzaron a usar la defensa de la religión como justificación. El general Mola dijo que querían "imponer el orden" y "edificar un Estado grande, fuerte y poderoso que ha de tener por galardón y remate allá en la altura una cruz de amplios brazos". Muchos religiosos y laicos católicos también proclamaron que la guerra era una "cruzada".
- El problema del País Vasco
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido católico, no se unió al levantamiento militar y permaneció fiel a la República. Por eso, en el País Vasco republicano (Vizcaya y parte de Guipúzcoa), no hubo persecución religiosa. Las iglesias no fueron incendiadas ni cerradas, y el culto católico se desarrolló con normalidad.
El hecho de que el PNV, siendo católico, estuviera en el bando republicano, contradecía la idea de la guerra como una "cruzada". Esto llevó a que el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, y el de Pamplona, Marcelino Olaechea, publicaran una carta pidiendo a los nacionalistas vascos que dejaran de colaborar con la República. El cardenal Isidro Gomá también criticó duramente al lehendakari José Antonio Aguirre por su alianza con el "marxismo".
Sin embargo, algunos sacerdotes vascos fueron asesinados por los "nacionales" por ser "separatistas", lo que provocó protestas del obispo Múgica. Como resultado, el Vaticano le ordenó abandonar España. Múgica, al igual que el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, se negó a firmar la "Carta colectiva del Episcopado Español" de 1937, que justificaba la represión en la "España nacional".
La represión de los sublevados en el País Vasco también incluyó el encarcelamiento de muchos sacerdotes vascos.
La persecución religiosa en la zona republicana
Durante los primeros meses de la guerra en la zona republicana, hubo una "persecución religiosa" con asesinatos, incendios y saqueos. Los responsables fueron grupos extremistas y delincuentes, en medio de una ola de violencia contra las personas e instituciones que representaban el "orden burgués". "Durante varios meses, bastaba con que alguien fuera identificado como sacerdote, religioso o simplemente cristiano practicante para que fuera ejecutado sin juicio". Los revolucionarios veían a la Iglesia española como aliada de la derecha. Ante esta situación, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa.
Las autoridades sublevadas hablaron de cientos de miles de "mártires" religiosos. Un estudio de 1961, realizado por el sacerdote Antonio Montero Moreno, documentó que en la zona republicana fueron asesinados 12 obispos, 4.184 sacerdotes y 2.365 religiosos, además de 263 monjas. Montero Moreno afirmó que no hay precedente en la historia de la Iglesia de un sacrificio tan grande en tan poco tiempo.
Las investigaciones posteriores han aclarado que la mayoría de los asesinatos ocurrieron entre julio y septiembre de 1936, sin juicio. Después, con el gobierno de Francisco Largo Caballero, los juicios populares ofrecieron algunas garantías, y las condenas solían ser de prisión. Tras los sucesos de mayo de 1937 y el gobierno de Juan Negrín, los asesinatos cesaron, y muchos sacerdotes fueron liberados. Sin embargo, el culto público católico siguió prohibido.
La causa más frecuente alegada por los revolucionarios para los asesinatos del clero era que desde las iglesias se había disparado contra las milicias, algo que nunca se pudo demostrar. Las autoridades republicanas, especialmente los gobiernos de Cataluña y el País Vasco, intentaron evitar los asesinatos.
- El País Vasco, la excepción
En el País Vasco republicano, no hubo persecución religiosa. Las iglesias no fueron incendiadas ni cerradas, y el culto católico se desarrolló con normalidad. Esto se debió a que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido católico, permaneció fiel a la República. De hecho, en las primeras semanas de la guerra, diecisiete sacerdotes vascos nacionalistas fueron asesinados por los "nacionales" por ser "separatistas", lo que llevó a la expulsión del obispo de Vitoria, Mateo Múgica Urrestarazu, de la "España nacional".
A pesar de los esfuerzos de algunas autoridades, la Iglesia y el culto católico desaparecieron en la zona republicana, excepto en el País Vasco. Un informe de enero de 1937 del ministro católico Manuel Irujo denunció que todas las iglesias estaban cerradas, muchas incendiadas, y que sacerdotes y religiosos habían sido detenidos y fusilados por miles. Irujo pidió el restablecimiento de la libertad de culto, pero su propuesta fue rechazada por el gobierno, que adujo la alineación de la Iglesia con los sublevados y la falsa creencia de que se había disparado desde los templos.
