Iglesia católica y guerra civil española para niños
La relación entre la Iglesia católica y la Guerra Civil Española es un tema importante para entender este periodo de la historia de España. Durante la Guerra Civil Española, la Iglesia católica tuvo un papel muy diferente en los dos bandos. En la zona controlada por el gobierno de la República, muchos miembros del clero (sacerdotes, monjas y religiosos) perdieron la vida, los templos fueron cerrados y la práctica de la religión católica fue perseguida. En cambio, en la zona controlada por el bando sublevado, la Iglesia católica española apoyó con entusiasmo su causa, llamando a la guerra una "cruzada" o "guerra santa". Esto dio al bando sublevado y a su líder, el general Francisco Franco, una justificación religiosa para su lucha.
Contenido
El conflicto entre la República y la Iglesia católica
La "cuestión religiosa" fue uno de los temas que más dividió a la sociedad española durante la Segunda República Española. Por un lado, estaban los republicanos y socialistas que defendían un Estado laico, es decir, un estado donde la religión y el gobierno están separados. Esto se reflejó en la Constitución de 1931. Por otro lado, la Iglesia católica en España, especialmente su sector más conservador, defendía un "Estado confesional", donde la religión católica fuera la oficial y se prohibiera cualquier otra. Este sector veía las reformas de la República como un ataque a la Iglesia.
Sin embargo, otro grupo dentro de la Iglesia, apoyado por el Vaticano, adoptó una postura más cautelosa. Creían que lo importante era el contenido del gobierno, no su forma. Este grupo intentó llegar a un acuerdo con la República, que había eliminado las ayudas económicas al clero, prohibido a las órdenes religiosas enseñar en escuelas (impulsando la educación pública), y establecido el matrimonio civil, la ley de divorcio y el entierro civil.
La Iglesia católica en la zona sublevada
Del levantamiento a la "cruzada"
Al principio, los líderes del levantamiento militar no mencionaron la religión en sus comunicados. Sin embargo, el conflicto pronto tomó un carácter religioso. Aunque la Iglesia católica española no participó en la preparación del levantamiento, la mayoría de los obispos deseaban una intervención militar para cambiar la situación.
La idea de que el levantamiento era una "cruzada" o "guerra santa" para defender la religión se extendió rápidamente. Esto fue muy útil para justificar el movimiento militar. En algunas zonas, como Navarra, el clero apoyó con entusiasmo a los sublevados, y muchos sacerdotes se ofrecieron como voluntarios. Esta idea de "cruzada" se hizo más fuerte cuando llegaron noticias de la violencia contra la Iglesia en la zona republicana.
Los militares sublevados empezaron a usar la defensa de la religión como una razón para su levantamiento. El general Emilio Mola explicó que buscaban "imponer el orden" y construir un "Estado grande, fuerte y poderoso" que tendría "una cruz de amplios brazos" como símbolo de protección y fe. Otros líderes y religiosos también proclamaron que la guerra era una "cruzada". Por ejemplo, el sacerdote Justo Pérez de Urbel dijo que el objetivo era "rescatar a España para Dios".
La postura de la jerarquía eclesiástica y del Vaticano
La mayoría de los obispos españoles esperaron la opinión del Vaticano antes de hablar públicamente sobre la guerra. El Papa Pío XI se pronunció el 14 de septiembre de 1936. Lamentó las víctimas en la zona republicana y condenó el comunismo, pero no usó la palabra "cruzada" para referirse al conflicto, sino "Guerra Civil". También advirtió que en la defensa de la religión podían mezclarse intereses egoístas. Lo más sorprendente para los partidarios de la "guerra santa" fue la exhortación del Papa a "amar a los enemigos".
Esta parte del discurso del Papa causó desaprobación entre algunos religiosos españoles. En la zona sublevada, el discurso se difundió, pero se omitieron las partes donde se pedía amar a los enemigos. Los obispos españoles, que al principio solo conocieron la versión incompleta, publicaron cartas pastorales apoyando a los sublevados. Destacó la del obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, que declaró la guerra como una "cruzada por la religión, la patria y la civilización". Así, el general Franco fue visto no solo como un líder militar, sino como el "Caudillo" de una nueva "Cruzada".
Franco recibió el apoyo y la bendición de la Iglesia católica. Obispos y sacerdotes lo trataron como un enviado de Dios. El cardenal Isidro Gomá, líder de la Iglesia en España, felicitó a Franco por su nombramiento. Franco le pidió que rezara por él para que Dios le diera fuerzas para "crear una nueva España". El obispo Pla y Deniel incluso cedió su palacio episcopal en Salamanca para que Franco lo usara como su cuartel general.
El cardenal Gomá insistió en la idea de "cruzada", diciendo que la guerra era una lucha de "los sin Dios contra la verdadera España, contra la religión católica".
El Papa Pío XI volvió a hablar de España en marzo de 1937, condenando el comunismo y los asesinatos de religiosos en la zona republicana. Sin embargo, siguió sin llamar a la guerra una "cruzada", a diferencia de lo que hizo con otros conflictos. En la zona sublevada, se difundió la parte que condenaba el comunismo, pero se prohibió la difusión de otra encíclica del Papa que condenaba el nazismo, uno de los aliados de Franco.
Todo esto llevó a una fuerte alianza entre la Iglesia católica y los sublevados. Esto dio origen a una ideología llamada nacionalcatolicismo, que hizo obligatoria la religión en la enseñanza y la imposición de símbolos religiosos en lugares públicos. Franco usó la fe católica para justificar su "Cruzada".
En resumen, la Iglesia católica en España legitimó el discurso de los sublevados con la idea de la "cruzada". Obispos y sacerdotes actuaron como capellanes, bendiciendo armas y banderas. La Iglesia se sintió aliviada por el triunfo de Franco y recibió apoyo económico.
El caso del País Vasco
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido católico, no se unió al levantamiento militar, sino que se mantuvo fiel a la República. Por esta razón, en el País Vasco republicano (que incluía Vizcaya y Guipúzcoa) no hubo persecución religiosa. Las iglesias no fueron incendiadas ni cerradas, y el culto católico se desarrolló con normalidad.
El hecho de que el PNV, siendo católico, estuviera con la República, contradecía la idea de la guerra como una "cruzada". Por ello, en agosto de 1936, los obispos de Vitoria y Pamplona publicaron una carta pastoral (escrita por el cardenal Gomá) pidiendo a los nacionalistas vascos que dejaran de apoyar a la República. El cardenal Gomá argumentó que no era lícito que las fuerzas católicas se unieran al "enemigo" (el marxismo o comunismo) para combatir a sus "hermanos".
El cardenal Gomá también se refirió a sacerdotes vascos que habían sido asesinados por los "nacionales" por ser "separatistas". El obispo de Vitoria, Mateo Múgica Urrestarazu, protestó por estos asesinatos, lo que llevó a que el Vaticano le pidiera que abandonara España. La represión de los sublevados en el País Vasco también incluyó el encarcelamiento de muchos sacerdotes vascos.
La carta colectiva del episcopado español (julio-agosto de 1937)
La Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero fue un documento de los obispos españoles para informar a los católicos de otros países sobre la postura de la Iglesia católica en España en la Guerra Civil. Fue redactada por el cardenal Isidro Gomá a petición del general Francisco Franco, quien quería contrarrestar las críticas internacionales por los asesinatos cometidos por los "nacionales".
Franco logró su objetivo. Los obispos de casi todo el mundo adoptaron el punto de vista del bando sublevado, especialmente por la descripción de la persecución religiosa en la zona republicana. La carta fue muy importante para la propaganda de Franco en el extranjero.
Algunos obispos no firmaron la carta, como el cardenal Francisco Vidal y Barraquer y el obispo Mateo Múgica Urrestarazu. El cardenal Vidal y Barraquer se negó porque creía que la Iglesia no debía identificarse con ninguno de los bandos, sino buscar la paz. También pensaba que el documento era más para propaganda y que su publicación podría empeorar la situación de los religiosos en la zona republicana.
La Iglesia de la Victoria
Casi al final de la guerra, el Vaticano reconoció oficialmente al gobierno de Franco y nombró un representante. El nuevo régimen de Franco usó la colaboración de los sacerdotes católicos y la información de sus archivos parroquiales para llevar a cabo la represión contra los simpatizantes republicanos. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 pedía informes de la policía, el partido de Franco, el alcalde y el párroco de la localidad para investigar a los sospechosos.
Cuando los "nacionales" ganaron la guerra, la Iglesia española celebró con entusiasmo la victoria. El Papa Pío XII, que había sido elegido Papa poco antes, felicitó a Franco por su "victoria católica" el 1 de abril de 1939, el mismo día en que Franco anunció el fin de la guerra. Franco le contestó agradeciendo la bendición por la "heroica cruzada" contra los enemigos de la religión.
El 20 de mayo de 1939, después de un gran desfile en Madrid, se celebró una ceremonia en la Iglesia de Santa Bárbara. El general Franco, con uniforme militar, entró bajo un palio y ofreció su espada de la victoria a Dios. Dijo: "Señor acepta complacido el esfuerzo de este pueblo, siempre tuyo, que conmigo, por Tu Nombre, ha vencido con heroísmo al enemigo de la Verdad en este siglo." Luego, el cardenal Gomá bendijo a Franco, quien estaba de rodillas.
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Finalmente, el 11 de junio de 1939, el Papa Pío XII recibió en el Vaticano a miles de soldados de Franco, a quienes llamó "defensores de la fe y de la civilización".
El historiador Julio Caro Baroja señaló que la Iglesia en la zona nacional colaboró mucho en la tarea de "justicia" de los militares. Había muchos clérigos en las cárceles, predicando a los vencidos y celebrando las victorias.
La Iglesia católica en la zona republicana
La violencia contra la religión
Durante los primeros meses de la guerra en la zona republicana, hubo una fuerte ola de violencia contra la religión. Se produjeron asesinatos, incendios y saqueos de iglesias y conventos. Los responsables fueron grupos extremistas y delincuentes. En esos meses, bastaba con ser identificado como sacerdote, religioso o cristiano practicante para ser ejecutado sin juicio. Los revolucionarios que se oponían al levantamiento militar veían a la Iglesia española como aliada de la derecha. Ante esta situación, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa.
Sobre el número de víctimas, estudios posteriores han documentado que fueron asesinados 12 obispos, 4.184 sacerdotes y 2.365 religiosos. Un estudio de 1961, realizado por el sacerdote Antonio Montero Moreno, afirmó que "en toda la historia de la Iglesia universal no hay un solo precedente... del sacrificio sangriento, en poco más de un semestre, de doce obispos, cuatro mil sacerdotes y más de dos mil religiosos".
Las investigaciones han aclarado que la mayoría de los asesinatos ocurrieron entre julio y septiembre de 1936. Después, con la creación de tribunales populares, las condenas solían ser de prisión, no de muerte. Tras los sucesos de mayo de 1937 y la formación de un nuevo gobierno, los asesinatos cesaron casi por completo, y muchos sacerdotes fueron liberados. Sin embargo, la prohibición del culto público católico continuó.
Una de las razones que se daban para los asesinatos del clero era que se creía que desde las iglesias se había disparado contra las milicias republicanas, aunque nunca se pudo demostrar. Los revolucionarios identificaban a la Iglesia con la derecha.
Las autoridades republicanas, especialmente los gobiernos de Cataluña y el País Vasco, intentaron evitar los asesinatos de sacerdotes y religiosos. En el País Vasco, el gobierno de José Antonio Aguirre logró controlar la situación y no hubo persecución religiosa. En Cataluña, a pesar del caos inicial, el gobierno de Lluís Companys ayudó a miles de personas, incluyendo muchos sacerdotes y religiosos, a huir al extranjero. Políticos como Manuel Carrasco Formiguera y el sindicalista Joan Peiró también trabajaron para salvar vidas, aunque ambos fueron fusilados más tarde por los franquistas.
A pesar de estos esfuerzos, la Iglesia y el culto católico en la zona republicana, excepto en el País Vasco, prácticamente desaparecieron. Un informe de enero de 1937 del ministro católico Manuel Irujo denunció que todas las iglesias estaban cerradas, muchas incendiadas, y los objetos de culto destruidos. También afirmó que miles de sacerdotes y religiosos habían sido detenidos y fusilados. Irujo pidió el restablecimiento de la libertad de culto, pero su propuesta fue rechazada porque la opinión pública no lo aprobaría debido al apoyo de la Iglesia católica al bando sublevado.
El País Vasco, la excepción
En el País Vasco republicano, no hubo persecución religiosa. Las iglesias no fueron incendiadas ni cerradas, y el culto católico se desarrolló con normalidad. Esto se debió a que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido católico, se mantuvo fiel a la República. De hecho, en las primeras semanas de la guerra, diecisiete sacerdotes vascos nacionalistas fueron asesinados por los "nacionales" por ser "separatistas". Esto llevó a la expulsión del obispo de Vitoria, Mateo Múgica Urrestarazu, de la "España nacional" por haber protestado.
El intento de reapertura de las iglesias por el gobierno de Juan Negrín (1937-1939)
En el gobierno de Juan Negrín, el ministro de Justicia, el católico Manuel Irujo, intentó normalizar la vida religiosa en la zona republicana. El gobierno quería mejorar la imagen internacional de la República. Primero, se toleró el culto en casas particulares, y las misas ya no eran perseguidas.
En cuanto al restablecimiento del culto público, el gobierno encontró oposición de anarquistas y de algunas autoridades eclesiásticas, que consideraban que las iglesias no podían reabrirse sin más, olvidando los asesinatos e incendios. En agosto de 1938, el gobierno envió en secreto a un eclesiástico al Vaticano para expresar su deseo de normalizar la vida eclesiástica y reconciliarse con la Iglesia. El Vaticano respondió de forma evasiva, pero dejó la puerta abierta si la situación mejoraba.
Otro gesto de reconciliación fue el entierro católico de un oficial vasco en octubre de 1938, al que asistieron cuatro ministros del gobierno. El 8 de diciembre de 1938, se creó el Comisariado de Cultos de la República para proteger la libertad religiosa. Sin embargo, el culto público no pudo ser restablecido debido a la ofensiva de Cataluña de Franco, que ocupó toda Cataluña en poco tiempo. La reapertura de los templos católicos en Cataluña fue obra de las tropas de Franco, no de la República.
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