Segundo bienio de la Segunda República española para niños

El segundo bienio de la Segunda República española fue un periodo importante en la historia de España, que duró desde finales de 1933 hasta principios de 1936. También se le conoce como el bienio radical-cedista o bienio rectificador. Durante este tiempo, el gobierno estuvo en manos de partidos de centro-derecha, principalmente el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que contaron con el apoyo de la CEDA y el Partido Agrario Español.

Este periodo fue diferente al primer bienio (1931-1933), que había sido más estable. El segundo bienio se caracterizó por muchos cambios de gobierno y una gran inestabilidad política. Los gobiernos duraban poco, y hubo varios presidentes. La razón principal de esta inestabilidad fue que la alianza entre el Partido Republicano Radical y la CEDA no era muy sólida, y también influyó la intervención del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

Durante mucho tiempo, este periodo fue visto como un retroceso, y algunas personas lo llamaron el «bienio negro». Sin embargo, hoy en día, algunos historiadores creen que, al menos antes de la Revolución de octubre de 1934, los gobiernos intentaron ser más conciliadores y no deshicieron todas las reformas anteriores. Después de la Revolución de Octubre, la situación se volvió más tensa.

En resumen, este bienio fue un intento de gobernar la República desde una perspectiva de derecha, pero terminó provocando una división cada vez mayor entre los españoles.

Elecciones de noviembre de 1933

A principios de septiembre de 1933, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, retiró su confianza al presidente del gobierno, Manuel Azaña, quien tuvo que dimitir. Azaña había liderado un gobierno que había hecho muchas reformas, pero que estaba muy desgastado.

Alcalá-Zamora encargó a Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, formar un nuevo gobierno. Pero este gobierno duró solo tres semanas. Entonces, el 7 de octubre, Alcalá-Zamora nombró a Diego Martínez Barrio como nuevo presidente y convocó elecciones generales. El presidente pensaba que el parlamento elegido en 1931 ya no representaba lo que la gente quería.

La nueva ley electoral de 1933 introdujo algunos cambios, pero lo más importante fue que, por primera vez, las mujeres pudieron votar en unas elecciones generales en España. Cerca de siete millones de mujeres fueron llamadas a las urnas. Todos los partidos se dirigieron a ellas durante la campaña.

Partidos y sus propuestas

A diferencia de las elecciones de 1931, los partidos de derecha que no eran republicanos se unieron en una coalición llamada Unión de las Derechas y de los Agrarios. En esta coalición, la CEDA era el partido más grande. Su programa se centraba en tres puntos: revisar la Constitución de 1931 y las leyes reformistas, especialmente las sociales y religiosas; eliminar la Ley de Reforma Agraria de España de 1932; y conceder una amnistía para los condenados por el intento de golpe de Estado de 1932.

La CEDA hizo una gran campaña electoral. Su líder, José María Gil Robles, defendió la necesidad de dar a España una "política totalitaria", buscando un nuevo Estado y afirmando que la democracia era solo un medio para lograrlo.

Por su parte, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux se presentó como una opción de centro, con el lema «República, orden, libertad, justicia social, amnistía». Se alió con otros grupos republicanos de centro-derecha.

Los republicanos de izquierda y los socialistas, que antes habían ido juntos, esta vez se presentaron por separado. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) decidió romper con los republicanos. Su líder, Francisco Largo Caballero, dijo que el partido iría "a la conquista del poder".

La CNT (un sindicato anarquista) hizo una campaña para que la gente no votara, criticando a todos los partidos. Su alternativa era una insurrección si ganaban las "tendencias fascistas".

Resultados de las elecciones

Las elecciones de noviembre de 1933 resultaron en la derrota de los republicanos de izquierda y los socialistas, y el triunfo de la derecha y el centro-derecha. Esto se debió principalmente a que los partidos de derecha se presentaron unidos, mientras que la izquierda lo hizo dividida.

La coalición de derecha obtuvo alrededor de doscientos diputados, con la CEDA como la fuerza más votada. El centro-derecha y el centro consiguieron unos ciento setenta diputados, siendo el Partido Republicano Radical el más fuerte. La izquierda redujo su representación a unos cien parlamentarios.

El resultado más notable fue la aparición de la CEDA como la mayor fuerza en el parlamento. La derrota de la izquierda republicana y los socialistas fue muy significativa. El Partido Radical ocupó una posición central.

Se ha debatido si el voto de las mujeres, supuestamente influenciadas por la Iglesia, y la campaña de abstención de la CNT influyeron en el resultado. Algunos historiadores descartan estas causas, señalando que las mujeres también votaron en 1936 y que la abstención anarquista solo afectó a sectores minoritarios. Sin embargo, otros historiadores creen que la abstención anarquista sí fue más determinante. Lo que sí está claro es que la causa fundamental de la derrota de las izquierdas fue su división, a diferencia de la unión de las derechas.

Intentos de las izquierdas de impedir el gobierno del centro-derecha

Al conocerse la victoria del centro y la derecha, los republicanos de izquierda y los socialistas intentaron que el presidente de la República convocara nuevas elecciones. Manuel Azaña propuso formar un gobierno de izquierda para presidir nuevos comicios, pero Diego Martínez Barrio se negó. Los socialistas también hicieron la misma petición a Niceto Alcalá-Zamora, quien se opuso a violar la Constitución.

En un mitin en enero de 1934, Azaña criticó que quienes se habían presentado con principios "destructores" de la República quisieran gobernarla. Algunos historiadores creen que este intento de impedir el acceso al gobierno de los ganadores de las elecciones fue el inicio de una serie de eventos que llevaron a la guerra civil.

Azaña y otros líderes de izquierda mantuvieron su oposición, contribuyendo a un clima de tensión. En junio de 1934, volvieron a intentar que Alcalá-Zamora disolviera las Cortes, pero el presidente se negó de nuevo.

Insurrección anarquista de diciembre de 1933

Tras la victoria de las derechas en las elecciones, la CNT decidió llevar a cabo una insurrección, la tercera de la República. Los socialistas no participaron. El 8 de diciembre, el mismo día en que se abrieron las nuevas Cortes, la insurrección comenzó en Zaragoza y se extendió a otras localidades. Los revolucionarios intentaron establecer el "comunismo libertario", tomando cuarteles, deteniendo autoridades y quemando iglesias.

El gobierno respondió con una dura represión. El movimiento fue rápidamente controlado en la mayoría de los lugares. El balance fue de 75 muertos entre los insurrectos y 14 entre las fuerzas del orden. El fracaso dejó a la CNT muy debilitada.

Primeros gobiernos radicales (diciembre de 1933–octubre de 1934)

Entre diciembre de 1933 y octubre de 1934, hubo tres gobiernos del Partido Republicano Radical, apoyados por la CEDA y otros partidos menores. El objetivo principal de estos gobiernos era lograr una "República para todos los españoles" y "rectificar" las reformas del primer bienio.

Durante este periodo, la política fue moderada y pragmática. Aunque se hicieron algunos cambios, no se anularon los aspectos principales que identificaban a la República con la política de izquierdas. Sin embargo, estas medidas, por limitadas que fueran, exasperaron a la izquierda y también a la derecha, que las consideraba insuficientes.

En el ámbito local y laboral, no hubo una persecución sistemática de los socialistas antes de octubre de 1934. Sin embargo, algunos historiadores señalan que los radicales buscaron neutralizar a los socialistas de las instituciones, especialmente después de la llegada de Rafael Salazar Alonso al Ministerio de la Gobernación en marzo de 1934, quien endureció las políticas de orden público.

Alianza de los radicales con la CEDA

Para formar un gobierno estable, el Partido Republicano Radical y la CEDA tuvieron que llegar a un acuerdo, apoyados por otros grupos. Alejandro Lerroux recibió el encargo de formar un gobierno "puramente republicano", pero necesitaba el apoyo de la CEDA.

Los radicales justificaron esta alianza como la única forma de integrar a la derecha católica en la República. La CEDA, por su parte, lo vio como una forma de acercarse al poder para reformar la Constitución. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, había expresado su intención de transformar el sistema democrático en un régimen más autoritario.

Los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron este pacto una "traición a la República". El PSOE amenazó con iniciar una revolución si la CEDA entraba en el gobierno.

El nuevo gobierno de Lerroux se propuso "moderar" las reformas del primer bienio, no anularlas. Sin embargo, pronto surgieron tensiones porque la CEDA quería ir más allá en la "rectificación".

Primera crisis: dimisión de Martínez Barrio y ley de amnistía (marzo-abril de 1934)

Diego Martínez Barrio, vicepresidente del gobierno de Lerroux, criticó la colaboración con la CEDA y la política cada vez más derechista del gobierno. Dimitió a finales de febrero de 1934. Su salida hizo que Lerroux cediera más a la presión de la CEDA.

El 20 de abril de 1934, las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía, que liberaba a los implicados en el golpe de Estado de 1932. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, intentó vetar la ley, pero finalmente tuvo que firmarla. Lerroux dimitió al sentir que había perdido la confianza del presidente. Ricardo Samper fue nombrado nuevo presidente del gobierno el 28 de abril de 1934.

Gobierno de Ricardo Samper (abril-octubre de 1934)

El gobierno de Ricardo Samper duró cinco meses. Su principal problema fue que perdió el apoyo de diecinueve diputados de su partido, que fundaron el Partido Radical Demócrata. Esto hizo que el gobierno dependiera aún más de la CEDA.

La CEDA presionó al gobierno no solo desde el parlamento, sino también con grandes concentraciones públicas, donde se exaltaba la figura de su líder, José María Gil Robles.

Realizaciones de los gobiernos radicales

Hasta octubre de 1934, hubo cierta continuidad con las leyes republicanas, pero con cambios significativos. Se rechazó el desarrollo del Estado autonómico y algunas reformas laborales.

La "cuestión militar"

La reforma militar de Azaña se mantuvo. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, promovió a militares de dudosa lealtad a la República, como el general Franco, a quien encargó dirigir las operaciones militares contra la Revolución de Asturias de 1934. Al mismo tiempo, se prohibió a los militares participar en política.

La "cuestión religiosa" (y educativa)

La derecha católica pidió una "rectificación" de las leyes que afectaban a sus creencias. El gobierno intentó encontrar un equilibrio, modificando la legislación pero sin anularla. No se abolieron el divorcio ni el reconocimiento de los hijos naturales.

El gobierno aprobó una ley para ayudar económicamente a los clérigos más pobres, aunque la CEDA y la izquierda la criticaron por razones opuestas. La Semana Santa pudo celebrarse con normalidad en 1934 en la mayoría de los lugares.

En educación, el gobierno prorrogó los plazos para la sustitución de las escuelas religiosas por públicas, pero siguió construyendo escuelas públicas. También se suprimió la coeducación, una demanda de la derecha católica. Sin embargo, el gasto en educación aumentó y el número de maestros de primaria creció.

Los gobiernos radicales también permitieron un aumento de la presencia pública del culto católico y devolvieron algunos bienes a los jesuitas. Además, intentaron negociar un acuerdo con el Vaticano, pero no se llegó a un acuerdo debido a las exigencias de la Iglesia de revisar la legislación "antirreligiosa".

La "cuestión social": presión patronal y ofensiva de la CNT y la UGT

Las reformas laborales del primer bienio fueron parcialmente modificadas bajo la presión de los empresarios, pero no se eliminaron por completo. Los sindicatos mantuvieron una gran capacidad de movilización, lo que llevó a una oleada de huelgas en 1934. Esto obligó al gobierno a mantener los Jurados Mixtos para resolver los conflictos laborales, lo que generó descontento entre los empresarios.

Los patronos esperaban que se revocara la legislación laboral, pero los gobiernos radicales no cumplieron todas sus expectativas. En algunos conflictos, las autoridades se inclinaron a favor de los sindicatos.

Una de las principales realizaciones de los gobiernos radicales fue la Ley de Coordinación Sanitaria de junio de 1934, que buscaba crear un sistema nacional de salud. Sin embargo, esta ley no prosperó completamente debido a la falta de presupuesto y el desinterés de la CEDA.

La "cuestión agraria": huelga general campesina

El ministro de Agricultura, Cirilo del Río Rodríguez, respetó la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y en 1934 se asentaron más campesinos que en el bienio anterior. Sin embargo, el objetivo principal era reducir el "poder socialista" en el campo, anulando o modificando decretos agrarios anteriores.

La Ley de Términos Municipales fue derogada, y se cambió la forma de nombrar a los presidentes de los Jurados Mixtos, lo que redujo el control sindical sobre el trabajo en el campo.

Los propietarios rurales interpretaron la victoria de la derecha como un triunfo sobre los jornaleros. Algunos historiadores señalan que los salarios agrícolas cayeron, mientras que otros afirman que no volvieron a ser "salarios de hambre".

En febrero de 1934, no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos, lo que llevó al desalojo de miles de familias de las tierras que cultivaban.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) convocó una huelga general para junio de 1934, en plena época de siega. La huelga afectó a más de quinientos municipios y fue la mayor huelga agraria de la historia de España.

El gobierno, con el apoyo del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, reprimió duramente la huelga. Hubo más de diez mil detenciones, y muchos ayuntamientos de izquierda fueron destituidos. Esto debilitó el sindicalismo agrario.

La "cuestión regional": paralización del Estatuto Vasco y conflicto con la Generalidad de Cataluña

Los gobiernos radicales frenaron el impulso de las autonomías, lo que causó tensiones. El proceso del Estatuto de autonomía del País Vasco se paralizó en febrero de 1934. Los diputados del PNV se retiraron de las Cortes en protesta.

También surgió un conflicto por el Concierto Económico vasco, lo que provocó una rebelión de los ayuntamientos. El gobierno intentó impedirla, deteniendo a alcaldes y concejales.

El conflicto con la Generalidad de Cataluña se produjo por la Ley de Contratos de Cultivo, que facilitaba a los arrendatarios la compra de tierras. Los propietarios protestaron, y el Tribunal de Garantías Constitucionales la declaró inconstitucional.

La Generalidad de Cataluña respondió retirando a sus diputados de las Cortes y aprobando una ley idéntica, lo que fue un desafío al gobierno central. Los socialistas y republicanos de izquierda apoyaron a la Generalitat. El gobierno de Samper intentó negociar, pero la CEDA le retiró su apoyo, lo que llevó a la crisis de octubre de 1934.

Revolución de octubre de 1934

La "Revolución de Octubre de 1934" fue la mayor insurrección obrera en la historia de España y marcó un antes y un después en la República. Para muchos, fue un golpe muy duro para la democracia española.

Factor desencadenante: entrada de la CEDA en el gobierno

Tras las vacaciones de verano de 1934, la CEDA retiró su apoyo al gobierno de Ricardo Samper y exigió entrar en el mismo. Samper dimitió. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a pesar de las presiones de la izquierda para que no lo hiciera, nombró de nuevo a Alejandro Lerroux presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA.

La composición del nuevo gobierno se hizo pública el 4 de octubre. Los socialistas cumplieron su amenaza y convocaron una "huelga general revolucionaria" que comenzaría en la medianoche del 5 de octubre.

Radicalización de los socialistas

Los socialistas españoles, que antes buscaban el socialismo por la vía parlamentaria, abandonaron esta estrategia tras su exclusión del gobierno en septiembre de 1933. Decidieron optar por la vía insurreccional para tomar el poder.

El PSOE se comprometió a "defender la República contra toda agresión reaccionaria" y a "conquistar el Poder político como medio indispensable para implantar el socialismo". También anunciaron que no permitirían que se corrigieran las leyes sociales aprobadas cuando estaban en el gobierno.

En las elecciones de 1933, el PSOE se presentó solo. Francisco Largo Caballero afirmó que el partido iría "a la conquista del poder". En enero de 1934, dijo que la clase trabajadora debía prepararse para "luchar en las calles con la burguesía".

La radicalización socialista se debió a la presión de las bases obreras y a lo sucedido en Alemania y Austria, donde los partidos socialistas fueron suprimidos o aplastados. Los socialistas españoles temían correr la misma suerte. También influyó la aparición de la violencia de Falange Española y la agresividad verbal de José María Gil Robles.

Camino a la insurrección

Tras la derrota de los moderados, se formó una Comisión Mixta para organizar la huelga general revolucionaria y el movimiento armado. Se dieron instrucciones para formar "comités revolucionarios" locales y milicias.

Indalecio Prieto fue el encargado de la preparación militar, pero no logró atraer a los militares ni hacer llegar las armas a los comités. La preparación del levantamiento fue deficiente.

La huelga campesina de junio de 1934, convocada por la FNTT sin la aprobación de la UGT, fue duramente reprimida y desarticuló el sindicalismo socialista en el campo.

Existían discrepancias entre los socialistas sobre la estrategia a seguir. Largo Caballero solo apoyó las Alianzas Obreras con pequeñas organizaciones proletarias, pero no buscó el apoyo de los republicanos de izquierda.

La oportunidad para el levantamiento surgió cuando la CEDA exigió entrar en el gobierno. El 4 de octubre, Alejandro Lerroux formó un nuevo gobierno con ministros de la CEDA. Ese mismo día, el comité revolucionario socialista convocó la huelga general. La CNT no apoyó la convocatoria, excepto en Asturias.

Los socialistas presentaron el movimiento como una "defensa de la República" frente a la entrada de la CEDA en el gobierno, a la que consideraban una "provocación reaccionaria".

Huelga insurreccional

La "huelga general revolucionaria" comenzó el 5 de octubre y fue seguida en casi todas las ciudades, pero no en el campo. La insurrección armada, salvo en Asturias, se limitó a algunos tiroteos y ninguna población importante fue tomada por los revolucionarios, debido a la falta de preparación.

En Madrid, la huelga fue seguida, pero los intentos de ocupar edificios militares fracasaron. En el País Vasco, la huelga se mantuvo en algunos puntos, con enfrentamientos armados en la zona minera de Vizcaya.

La insurrección fracasó en la mayoría de los lugares porque los militantes esperaban que los soldados se unieran a ellos, lo que nunca ocurrió. El Ejército, al proclamar el "estado de guerra", restableció el orden. La revolución careció de una planificación adecuada y no contó con el apoyo de la CNT (excepto en Asturias) ni de los jornaleros del campo.

Proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española

El 6 de octubre, el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por Lluís Companys, anunció que rompía con las instituciones de la República y proclamó el "Estado catalán en la República Federal Española". Sin embargo, esta acción no tuvo conexión con la revolución obrera, y la Generalidad se negó a armar a los revolucionarios.

La falta de planificación y la pasividad de la CNT hicieron que la rebelión catalana terminara rápidamente el 7 de octubre, con la intervención del Ejército. Lluís Companys y los miembros de su gobierno fueron encarcelados. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 fue suspendido, y las competencias de Orden Público regresaron al Gobierno central.

Revolución de Asturias

En Asturias, a diferencia del resto de España, sí se produjo un intento de revolución social, conocido como el "Octubre Rojo". Esto se debió a que la CNT se unió a la Alianza Obrera junto con la UGT, y la insurrección fue preparada con más detalle, con aprovisionamiento de armas y dinamita.

La insurrección comenzó la noche del 5 al 6 de octubre. Las milicias obreras, en su mayoría mineros, tomaron rápidamente el control de las cuencas del Nalón y del Caudal, y entraron en Oviedo. Un "comité revolucionario" coordinó los comités locales y trató de mantener el "orden revolucionario", aunque no pudo impedir la violencia contra propietarios, personas de derecha y religiosos.

El 10 de octubre, tropas coloniales (legionarios y regulares) desembarcaron en Gijón, mientras otra columna avanzaba desde Galicia. La operación fue dirigida desde Madrid por el general Franco. El 18 de octubre, los insurrectos se rindieron. El balance fue de mil cien muertos y dos mil heridos entre los insurrectos, y unos trescientos muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. La represión fue muy severa.

Este evento fue un "trágico prólogo de la guerra civil", aunque no fue el inicio de la guerra civil en sí.

Interpretaciones de la "Revolución de Octubre" por parte de la derecha y de la izquierda

La derecha interpretó la "Revolución de Octubre" como obra de la "Anti-España", identificando a la Patria con sus propios valores. Los diarios conservadores calificaron a los revolucionarios como "fieras". Se exaltó el papel del Ejército como "columna vertebral de la Patria". La derecha antirrepublicana vio la insurrección como una confirmación de que la "revolución antiespañola" estaba en marcha y que solo podía ser vencida por la fuerza.

Para la derecha, Octubre reafirmó que el Ejército era la última garantía frente al cambio revolucionario.

Por su parte, las izquierdas no condenaron la insurrección, sino que la justificaron alegando que se había permitido la llegada de "los enemigos de la República" al Gobierno. Consideraron "Octubre" como una acción "heroica" y un mito que reforzaba el victimismo. La falta de condena de la izquierda republicana a la insurrección socialista fue un hecho grave.

Represión gubernamental

Se hicieron unos treinta mil prisioneros en toda España. Las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión por parte del Ejército y la Guardia Civil. Hubo situaciones difíciles para los detenidos. La prensa de derechas exigió represalias.

Los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte, pero solo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y otros partidos.

El presidente de la Generalidad Catalana, Lluís Companys, y sus consejeros fueron condenados a 30 años de cárcel. En Asturias, se dictaron 17 sentencias de muerte, de las que solo se cumplieron dos. La conmutación de la pena de muerte a dos dirigentes socialistas de Asturias provocó una grave crisis en el gobierno.

A pesar de los temores de la izquierda, ni el PSOE ni la UGT fueron ilegalizados, ni el Estatuto de Cataluña fue abolido (aunque sí suspendido temporalmente). Sin embargo, la organización socialista quedó desmantelada, muchas de sus sedes fueron clausuradas y su prensa silenciada. Los simpatizantes de izquierda fueron perseguidos.

Muchos intelectuales denunciaron las dificultades que sufrieron los prisioneros. El expresidente del gobierno Manuel Azaña fue detenido en Barcelona por su presunta implicación en la revolución, aunque no tuvo nada que ver. Estuvo tres meses en prisión hasta que el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad por falta de pruebas. Su detención, que fue dudosa legalmente, aumentó su popularidad.

Razones del fracaso de la Revolución de Octubre

El fracaso de la Revolución de Octubre se debió a varios factores: una planificación deficiente, la falta de objetivos políticos claros, la abstención de un sector importante de la clase obrera organizada, la ausencia de una dirección política centralizada, y que el Estado mantuvo intacta su capacidad de respuesta.

Los socialistas habían amenazado con hacer la revolución si la CEDA entraba en el gobierno, pensando que esto bastaría para impedirlo. Sin embargo, quedaron atrapados en su propia amenaza y se vieron obligados a actuar cuando sus adversarios ya estaban preparados para sofocar sus intentos.

La insurrección tuvo escasa preparación y le faltó el apoyo campesino y anarquista. Los preparativos socialistas fueron limitados, y la acción gubernamental fue rápida. No hubo un colapso ni división de los mecanismos de defensa del Estado.

Gobiernos radical-cedistas (octubre de 1934-septiembre de 1935)

Aunque los socialistas salieron de la "Revolución de Octubre" debilitados, este evento aumentó el temor de la derecha a una futura "revolución bolchevique". José María Gil Robles mantuvo su estrategia de acceder al poder por la vía parlamentaria, pero aumentó la presión sobre el Partido Republicano Radical para llevar a cabo una política más "antirreformista".

Durante esta etapa, se produjo un desmantelamiento de las reformas del primer bienio. Se destituyeron muchas administraciones municipales controladas por socialistas o la izquierda republicana. Los instrumentos de protección de los trabajadores dejaron de funcionar, los salarios se redujeron y se limitó el derecho de huelga. Las medidas a favor de los campesinos pobres fueron saboteadas. Las cárceles siguieron llenas de detenidos.

Tensiones entre el Partido Radical y la CEDA: entrada en el gobierno de Gil Robles

La primera tensión entre radicales y cedistas fue por la represión de la "Revolución de Octubre". La CEDA exigió la destitución de ministros a los que consideraba responsables.

La crisis más grave ocurrió en abril de 1935, cuando los ministros de la CEDA dimitieron al negarse a aprobar la conmutación de la pena de muerte a dos dirigentes socialistas de la "Revolución de Asturias". Alejandro Lerroux formó un nuevo gobierno, pero no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios. Finalmente, Lerroux se vio obligado a aceptar las exigencias de la derecha: la CEDA aumentó su número de ministros a cinco, y José María Gil Robles asumió el Ministerio de la Guerra.

Con este nuevo gobierno, la mayoría ya no la tenían los republicanos de centro-derecha, sino la derecha no republicana de la CEDA. La política se volvió aún más conservadora. Un hecho simbólico fue la decisión de Clara Campoamor de abandonar el Partido Republicano Radical por la deriva derechista del partido.

Política agraria de Giménez Fernández y "contrarreforma" de Nicasio Velayos

Entre octubre de 1934 y abril de 1935, el cedista moderado Manuel Giménez Fernández ocupó el Ministerio de Agricultura. Aunque suspendió temporalmente las expropiaciones de la Ley de Reforma Agraria de 1932, amplió la legislación con la Ley de Yunteros de 1934, que prorrogaba la ocupación de tierras por los campesinos extremeños. Sin embargo, esta ley tuvo dificultades para aplicarse y no se renovó.

Un proyecto más ambicioso de Giménez Fernández fue la Ley de Arrendamientos Rústicos, que buscaba proteger los derechos de los colonos, pero fue modificada en las Cortes, perdiendo su contenido social.

Estas iniciativas le valieron a Giménez Fernández el apodo de "marxista disfrazado" por parte de los propietarios. En el nuevo gabinete de mayo de 1935, fue sustituido por Nicasio Velayos Velayos, del Partido Agrario, quien inició una política claramente "contrarreformista".

La Ley para la Reforma de la Reforma Agraria, aprobada en agosto de 1935, supuso la paralización definitiva de la reforma agraria iniciada en el primer bienio. Limitó los fondos para indemnizaciones y detuvo la elaboración del Registro de la Propiedad Expropiable. Sin embargo, introdujo la posibilidad de expropiaciones por "utilidad social", que sería utilizada más tarde.

Las organizaciones socialistas de jornaleros quedaron desmanteladas, los jurados mixtos en el campo dejaron de funcionar, y muchos ayuntamientos socialistas y republicanos de izquierda fueron sustituidos. Esto llevó a un deterioro de las condiciones de vida de los jornaleros, con salarios más bajos y aumento del desempleo.

"Contrarreforma" sociolaboral

Después de la "Revolución de Octubre", se suspendieron los plenos de los Jurados Mixtos, y su reforma en julio de 1935 limitó su alcance. Los patronos no quedaron satisfechos, pero los Jurados Mixtos dejaron de funcionar en la práctica.

El desmantelamiento de la estructura de arbitraje y negociación laboral llevó al límite la situación de los sindicatos. Se declaró ilegales las "huelgas abusivas", y miles de obreros perdieron su trabajo. Los salarios se congelaron o disminuyeron, y la jornada laboral aumentó en algunos sectores. El desempleo creció, alcanzando los setecientos ochenta mil parados a finales de 1935.

Política militar de Gil Robles

Tras la "Revolución de Octubre", se produjo un retroceso en la política militar. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, dimitió, y Alejandro Lerroux asumió la cartera. Se permitió el reingreso en el Ejército a generales monárquicos.

El 6 de mayo de 1935, José María Gil Robles asumió el Ministerio de la Guerra. Desde este puesto, reforzó el papel de militares con lealtad dudosa hacia la República. Militares como el general Fanjul, el general Franco (Jefe del Estado Mayor Central) y el general Emilio Mola (jefe del Ejército de Marruecos) ocuparon puestos clave. Estos generales serían quienes liderarían la sublevación de julio de 1936.

Los militares más leales a la República fueron cesados, y los oficiales considerados "izquierdistas" sufrieron represalias. Gil Robles buscó politizar el Ejército en un sentido derechista, realizando una "purga" de jefes y oficiales republicanos. Cuando dejó el cargo en diciembre de 1935, la plantilla del Ejército había crecido un 25%.

Gil Robles también nombró a muchos militares de la Unión Militar Española (UME), una organización antirrepublicana, para cargos importantes. Un documento secreto de la UME reconocía que se había facilitado la colocación de personal de la organización en puestos clave. El general Franco reconoció años después que en este periodo se otorgaron los mandos que serían importantes en la guerra civil.

Fin del segundo bienio (septiembre, 1935 - febrero, 1936)

Fracaso de la reforma constitucional y hundimiento de los radicales

Uno de los acuerdos entre los partidos del gobierno de Lerroux de mayo de 1935 fue presentar un proyecto de "revisión" de la Constitución de 1931. Se propuso cambiar o suprimir 41 artículos, recortando la autonomía de las regiones, abriendo el camino a la supresión del divorcio, anulando la socialización de la propiedad privada y reformando los artículos religiosos. Sin embargo, los debates se alargaron y el proyecto no satisfizo a nadie.

En septiembre de 1935, José María Gil Robles declaró que aspiraba a la "revisión total" de la Constitución. La cuestión de la reforma constitucional y la devolución de competencias a la Generalidad catalana provocaron una crisis en el gobierno.

El 17 de septiembre, varios ministros dimitieron, y Lerroux disolvió su gobierno. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, nombró a Joaquín Chapaprieta como nuevo presidente del gobierno. Este gabinete mantuvo la alianza radical-cedista, pero se vio afectado por el estallido del escándalo del estraperlo, que provocó la salida de Lerroux del gobierno y el hundimiento del Partido Republicano Radical.

El escándalo del "estraperlo", aunque de poca importancia en cuanto a dinero, fue decisivo para la caída de Lerroux y su partido. Algunos historiadores atribuyen un papel importante al propio presidente Alcalá-Zamora en este desenlace.

Ofensiva final de la CEDA y conato de golpe de Estado

El hundimiento de los radicales convenció a José María Gil Robles de que había llegado el momento de alcanzar el poder. Retiró su apoyo al gobierno de Joaquín Chapaprieta, quien dimitió el 8 de diciembre. Gil Robles exigió la presidencia del gobierno.

Sin embargo, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se negó a dar el poder a la CEDA, una fuerza que no había declarado su lealtad a la República. Temía que Gil Robles transformara el sistema democrático en un Estado conservador y autoritario.

En una tensa conversación, Gil Robles advirtió a Alcalá-Zamora que, si su política fracasaba, solo quedarían "soluciones violentas". Gil Robles salió convencido de que Alcalá-Zamora disolvería las Cortes.

El general Fanjul ofreció a Gil Robles tomar el poder con las tropas de Madrid, pero Gil Robles no lo aceptó directamente, aunque tampoco lo impidió. Se convocó una reunión de militares, pero el general Franco decidió no llevar a cabo un golpe de Estado en ese momento.

Finalmente, el 12 de diciembre, Gil Robles abandonó el Ministerio de la Guerra. El presidente de la República encargó la formación de gobierno a Manuel Portela Valladares, un independiente sin apoyos parlamentarios sólidos. Portela formó un gabinete republicano de centro-derecha, sin la participación de la CEDA.

Alcalá-Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero de 1936 y convocó elecciones para el 16 de febrero. Al mismo tiempo, encargó a Portela que formara un partido republicano de centro para ganar las elecciones y consolidar la democracia.

La actuación de Alcalá-Zamora ha sido muy debatida. Algunos historiadores creen que sus intenciones eran buenas, buscando mantener a España en el sistema democrático, pero sus métodos fueron inadecuados. Otros lo critican por negarse a dar el poder a la CEDA, el partido más votado, lo que consideran un error que contribuyó a la inestabilidad.

Integración de la izquierda republicana y socialista en torno a Manuel Azaña

La propuesta de volver a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió de Manuel Azaña, quien se había convertido en un símbolo para la izquierda tras su detención. Azaña recorrió el país promoviendo una "inteligencia republicana" para restaurar los valores de 1931.

En abril de 1935, Azaña logró un pacto de "Conjunción Republicana" entre su partido, Izquierda Republicana, y otros grupos republicanos. A mediados de noviembre de 1935, ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral.

El sector "izquierdista" del PSOE, liderado por Francisco Largo Caballero, impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en la coalición. El PCE había cambiado su postura tras el congreso de la III Internacional en Moscú, que promovía la formación de "frentes antifascistas". El pacto de la coalición electoral se firmó el 15 de enero de 1936.

El programa de la coalición, conocida como "Frente Popular", era el de los republicanos de izquierda. Incluía la amnistía para los delitos "políticos y sociales" (la liberación de los detenidos por la "Revolución de Octubre"), la continuidad de las reformas del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía. El gobierno estaría formado solo por republicanos de izquierda, y los socialistas lo apoyarían desde el parlamento.

Elecciones de febrero de 1936

Frente a la coalición del "Frente Popular", las derechas no pudieron formar un frente unido como en 1933. La CEDA se alió con fuerzas antirrepublicanas en algunas circunscripciones y con el centro-derecha republicano en otras. José María Gil Robles intentó formar un "Frente Nacional Antirrevolucionario" para impedir el triunfo de la izquierda.

También se presentó una tercera opción "centrista" liderada por Manuel Portela Valladares, con el apoyo del presidente Niceto Alcalá-Zamora, que buscaba consolidar un centro republicano.

Las elecciones registraron la participación más alta de la Segunda República. El resultado fue un reparto muy equilibrado de votos, con una ligera ventaja para las izquierdas. Sin embargo, el sistema electoral favoreció a los ganadores, lo que se tradujo en una amplia mayoría para la coalición del "Frente Popular".

El Partido Republicano Radical sufrió una gran derrota electoral. Los resultados mostraron la consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda, la CEDA y el PSOE. El PCE entró en el parlamento con diecisiete diputados.

En total, el "Frente Popular" obtuvo 263 diputados, la derecha 156 y los partidos de centro-derecha 54. La izquierda regresaba al poder, pero el gobierno y el programa eran moderados, formados solo por republicanos.