Historia del Tratado de Lisboa para niños
La historia del Tratado de Lisboa trata sobre cómo la Unión Europea (UE) intentó cambiar sus reglas para funcionar mejor. Estos cambios llevaron a la creación del Tratado de Lisboa en 2007. Después de su firma, los países de la UE tuvieron que aprobarlo, un proceso que terminó en noviembre de 2009. El tratado comenzó a aplicarse en diciembre de 2009.
La idea de este tratado surgió porque la UE necesitaba actualizar sus normas, especialmente después de que diez nuevos países se unieran en 2004. Para ello, se creó la Convención sobre el futuro de Europa, que propuso un primer borrador para una Constitución de la Unión Europea.
Esta Constitución fue firmada en Roma en octubre de 2004. Sin embargo, para que entrara en vigor, cada país miembro debía aprobarla. Cuando Francia y los Países Bajos la rechazaron en votaciones populares, quedó claro que la Constitución no podía aplicarse, ya que se necesitaba la aprobación de todos los países.
Por eso, en la Declaración de Berlín de 2007, los países de la UE acordaron crear un nuevo tratado. Querían que estuviera listo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y que fuera aprobado para mediados de ese año.
El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Desde entonces, la Unión ha enfrentado varios desafíos, como una importante crisis económica, problemas con la moneda única, dificultades económicas en Grecia, tensiones con Rusia por sus relaciones con Ucrania, un gran número de personas buscando refugio en Europa, la incertidumbre causada por la salida del Reino Unido de la UE, desacuerdos comerciales y la pandemia de COVID-19.
A pesar de estos desafíos, la Unión ha trabajado para abordar temas complejos como su identidad, su autonomía y la ayuda a los refugiados. Los líderes de la UE han tenido que adaptarse para resolver estos problemas, que podrían afectar el futuro de la Unión, y también han tenido que lidiar con la opinión pública, que a veces no está de acuerdo.
En este contexto, algunos creen que la UE debería ser una organización más representativa y proponen cambios en el Tratado de Lisboa, a partir de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La tabla de la derecha muestra cómo cada país de la UE fue aprobando el tratado. La aprobación del jefe de Estado significa que el parlamento del país ya lo ha aceptado, y el "depósito del Tratado" es el último paso para que la aprobación sea oficial.
Contenido
Antecedentes
Convención sobre el futuro de Europa
La Convención sobre el futuro de Europa (o Convención Europea o Convención Constituyente) fue la convención europea encargada de redactar el borrador de Constitución Europea que sirvió de base para el texto final presentado a ratificación en los Estados miembros de la Unión Europea. Establecida en 2002, la Convención sobre el Futuro de Europa debatió modelos alternativos y visiones de la Unión Europea. Estaba formada por parlamentarios nacionales y europarlamentarios, miembros de la Comisión Europea, parlamentarios de los países candidatos a la ampliación y diversos observadores. Fue la base para la conferencia intergubernamental de 2004.
La Convención sobre el futuro de Europa concluyó sus trabajos el 18 de julio de 2003, cerrando un periodo de 17 meses de trabajo en los que Se sus miembros se reunieron en sesión plenaria en veintiséis ocasiones (cincuenta y dos días) oyendo más de 1800 intervenciones.
Según el miembro de la Convención Alain Lamassoure, el término convención fue elegido en referencia a la Convención de Filadelfia que llevó a la Constitución de los Estados Unidos.
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (conocido como Constitución Europea o Tratado Constitucional) fue un tratado internacional no ratificado destinado a crear una constitución consolidada para la Unión Europea (UE). De haber sido aprobado, habría reemplazado los tratados existentes de la UE con un solo texto, otorgando fuerza legal a la Carta de los Derechos Fundamentales, y ampliado la votación a mayoría cualificada en áreas de política que previamente se habían decidido por unanimidad entre los Estados miembro de la Unión.
El proyecto del tratado había sido aprobado el 18 de junio de 2003, siendo firmado en Roma por los jefes de gobierno de los países que formaban la Unión Europea a 29 de octubre de 2004. El 12 de enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones, en la que recomendó a los Estados miembros que ratificaran la Constitución. En España, por ejemplo, el tratado fue ratificado con una clara victoria del sí en un referéndum con una participación del 42 % del censo. En cambio, el resultado de un referéndum en Francia y otro referéndum en los Países Bajos fue de oposición al tratado, lo cual hizo que el documento no llegase a entrar en vigor y provocó una crisis institucional europea.
Este documento reemplazaría los tratados constitutivos (Tratado de París, mientras existió la CECA, y Tratados de Roma) y los Tratados y Actas que los modifican (Bruselas, Acta Única Europea, Maastricht, Ámsterdam, Niza y los sucesivos Tratados de Adhesión) que fijan las normas de funcionamiento y actuación de la UE.
Nuevo impulso
Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea (2007)
Estaba previsto que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa entrase en vigor el 11 de noviembre de 2006, después de que fuera ratificado por los Estados miembros, pero ante la victoria del "no" en Francia y Países Bajos, la Cumbre del Consejo Europeo del 15 y 16 de junio de 2006 tomó nuevas resoluciones.
Se estableció que durante la presidencia a cargo de Alemania se elaborará una propuesta que fue aprobada el 23 de junio de ese año bajo el nombre de Tratado de reforma (conocido posteriormente como Tratado de Lisboa). Para su elaboración, Alemania asumió el papel de 'mediador' entre los distintos Estados miembros de la Unión, para impulsar la reforma institucional, manteniendo los elementos políticos sustanciales del proyecto constitucional.
El consejo alcanzó un acuerdo respecto al puesto, papel y poderes del futuro representante de la Política exterior de la UE. Así, se estableció que el jefe de Política Exterior —y también vicepresidente de la Comisión Europea— se llamaría Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR). Se estableció que el nuevo cargo combinaría los puestos ostentados por el representante de Política Exterior y el comisario de Relaciones exteriores, que controlaba el presupuesto de ayuda de la Comisión y al personal de esta área. Además presidiría el Consejo de ministros de Asuntos exteriores.
Declaración de Berlín
En la Declaración de Berlín, los líderes de la UE de manera no oficial establecieron un nuevo calendario para el nuevo tratado;
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La idea de suscribir una declaración con motivo del quincuagésimo aniversario de los Tratados de Roma surgió en la cumbre del Consejo Europeo de junio de 2006 en Bruselas. El objetivo principal era remarcar la importancia que tuvieron los Tratados de Roma de 1957, que instituyeron la Comunidad Económica Europea (CEE) y Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), considerados junto con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) los "Tratados Constitutivos" de las Comunidades Europeas.
Los seis firmantes de dichos Tratados: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, firmaron también el Tratado de fusión (o Tratado de Bruselas) de 1965 que estableció un único poder ejecutivo para las tres, y sería el embrión de la futura Unión Europea (UE).
Otro de los objetivos planteados en la cumbre de 2006 fue el de recordar y reafirmar el compromiso compartido con "los valores y ambiciones" de Europa.
La presidencia alemana realizó consultas bilaterales con los designados por los Estados miembros sobre el contenido de la declaración y tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea presentaron algunas propuestas, como la del primer ministro de Luxemburgo y presidente de la Eurozona, Jean-Claude Juncker de citar al euro.
Propuestas como la expuesta por Hans-Gert Pöttering de crear un Museo de Historia de la Unión Europea y un galardón para premiar el compromiso de los jóvenes con la idea europea, no fueron incluido en la declaración final.
Consejo Europeo de junio de 2007
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Primero, no aceptaremos un tratado que permita que la Carta de Derechos Fundamentales cambie la ley británica en ningún sentido. Segundo, no daremos nuestro acuerdo a algo que reemplace el papel de la política exterior británica y de nuestro ministro de Exteriores. Tercero, no asumiremos ceder en nuestra capacidad de controlar nuestro derecho común y judicial y nuestro sistema policial. Y cuarto, no aceptaremos nada que ponga bajo voto de mayoría cualificada algo que afecte grandemente a nuestro sistema de impuestos y subsidios; debemos tener el derecho de determinar las cosas en esos aspectos por unanimidad
—Tony Blair (2007)
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El 21 de junio de 2007, el Consejo Europeo se reunió en Bruselas para acordar las bases de un nuevo tratado que reemplazara la Constitución rechazada. La reunión se llevó a cabo durante la Presidencia alemana del Consejo de la UE, bajo el liderazgo de la Canciller Angela Merkel. Después de tratar otros asuntos, como la entrada de Chipre y Malta en la eurozona, comenzaron las negociaciones sobre el Tratado, que duraron hasta la mañana del 23 de junio de 2007. La parte más difícil fue la insistencia de Polonia en un sistema de votación específico en el Consejo de la UE.
Se llegó a un acuerdo sobre un plan de 16 páginas para una Conferencia intergubernamental (CIG). Este plan proponía eliminar gran parte del lenguaje y los símbolos de la Constitución Europea anterior. Además, se acordó recomendar a la CIG que algunas partes de la antigua Constitución se modificaran (como el sistema de votación o la política exterior). Debido a la presión del Reino Unido y Polonia, también se añadió un protocolo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para aclarar que no se podían ampliar los derechos de los tribunales para anular leyes nacionales en Gran Bretaña o Polonia. También se decidió que el nuevo sistema de votación propuesto en la Constitución Europea no se usaría antes de 2014.
En la reunión de junio, se le dio el nombre de "Tratado de Reforma", dejando claro que la idea de una "Constitución" se había abandonado. Técnicamente, se acordó que el Tratado de Reforma modificaría tanto el Tratado de la Unión Europea (TUE) como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) para incluir la mayoría de las disposiciones de la Constitución Europea, pero sin combinarlas en un solo documento. También se acordó cambiar el nombre del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a "Tratado de Funcionamiento de la Unión". Además, a diferencia de la Constitución Europea donde la Carta era parte del documento, en el nuevo tratado solo habría una referencia a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para que fuera legalmente obligatoria. Después del Consejo, Polonia quiso renegociar algunas áreas. Durante junio, el primer ministro de Polonia causó controversia al decir que Polonia tendría una población mucho mayor si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial. Otro punto importante fue que el primer ministro neerlandés Jan-Peter Balkenende logró que los parlamentos nacionales tuvieran un papel más importante en las decisiones de la UE.
Otros puntos del acuerdo fueron:
- El Ministro de Asuntos Exteriores ahora se llamaría Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- Reducción del tamaño de la Comisión Europea a partir de 2013.
- Eliminación del derecho de veto en unas 40 políticas.
- Una cláusula para permitir la salida de un país de la UE.
- Ampliación de las responsabilidades del Parlamento Europeo.
- Reconocimiento de la personalidad jurídica de la UE y la prioridad de la ley de la UE sobre las leyes nacionales.
- Los símbolos de la Unión (himno, bandera, capital, moneda única) no se incluirían en el nuevo texto europeo.
Conferencia Intergubernamental
Portugal apoyó y presionó a Alemania para llegar a un acuerdo sobre el plan para una Conferencia intergubernamental (CIG) durante su Presidencia. Después de las negociaciones de junio sobre el plan de 16 páginas para el nuevo Tratado de Reforma, la CIG, que se encargaría de redactar el nuevo tratado, comenzó el 23 de julio de 2007. La Conferencia Intergubernamental se inauguró con una breve ceremonia. La Presidencia portuguesa presentó un documento de 145 páginas (más 132 páginas adicionales de 12 protocolos y 51 declaraciones), titulado "Proyecto de Tratado por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea", y lo publicó en el sitio web del Consejo de la Unión Europea como punto de partida para la redacción.
Además de los representantes de los gobiernos y expertos legales de cada país miembro, el Parlamento Europeo envió tres representantes: Elmar Brok (conservador), Enrique Barón (socialdemócrata) y Andrew Duff (liberal).
Antes de que comenzara la CIG, el Gobierno polaco expresó su deseo de renegociar el acuerdo de junio, especialmente el sistema de votación. Sin embargo, cedió ante la presión de la mayoría de los demás países miembros, para no ser visto como el único que causaba problemas en las negociaciones.
Redacción y firma del documento
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El Consejo Europeo de octubre, liderado por el primer ministro de Portugal y presidente en ejercicio del Consejo Europeo, José Sócrates, reunió a expertos legales de todos los países miembros para decidir el borrador final del Tratado. Durante el consejo, se decidió que el Tratado de Reforma se llamaría Tratado de Lisboa, ya que se firmaría en Lisboa, porque Portugal era el país que presidía el Consejo en ese momento.
En la reunión del Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre de 2007 en Lisboa, se hicieron algunas concesiones de última hora para asegurar la firma del tratado. Esto incluyó una redacción un poco más detallada para revivir el compromiso de Ioánina, además del nombramiento de un nuevo abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se permitió la creación de un Abogado General permanente "Polaco" aumentando el número de abogados generales de 8 a 11.
El tratado fue firmado el 13 de diciembre de 2007 por los jefes de gobierno de los países miembros en el Monasterio de los Jerónimos de Belém, Portugal. El primer ministro británico Gordon Brown no participó en la ceremonia principal, prefiriendo firmar el tratado por separado horas después de que lo hicieran los demás delegados. La razón de su ausencia fue que tenía que comparecer ante un comité de parlamentarios británicos.
Proceso de aprobación
La mayoría de los países aprobaron el tratado a través de sus parlamentos. El Parlamento Europeo y algunos territorios especiales de países miembros de la UE también realizaron votaciones sobre el tratado. En estos territorios, un rechazo podría haber significado que el tratado no se aplicara allí, dependiendo de sus leyes nacionales. Sin embargo, estas votaciones no afectaban el proceso general de aprobación del tratado, que podía entrar en vigor aunque estas entidades no lo aprobaran.
Hungría fue el primer país en aprobar el Tratado de Lisboa el 17 de diciembre de 2007, y la República Checa finalizó el proceso en noviembre de 2009.
En el Reino Unido, el 11 de marzo de 2008, la Cámara de los Comunes aprobó el Tratado. El 18 de junio siguiente, la Cámara de los Lores aprobó el proyecto de ley que incorporaba el Tratado a la legislación británica, completando así el proceso parlamentario en ese país.
En el caso de España, de acuerdo con su Constitución, la aprobación requirió una ley especial (Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio de 2008). Esta ley autorizó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a firmar el instrumento de aprobación el 28 de septiembre de 2008.
Por su parte, en Alemania, el presidente Horst Köhler firmó el acta de aprobación del tratado en septiembre de 2009, después de que el parlamento lo aprobara en mayo de 2008, el Tribunal Constitucional emitiera su opinión en junio de 2009 y se adoptaran las leyes complementarias.
Irlanda fue el único país miembro que celebró votaciones populares sobre el Tratado de Lisboa, además de una votación parlamentaria. El gobierno irlandés decidió someter el asunto a un referéndum basándose en el asesoramiento legal de que, de lo contrario, violaría la Constitución irlandesa. Esto se debía a una decisión de la Corte Suprema irlandesa de 1987 que dictaminó que los cambios importantes en los Tratados de la Unión Europea requerían la autorización del pueblo irlandés mediante un referéndum.
Todos los miembros de los tres partidos del gobierno apoyaron el "Sí" en las campañas, al igual que todos los partidos de la oposición con representación en el Parlamento, excepto el Sinn Féin. Durante el primer referéndum, el Partido Verde no tomó una posición oficial, ya que no lograron una mayoría de dos tercios en su congreso de enero de 2008, dejando a los miembros libertad para decidir. La mayoría de los sindicatos y organizaciones empresariales irlandesas también apoyaron la campaña del "Sí".
Sin embargo, los votantes irlandeses rechazaron el tratado en la primera votación realizada el 12 de junio de 2008, donde el 53,4% de los votantes se pronunciaron en contra y el 46,6% a favor, con una participación del 53,1%. A pesar de esto, el Gobierno irlandés impulsó una votación definitiva el 2 de octubre de 2009. En esta segunda votación, con una participación del 59%, el 67,13% de los votos fueron a favor del Tratado y el 32,87% en contra.
Mientras tanto, hubo intentos fallidos de que otros gobiernos celebraran referéndums en algunos países miembros.
Entrada en vigor
Para que el Tratado de Lisboa fuera legalmente válido, debía ser aprobado por todos los países miembros. Como esto no ocurrió como se esperaba a finales de 2008, el Tratado entró en vigor el primer día del mes siguiente a la última aprobación, es decir, el 1 de diciembre de 2009.
Sin embargo, en 2008, Suecia, que presidía el Consejo en el segundo semestre de 2009, negoció que el Tratado entraría en vigor, para efectos de la Presidencia del Consejo, en el siguiente turno después de su aprobación.
Posibles cambios futuros del tratado
La refundación de la Unión Europea es el proyecto que busca la reforma institucional y constitucional para adaptar a dicha organización a los futuros cambios globales y avanzar en la integración europea. Fue iniciado en 2017 y ha sido impulsado principalmente por la Comisión Europea y el denominado eje franco-alemán. Aunque el término «refundación» ha sido utilizado especialmente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su gobierno, diferentes actores políticos se han referido a la situación empleando términos variados para reflejar la voluntad de aumentar la capacidad geopolítica, la autonomía estratégica o la soberanía de la Unión. Por ejemplo, durante la presidencia francesa del Consejo de la UE en 2022, el propio Macron utilizó como eslogan las palabras «relanzamiento, poder, pertenencia».
En medio de la tensión diplomática entre Rusia y la UE y la intensificación de la rivalidad entre China y Estados Unidos, la UE comenzó a debatir la noción de autonomía estratégica, que exige a la organización defender su soberanía y promover sus intereses de manera independiente. Dicha autonomía suele vincularse a la defensa, pero podría ir más allá, teniendo en cuenta que a nivel internacional las capacidades económicas y tecnológicas han ganado relevancia. Sin embargo, varios líderes europeos aspiran a dotar a la UE de las capacidades militares que consideran necesarias para garantizar su defensa en pos de conseguir la autonomía estratégica.
Entre tanto, en Estados Unidos, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden asumieron una postura de relativa ruptura respecto a la UE, lo que ha generado una «pérdida de confianza» en la relación bilateral dentro de la clase política y la opinión pública en la UE. Paralelamente las nuevas relaciones eurobritánicas, tras la salida del Reino Unido de la UE en 2020, se han desarrollado en medio de un reforzamiento de la angloesfera que ha chocado con algunos intereses de la UE.
Sin embargo, han sido dos los principales catalizadores que desde 2020 impulsan una serie de cambios de considerable magnitud en el bloque comunitario: la crisis de la pandemia de COVID-19 y la situación de la Unión tras la invasión rusa de Ucrania. Entre otros aspectos, ambas crisis pusieron en evidencia la dependencia exterior de la Unión para abastecerse de productos y materias primas de carácter estratégico. Ello, unido al creciente proteccionismo de competidores clave como China y Estados Unidos —en particular las leyes de este último aprobadas en 2022—, potenció la adopción de medidas comunitarias que buscan la reindustralización interior de la UE.
No obstante, desde que asumió sus funciones en 2017, el presidente Macron ya había abanderado propuestas en respaldo de su consigna de «refundar Europa». Pese a ello, en los primeros años de su gobierno, Macron no había obtenido el respaldo del gobierno de la canciller alemana Angela Merkel a sus iniciativas más ambiciosas dentro de la UE. Pero la situación cambió el 18 de mayo de 2020, cuando —en el marco de la crisis de la pandemia— ambos gobernantes presentaron un plan para la UE armonizado con varias acciones institucionales iniciadas en marzo de ese año, que fueron seguidas por una ola de anuncios sin precedentes. Esta dinámica despertó expectativas sobre Olaf Scholz —quien reemplazó a Merkel como canciller en diciembre de 2021— y su política europea enfocada en la evolución hacia el establecimiento de un «Estado federal» que no logró implementar antes de ser reemplazado por Friedrich Merz en 2025.
Para los dirigentes comunitarios, estos factores han creado un contexto en el que la adhesión de nuevos Estados miembros constituye una «inversión geoestratégica» que precisa que la Unión emprenda reformas sobre cuestiones relacionadas con «sus prioridades y políticas, así como con su capacidad de actuación». Es así que en el primer semestre de 2024, dichas reformas serán abordadas por el Consejo Europeo con vistas a adoptar una hoja de ruta de los futuros trabajos. Con anterioridad ya se habían instaurado otras medidas como la aprobada en 2017 cuando los dirigentes de 25 Estados de la UE lanzaron la Cooperación estructurada permanente (CEP) para relanzar el proyecto de la «Europa de la Defensa». Además la CE tiene entre sus prioridades profundizar la Unión Económica y Monetaria completando la unión bancaria y de los mercados de capitales.
Galería de imágenes
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Orden en que los Estados miembros de la UE aprobaron el tratado. Las fechas se refieren a cuando se entregaron los documentos de aprobación al gobierno de Italia.
Véase también
- Primer mandato presidencial permanente del Consejo Europeo
Enlaces externos
el:Συνθήκη της Λισαβόνας#Επικύρωση
