Regencia de María Cristina de Borbón para niños
La regencia de María Cristina de Borbón fue un periodo importante en la historia de España, entre 1833 y 1840. Durante estos años, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, la madre de la futura reina Isabel II, gobernó el país porque su hija era aún una niña. En este tiempo, María Cristina tuvo que enfrentar una guerra civil muy difícil, conocida como la Primera guerra carlista. Esta guerra fue iniciada por los seguidores de Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, quien había fallecido en septiembre de 1833.
Los carlistas no aceptaban una ley llamada Pragmática Sanción de 1789, que permitía a las mujeres reinar. Fernando VII la había hecho pública en 1830. Para poder luchar contra los carlistas, que defendían un gobierno con poder absoluto, María Cristina tuvo que pedir ayuda a los liberales. A cambio de su apoyo a Isabel II, los liberales pidieron cambios importantes en el país. Esto llevó a una serie de transformaciones entre 1835 y 1837, que terminaron con el antiguo sistema de gobierno y la monarquía absoluta.
Después de un periodo de gobierno más moderado (1837-1840) y la victoria de los partidarios de Isabel II en la guerra carlista, los progresistas lideraron un movimiento en 1840. Este movimiento obligó a María Cristina a dejar el país, y el general Espartero asumió el poder como regente.
Contenido
¿Qué pasó antes de la regencia de María Cristina? (1830-1833)
Al final del reinado de Fernando VII, los grupos políticos se dividieron. Los que apoyaban el poder absoluto del rey se separaron en dos bandos: los "reformistas", que querían hacer algunos cambios para suavizar el gobierno, y los "apostólicos" o "ultras", que deseaban volver a un sistema de poder total, como el que había antes.
Los "ultras" tenían como líder a Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey. Él era el siguiente en la línea de sucesión al trono, ya que Fernando VII no tenía hijos después de tres matrimonios. Por eso, a los "ultras" se les empezó a llamar "carlistas".
La ley de sucesión y el nacimiento de Isabel
En 1829, después de la muerte de su tercera esposa, Fernando VII decidió casarse de nuevo. Quería tener un heredero para el trono. Se casó con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, su sobrina, que era mucho más joven que él.
Pocos meses después de casarse, Fernando VII hizo pública la Pragmática Sanción de 1789. Esta ley, aprobada por su padre Carlos IV, eliminaba una norma anterior de 1713 que impedía a las mujeres reinar si había un hombre en la línea de sucesión. Con esta nueva ley, el rey se aseguraba de que, si tenía una hija, ella podría heredar el trono.
En octubre de 1830, nació una niña: Isabel. Con su nacimiento, Carlos María Isidro dejó de ser el heredero directo, lo que molestó mucho a sus seguidores.
Mientras tanto, los liberales españoles que estaban fuera del país intentaron varias veces volver a establecer la Constitución de 1812 y terminar con el poder absoluto del rey. Sin embargo, todos sus intentos fracasaron.
Los eventos de La Granja en 1832
Los carlistas no aceptaron que Isabel fuera la futura reina. Intentaron aprovechar una enfermedad del rey Fernando en septiembre de 1832. La reina María Cristina, bajo presión de algunos ministros y del embajador de Nápoles, influyó en su esposo para que anulara la Pragmática Sanción. Esto significaba que la ley de 1713, que impedía a las mujeres reinar, volvería a estar en vigor.
Pero, de forma inesperada, el rey se recuperó. El 1 de octubre, despidió a los ministros carlistas. El 31 de diciembre, Fernando VII anuló el decreto que había derogado la Pragmática Sanción. Así, Isabel, que tenía dos años, volvió a ser la heredera al trono.
El Gobierno de Cea Bermúdez: cambios y conflictos
El nuevo gobierno, liderado por Francisco Cea Bermúdez, un político reformista, tomó medidas para acercarse a los liberales moderados. Reabrió las universidades y permitió el regreso de muchos liberales que estaban fuera del país. También creó un nuevo Ministerio de Fomento y destituyó a algunos militares que apoyaban a Carlos María Isidro.
Los carlistas, apoyados por un grupo llamado Voluntarios Realistas, se opusieron al nuevo gobierno. El propio Carlos María Isidro se negó a jurar lealtad a Isabel como princesa heredera, por lo que Fernando VII lo obligó a salir de España. En marzo de 1833, Carlos María Isidro y su familia se fueron a Portugal.
Meses después, el 29 de septiembre, Fernando VII falleció. Esto marcó el inicio de la Primera guerra carlista, una guerra por la sucesión al trono entre los "isabelinos" (partidarios de Isabel II y su madre María Cristina, la regente) y los "carlistas" (partidarios de Carlos María Isidro).
¿Cómo fue la transición política y la guerra civil? (1833-1835)
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El 1 de octubre de 1833, Carlos María Isidro se proclamó rey con el nombre de Carlos V. No reconoció a su sobrina Isabel como reina ni a María Cristina como regente. Don Carlos hizo su llamado desde Portugal, diciendo que defendía la ley de sucesión tradicional y los derechos de sus hijos.
Poco después, hubo levantamientos carlistas en varias zonas. Estas revueltas, que usaban tácticas de guerrilla, se convirtieron en una guerra civil cuando militares profesionales se unieron a los carlistas, como el coronel Tomás de Zumalacárregui. El ejército carlista llegó a tener unos 40.000 combatientes.
La guerra carlista fue más que una disputa por el trono. Se trataba de decidir qué tipo de gobierno y sociedad tendría España. Los carlistas defendían el poder absoluto, mientras que los partidarios de Isabel II, llamados "cristinos" o "isabelinos", tuvieron que buscar el apoyo de los liberales moderados para enfrentar la amenaza carlista.
El Estatuto Real de 1834
La regente María Cristina mantuvo a Cea Bermúdez en el gobierno, quien quería evitar cambios profundos. Sin embargo, Javier de Burgos, ministro de Fomento, defendía una "reforma desde arriba" para introducir un sistema representativo sin quitarle el poder absoluto a la Corona. Él fue el autor de la nueva división provincial de España en 1833, que sentó las bases de la administración moderna.
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Era claro que solo con reformas administrativas no se podía enfrentar al carlismo. Así, en enero de 1834, María Cristina reemplazó a Cea Bermúdez por el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa. Este gobierno buscaba una transición del poder absoluto a un sistema representativo.
La pieza clave de esta estrategia fue el Estatuto Real de 1834, promulgado en abril de 1834. Era una especie de "carta otorgada" por la que se creaban unas nuevas Cortes con dos cámaras:
- Un Estamento de Próceres (Cámara Alta), cuyos miembros eran elegidos por la Corona entre la nobleza y los más ricos.
- Un Estamento de Procuradores (Cámara Baja), cuyos miembros eran elegidos por un grupo muy pequeño de personas (solo unas 16.000 de 12 millones de habitantes).
El Estatuto Real no era una Constitución, porque no surgía de la voluntad del pueblo, sino de la decisión del monarca. Buscaba contentar a absolutistas y liberales, pero los primeros lo rechazaron y los segundos lo vieron muy limitado.
Alianzas internacionales y la prensa
En abril de 1834, el gobierno de Martínez de la Rosa consiguió un importante apoyo internacional con la firma de la Cuádruple Alianza entre España, Portugal, Gran Bretaña y Francia. Estos países se comprometieron a ayudar a España y Portugal en su lucha contra los movimientos que se oponían a los liberales.
También se promulgó un decreto sobre prensa e imprenta en enero de 1834. Aunque había censura previa, permitió la aparición de muchos periódicos y opiniones. Esto dio lugar a la opinión pública, donde periódicos y periodistas liberales pedían más cambios políticos.
La Milicia Urbana
El gobierno también reimplantó la milicia, aunque con el nombre de "milicia urbana". Era un cuerpo de seguridad de voluntarios que reemplazaba a los Voluntarios Realistas. Aunque se buscaba que solo pertenecieran a ella las clases medias, muchos miembros de las clases populares urbanas se unieron, y tuvieron un papel activo en los cambios políticos y sociales.
El protagonismo del pueblo se vio en la matanza de frailes en Madrid en julio de 1834. En medio de una epidemia de cólera, un rumor acusó a los frailes de envenenar los pozos. La gente, enfurecida, asaltó conventos y asesinó a 73 religiosos.
El bloqueo de los procuradores y la dimisión de Martínez de la Rosa
El 24 de julio de 1834, la regente María Cristina inauguró las sesiones de las nuevas Cortes. El Estamento de Procuradores criticó la situación del país. Los procuradores de la oposición, que querían más cambios, exigieron el reconocimiento de los "derechos políticos de los españoles".
El gobierno de Martínez de la Rosa disolvió las Cortes en mayo de 1835. Poco después, Martínez de la Rosa dimitió.
El Gobierno del conde de Toreno y las revueltas de 1835
La guerra carlista no iba bien para los partidarios de Isabel II. Los carlistas del País Vasco y Navarra se habían organizado en un ejército gracias a Tomás de Zumalacárregui. En junio de 1835, los carlistas sitiaron Bilbao, donde Zumalacárregui murió. El sitio fracasó, y las tropas de Isabel II lograron levantar el asedio.
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Debido a los problemas en la guerra y la oposición en las Cortes, la regente nombró a conde de Toreno como jefe de gobierno en junio de 1835. Incluyó en su gabinete a Juan Álvarez Mendizábal, un liberal que había estado fuera del país. Esto significó una aceleración hacia el liberalismo.
En julio de 1835, estallaron revueltas en Cataluña, con quema de conventos y asesinatos de frailes. Estas revueltas se extendieron por todo el país, formando "juntas" que asumieron el poder y pidieron la convocatoria de Cortes Constituyentes.
La extensión de estas juntas provocó la caída del gobierno del conde de Toreno en septiembre. Mendizábal lo reemplazó. Las revueltas de 1835 se caracterizaron por la participación de la milicia, la violencia contra el clero, el miedo al carlismo y la participación de las clases populares urbanas.
La Revolución liberal (1835-1837)
El Gobierno de Mendizábal (1835-1836)
Con el cambio de gobierno y la convocatoria de elecciones, la mayoría de las juntas se disolvieron, pero siguieron pidiendo Cortes Constituyentes. Mendizábal las integró en las diputaciones provinciales.
Mendizábal se propuso tres objetivos: mejorar las finanzas del Estado, resolver el problema de los conventos y monasterios, y terminar la guerra carlista. Para lograrlo, decretó la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas. Esto significaba que las propiedades de los conventos y monasterios serían vendidas en subasta pública para obtener dinero para el Estado y pagar la deuda.
Esta medida provocó una fuerte reacción de la Iglesia católica, que rompió relaciones con el Estado español. Muchos miembros del clero se unieron al bando carlista.
Mendizábal también renombró la milicia urbana como "Guardia Nacional", que creció mucho en número. Además, para acelerar el fin de la guerra, llamó a 100.000 nuevos soldados.
Sin embargo, su forma de gobernar, muy personal, hizo que creciera la oposición. A pesar de que las nuevas elecciones dieron un gran triunfo a sus partidarios, ahora conocidos como "Partido Progresista", las divisiones internas, los problemas financieros y la guerra prolongada provocaron la caída del gobierno de Mendizábal en mayo de 1836. La regente María Cristina lo destituyó y nombró a Francisco Javier de Istúriz, un antiguo progresista ahora más cercano a los moderados.
La revolución de 1836: la Constitución de 1812
El gobierno de Istúriz fue derrotado en las Cortes, y la regente convocó nuevas elecciones, que ganó el gobierno. La respuesta de los progresistas fue iniciar una serie de revueltas populares en varias ciudades, lideradas por la Guardia Nacional. Estas revueltas se extendieron por todo el país y pidieron el restablecimiento de la Constitución de 1812.
En este contexto de rebeliones, tuvo lugar el motín de La Granja el 12 de agosto. Un grupo de sargentos se sublevó en el palacio de La Granja de San Ildefonso, donde estaba María Cristina, y la obligaron a volver a poner en vigor la Constitución de Cádiz. Dos días después, la regente nombró un gobierno liberal progresista, presidido por José María Calatrava, con Mendizábal de nuevo en Hacienda. Fue el triunfo de la revolución liberal.
El Gobierno Calatrava-Mendizábal y la Constitución de 1837
La consecuencia más importante del motín de La Granja fue el restablecimiento de la Constitución de 1812, que puso fin a la "transición desde arriba" y reabrió el proceso de la revolución española. Con la Constitución de 1812, volvieron a entrar en vigor leyes que abolían el Antiguo Régimen.
El nuevo gobierno restableció leyes sobre ayuntamientos, diputaciones y la abolición de los gremios. También se aprobaron leyes de libertad de imprenta y la eliminación de los mayorazgos (herencias que no se podían dividir). Además, el gobierno suprimió el diezmo (un impuesto para la Iglesia) y el régimen señorial.
Sin embargo, Calatrava y Mendizábal creían que la Constitución de 1812 necesitaba ser reformada. Esta fue la tarea principal de las Cortes inauguradas en octubre de 1836. El objetivo era dar estabilidad al régimen constitucional y lograr un acuerdo entre progresistas y moderados.
Finalmente, las Cortes aprobaron una nueva Constitución, más corta que la de 1812, que fue promulgada en junio de 1837. Esta Constitución de 1837 recogía los principales puntos del programa progresista, como la soberanía nacional (el poder reside en el pueblo), la libertad de imprenta sin censura previa y la milicia nacional. Sin embargo, también incluía concesiones importantes a los moderados, como un parlamento con dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) y el fortalecimiento de los poderes de la Corona.
El Trienio Moderado y el fin de la guerra carlista (1837-1840)
La caída del Gobierno Calatrava y los carlistas cerca de Madrid
Desde 1835, los carlistas intentaron extender la guerra a otros territorios. La expedición más importante fue la "Expedición Real", liderada por el propio Carlos María Isidro. Partió de Navarra en mayo de 1837 con 12.000 hombres, recorrió Cataluña y el Maestrazgo, y llegó a las cercanías de Madrid en agosto.
Las motivaciones de esta expedición eran más políticas que militares. Había contactos entre representantes de María Cristina y de Carlos para poner fin a la guerra. Al parecer, se buscaba un acuerdo para que el hijo de don Carlos se casara con Isabel II. Sin embargo, cuando don Carlos llegó a Madrid, la situación política había cambiado.
El gobierno progresista de Calatrava había caído debido a problemas financieros, reveses en la guerra y divisiones internas. La regente ofreció la presidencia al general Espartero, quien no aceptó, pero logró controlar la situación y hacer que la Expedición Real y otras tropas carlistas regresaran al norte sin lograr sus objetivos. En agosto, fue nombrado el moderado Eusebio Bardají para reemplazar a Calatrava.
Las elecciones de septiembre de 1837, las primeras bajo la Constitución de 1837, dieron una amplia mayoría al Partido Moderado. Sin embargo, la inestabilidad política continuó debido a las divisiones internas de los moderados y las constantes interferencias de la Corona.
El Convenio de Vergara y la derrota del carlismo
Después del fracaso de la Expedición Real en 1837, el cansancio por la guerra y la falta de recursos dividieron a los carlistas en el País Vasco y Navarra. Había "transaccionistas", liderados por el general Rafael Maroto, que querían un acuerdo con los partidarios de Isabel II, y "apostólicos", que querían seguir luchando.
Mientras tanto, los otros dos núcleos carlistas en Aragón, Valencia y Cataluña consolidaban sus posiciones. En enero de 1838, Ramón Cabrera tomó Morella, que se convirtió en la nueva capital carlista de la zona.
A principios de 1839, las tensiones entre los carlistas llevaron a fusilamientos en Estella. En febrero, comenzaron los contactos entre Maroto y el general Espartero, jefe del ejército de Isabel II. El 29 de agosto, Maroto y Espartero firmaron un acuerdo, sellado dos días después con el famoso "Abrazo de Vergara". Según el acuerdo, el ejército carlista se rendía, y sus oficiales podían unirse al ejército de la Monarquía. Espartero también se comprometió a defender los fueros (leyes y privilegios) de las provincias vascas y Navarra.
El Abrazo de Vergara no fue reconocido por Don Carlos ni por algunos carlistas, que cruzaron la frontera francesa para seguir luchando. El fin del bastión carlista vasco-navarro permitió a las tropas de Isabel II concentrar su ofensiva en los otros dos focos carlistas. En mayo de 1840, ocuparon Cantavieja y Morella. El 6 de julio de 1840, Cabrera y los últimos carlistas cruzaron la frontera francesa. La Primera guerra carlista había terminado.
La "revolución de 1840" y el fin de la regencia de María Cristina
La idea de que moderados y progresistas se alternaran pacíficamente en el poder, basada en la Constitución de 1837, se frustró cuando el gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro no dimitió después de la victoria electoral de los progresistas en 1839. En su lugar, con el apoyo de la regente, suspendió y luego disolvió las Cortes para convocar nuevas elecciones que le dieron una mayoría moderada en enero de 1840.
La tensión entre moderados y progresistas aumentó cuando el gobierno de Pérez de Castro presentó una ley de ayuntamientos. Esta ley reducía las competencias de los municipios y permitía al gobierno nombrar a los alcaldes, lo que los convertía en delegados del poder central. Los progresistas se opusieron fuertemente, argumentando que la ley era contraria a la Constitución y que les quitaría influencia política.
Los progresistas iniciaron una campaña en la prensa y desde los ayuntamientos para que la regente María Cristina no firmara la ley. Cuando vieron que ella estaba dispuesta a hacerlo, pidieron al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento, que evitara la promulgación de la ley. La gran popularidad de Espartero se hizo evidente cuando entró triunfalmente en Barcelona en junio de 1840.
La regente se reunió con Espartero en Barcelona. Él exigió que María Cristina no firmara la ley de ayuntamientos. Cuando ella firmó la ley el 15 de julio de 1840, Espartero renunció a todos sus cargos. El gobierno de Pérez de Castro dimitió.
En Barcelona y Madrid, hubo enfrentamientos entre moderados y progresistas, y entre partidarios de la regente y de Espartero. María Cristina se trasladó a Valencia.
A partir del 1 de septiembre de 1840, estallaron revueltas progresistas por toda España, formando juntas revolucionarias que desafiaron al gobierno. La primera fue la de Madrid, que exigió la suspensión de la ley de ayuntamientos y la disolución de las Cortes. Se formó una Junta Central presidida por Joaquín María López.
El 5 de septiembre, María Cristina ordenó a Espartero que fuera a Madrid para acabar con la rebelión, conocida como la "revolución de 1840". Pero Espartero se negó, pidiendo a la reina que se comprometiera a respetar la Constitución y disolver las Cortes. Diez días después, María Cristina no tuvo más remedio que nombrar a Espartero presidente del gobierno.
La entrevista final entre Espartero y María Cristina de Borbón tuvo lugar el 12 de octubre de 1840 en Valencia. Durante la reunión, María Cristina le comunicó su decisión de dejar la regencia y el cuidado de sus hijas, Isabel II y Luisa Fernanda de Borbón.
El 12 de octubre de 1840, María Cristina de Borbón firmó su renuncia a la regencia. El 17 de octubre, embarcó en Valencia rumbo a Marsella, iniciando un periodo fuera del país que duraría tres años.
