Último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII para niños
El último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII fue un periodo importante en la historia de España. Se formó el 7 de diciembre de 1922, y su presidente fue Manuel García Prieto, un político del Partido Liberal. Este gobierno estuvo en el poder solo nueve meses. Su mandato terminó debido a un cambio de gobierno por la fuerza en septiembre de 1923, liderado por Miguel Primo de Rivera. Este evento puso fin a la etapa constitucional del reinado de Alfonso XIII.
Los historiadores debaten mucho sobre si este gobierno estaba logrando cambios importantes o si el sistema político ya estaba muy débil. Algunos creen que el cambio de gobierno de 1923 interrumpió un proceso de democratización (hacer el país más democrático). Otros piensan que simplemente puso fin a un sistema que ya no funcionaba bien.
Contenido
- La llegada al poder del gobierno liberal
- El plan de reformas del nuevo gobierno
- La política religiosa y la oposición de la Iglesia Católica
- La situación en Cataluña
- El "problema de Marruecos"
- La "cuestión regional": los incidentes del 11 de septiembre en Barcelona
- El cambio de gobierno de Primo de Rivera
- Debate entre historiadores: ¿optimistas o pesimistas?
La llegada al poder del gobierno liberal
A principios de 1922, el Partido Liberal estaba dividido en varias partes. Sin embargo, estas partes comenzaron a unirse. El 8 de abril, presentaron un plan conjunto en el Senado.
Este plan buscaba hacer varias reformas importantes:
- Cambiar la Constitución para que el gobierno no pudiera suspender tan fácilmente los derechos de los ciudadanos.
- Asegurar la libertad de pensamiento y creencia.
- Hacer el Senado más democrático.
- Garantizar que los jueces fueran independientes del gobierno.
- En Marruecos, reducir la actividad militar y establecer una administración civil.
- Mejorar la economía con una reforma de los impuestos y reduciendo el gasto del gobierno.
En las semanas siguientes, las diferentes partes del Partido Liberal se unieron, formando la Conjunción Liberal. También se unió el Partido Reformista. No se fusionaron en un solo partido, sino que colaboraron manteniendo cierta independencia.
El 24 de noviembre de 1922, se discutió en el Congreso de los Diputados quiénes eran los responsables del desastre de Annual. Este desastre fue una derrota militar en Marruecos en 1921. La discusión se basó en un informe llamado "expediente Picasso". Los liberales pidieron que se investigaran las responsabilidades políticas de los ministros que estaban en el gobierno cuando ocurrió el desastre.
Esta discusión afectó al gobierno conservador de José Sánchez Guerra. Varios ministros dimitieron. El 5 de diciembre, Sánchez Guerra también renunció. Solo una hora y media después, el rey Alfonso XIII nombró a Manuel García Prieto como nuevo presidente del gobierno.
El 7 de diciembre, se formó el nuevo gobierno. Incluía a líderes de todas las partes que habían formado la Conjunción Liberal. Por ejemplo, Santiago Alba fue ministro de Estado, el conde de Romanones en Gracia y Justicia, y Niceto Alcalá-Zamora en Guerra.
El plan de reformas del nuevo gobierno
El gobierno de García Prieto presentó un plan ambicioso para hacer muchos cambios. Quería:
- Crear una ley para el campo.
- Fortalecer el poder civil en Cataluña y Marruecos.
- Impulsar obras públicas.
- Reducir el dinero que el Estado gastaba de más, con una reforma de impuestos que incluía un impuesto especial sobre las ganancias de la guerra.
- Legalizar todas las organizaciones de trabajadores y mejorar las condiciones laborales, incluyendo la resolución obligatoria de conflictos y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
El plan también incluía reformar la Constitución de 1876. Querían establecer la libertad de culto (que cada persona pudiera practicar la religión que quisiera). También querían limitar el poder del gobierno para suspender los derechos de los ciudadanos y hacer el Senado más democrático.
Este programa de reformas buscaba responder a las necesidades de la gente. El propio García Prieto dijo que su gobierno debía escuchar a la "opinión española". Sin embargo, este plan encontró mucha oposición. Grupos poderosos como el Ejército, la Iglesia, la Corona y los empresarios no estaban de acuerdo. Otros partidos políticos, tanto dentro como fuera del sistema, también se opusieron.
Como resultado, muchas de las reformas se fueron debilitando o no se llevaron a cabo. Aunque la gente empezó a interesarse más por lo que pasaba en el parlamento, los resultados prácticos del gobierno fueron pocos. Esto preocupó a los grupos conservadores, especialmente por las ideas del ministro Santiago Alba, a quien veían como una amenaza para la religión, la propiedad y el ejército.
Las elecciones del 29 de abril de 1923
El gobierno convocó elecciones para el 29 de abril de 1923. Su principal objetivo era democratizar el sistema político. Sin embargo, para asegurar una mayoría en el parlamento, el gobierno usó métodos antiguos. Esto causó problemas dentro de la Conjunción Liberal, ya que cada grupo quería obtener el mayor número de puestos.
Debido a esto, las esperanzas de una verdadera democratización se vieron frustradas. En muchas zonas, solo se presentó un candidato, lo que significaba que más de un tercio de los votantes no pudieron elegir. En otros lugares, se usó el sistema de "caciques" (personas influyentes que controlaban los votos) para asegurar que ganaran los candidatos elegidos por el gobierno. Las elecciones solo fueron realmente libres en las grandes ciudades, como Madrid, donde ganaron los socialistas.
A pesar de estos métodos, las nuevas Cortes (el parlamento) trabajaron con más dedicación que antes. Incluso los socialistas reconocieron que el parlamento estaba funcionando de manera más democrática. El debate sobre las responsabilidades del desastre de Annual fue un ejemplo de esto. El presidente del Congreso, Melquiades Álvarez, dijo que estas sesiones "honraban al régimen parlamentario".
Sin embargo, este protagonismo del parlamento preocupó a los sectores más conservadores. Algunos advirtieron que si las investigaciones sobre las responsabilidades seguían adelante, habría que buscar una solución a la crisis "dentro o fuera del parlamento". Uno de los que apoyaron el cambio de gobierno de Primo de Rivera dijo que lo que unió a los golpistas fue el "odio al parlamento".
La política religiosa y la oposición de la Iglesia Católica
El gobierno tuvo su primer problema con la Iglesia católica por un proyecto del ministro conde de Romanones. Este proyecto quería que el Estado controlara todos los bienes históricos y artísticos. El rey se negó a firmar el decreto, apoyando a la Iglesia.
Un conflicto más serio surgió cuando el gobierno quiso reformar el artículo 11 de la Constitución de 1876. Este artículo establecía que la religión católica era la oficial del Estado español. El gobierno quería "restablecer el respeto a la libertad de conciencia". Los obispos españoles se opusieron fuertemente y amenazaron con pedir a los católicos que no votaran por los liberales. Ante esta presión, el presidente García Prieto retiró este punto del programa. Esto provocó la dimisión del ministro José Manuel Pedregal.
La situación en Cataluña
En Cataluña, el gobierno de García Prieto decidió continuar con una política más dialogante para controlar la violencia de algunos grupos. Había destituido al general Severiano Martínez Anido, que era muy estricto, como gobernador civil de Barcelona. Sin embargo, los ataques violentos continuaron, incluso fuera de Cataluña. Hubo dos ataques importantes: uno en Bilbao que costó la vida al gobernador civil, y otro en Zaragoza donde fue asesinado el cardenal Juan Soldevila.
La política "flexible" del gobierno fue criticada por los grupos poderosos de Cataluña. La prensa conservadora la calificó de "debilidad". La burguesía catalana encontró en el capitán general Miguel Primo de Rivera a un defensor de una política más dura. En un entierro en junio de 1923, Primo de Rivera fue aclamado como el salvador de Cataluña, mientras que el gobernador civil era insultado.
Ese mismo mes, Primo de Rivera fue llamado a Madrid por el presidente García Prieto para que dejara de oponerse a su política en Cataluña. Primo de Rivera exigió tener plenos poderes para declarar el estado de guerra y acabar con las huelgas y los ataques. García Prieto pensó en destituir tanto al gobernador civil como a Primo de Rivera, pero el rey se negó a firmar la destitución del capitán general. A su regreso a Barcelona, Primo de Rivera fue recibido con entusiasmo.
Además de la "política de orden", Primo de Rivera prometió proteger la industria catalana subiendo los impuestos a las importaciones. Esto era lo contrario de lo que hacía el gobierno de García Prieto, que había bajado los impuestos para favorecer las exportaciones agrícolas.
El "problema de Marruecos"
El tema de Marruecos fue muy importante para el gobierno de García Prieto. El gobierno continuó la política de no realizar grandes ataques militares y de retirar las tropas españolas a posiciones más seguras. Esto permitió reducir el número de soldados en Marruecos y el enorme gasto que suponía. También se intentó negociar con los líderes locales para lograr la paz.
García Prieto también cambió la administración militar por una civil, que dependía del Ministerio de Estado. El 27 de enero, el ministro de Estado Santiago Alba anunció que se había logrado la liberación de 326 militares españoles que habían sido prisioneros en el desastre de Annual. Se pagaron cuatro millones de pesetas por su liberación.
Muchos militares vieron la liberación de los prisioneros a cambio de dinero como un insulto. Creían que el gobierno desconfiaba de la capacidad del Ejército. Empezaron a circular manifiestos pidiendo sanciones para quienes atacaban el honor del Ejército. El 6 de febrero, el capitán general de Madrid se quejó al ministro de la Guerra, Niceto Alcalá-Zamora, de que el Ejército se sentía "deprimido y vejado". El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, también envió un telegrama pidiendo acciones de castigo. El ministro Alcalá-Zamora les recordó a los militares que la política sobre Marruecos la decidía el gobierno.
Las críticas al gobierno también vinieron de grupos "patrióticos" y de la Iglesia. El vicario militar dijo que una nación que no "lavara con sangre la ofensa" no merecería ser civilizada.
El 13 de febrero de 1923, el gobierno nombró a Luis Silvela como Alto Comisario Español en Marruecos. A partir de entonces, el enfrentamiento entre Alba y Alcalá-Zamora se hizo más fuerte. Alcalá-Zamora apoyaba la opinión de los militares de que retirar tropas pondría en peligro la defensa.
Alcalá-Zamora también propuso un plan para reducir el número de generales, jefes y oficiales del Ejército, ya que eran demasiados y suponían un gran gasto. Esto fue visto por muchos militares como un ataque a sus intereses.
El 16 de mayo de 1923, el ministro Santiago Alba informó que las negociaciones con El Raisuni, un líder rifeño, habían tenido éxito. Se le reconocía una gran autonomía y se le darían 5.000 pesetas mensuales. El ministro de Guerra, Niceto Alcalá-Zamora, se opuso radicalmente a este acuerdo, porque le parecía inaceptable que se le permitiera tener su propia administración y fuerza armada. Como el presidente y los demás ministros apoyaron a Alba, Alcalá-Zamora dimitió el 25 de mayo.
En este ambiente, surgió en Madrid un grupo de cuatro generales que empezaron a planear un cambio de gobierno. Buscaron a un general de prestigio para liderarlo y encontraron al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera.
La investigación sobre el "desastre de Annual"
Las conclusiones de un informe sobre el desastre de Annual, realizado por el general Juan Picasso, se hicieron públicas en abril de 1922. Se acusó a 76 militares, incluyendo al general Dámaso Berenguer. El 20 de julio de 1922, se formó una comisión en el parlamento para estudiar este informe. Sin embargo, hubo desacuerdos sobre si las responsabilidades debían ser solo militares o también políticas. Esto llevó a la dimisión del gobierno conservador anterior.
A principios de 1923, hubo las primeras condenas de militares relacionadas con el desastre de Annual. Esto generó críticas entre los militares, que sentían que solo ellos estaban siendo juzgados y no los políticos.
Las nuevas Cortes, elegidas en abril de 1923, retomaron la investigación. El 11 de julio, se formó una nueva Comisión de Responsabilidades. Sin embargo, cuando la Comisión pidió documentos al gobierno, este se negó a entregarlos. La labor de la Comisión se interrumpió bruscamente cuando el parlamento entró en vacaciones el 24 de julio. La Comisión ya no volvió a reunirse debido al golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923.
Algunos historiadores creen que una de las razones por las que el rey apoyó el cambio de gobierno fue precisamente la investigación de las responsabilidades. Se dice que la sesión del parlamento del 2 de octubre de 1923, que iba a tratar el informe de la Comisión, preocupaba mucho al rey, ya que se esperaba que lo implicara a él mismo.
Problemas en la política de Marruecos y nueva crisis de gobierno
En julio y agosto de 1923, el conflicto entre una parte del Ejército y el gobierno por Marruecos se hizo más fuerte. El 8 de julio, el general Severiano Martínez Anido suspendió las negociaciones con los rebeldes rifeños y propuso un ataque. A principios de agosto, varios generales, incluido Primo de Rivera, se reunieron para apoyar el plan de Martínez Anido.
La discusión sobre este plan en el gobierno causó una fuerte división. Algunos ministros se opusieron radicalmente. El 3 de septiembre, los ministros Joaquín Chapaprieta, Rafael Gasset Chinchilla y Miguel Villanueva dimitieron, en desacuerdo con lo que consideraban una "rendición" del poder civil. Los militares, por el contrario, elogiaron al gobierno por "eliminar los obstáculos a los planes militares".
Dos semanas antes de estas dimisiones, hubo un incidente que aumentó el conflicto con los militares. El 23 de agosto, hubo problemas en Málaga cuando las tropas se negaron a ir a Marruecos. El gobierno perdonó al principal responsable, lo que fue interpretado por muchos militares como una señal de que el gobierno dudaba sobre el futuro de Marruecos.
El incidente de Málaga convenció a Primo de Rivera de que era el momento de actuar. Él mismo diría más tarde que su decisión de tomar el poder fue impulsada por este motín. Los militares vieron el motín como una señal de que la ley se estaba desmoronando y que había una atmósfera de "derrotismo". Creían que el ejército debía "educar" a la sociedad civil.
La "cuestión regional": los incidentes del 11 de septiembre en Barcelona
En Cataluña, los conflictos sociales llevaron a que el partido Lliga Regionalista abandonara su campaña por un Estatuto de Autonomía. Esto radicalizó a muchos nacionalistas catalanes, que se sintieron decepcionados. Surgieron nuevas formaciones nacionalistas más radicales, como Estat Català y Acció Catalana. Acció Catalana incluso formó un grupo clandestino de entrenamiento militar.
El 8 de julio de 1923, Acció Catalana propuso a los nacionalistas vascos y gallegos formar una "Triple Alianza nacionalista". Esta propuesta fue aceptada por los nacionalistas vascos y gallegos.
La presentación de esta Triple Alianza tuvo lugar en Barcelona el 11 de septiembre de 1923, día de la Diada de Cataluña. Hubo un homenaje frente a la estatua de Rafael Casanova. Durante el acto, hubo gritos a favor de la rebelión en Marruecos y enfrentamientos con grupos "españolistas" y la policía, que dejaron unos treinta heridos. También hubo abucheos a la bandera española y gritos contra España y el ejército. Estos incidentes tuvieron un gran impacto en los militares de Barcelona y provocaron que el capitán general Miguel Primo de Rivera adelantara dos días el cambio de gobierno que tenía planeado.
El cambio de gobierno de Primo de Rivera
A las 9:30 de la mañana del 12 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera se reunió con los generales y jefes que apoyaban el cambio de gobierno en Barcelona. Recibieron las últimas instrucciones. En Zaragoza y Madrid también se ultimaron los planes. El gobierno se enteró de estos preparativos y envió a un ministro a Barcelona, pero Primo de Rivera no respondió.
A medianoche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra en Barcelona. Los militares salieron a la calle y ocuparon los edificios importantes de la ciudad. Lo mismo ocurrió en otras capitales catalanas. A las dos de la madrugada, Primo de Rivera entregó a la prensa su "Manifiesto al País y al Ejército españoles". En este documento, justificaba su acción y anunciaba la formación de un Directorio Inspector Militar que tomaría el poder con el apoyo del rey. En el manifiesto, Primo de Rivera decía que iba a salvar al país de los "profesionales de la política" y establecer un nuevo régimen y un nuevo tipo de parlamento.
Debate entre historiadores: ¿optimistas o pesimistas?
Desde los años 70, los historiadores han debatido mucho sobre el significado del gobierno de García Prieto y el cambio de gobierno de Primo de Rivera.
Los "optimistas", como Raymond Carr y Shlomo Ben-Ami, creen que el gobierno de García Prieto realmente quería hacer que la monarquía de Alfonso XIII fuera más democrática. Para ellos, el cambio de gobierno de Primo de Rivera no puso fin a un sistema que ya estaba muriendo, sino que interrumpió un proceso de nacimiento de la democracia.
Los "pesimistas", como Javier Tusell y Carlos Seco Serrano, defienden que el sistema político de la Restauración ya estaba agotado y no funcionaba bien. Para ellos, Primo de Rivera no interrumpió un nacimiento, sino que "enterró un cadáver".
Shlomo Ben-Ami, un historiador "optimista", dice que el cambio de gobierno de Primo de Rivera ocurrió justo cuando el parlamento estaba empezando a ser más auténtico y a representar mejor a la gente. Para él, no había decadencia, sino un intento de reforma y cambio.
Santos Juliá también apoya la idea "optimista". Él dice que el cambio de gobierno de 1923 impidió que la monarquía constitucional se desarrollara hacia la democracia.
Por otro lado, Genoveva García Queipo de Llano defiende la postura "pesimista". Ella cree que el sistema político de la Restauración estaba en una crisis profunda en 1923. Había mucha inestabilidad en los gobiernos y la gente sentía que el Estado no tenía rumbo.
Eduardo González Calleja también se inclina por la posición "pesimista". Él cree que la idea de que el gobierno de García Prieto estaba democratizando el país es difícil de sostener, debido a que el gobierno no logró muchas de sus reformas y a la manipulación de las elecciones de 1923.
Javier Moreno Luzón tiene una posición intermedia. Él dice que hablar de una democratización completa es exagerado, porque todavía había muchos problemas y no se había hecho una reforma constitucional profunda. Sin embargo, el sistema de la Restauración había logrado adaptarse y superar algunas amenazas. El parlamento había mejorado su trabajo y se había vuelto muy importante en las discusiones públicas. Para él, nada estaba decidido y había varios futuros posibles cuando Primo de Rivera y el rey decidieron romper con la legalidad.
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