Derecho ambiental para niños

Trabajadores de bajos ingresos en Ghana reciclando desechos de países de altos ingresos, con condiciones de reciclaje que contaminan fuertemente el área de Agbogbloshie.

El concepto de justicia ambiental aplica las teorías de la justicia al campo del medio ambiente y la ecología. Se deriva de la consideración del medio ambiente y los servicios del ecosistema como elementos del bien común.

La justicia ambiental también puede afectar los efectos del cambio climático; en tal contexto, a veces se habla de injusticia y/o justicia climática.

Este concepto implica que hay derechos de acceso a la naturaleza para todos; individuos, familias, comunidades, empresas y otros grupos humanos en relación con el medio ambiente considerado como un bien común, pero a cambio de deberes y obligaciones legales, y de acuerdo con el PNUD asumido por Fabrice Flipo (2002), «en la ausencia de terceros capaces de administrar justicia: los más fuertes anulan sus derechos y escapan a sus deberes, constituyendo poco a poco potentados privados. Por lo tanto, las reglas actuales no conducen a un aumento global de la desigualdad». Este concepto también invita a pensar e implementar medidas de reducción, reparación y compensación cuando el daño ecológico no puede evitarse, lo que a veces puede requerir o justificar una cierta "interferencia ecológica".

Estos deberes u obligaciones a menudo se agrupan en la noción de «responsabilidad social y ambiental», la libertad para explotar el medio ambiente se detiene donde amenaza a los demás (entonces es obligatorio no sobreexplotar un recurso), y donde el medio ambiente (biodiversidad, hábitats naturales, diversidad genética) estaría en sí mismo amenazado por las actividades humanas.

El principio de precaución o principio precautorio (no confundir con el principio de prevención) es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva.

El ecocidio es un neologismo que en principio, hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, parte de uno o más países, o bien, con consecuencias a escala global. Aún se sigue trabajando en una definición más precisa de ecocidio con el objetivo de tipificarlo como un crimen en contra de la humanidad. El ecocidio puede ser irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de regenerarse. Este término se suele asociar con el daño causado por un agente vivo que directa o indirectamente puede infligir un ecocidio, matando suficientes especies en un ecosistema para interrumpir su estructura y función.

El ecocidio también puede ser el resultado de contaminaciones masivas tales como el vertido de desechos de industrias o contaminación por pesticidas que destruyen la fauna y flora local. Una definición más laxa de ecocidio es la que incluye la destrucción causada por especies debido a desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, bajo esta definición se puede concluir que las algas azul-verdosas cometieron ecocidio sobre el medio ambiente del precámbrico, basado en una química reductora, al liberar cantidades masivas de oxígeno al medio ambiente. Los organismos para los que el oxígeno era venenoso desaparecieron mientras que las algas y otros organismos se adaptaron a un medio ambiente con una química basada en la oxidación.

Las cuatro regiones en que se agrupan las provincias argentina. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en amarillo, no integran ninguna región.

El derecho ambiental de Argentina incluye legislación nacional así como tratados internacionales a los que ha suscripto. El segundo país más extenso de Sudamérica, reúne una gran diversidad de climas y ecorregiones. Buena parte de su economía se sustenta en la explotación de recursos naturales por medio de la producción agrícola-ganadera, la minería y el petróleo.

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio junto al Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y el Viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre en el "Seminario sobre Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental" en el marco de La Declaración de Rio. 8 de marzo, 2017.

El derecho ambiental en Perú se viene desarrollando desde hace más de dos décadas. Una corta lista de especialistas en ramas relacionadas del derecho fueron aquellos que dieron los primeros pasos en el Perú.

El Derecho Ambiental aparece como una nueva visión jurídica con autonomía propia. Es una rama horizontal del ordenamiento en formación con características y principios propios.

El Derecho ambiental en Perú se origina en el Derecho Civil. La Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo su vida (Artículo 2 inciso 22). Esto se complementa con la Ley general del ambiente (Ley 28611) que precisa que es un derecho y un deber fundamental.

De igual manera, la regulación ambiental peruana presenta las herramientas jurídicas necesarias para interponer acciones legales con el fin de requerir la reparación de daños ambientales; dentro de las que se encuentran los procesos de naturaleza civil (en caso de daños ambientales a colectivos determinados se regirá por las disposiciones comunes sobre responsabilidad extracontractual del Código Civil aprobado por Decreto Legislativo N° 295; mientras que en el en caso de daños ambientales "puros" como daño a colectivos indeterminados, se puede realizar la defensa de un interés difuso conforme al artículo 82 de la norma antes mencionada) procesos de naturaleza constitucional (por medio de acciones de amparo, las cuales proceden en defensa del derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para la vida, conforme al numeral 23 del artículo 37 de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional), procesos de naturaleza penal (por medio de las acciones penales frente a delitos ambientales) y procesos de naturaleza administrativa (en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores que impulsan las entidades de fiscalización ambiental en el Perú, dentro de las que destacan en Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA).

Dos ámbitos generales han sido siempre incluidos al interior del Derecho Ambiental. Uno orientado a los problemas de contaminación ambiental y de deterioro de las condiciones del medio, y otro orientado a la conservación de los recursos naturales, de tal forma que se asegure el aprovechamiento sostenible de dichos recursos.

Autores como Antonio Andaluz y Walter Valdez en su organización Proterra, fueron de los primeros en trabajar el tema en el Perú. Posteriormente el establecimiento de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) de la mano de Jorge Caillaux dieron el impulso final para el desarrollo de esta rama del derecho.

Existe una sociedad que trabaja con Alerta Ambiental que es una herramienta que facilita el acceso a justicia ambiental a los distintos usuarios del bosque afectados por actividades ilegales en la región Madre de Dios. En la misma línea, la SPDA ha implementado desde 2010 el Consultorio Jurídico Gratuito en favor de la justicia ambiental, en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Piura.

Actualmente en el Derecho Penal Peruano, no se encuentra ningún recluido por delitos de daño ambiental, lo que conlleva a que su mención en el Código Penal esta con el fin de llenar lagunas del derecho.

Numerosas leyes regulan la producción y uso del asbesto. El asbesto (o amianto), es un mineral regulado por un amplio abanico de normativas y leyes relacionadas con su producción y uso, que incluyen su extracción, manufactura, utilización y eliminación. Las lesiones atribuidas al amianto han dado lugar a pleitos por lesiones y reclamaciones de indemnización de trabajadores. Los problemas de salud asociados al amianto o asbesto incluyen asbestosis, mesotelioma, cáncer y engrosamiento pleural difuso.

En los procedimientos civiles, uno de los mayores problemas relacionados con el amianto es el periodo de latencia de las enfermedades que causa. En muchos países existe un plazo de prescripción que impide iniciar acciones mucho después de que hayan prescrito los hechos que fundamentan la causa de la acción. En Malasia, por ejemplo, el periodo de tiempo para presentar una reclamación de responsabilidad civil es de seis años desde que se produjo el ilícito. A raíz de varias acciones legales relacionadas con el amianto, en países como Australia se han modificado las leyes en relación con el tiempo de prescripción, para que empiece a contar desde el momento en el que se descubre la enfermedad en lugar del momento en el que se produjo la causa de la demanda. Las primeras reclamaciones de empleados por lesiones derivadas de la exposición al amianto en el centro de trabajo se realizaron tuvieron lugar en 1927, y la primera demanda judicial contra un fabricante de amianto se presentó en 1929. Desde entonces se han presentado numerosas demandas. Como consecuencia de los litigios los fabricantes vendieron sus filiales, se diversificaron, fabricaron sustitutos del amianto y comenzaron a cerrar las empresas de amianto.

Unos 67 países en todo el mundo (incluidos los de la Unión Europea) han prohibido el uso de amianto de manera total. El asbesto está incluido en la categoría de residuo controlado del Anexo I del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación [1992]. Esto implica que las partes firmantes del Convenio deben prohibir la exportación de residuos peligrosos a aquellas otras partes que han prohibido la importación de dichos residuos mediante el procedimiento de notificación del artículo 13 del Convenio. Sin embargo, en lugares como la India el amianto friable o en polvo sigue siendo muy utilizado en las juntas de fibra de amianto comprimido (CAF, por sus siglas en inglés), cuerdas, tejidos, empaquetaduras, láminas, aislamientos, pastillas de freno y otros productos que se exportan a otros países sin la información y conocimientos adecuados.

Las prohibiciones del agua embotellada corresponden a aquellas medidas legislativas que tienen como objetivo limitar parcial o completamente la venta o el uso de agua conservada en botellas. Existen diversas instituciones y territorios que han llevado a cabo medidas de este tipo con el objetivo de reducir el sobreuso de recursos, las emisiones relacionadas con el transporte, el número de desperdicios plásticos y los daños a los acuíferos afectados.

La Universidad de Leeds celebró un referéndum sobre la venta de agua embotellada en 2008, tras el cual se convertiría en la primera universidad del Reino Unido en prohibir el agua embotellada en todos sus bares, cafeterías y tiendas. La pequeña ciudad de Bundanoon, en Nueva Gales del Sur (Australia) promulgó dicha prohibición en 2009 y al hacerlo se constituyó como la primera municipalidad en hacerlo en todo el mundo. También en 2009, la Universidad de Washington en St. Louis se convirtió en la primera universidad de los Estados Unidos en prohibir la venta de botellas de agua de plástico de un solo uso. Más adelnate, en 2013, la Universidad de Vermont (UVM) en Burlington se convirtió en la primera universidad pública en los Estados Unidos en poner en práctica dicha prohibición. A finales de 2016, 82 escuelas secundarias, colegios y universidades de todo el mundo habían implementado prohibiciones de venta de agua embotellada en sus instituciones. A Bunanoon se uniría otros municipios que también han prohibido el agua embotellada en sus territorios, como la ciudad de San Francisco, California.

Botellas de vidrio retornables, depósito reintegrado, en un centro de recolección en Biskek, Kirguistán. El valor del depósito, que puede variar entre 0.5 y 2 Som kirguís (2 a 5 US-centavos), se muestra junto a una muestra del tipo de botella en un estante.

La legislación de depósito para envases puede referirse a cualquier ley que requiera recoger un depósito monetario por cada envase de gaseosa, jugo, leche, agua, bebidas alcohólicas y otros contenedores en el punto de venta. Al devolver el envase en un centro autorizado de reintegro o al punto de venta original (dependiendo de la legislación), se reintegra el depósito total o parcialmente a la persona que hace la devolución y que se asume es el comprador original.

Los gobiernos pueden aprobar leyes de depósito para envases por varias razones:

• Motivar el reciclaje.
• Complementar programas existentes de reciclaje.
• Reducir los niveles de basura a lo largo de autopistas, lagos, ríos, y propiedades públicas o privadas. La devolución del depósito es un incentivo económico para colectar los envases en zonas donde son un problema. De hecho, este es una parte significativa del ingreso para algunas personas y organizaciones cívicas sin fines de lucro.
• Extender la vida útil de los rellenos sanitarios, locales o regionales, financiados públicamente, y
• Para proteger a los niños reduciendo las heridas producidas por vidrio.

El dinero de los depósitos que no es devuelto normalmente se utiliza para financiar programas medioambientales; algunas veces se usa para cubrir el costo de procesar los envases devueltos.

Las diferencias en la problemática del manejo de los desechos sólidos y en las condiciones particulares de los diversos países hace necesario analizar en forma separada los aspectos generales de algunos de ellos, para poder enmarcar adecuadamente los correspondientes planteamientos legislativos sobre la protección del medio ambiente y sus efectos sobre la industria del empaque.

Tal como se mencionó antes, existe muy poca legislación a este respecto en los países en desarrollo. Por otra parte, en vista del próximo Tratado Libre Comercio entre los tres países de América del Norte, se ha dado mayor énfasis a la normatividad ambiental n EUA y en Canadá. Además por estar marcando pautas a seguir y por ser un mercado importante para lo productos de exportación mexicanos, también se presentan consideraciones legislativas de la CE y de algunos de sus países miembros, así como de Japón.

En la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente establece, para botellas de agua, que los Estados miembros podrán, entre otras cosas, establecer sistemas de depósito y devolución de cara a llegar al objetivo de reciclar el 77 % en peso en 2025 y el 90% en 2029 de este tipo de residuos de envases.