Baltasar Garzón para niños

Datos para niños Baltasar Garzón
Garzón en 2011.
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional
29 de enero de 1988-9 de febrero de 2012
Designado por	Consejo General del Poder Judicial
Predecesor	Francisco Castro
Sucesor	Pablo Ruz
Delegado del Gobierno de España para el Plan Nacional sobre Drogas
31 de julio de 1993-13 de mayo de 1994
Predecesor	Jesús García-ViIloslada Quintanilla
Sucesor	Carlos López Riaño
Diputado en las Cortes Generales por Madrid
6 de junio de 1993-9 de mayo de 1994
Presidente de Actúa Actualmente en el cargo
Desde el 3 de agosto de 2017
Secretario	Gaspar Llamazares
Predecesor	Partido creado
Información personal
Nacimiento	26 de octubre de 1955 Torres, Jaén, España
Nacionalidad	Española
Familia
Cónyuge	Rosario Molina Serrano (matr. 1980; div. 2020) Dolores Delgado (matr. 2023)
Hijos	María, Baltasar y Aurora
Educación
Educado en	Universidad de Sevilla
Información profesional
Ocupación	Juez, escritor, político, profesor universitario y abogado
Área	Administración de la justicia
Empleador	Julian Assange (desde 2012)
Partido político	Independiente, vinculado al PSOE (1993-1994) Actúa (desde 2017)
Miembro de	Audiencia Nacional (1988-2012)
Distinciones	Premio Hermann Kesten Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001) Medalla de Andalucía (2008)

Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, 26 de octubre de 1955) es un jurista español. Fue juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 —excepto entre mayo de 1993 y mayo de 1994—. Tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época.

Se presentó como candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.

El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En 2012 recibió su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Allí fue coordinador de asesoramiento internacional en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta que renunció al puesto en enero de 2016, tras el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En Colombia, asesoró a la Fiscalía General. En Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.

Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y por veinte universidades más en el mundo.

Biografía

Aprobó las oposiciones para juez en 1981 y su primer destino fue Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Posteriormente fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería. En 1987 fue nombrado inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial y el 29 de enero de 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.

Trayectoria judicial

Operaciones contra el crimen organizado

..... Con la operación Nécora, en 1990, desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña y, con la operación «Pitón» (1991), detuvo a los integrantes del llamado «clan de los Charlines» que operaba en las costas gallegas.

..... El tribunal sentenciador de la operación «Nécora» dedicó cuarenta folios de la sentencia a analizar las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón y lo censuró por haber ejercido «un control formal, pero no de fondo, de los pinchazos hechos por la policía». El Tribunal Supremo cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el caso y en 2003 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que se había producido una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos contra Sito Miñanco en esta causa. De hecho, la actuación de Garzón en esta operación fue criticada desde diversos ámbitos.

Ricardo Portabales, uno de los "arrepentidos" cuyo testimonio fue clave en la operación para imputar a Oubiña, declaró años después que la operación Nécora "fue un fraude", con el que supuestamente se habría visto obligado a colaborar por presiones de funcionarios adscritos a la investigación que le habrían preparado lo que tenía de declarar.

Caso GAL

Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, Garzón volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo.

Respecto al secuestro de Segundo Marey, caso por el que se dieron a conocer los GAL, Rafael Vera, condenado por el Tribunal Supremo, lo recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de enero de 2010. En dicha sentencia se afirma que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el magistrado (Garzón)". Dicho Tribunal no condenó a España, pues otro juez, esta vez Eduardo Moner, del Tribunal Supremo, llevó a cabo una nueva instrucción.

Investigaciones a ETA y su entorno

Garzón ha investigado también a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que se considera su entorno, tanto político como militar.:

• En octubre de 2002, suspendió durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA.
• Asimismo ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika y Segi, alegando que forman parte de diversos frentes del entramado de ETA.

Polémica por su actuación en el caso Sogecable

En 1997 el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño procesó a los dos máximos directivos del Grupo PRISA Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, junto a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por un presunto delito de apropiación indebida del dinero depositado por los abonados a Canal +. Al año siguiente Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso, logrando que fuera condenado por dicho delito y apartado de la carrera judicial. Esta condena por prevaricación a Gómez de Liaño fue celebrada por Felipe González, Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco con una cena en un restaurante de Madrid. En 2000 Liaño recibió un indulto del gobierno de José María Aznar que le permitió volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Finalmente, en julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordando «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables», estimó que el juicio contra este juez diez años antes no había ofrecido la suficiente «apariencia de imparcialidad» y condenó al Estado español al pago de una multa de 5000 euros por «daños morales».

La actuación de Baltasar Garzón en este caso Sogecable causó polémica, ya que el 3 de septiembre de 1997 dictó un auto en el que se abstenía de resolver la recusación que Juan Luis Cebrián había presentado contra Liaño, argumentado que había tenido conocimiento de una trama contra el presidente de PRISA, Polanco, urdida por Gómez de Liaño, el también juez Joaquín Navarro Estevan y el conocido abogado Antonio García Trevijano. En medio de un gran escándalo, el Tribunal Supremo abrió un sumario para investigar estos hechos y terminar archivándolo poco después. «La inconsistencia de su denuncia desembocó en el rápido archivo de la causa, pero el terreno quedó abonado para que prosperara la posterior querella [por prevaricación] de Polanco contra Liaño. La conducta de Garzón fue interpretada como un intento de aproximarse al grupo Prisa tras los duros ataques de los que había sido objeto por El País con motivo de su papel en los sumarios de los GAL. Garzón logró su propósito pero gran parte de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional reprobaron duramente su actitud, llegando en algunos casos hasta el extremo de retirarle el saludo».

El periodista de la Cadena SER, propiedad de PRISA, Carlos Carnicero afirmó que Garzón había pactado estas acusaciones suyas contra su hasta entonces amigo Gómez de Liaño en un desayuno en Nueva York con Antonio Navalón, Matías Cortés y Jaime García Añoveros, los tres estrechamente vinculados a Polanco y PRISA (García Añoveros incluso era miembro del Consejo de Administración del Grupo PRISA). «A partir de ese momento, Garzón recibió un trato exquisito por parte de El País». Según escribió el propio Gómez de Liaño «A pesar de la inconsistencia [...] de la recusación, lo que me hubiera permitido rechazarla [...] por fraude de ley y abuso de derecho, me pareció adecuado abrir el trámite, apartarme provisionalmente del asunto y dejar que fuera Baltasar Garzón [...] quien resolviera el incidente procesal. Estaba seguro de que la recusación no podría prosperar. [...] El objetivo de Baltasar era apartarme de la instrucción. Según se descubrió posteriormente, él había urdido el incidente de recusación con personas como el exministro de Hacienda y consejero de PRISA, Jaime García Añoveros, quien se aprestó a comparecer en el incidente en calidad de testigo para responder a una lista de preguntas que llevaba en la cartera. Todo demostraba que Baltasar estaba comprometido con el asunto y que cumplía sin rechistar el encargo encomendado.»

Casos relevantes internacionalmente

Causa contra Augusto Pinochet

Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tratos crueles y degradantes contra ciudadanos españoles y chilenos durante su mandato y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

Procedimientos en relación con la dictadura militar en Argentina

Garzón en el Congreso de la Nación Argentina en 2012, junto a Estela de Carlotto (izquierda) y Hebe de Bonafini (derecha).

Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.

No obstante, sus actuaciones en el caso argentino no están exentas de polémica, ya que informaciones periodísticas posteriores documentaron la negativa de Garzón a investigar aquellas complicidades y responsabilidades en la dictadura argentina llevadas a cabo por funcionarios españoles o personas radicadas en España. Asimismo, la organización Nuevos Derechos del Hombre, que lidera el dirigente de la Unión Cívica Radical Hipólito Solari Yrigoyen, criticó al gobierno argentino por su designación como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, ya que fue decisión de Garzón no extraditar a Argentina ni imputar al ex comisario de la Policía Federal Roberto Almirón, en el marco de la Causa Triple A instruida por el Juez Federal Norberto Oyarbide, advirtiendo Yrigoyen que también puso trabas a la extradición de María Estela Martínez de Perón.

En el año 1998, en el marco de la causa por los vuelos de la muerte, el Ministerio de Defensa español remitió a su juzgado una lista de altos oficiales españoles que acudieron a Argentina en plena dictadura para recibir entrenamiento y compartir experiencias. Además, Víctor Basterra, fotógrafo superviviente de la ex ESMA, declaró ante Garzón que entre sus captores se encontraba un ciudadano español, señalando al oficial de la armada española Coronel(R) Cristóbal Gil y Gil. En el caso de Gil y Gil, el magistrado solo lo llamó a declarar como testigo, pero en el caso del resto de los oficiales ni siquiera fueron citados. Abundando en estos hechos, el coronel español Amadeo Martínez Inglés, uno de los enviados a Argentina para el Curso de Estado Mayor en plena dictadura militar, declaró al diario argentino Página 12: "Cuando regresé a Madrid, tuve que hacer un informe exhaustivo y todo lo pasé a la división de inteligencia, que a su vez tuvo que haber informado al gobierno español. El gobierno español tuvo conocimiento, cuando regresé en diciembre del año 81 (de lo que pasaba en la Argentina). (El gobierno español) Vio todo lo que llegó a mí en un informe que se le pasó". Martínez Inglés, que estaba en esa lista remitida por Defensa, tampoco fue citado a declarar, a pesar de la gravedad de sus manifestaciones.

Caso Guantánamo

El 26 de diciembre de 2003, en el marco del sumario 25/2003, Baltasar Garzón dictó auto de procesamiento contra Jamiel Abdullatif Al Banna y Omar Deghayes por presunto delito de integración en organización terrorista. En la misma fecha pidió su extradición a los Estados Unidos sin que se recibiera respuesta alguna durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007. El 14 y el 19 de diciembre de 2007 cursó orden de detención europea contra dichos procesados ante su próxima llegada al Reino Unido. Ambos estaban acusados de pertenecer a la célula española de Al Qaeda.

El 5 de marzo de 2008, Garzón refirió, en un auto perteneciente al mismo sumario, que había recibido dos informes médicos suscritos por los doctores Fluxman y Bamber, adverados por los forenses del juzgado español, en los que se dictaminaban una serie de secuelas físicas y psíquicas derivadas de los tratos inhumanos, crueles y degradantes sufridos durante su encarcelamiento en varias prisiones militares estadounidenses, incluida la de Guantánamo. A la vista de tales informes y a pesar de que los hechos por los que tales procesados eran perseguidos en España se habían producido con anterioridad a su detención, dictaminó que los malos tratos sufridos durante años de detención irregular en total ausencia de las garantías mínimas exigibles en cualquier Estado de Derecho habían contaminado el procedimiento «[...] en relación con cualquier evidencia aparecida o que pudiera tener relación con los lugares en que se produjeron tales detenciones sin cargos [...]».

En el mismo fundamento jurídico reseñó lo dicho al respecto por la sentencia 829/06 de 20 de julio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: «[...] toda diligencia o actuación practicada en ese escenario debe ser declarada totalmente nula y, como tal, inexistente». Concluye el auto afirmando que «la estancia en condiciones de degradación y falta de derechos en las cárceles secretas y en Guantánamo ha producido un deterioro grave del estado mental de los procesados y hace imposible, por inhumana, continuar adelante con la orden europea de detención». Por el mismo razonamiento, revocó los autos de prisión, canceló las órdenes de detención y declaró concluso el sumario 25/2003.

En abril de 2009, el magistrado incoó diligencias previas con el fin de averiguar posibles responsabilidades penales contra militares de EE. UU. que estaban al frente de la base naval de Guantánamo (Cuba), a partir de las denuncias de cuatro ex prisioneros que estuvieron recluidos en este centro de detención.

No obstante, un informe de Amnistía Internacional del año 2008 reveló que Garzón había conocido de primera mano y desde el principio los hechos cometidos en Guantánamo contra las personas incluidas en el sumario 25/2003. De hecho, el juez dictó un auto el 5 de marzo de 2008 declarando concluso dicho sumario al haber apreciado que el grave deterioro sufrido por los procesados en Guantánamo y otras cárceles secretas estadounidenses hacían imposible la prosecución de la causa.

Según el informe, el Gobierno español envió en el año 2003 a varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a interrogar a cuatro detenidos en la base por una presunta pertenencia a Al Qaeda. A la vuelta del interrogatorio, los agentes informaron a Garzón que los detenidos carecían de cualquier clase de derecho. Amnistía reprocha en su informe que Garzón prosiguiera su imputación por hechos de terrorismo contra personas cuando parecía estar acreditada la existencia de tratos violatorios de la dignidad humana durante el procedimiento. El documento detalla que uno de los agentes enviados a Guantánamo declaró ante el juez que los interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones que, según insinuó el policía, eran propicios para los malos tratos: "…están habilitados una especie de vagones también donde se llevan a estos hombres a los que se quiere interrogar, y bueno, el sitio sí es propicio para...", según declaró el agente 14620 el 23 de septiembre de 2003 ante Garzón. Por estos hechos, el Tribunal Supremo terminaría archivando la causa. No obstante, y en virtud de las declaraciones obtenidas de los detenidos en Guantánamo, Garzón siguió formulando imputaciones contra estos prisioneros y obviando los posibles actos de tratos crueles y degradantes.

Uno de los imputados por Garzón desde su estancia en Guantánamo, Omar Deghayes, declaró en una entrevista: “Primero nos dice que somos terroristas, que somos mala gente y de pronto un día cambia de parecer y nos pide autorización para encausar a Dick Cheney y George Bush. Me lo pidió a mí y otros como Jamil Abdul, los dos que supuestamente debíamos ser juzgados en España por él. Toda una locura”. Garzón, en 2008, y consultado por los supuestos hechos cometidos de los que habrían sido víctimas sus imputados, manifestó: "No me consta que haya ninguna reclamación por este caso".

El procedimiento abierto por Garzón se encuentra actualmente en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz

Caso Gürtel

La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El nombre dado a la trama, Gürtel, está relacionado con el apellido de Francisco Correa principal sospechoso de encabezar la red. Actualmente hay 71 imputados relacionados con el Partido Popular.

Tras las peticiones de la Fiscalía y el Partido Popular, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, dejando un caso con 43 imputados vinculados al Partido Popular, aunque antes de hacerlo ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas a las conversaciones entre los imputados y sus abogados, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente motivaron la presentación de una querella ante el Supremo por supuesta prevaricación y vulneración de la intimidad. El Partido Popular —que había tratado, sin resultado, de recusar a Garzón como instructor del caso alegando "enemistad manifiesta contra el partido" e "interés directo e indirecto", luego se querelló por prevaricación contra él, siendo dicha querella desestimada— expresó en un comunicado que celebraba que la querella contra Garzón por las escuchas se admitiese a trámite.

Condena por prevaricación por escuchas ilegales en el Caso Gürtel

El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León, implicado por las escuchas del caso Gürtel. La querella estaba motivada en el hecho de que Garzón ordenara grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que entiendía que el juez habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. Estas escuchas ya fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba "el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías". El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010 afirma que Garzón ordenó las escuchas haciendo una interpretación de la ley "errónea, tanto desde el punto de vista gramatical como del sistemático y teleológico" y, sin motivación alguna, ante la "mera posibilidad" de que los letrados actuaran de "enlaces" de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación "conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa" y con ello, Garzón "transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados".

El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al juez Garzón por prevaricación de forma unánime con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta». El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012, ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón.

Otros casos en España

Investigó a Jesús Gil, antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid, por corrupción.

En 2009, por solicitud del fiscal anticorrupción, Luis Pastor, ordenó el ingreso en prisión de dos ex altos cargos de la Generalidad de Cataluña durante el gobierno de Jordi Pujol —Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, de Convergència i Unió—, del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del exdiputado del PSC Luis García, y el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional de Madrid, en relación con la Operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Cataluña. En dicha operación se investigaba el fraude de 44.754.000 euros por parte de los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. Además aparecen como imputados, el empresario madrileño Manuel Carrillo, y los empresarios catalanes Josep Singla, y Lluís Casamitjana.

En relación con sus investigaciones al entorno de ETA, Pepe Rei —antiguo redactor jefe del diario vasco de ideología abertzale Egin, y director de la desaparecida revista mensual Ardi Beltza—, y que fue procesado por el propio Garzón por su supuesta relación con ETA, publicó en 1999 el libro Garzón. La otra cara.

Otros casos

En 2016 la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) contrató por $10,18 millones de dólares a Ilocad, bufete administrado por Garzón, para diversas tareas, incluyendo la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial".

En 2020, el bufete de abogados de Baltasar Garzón anunció que asumiría la defensa del empresario colombiano Alex Saab detenido en junio en Cabo Verde bajo la acusación de ser testaferro del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Carrera política

Garzón en la inauguración de un seminario en Buenos Aires.

Gobierno de Felipe González

En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE como José Bono y Felipe González, Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política. Con fecha 2 de mayo se le concedió la excedencia voluntaria en la carrera judicial y pudo así presentarse por Madrid en las listas electorales del PSOE como independiente y número dos, justo detrás de Felipe González, obteniendo escaño.

Al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, dentro del recién fusionado Ministerio de Justicia, e Interior, con Juan Alberto Belloch como ministro. Sin embargo, el 6 de mayo de 1994 anunció su dimisión como delegado del Gobierno y tres días después renunció a su escaño. Garzón adujo como motivo "la actitud pasiva del presidente Felipe González respecto a la corrupción". Años después, afirmó que en esa época había considerado positivo y útil desarrollar una carrera política, pero que sin duda se equivocó, ya que pecó "de soberbia creyendo que yo podía hacer algo".

Convocatoria Cívica y X La Izquierda

En julio de 2013 presentó la plataforma Convocatoria Cívica con el objetivo de "acabar con la corrupción", involucrarse "con la verdad, la justicia, los derechos cívicos, la defensa de las víctimas [de la represión franquista] y la reparación que merecen", "aglutinar todas las sensibilidades progresistas para plantear una alternativa que saque a España del pozo ciego en el que encuentra" junto a otras personalidades progresistas como el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, los periodistas Pilar del Río, Enric Sopena y Rosa María Artal o el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza.

Inicialmente esta plataforma buscó unir a los grupos políticos percibidos como de izquierda para "evitar un auge de la extrema derecha", tratando de conseguir una "unidad entre grupos políticos y sociales" para que "entre todos podamos ser, no varios más, sino quienes decidan el futuro de nuestro país" y apostó por un proceso constituyente para conseguir "un estado republicano, federal, solidario y laico". Tras varios meses, esta postura evolucionó en la creación de X La Izquierda, una candidatura que se presentó a las elecciones generales de 2015 en coalición con Gira Madrid-Los Verdes.

Actúa

En abril de 2017 Baltasar Garzón presentó junto con Gaspar Llamazares la nueva plataforma política Actúa, exponiendo como objetivo principal "dar voz a la izquierda que no se siente representada ni por los gestos mínimos del PSOE y su pacto con el PP ni tampoco por el maximalismo retórico de Podemos", si bien declararon que no se presentarían a las elecciones generales. En el acto participaron personalidades destacadas como la abogada Cristina Almeida, Federico Mayor Zaragoza (exdirector de la Unesco), el poeta Luis García Montero (excandidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 por IUCM), y la periodista Teresa Aranguren.

Cuatro meses más tarde anunciaron el registro de dicha organización en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, declarando que no descartaban presentarse a las próximas elecciones, si bien el principal motivo para registrarla como partido era adquirir la exclusividad de la marca. Finalmente el partido se presentó a las elecciones generales de abril de 2019 pero, tras los malos resultados cosechados en estos comicios y en las elecciones europeas de pocas semanas después, decidió no presentarse a las elecciones de noviembre del mismo año e incluso, en enero de 2020, Gaspar Llamazares dejaba la puerta abierta a disolver el partido.

Libros

En el año 2002 publicó su primer libro Cuento de Navidad: es posible un mundo diferente. Es una obra que reúne el pensamiento de Baltasar Garzón acerca de los Derechos Humanos, la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional, el terrorismo, los fundamentalismos religiosos, la inmigración, y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En febrero de 2005 publicó su segundo libro, Un mundo sin miedo, en el que cuenta a modo de reflexión o bien como cartas dirigidas a sus tres hijos, Aurora, Baltasar y María, los puntos más destacables y polémicos de sus diecisiete años como juez de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la impunidad. Expresa también su opinión acerca de temas de actualidad y revela datos (tanto de relevancia nacional como internacional) poco conocidos hasta entonces.

El 24 de febrero de 2006 presentó su tercer libro, La lucha contra el terrorismo y sus límites.

En 2007 publicó El alma de los verdugos, sobre los crímenes de la dictadura argentina.

Su última obra es La línea del horizonte, donde reflexiona de forma muy personal sobre la impunidad y el olvido de determinadas injusticias y atrocidades, los fenómenos migratorios, la educación en un mundo globalizado, y otras cuestiones; con una mirada crítica, comparativa y visión de futuro.

Ha colaborado con un artículo en el libro de 2011, Reacciona, coordinado por la periodista Rosa María Artal, y que pretende alertar de la crisis política que recorre las sociedades en la actualmente y en particular la sociedad española y de la necesidad de respuesta social a la corrupción, a los poderes financieros y económicos y a los poderes políticos, alejados cada vez más de la ciudadanía.

También de ese año es La fuerza de la razón, editado por Debate.

Obras sobre Garzón

Aparte de las anteriores, existen varias obras sobre Baltasar Garzón. La primera fue "Garzón, la ambición de un juez", con el subtítulo, "La cara oculta de un juez-estrella". La escribió en 1998 el periodista especializado en tribunales, Miguel Ángel de la Cruz. En este libro, publicado por Planeta, se dan claves para entender, por ejemplo, porque aceptó saltar a la política de la mano del PSOE. O si utilizó el caso GAL como venganza personal contra Felipe González. En la obra se dan también datos biográficos, sobre su trayectoria como juez y sobre su personalidad. Otra obra acerca de Garzón, cuya autora es la conocida periodista Pilar Urbano, titulada Garzón: El hombre que veía amanecer. Se trata de una biografía autorizada que algunos sectores tacharon de hagiografía, pero que publicaba datos acerca de la vida e ideología del juez. En sus páginas, el exjuez acusaba al conocido abogado republicano, Antonio García-Trevijano, de ser el cerebro de la supuesta trama que destapó el llamado caso Sogecable y de estar preparando, junto con el juez Joaquín Navarro, una conspiración para derrocar a Juan Carlos I y proclamar una república. El libro fue motivo de polémica al existir una supuesta responsabilidad del juez en la revelación de secretos sumariales. Este hecho supuso la incoación de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial el 13 de febrero de 2001, para averiguar si el magistrado había incurrido en una falta muy grave por revelación de secretos, y que finalmente fue archivado por decisión unánime de la Comisión Disciplinaria de este consejo, atendiendo a los informes del instructor y del fiscal, al no considerar probado que revelara secretos.

En 2001, el periodista argentino Eduardo Anguita escribió Sano juicio. Baltasar Garzón, algunos sobrevivientes y la lucha contra la impunidad en Latinoamérica.

En 2010, Isabel Coixet filmó el documental Escuchando al juez Garzón.

En 2011, Sebastián Arabia filmó el documental La tinta negra. que gira en torno al llamado caso Garzón y los crímenes del franquismo.

En 2012, el portal Llibertat.cat impulsó el documental Operación Garzón, que documenta la actuación del exjuez en la operación contra 45 personas vinculadas al independentismo catalán en el año 1992, las cuales denunciaron hechos relacionados con tratos inhumanos, crueles y degradantes durante los procedimientos.

El 1 de julio de 2014 Diego Herchhoren contrató el dominio «www.baltasargarzon.es». Dicha página web, promovida por activistas de Argentina, Colombia y España, publicaba información que pretendía desacreditar la posición de Baltasar Garzón como defensor de los derechos humanos, tras una serie de escraches que se habían producido contra su persona en la capital argentina. Representado por su hijo, Baltasar Garzón Molina, presentó el 4 de septiembre de 2014 solicitud ante la entidad pública Red.es para que se cancelara dicho dominio por incumplimiento normativo en su asignación, argumentando que cuando el nombre de un dominio está compuesto por nombre y apellidos, estos deben tener una relación directa con el nombre del titular. La asignación del dominio fue cancelada el 25 de noviembre de 2014. A las pocas horas, el dominio «www.noagarzon.org» replicó el contenido.

Como curiosidad, en julio de 2006 un grupo de música pop homónimo, Garzón, usó fotografías del magistrado en su página web con fines publicitarios, incluía en el dominio la expresión «superjuez»; tras ser contactados por un representante legal del magistrado y amenazados con acciones legales, pasaron a llamarse «Grande Marlaska», en referencia al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Premios y reconocimientos

• 2011 - Premio ALBA/Puffin al activismo en pro de los derechos humanos

Véase también

• Caso Faisán
• Caso Gürtel
• Caso del informe sobre el ácido bórico
• Democracia directa mundial
• GAL
• Genocidio (Derecho español)
• Justicia universal
• Querella argentina