Gobierno Provisional de la Segunda República Española para niños
El Gobierno Provisional de la Segunda República Española fue el grupo de personas que estuvo al mando de España desde que el rey Alfonso XIII dejó el trono y se proclamó la República el 14 de abril de 1931. Este gobierno estuvo en el poder hasta que se aprobó la Constitución de 1931 el 9 de diciembre de ese mismo año.
Al principio, Niceto Alcalá-Zamora fue el presidente del gobierno provisional. Pero el 15 de octubre de 1931, él renunció debido a un desacuerdo sobre cómo se trataba el tema de la religión en el artículo 26 de la Constitución. Después de su renuncia, Manuel Azaña tomó su lugar como presidente.
Contenido
- El "Comité Revolucionario" se convierte en Gobierno Provisional
- El gobierno de "plenos poderes" y el orden público
- El primer problema: Cataluña
- El País vasconavarro y el Estatuto de Estella
- La política religiosa inicial del Gobierno Provisional
- La reforma militar de Azaña
- Los decretos agrarios del Gobierno Provisional
- La reforma sociolaboral de Largo Caballero
- La Comisión de Responsabilidades
- Véase también
El "Comité Revolucionario" se convierte en Gobierno Provisional
El 14 de abril de 1931, el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, fue la primera autoridad de la monarquía en reconocer al "comité revolucionario" como el nuevo gobierno. Este comité estaba formado por republicanos y socialistas.
Algunos miembros del comité, como Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz, estaban reunidos en la casa de Miguel Maura en Madrid. Otros, como Manuel Azaña y Alejandro Lerroux, estaban escondidos y fueron avisados para unirse.
A medida que llegaban noticias de que la República se proclamaba en varias ciudades, una gran multitud se reunió en la Puerta del Sol de Madrid. Allí se encontraba el Ministerio de la Gobernación. Los miembros del comité revolucionario se dirigieron al Ministerio.
Cuando llegaron, Miguel Maura llamó a la puerta y dijo: "Señores, paso al Gobierno de la República". Los guardias civiles les saludaron con respeto. En ese momento, el comité revolucionario se convirtió oficialmente en el "Gobierno Provisional" de la República. Nombraron a Niceto Alcalá-Zamora como su presidente. Eran las ocho de la tarde del 14 de abril.
A esa misma hora, el rey Alfonso XIII se despedía de los nobles y abandonaba Madrid. Se dirigió a Cartagena para embarcarse en un barco hacia Marsella.
Al día siguiente, el gobierno provisional publicó un decreto en el diario oficial, la Gaceta de Madrid. En él, comunicaban que habían tomado el poder y se nombraban "Gobierno Provisional de la República". Otro decreto nombró a Niceto Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno Provisional y también como Jefe del Estado. Antes, esta función la ejercía el rey.
El decreto decía que el pueblo había elevado al gobierno a esa posición. También afirmaba que toda España lo aceptaba y le daba autoridad. Después, Alcalá-Zamora nombró ministros a los miembros del comité revolucionario. El 28 de abril, se aprobó un decreto que establecía la bandera tricolor como la bandera nacional.
El gobierno de "plenos poderes" y el orden público
El 15 de abril, la Gaceta de Madrid publicó el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional. Esta fue la ley principal que guio al Gobierno Provisional hasta que se aprobó la nueva Constitución de 1931 el 9 de diciembre de 1931.
El Estatuto decía que el Gobierno Provisional tenía "plenos poderes". Sin embargo, también establecía que el gobierno rendiría cuentas a las Cortes Constituyentes. El artículo 2.º anunciaba que el gobierno investigaría las acciones de la monarquía y la Dictadura de Primo de Rivera.
El artículo 3.º reconocía la "libertad de creencias y cultos". El artículo 4.º garantizaba la "libertad individual" y los "derechos ciudadanos". Pero el artículo 6.º permitía al Gobierno Provisional suspender temporalmente estos derechos si lo consideraba necesario para la "salud de la República".
Esto generó controversia, ya que el gobierno podía limitar las libertades sin intervención judicial. Por ejemplo, los grupos conservadores y algunos de izquierda, como anarquistas y comunistas, tuvieron dificultades para ejercer su derecho de reunión en lugares públicos.
Un ejemplo de esto ocurrió el 28 de mayo en San Sebastián. Unos huelguistas fueron bloqueados por la Guardia Civil. Cuando se negaron a dispersarse, los guardias dispararon, causando la muerte de ocho personas y más de cincuenta heridos.
El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, se reunió con los directores de periódicos. Les recordó que tenía "plenos poderes en materia de orden público". Les pidió que informaran de lo sucedido con verdad, pero advirtió que cualquier periódico que usara la noticia para campañas políticas sería suspendido. Como resultado, la mayoría de los diarios no publicaron la noticia.
Esta política del gobierno culminó con la aprobación de la Ley de Defensa de la República el 21 de octubre de 1931. Esta ley dio al gobierno herramientas especiales para actuar contra quienes atacaran a la República, incluso sin pasar por los tribunales de justicia.
El primer problema: Cataluña
El primer gran desafío para el Gobierno Provisional fue la proclamación de la "República Catalana" por Francesc Macià en Barcelona el 14 de abril.
Tres días después, tres ministros del Gobierno Provisional se reunieron con Francesc Macià en Barcelona. Llegaron a un acuerdo: Esquerra Republicana de Cataluña renunciaría a la "República Catalana". A cambio, el Gobierno Provisional se comprometió a presentar un Estatuto de Autonomía para Cataluña en las futuras Cortes Constituyentes.
También se reconoció al gobierno catalán, que pasó a llamarse Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Este nombre recuperaba una institución histórica. La nueva Generalidad asumiría las funciones de las cuatro diputaciones catalanas.
Casi todos los partidos catalanes aceptaron el acuerdo. El 26 de abril, el presidente Niceto Alcalá-Zamora fue recibido con entusiasmo en Barcelona. Tres días después, el gobierno provisional aprobó un decreto que permitía el uso del catalán en las escuelas de educación infantil y primaria.
Sin embargo, pronto surgió un conflicto. El Ministerio de la Gobernación consideró que un decreto de la Generalidad, que reorganizaba sus instituciones, invadía sus competencias. Un representante de la Generalidad tuvo que viajar a Madrid para aclarar las responsabilidades de cada gobierno.
El proyecto de estatuto para Cataluña, conocido como Estatuto de Nuria, fue aprobado por el pueblo catalán el 3 de agosto con una gran mayoría. Fue presentado a las Cortes Constituyentes. Sin embargo, este Estatuto proponía un modelo federal que iba más allá de lo que se aprobó en la Constitución de 1931.
En el caso del País Vasco y Navarra, el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía comenzó casi al mismo tiempo que en Cataluña. La primera propuesta fue de los alcaldes del Partido Nacionalista Vasco.
En mayo, encargaron a la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) que redactara un proyecto de Estatuto para un "Estado Vasco" (o Euskadi). Este incluiría Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. El resultado fue una mezcla de tradiciones y estados modernos que no satisfizo a todos.
Mes y medio después, el 14 de junio, una asamblea de ayuntamientos vascos y navarros en Estella aprobó un Estatuto de Estella más conservador. Este se basaba en la recuperación de los fueros vascos antiguos.
El Estatuto de Estella fue presentado a las Cortes Constituyentes el 22 de septiembre de 1931. Pero no fue aceptado porque no encajaba con la Constitución que se estaba creando. Entre otras cosas, proponía un modelo federal y declaraba el "Estado vasco" como confesional (con una religión oficial). Además, no reconocía plenos derechos políticos a los inmigrantes españoles con menos de diez años de residencia.
La política religiosa inicial del Gobierno Provisional
Con la proclamación de la Segunda República Española, se buscaba que el nuevo sistema legal garantizara la libertad de cultos. También se quería separar al Estado de la Iglesia católica, que había estado muy unida a la monarquía. Los republicanos querían crear escuelas sin influencia religiosa, permitir el divorcio, y reducir la presencia de órdenes religiosas en España.
Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la separación de la Iglesia y el Estado fueron moderadas. Esto se debió a que Niceto Alcalá Zamora, un católico liberal, era el presidente.
El 14 de abril de 1931, el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional proclamó la libertad de cultos. Decía que el gobierno respetaría la conciencia individual y la libertad de creencias.
En las semanas siguientes, el gobierno aprobó algunas medidas. Por ejemplo, se disolvieron las órdenes militares, se eliminó la obligación de asistir a actos religiosos en cárceles y cuarteles, y se prohibió la participación oficial en actos religiosos. También se eliminaron las exenciones de impuestos para la Iglesia. Una medida importante fue el decreto del 6 de mayo, que hizo voluntaria la enseñanza religiosa en las escuelas.
Al mismo tiempo, el Gobierno Provisional habló con el nuncio Federico Tedeschini, representante del Papa. Le aseguraron que respetarían el Concordato de 1851 hasta que se aprobara la nueva Constitución. A cambio, la Iglesia debía mostrar respeto por el nuevo gobierno.
El 24 de abril, el nuncio envió un telegrama a todos los obispos. Les pidió que recomendaran a sacerdotes y fieles que respetaran a las autoridades para mantener el orden. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, también mostró una actitud conciliadora.
Sin embargo, muchos obispos eran integristas y no estaban de acuerdo con la República. El cardenal Primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, era el líder de este grupo. Él ya se había opuesto a la República antes de su proclamación.
El 1 de mayo, el Cardenal Segura publicó una pastoral (carta a los fieles). En ella, elogiaba a la monarquía y al rey Alfonso XIII. La prensa republicana lo interpretó como una incitación a los fieles a oponerse a la República. El Gobierno Provisional protestó ante el Nuncio y pidió que el cardenal fuera retirado de su cargo.
La Quema de conventos de mayo
El domingo 10 de mayo de 1931, se inauguró en Madrid el Círculo Monárquico Independiente. Durante el acto, algunos monárquicos provocaron a la gente. Se extendió el rumor de que un taxista republicano había sido asesinado. Una multitud se reunió frente a la sede de un periódico monárquico, donde la Guardia Civil disparó, causando heridos y dos muertos.
Una manifestación se dirigió a la Dirección General de Seguridad, pidiendo la dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura. Al mismo tiempo, grupos de personas quemaron un quiosco de un periódico católico y atacaron otros edificios.
Esa noche, Miguel Maura quiso desplegar a la Guardia Civil, pero otros ministros, como Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña, se opusieron. No querían usar la fuerza contra el "pueblo". Azaña incluso dijo que los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano.
La inacción del gobierno permitió que se quemaran más de diez edificios religiosos. Por la tarde, el gobierno declaró el estado de guerra en Madrid, y los incendios cesaron. Al día siguiente, los incendios se extendieron a otras ciudades del este y sur de España.
No se sabe con certeza quién quemó los edificios religiosos. La hipótesis más aceptada es que fueron grupos de extrema izquierda republicana y anarquistas. Querían presionar al gobierno para que hiciera cambios más radicales. La mayoría de los ministros no querían que el nuevo gobierno empezara disparando contra los ciudadanos.
La izquierda republicana y los socialistas interpretaron los hechos como una advertencia al Gobierno Provisional. Creían que el pueblo se había adelantado al gobierno en la defensa de la República.
La tensión entre la República y la Iglesia Católica
El gobierno suspendió la publicación de periódicos católicos y monárquicos. También detuvo a varios monárquicos, aunque luego fueron absueltos. Se llegó a considerar la expulsión de los jesuitas, pero no se llevó a cabo. El 17 de mayo, el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, fue expulsado de España.
El Gobierno Provisional también aprobó medidas para separar la Iglesia y el Estado. El 13 de mayo, se ordenó la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no recibieran enseñanza religiosa. El 21 de mayo, se exigió el título de maestro para enseñar, lo que afectó a los colegios religiosos. El 22 de mayo, se reconoció la libertad de cultos en la escuela y se prohibió a los religiosos vender bienes sin permiso.
El "caso Segura"
La Iglesia Católica criticó estas medidas, especialmente la retirada de los crucifijos. El 30 de mayo, la Santa Sede (el Vaticano) rechazó al nuevo embajador de España. El cardenal Segura, desde Roma, publicó una pastoral el 3 de junio. En ella, expresaba el descontento de los obispos por las decisiones del gobierno.
La pastoral del cardenal Segura volvió a enfadar a la prensa republicana y socialista. El Gobierno Provisional pidió a la Santa Sede que el cardenal no regresara a España. El cardenal Segura regresó inesperadamente el 11 de junio, fue detenido y expulsado del país el 15 de junio. Una famosa foto lo mostró rodeado de policías, lo que se presentó como "prueba" de la "persecución" a la Iglesia.
El "caso Echeguren"
Dos meses después, en pleno debate sobre la nueva Constitución de 1931, ocurrió otro incidente. El 17 de agosto, se encontró documentación del cardenal Segura en posesión del vicario de Vitoria, Justo Echeguren. Estas instrucciones permitían a los obispos vender bienes de la Iglesia en caso de necesidad. Lo más grave era un informe que aconsejaba transferir bienes a personas no religiosas y colocar dinero en el extranjero para evitar posibles expropiaciones.
El Gobierno Provisional suspendió la venta de bienes de la Iglesia el 20 de agosto. También suspendió varios periódicos católicos del País Vasco y Navarra, acusándolos de incitar a la rebelión.
La reforma militar de Azaña
Manuel Azaña, ministro de la Guerra, quería un ejército más moderno y leal a la República. El 22 de abril, un decreto obligó a los militares a prometer fidelidad a la República.
Para reducir el gran número de oficiales, Azaña propuso un decreto el 25 de abril de 1931. Ofrecía a los oficiales la posibilidad de retirarse voluntariamente con su sueldo completo. Casi 9.000 militares se acogieron a esta medida, lo que permitió a Azaña reorganizar el Ejército.
El 25 de mayo de 1931, se reorganizó el ejército de la península. Se redujo el número de divisiones y se suprimieron las capitanías generales. También se eliminó el Cuerpo Eclesiástico del Ejército (capellanes militares).
Azaña también abordó el tema de los ascensos. Anuló muchos de los ascensos obtenidos durante la Dictadura por "méritos de guerra". Esto hizo que unos 300 militares perdieran grados.
El 1 de julio de 1931, Azaña decretó el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco. Los alumnos fueron distribuidos en otras academias.
El servicio militar obligatorio se redujo a 12 meses.
El rechazo de la derecha y de una parte del Ejército
La reforma militar de Azaña fue muy criticada por algunos militares y por los medios conservadores. Se acusó a Azaña de querer "destruir" al Ejército.
Un ejemplo del descontento ocurrió en una revista militar en Carabanchel. Un coronel gritó "¡Viva la República!" después de que un general gritara "¡Viva España!". El coronel fue arrestado, y el gobierno destituyó al general. Este incidente mostró las diferentes lealtades.
El mantenimiento de la jurisdicción militar en el orden público
Azaña también quería que los militares dejaran de intervenir en la política. Por eso, su primera decisión como ministro de la Guerra fue derogar la "Ley de Jurisdicciones" de 1906. Esta ley permitía que los civiles fueran juzgados por tribunales militares si eran acusados de delitos contra la Patria o el Ejército.
Sin embargo, la derogación de esta ley no significó que la justicia militar dejara de usarse para mantener el orden público. Los militares siguieron teniendo un papel importante en la administración del Estado relacionada con el orden público, incluyendo la Guardia Civil.
El Decreto del 11 de mayo de 1931 mantuvo que la jurisdicción militar seguiría conociendo "delitos militares". Como la Guardia Civil seguía siendo una fuerza militar, esto significaba que los tribunales militares podían juzgar a civiles que criticaran o se resistieran a sus acciones.
Se creó una Sala Sexta de justicia militar en el Tribunal Supremo, con mayoría de militares. Esta sala solía decidir a favor de la jurisdicción militar en los conflictos de competencias.
El gobierno incluso instigó que ciertas acciones relacionadas con el orden público fueran juzgadas por la jurisdicción militar. Esto significaba que los miembros de los cuerpos policiales militarizados tenían menos responsabilidad, ya que eran juzgados por sus propios compañeros. Esto mantuvo al Ejército en el centro de los conflictos políticos y sociales internos.
Los decretos agrarios del Gobierno Provisional
Uno de los problemas más urgentes que el Gobierno Provisional tuvo que resolver fue la difícil situación de los jornaleros (trabajadores del campo), especialmente en Andalucía y Extremadura. Había mucho desempleo y los salarios eran muy bajos.
El Estatuto jurídico del Gobierno Provisional reconocía el derecho a la propiedad, pero decía que la tierra debía cumplir una "función social". Esto significaba que la tierra debía ser útil para la sociedad, especialmente para los campesinos.
Para mejorar la situación de los jornaleros, el Gobierno Provisional aprobó siete "decretos agrarios" propuestos por el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero. Estos decretos tuvieron un gran impacto:
- Decreto de Términos Municipales (20 de abril de 1931): Obligaba a los dueños de tierras a contratar preferentemente a los trabajadores del mismo municipio. Esto ayudó a los sindicatos a controlar el mercado de trabajo y evitar la contratación de jornaleros de fuera.
- Decreto de los "desahucios" (29 de abril): Prohibía expulsar de la tierra a los arrendatarios (quienes alquilaban la tierra) si su renta no superaba las 1.500 pesetas.
- Decreto de Jurados Mixtos (7 de mayo): Creó jurados formados por representantes de dueños y trabajadores para regular las condiciones del trabajo agrario. Estos jurados lograron aumentar los salarios de los jornaleros.
- Decreto de Laboreo forzoso (7 de mayo): Buscaba evitar que los dueños dejaran de cultivar sus tierras. Si lo hacían, las tierras podían ser entregadas a los campesinos para que las cultivaran directamente.
- Decreto de Asociaciones de Obreros Agrícolas (20 de mayo): Permitía a estas asociaciones alquilar colectivamente fincas que sus dueños no cultivaran directamente.
- Decreto de 17 de junio: Implantó el Seguro de Accidentes de Trabajo en el campo, que ya existía en la industria.
- Decreto de la jornada de 8 horas (1 de julio): Estableció la jornada laboral de 8 horas para los jornaleros. Las horas extras se pagarían más. Esto puso fin a las jornadas "de sol a sol".
La oposición de los propietarios
La aplicación de estos decretos agrarios encontró una fuerte oposición de los dueños de tierras. Ellos se apoyaron en los ayuntamientos (muchos de ellos monárquicos) y en la Guardia Civil para enfrentarse a los sindicatos de trabajadores.
En los pueblos, las primeras semanas de la República crearon un ambiente de conflicto entre clases. Los dueños de tierras estaban acostumbrados a imponer sus condiciones. Pero con la República, perdieron el control de los ayuntamientos.
El establecimiento de salarios legales, la jornada máxima, la necesidad de usar bolsas de trabajo y la autoridad de los jurados mixtos cambiaron por completo las relaciones en la agricultura. Esto llevó al fortalecimiento de las organizaciones agrarias de dueños de tierras.
La reforma sociolaboral de Largo Caballero
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El ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, quería crear leyes que regularan las relaciones laborales. Su objetivo era dar más poder a los sindicatos, especialmente a la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo.
Su proyecto buscaba que los trabajadores, a través de sus sindicatos, tuvieran más control sobre las empresas. Esto llevaría a una sociedad más justa de forma gradual.
Las dos leyes principales de este proyecto fueron la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos:
- Ley de Contratos de Trabajo (21 de noviembre de 1931): Regulaba los convenios colectivos (acuerdos entre dueños y sindicatos). Establecía el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga.
- Ley de Jurados Mixtos (27 de noviembre de 1931): Extendió el sistema de jurados mixtos (ya aprobado para el campo) a la industria y los servicios. Estos jurados, formados por representantes de dueños y trabajadores, mediaban en los conflictos laborales.
El Ministerio de Trabajo también impulsó los seguros sociales. Amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero a más trabajadores. Además, un Decreto del 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad.
La oposición de la CNT
Los socialistas esperaban que estas medidas redujeran las huelgas y trajeran paz social. Pero esto no ocurrió debido a la crisis económica y a la negativa de la CNT (otro sindicato) a usar los mecanismos oficiales de conciliación. La CNT prefería la "acción directa" y convocaba huelgas "políticas".
La CNT se opuso a las leyes de contratos de trabajo y jurados mixtos. Creían que estas leyes daban demasiado poder a la UGT.
La oposición de los patronos
Los empresarios también se opusieron a las reformas de Largo Caballero. Estaban acostumbrados a imponer sus propias reglas y no querían aceptar las decisiones de los Jurados Mixtos que beneficiaban a los trabajadores. Aunque al principio aceptaron los jurados, pronto comenzaron a organizarse para oponerse.
La Comisión de Responsabilidades
Una de las primeras decisiones de las Cortes Constituyentes fue crear una Comisión de Responsabilidades. Esta comisión debía investigar las acciones de la Dictadura de Primo de Rivera y del rey Alfonso XIII.
La comisión debía investigar cinco categorías de responsabilidades:
- Problemas en Marruecos.
- Política social en Cataluña.
- El golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923.
- La gestión y responsabilidades políticas de las Dictaduras.
- El Proceso de Jaca.
El 20 de noviembre de 1931, las Cortes declararon culpable de "alta traición" al rey Alfonso de Borbón. Se le privó de todos sus títulos y derechos. Se dijo que cualquier ciudadano español podría detenerlo si regresaba al país. Además, todos sus bienes en España serían confiscados por el Estado. El presidente del gobierno, Manuel Azaña, dijo que con esta votación se realizaba la "segunda proclamación de la República en España".
Un año después, el 7 de diciembre de 1932, se condenó a los exministros de la Dictadura de Primo de Rivera a penas de confinamiento e inhabilitación.
Véase también
En inglés: Provisional Government of the Second Spanish Republic Facts for Kids
