Estatuto jurídico del Gobierno Provisional para niños
El Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional fue una ley muy importante que guio al Gobierno Provisional de la Segunda República Española desde el 14 de abril de 1931. Ese día se proclamó la República en España. Esta ley estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 1931, cuando las Cortes Constituyentes aprobaron la nueva Constitución de la República. El decreto que establecía este Estatuto se publicó el 15 de abril en la Gaceta de Madrid, que era el diario oficial.
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¿Cómo surgió el Gobierno Provisional?
Después de que se proclamara la República el 14 de abril de 1931, un grupo de personas que formaban el comité revolucionario republicano-socialista se convirtió en el Gobierno Provisional de la República. Firmaron un decreto que se publicó al día siguiente. En este decreto, anunciaron que habían tomado el poder. Luego, en otro decreto, nombraron a Niceto Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno Provisional. Él también se encargaría de las funciones de Jefe del Estado, un papel que antes tenía el rey Alfonso XIII.
El Gobierno Provisional explicó que había tomado el poder sin problemas ni resistencia. Dijeron que el pueblo los había puesto en esa posición y que toda España los reconocía y les daba autoridad. Después, Alcalá-Zamora nombró a los miembros del comité revolucionario como ministros del Gobierno Provisional.
¿Qué decía el Estatuto Jurídico?
El Estatuto Jurídico establecía que el Gobierno Provisional tenía "plenos poderes". Esto significaba que tenía mucha autoridad. Sin embargo, también decía que el gobierno no usaría su poder de forma arbitraria. Se comprometía a seguir normas legales. En el artículo 1º, se indicaba que el Gobierno Provisional rendiría cuentas de sus acciones a las Cortes Constituyentes. Estas Cortes eran el órgano más importante y representaban la voluntad de la nación.
Responsabilidades y derechos
El artículo 2º del Estatuto mencionaba que el Gobierno Provisional investigaría las acciones de gobiernos anteriores. Esto incluía lo ocurrido antes de 1923 y durante la Dictadura de Primo de Rivera. Querían asegurar que se rindieran cuentas por decisiones pasadas.
El artículo 3º reconocía la libertad de creencias y de culto. Esto significaba que las personas podían tener sus propias ideas religiosas y practicarlas libremente. El artículo 4º protegía la libertad individual y los derechos de los ciudadanos. También incluía los derechos de los sindicatos y otras organizaciones, que eran importantes para el nuevo derecho social.
Sin embargo, el artículo 6º decía que el Gobierno Provisional podía suspender temporalmente algunos de estos derechos. Esto solo ocurriría si el gobierno consideraba que era necesario para proteger a la República que estaba naciendo. El gobierno daría explicaciones detalladas a las Cortes Constituyentes sobre estas suspensiones.
La propiedad y la tierra
El artículo 5º reconocía el derecho a la propiedad. Pero también hacía una aclaración importante sobre la tierra. Decía que las leyes sobre la tierra debían considerar su "función social". Esto significaba que la tierra debía servir para el bien de la sociedad. Esta idea buscaba mejorar la situación de los campesinos y la economía agrícola del país.
¿Cómo se aplicó el Estatuto?
Una de las partes más debatidas del Estatuto Jurídico fue la posibilidad de suspender las libertades y los derechos de los ciudadanos. Aunque el Estatuto los reconocía, también permitía al gobierno suspenderlos sin que un juez interviniera. Esto podía pasar si el gobierno creía que la "salud de la República" lo exigía.
Esto significó que el gobierno no siempre estableció una libertad total para todos los grupos políticos. Por ejemplo, los grupos que apoyaban la monarquía y algunos grupos de izquierda, como los anarquistas y comunistas, tuvieron dificultades para ejercer su derecho de reunión. A veces se les permitía reunirse en lugares cerrados, pero se les prohibía hacerlo en lugares públicos. Un ejemplo fue una manifestación del Partido Comunista de España en San Sebastián el 1 de mayo, que fue disuelta con fuerza, dejando heridos.
Otro ejemplo importante de cómo el gobierno manejaba el orden público y la libertad de prensa ocurrió en San Sebastián el 28 de mayo. Unos trabajadores en huelga de Pasajes se dirigían a San Sebastián y fueron detenidos por la Guardia Civil. Cuando se negaron a dispersarse, los guardias dispararon, causando la muerte de ocho personas y más de cincuenta heridos.
Ante la gravedad de lo sucedido, Miguel Maura, el ministro de la Gobernación, se reunió con los directores de los periódicos. Les recordó que él tenía "plenos poderes" en asuntos de orden público. Dos semanas antes, ya había suspendido temporalmente los periódicos monárquico ABC y católico El Debate por otros eventos. Maura les pidió que informaran sobre lo ocurrido en San Sebastián con verdad y cuidado. Les advirtió que cualquier periódico que usara la noticia para campañas políticas o para "envenenar el ambiente" sería suspendido mientras él fuera ministro. La mayoría de los periódicos no publicaron nada sobre el suceso, excepto 'La Voz', que dio la noticia brevemente sin comentarios.