Pragmática Sanción de 1783 para niños
La Pragmática Sanción de 1783 fue una ley muy importante creada por el rey Carlos III de España. Su objetivo principal era intentar que las personas gitanas se integraran en la sociedad de una manera diferente, sin usar solo castigos. Esto ocurrió después de que un plan anterior, conocido como la Gran Redada de 1749, no funcionara. Ese plan, bajo el rey Fernando VI, había intentado controlar a la población gitana de forma muy estricta.
Según el historiador José Luis Gómez Urdáñez, la nueva política de Carlos III en la Pragmática Sanción de 1783 fue un cambio muy grande. Reconocía que el intento anterior de eliminar a la población gitana, como lo había propuesto el marqués de la Ensenada, no era posible.
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¿Qué pasó antes de esta ley?
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El 31 de julio de 1749, se puso en marcha un plan llamado la «Gran Redada». Este plan, ideado por el marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI, buscaba separar a los hombres y mujeres gitanos. La idea era que no pudieran tener hijos, para así lograr que su comunidad desapareciera.
Con la aprobación del rey, Ensenada organizó un gran operativo. Las instrucciones a las autoridades locales decían que la única forma de "resolver el problema" de las personas gitanas era "eliminarlas de una vez". El 31 de julio de 1749, y en los días siguientes, unas 9000 personas gitanas de todas las edades fueron sacadas de sus casas. Generalmente, solo se resistían cuando intentaban separar a las familias. Las mujeres, niñas y niños menores de siete años eran llevados a casas de acogida o lugares como la Alcazaba de Málaga. Los hombres y niños mayores de siete años eran enviados a trabajar en los Arsenales de la Marina de Guerra.
A mediados de agosto, Ensenada se quejaba de que no habían logrado apresar a todos. También recibía noticias de personas gitanas que habían huido. Por eso, insistió en que se buscara y apresara a quienes hubieran quedado. Además, tenía que responder a las quejas de los gobernadores de los arsenales y de las casas de acogida, que estaban completamente llenas.
Para evaluar la operación, se reunió una Junta el 7 de septiembre. Allí, Ensenada propuso una medida de perdón. Así, el 27 de octubre, se emitió una instrucción que ordenaba liberar a las personas gitanas que demostraran tener una "buena" forma de vida. A pesar de esta instrucción, el marqués de la Ensenada siguió con su plan para evitar que esta comunidad creciera. No muchas personas gitanas fueron liberadas con esta instrucción.
La resistencia de las personas gitanas a trabajar en los arsenales fue notable. Hicieron huelgas, a pesar del riesgo de ser castigados. También hubo fugas para reunirse con sus familias y protestas, especialmente de las mujeres gitanas. Esto forzó al nuevo rey Carlos III, quien había destituido a Ensenada en 1754, a aprobar un perdón en 1763. Algunos ministros comenzaron a cuestionar la política que se había aplicado hasta entonces. Esto llevó a la creación de la Pragmática Sanción de 1783.
Aunque el plan de eliminar a esta comunidad no funcionó, el daño causado por la «Gran Redada» fue muy grande. Según Manuel Martínez Martínez, del Instituto de Estudios Almerienses, causó una gran separación entre las comunidades gitana y no gitana. También aumentó la pobreza y la marginación de un grupo que, en su mayoría, ya estaba asentado y en proceso de integrarse.
El debate antes de la ley: la opinión del conde de Aranda
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Después del fracaso de las medidas del marqués de la Ensenada, bajo el reinado de Carlos III y con el impulso del ministro Pedro Rodríguez de Campomanes, hubo un cambio en la política hacia las personas gitanas. Se dejaron de lado las medidas solo represivas para intentar que se adaptaran a la vida cristiana. Sin embargo, algunos miembros del gobierno, como el conde de Aranda, seguían defendiendo ideas similares a las de Ensenada. En 1771, Aranda propuso que los niños gitanos fueran separados de sus padres al nacer, no a los siete años como antes. Así, no aprenderían a hablar el caló (la lengua gitana). Serían llevados a hospicios. Los niños irían a la Marina o a trabajar en fábricas, y las niñas serían sirvientas u obreras. El conde de Aranda buscaba la "desaparición" de las personas gitanas.
El plan del conde de Aranda también incluía la posibilidad de enviarlos a América, mezclados con otras personas, en lugares lejanos como Luisiana o el río Orinoco. Pero el secretario de Marina, Pedro González de Castejón, se opuso, diciendo que las personas gitanas eran "los hombres más infames que se conocen". También se opuso José de Gálvez y Gallardo, ministro de Indias, porque pensaba que podrían "alterar la seguridad de aquellos grandes dominios" en América. Gálvez recordó que las personas gitanas siempre tuvieron prohibido ir a América para "conservar las Indias y mantener a los habitantes en la religión católica".
La Pragmática Sanción y cómo se aplicó
La Pragmática Sanción declaraba que "los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza". Sin embargo, al mismo tiempo, exigía que "ellos y cualquiera de ellos no usen de la lengua, traje y método de vida itinerante que hayan usado hasta presente". Si no obedecían, podían enfrentar castigos, incluso la pena de muerte para los "gitanos desobedientes".
Como ha señalado José Luis Gómez Urdáñez, esta ley abría el camino para la integración de las personas gitanas que trabajaban y dejaban su vida nómada y otras costumbres, como su vestimenta o idioma. Pero no sería fácil cambiar las ideas antiguas ni evitar las medidas de castigo que contenía la ley. Se ofrecía ayuda a los "buenos" ciudadanos gitanos que se adaptaban, y se amenazaba a los "malos" o "incorregibles". Pero al menos, ya no se les consideraba una "comunidad malvada". En ese momento, un censo hecho por la Pragmática indicaba que vivían en España unas 11 000 personas gitanas, dos tercios de ellas en Andalucía.
Cuatro años después de la Pragmática Sanción, el secretario Pedro Escolano de Arrieta presentó un informe al secretario de Estado conde de Floridablanca. En él, decía que la ley no había tenido todo el efecto deseado. Se seguían recibiendo quejas de que estas personas habían vuelto a su vida anterior, yendo a ferias y mercados y dedicándose al comercio de caballos. En su informe, detalló el fracaso de los capítulos 1 al 4, que trataban sobre no usar la lengua, el traje o la prohibición de llamarles gitanos. Puso como ejemplo el caso de Málaga, donde el alcalde no pudo unir a los herreros gitanos con los herreros cristianos, porque estos últimos se negaron.
Sobre el capítulo 7, que obligaba a establecerse en un lugar en 90 días, también afirmó que había fracasado. Muchas personas gitanas "volvieron a irse sin saberse su paradero". Lo mismo ocurría con el capítulo 8, sobre las profesiones que podían ejercer. Se registraban como jornaleros, pero cuando el trabajo terminaba, volvían al comercio de caballos o a vender todo tipo de productos, probablemente "robados o comprados con dinero robado".
La única autoridad que presentó un informe positivo sobre la aplicación de la Pragmática Sanción fue Francisco de Zamora y Aguilar, ministro del Crimen de la Real Audiencia de Cataluña en 1785. Él afirmó que había logrado la integración de muchachas gitanas que antes "solo sabían bailar y cantar canciones que no eran adecuadas". Ahora, habían aprendido la doctrina cristiana y las responsabilidades de una madre de familia, además de hacer trabajos textiles. En un informe posterior de diciembre de 1788, explicó cómo había logrado que unas 200 personas en Barcelona se convirtieran en "ciudadanos útiles". Esto lo hizo deshaciendo la unión de las familias, acomodando a cada una en una vivienda separada y dividiendo el espacio entre personas y animales. Había amueblado y pintado las habitaciones, y les había hecho "cambiar de traje", pagando él mismo los gastos porque su pobreza no se lo permitía. Advirtió que había encontrado un problema común en el resto de España: "la oposición de los gremios y la dificultad de encontrar maestros que los admitiesen (como aprendices)".
¿Qué resultados tuvo?
Sobre la efectividad de la Pragmática de 1783, Gómez Urdáñez concluye que la falta de lugares para trabajar y de centros para educarse hizo que la ley de Carlos III quedara "en puro papel". Los alcaldes y corregidores siguieron enviando informes negativos y aplicando los castigos de siempre. Años después, George Borrow, otro "amigo de los gitanos", notaría los pocos resultados obtenidos con la Pragmática de 1783.
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Pragmática Sanción de 1783
