Rebelión de Oruro para niños
La Rebelión de Oruro fue un levantamiento importante que ocurrió en la ciudad de Oruro, en lo que hoy es Bolivia, el 10 de febrero de 1781. Esta rebelión se dio porque había mucha tensión y rivalidad entre los españoles nacidos en Europa y los criollos (españoles nacidos en América) y mestizos (personas con ascendencia indígena y europea) que vivían en la ciudad.
En 1781, Oruro era parte de la Provincia de Charcas, que a su vez pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. El líder de esta rebelión fue un sargento mestizo llamado Sebastián Pagador.
Algunos historiadores de la independencia de América Latina consideran este evento como el "Primer Grito Libertario de América". Sin embargo, otros historiadores creen que este título le corresponde a la revolución de Chuquisaca de 1809.
Este suceso no fue muy conocido en Bolivia durante el siglo XIX, hasta que el historiador boliviano Adolfo Mier lo dio a conocer en 1884. Antes de eso, ya se habían publicado algunos escritos sobre el tema en Argentina y Perú a mediados del siglo XIX.
Las diferencias entre los grupos que participaron en esta rebelión se habían formado desde un levantamiento anterior, el de Juan Vélez de Córdova en 1739, y el juicio que le siguió.
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¿Qué pasó en Oruro durante la rebelión?
En respuesta a la rebelión de Túpac Amaru II, se habían movilizado grupos de milicias indígenas. La resistencia de algunos de sus líderes fue castigada por el corregidor (una autoridad española) Manuel de la Bodega y Llano, de Paria.
El levantamiento en Paria
El 14 de febrero, muchos indígenas se reunieron en la Villa de Paria pidiendo la libertad de los prisioneros. Eran tantos que el grupo que seguía a Bodega tuvo que rendirse. Aunque un sacerdote llamado Beltrán intentó evitar un enfrentamiento con una procesión, el corregidor fue asesinado por los indígenas.
En los días siguientes, las tropas que lograron escapar de la situación en Paria contaron por toda la región que el levantamiento era muy peligroso. Sin embargo, también mencionaron que el cacique Chungara los había tratado bien. Hubo otros movimientos de protesta, pero no fueron tan importantes, aunque en uno de ellos un maestro fue asesinado.
La situación en Oruro
En la Real Villa de San Felipe de Austria (Oruro), el cabildo (el gobierno local) decidió tomar precauciones extremas ante la posibilidad de un levantamiento indígena. Estas medidas incluían acuartelar a las tropas, asegurándose de que los indígenas no tuvieran oportunidad de rebelarse.
El 9 de febrero de 1781, el corregidor Ramón de Urrutia y Las Casas reunió a las milicias, que estaban formadas por mestizos, cholos (personas de ascendencia indígena y mestiza), criollos, españoles y personas de origen africano, en el cuartel. Debido al peligro de un levantamiento indígena, estos fueron encerrados bajo llave. También se encerró a los criollos, a pesar de los ruegos de sus familias, debido a la larga rivalidad entre españoles y criollos. Las personas de origen africano que trabajaban para los españoles eran consideradas leales a ellos.
El día de la rebelión: 10 de febrero
Al día siguiente, muy temprano, las milicias de cholos, mestizos y criollos fueron liberadas. Inmediatamente, buscaron a Jacinto Rodríguez y Herrera, quien era considerado el líder de los criollos, y le pidieron que interviniera para que no los volvieran a encerrar en futuras reuniones de las milicias. Pero Rodríguez se fue de la Villa.
Durante la mañana y la tarde hubo una calma tensa. Por la noche, cuando Urrutia volvió a llamar a las milicias, los indígenas y criollos no respondieron. Al ver que no sería obedecido, el corregidor Urrutia ordenó construir barricadas alrededor de la Plaza y proteger especialmente el edificio de las Cajas Reales (donde se guardaba el dinero). Los españoles prefirieron reunirse en la Iglesia y en la casa de Endeiza, en la Plaza del Regocijo, para proteger a sus familias. El dinero de las Cajas Reales también fue llevado a esta casa. El corregidor Urrutia huyó a Cochabamba.
En medio de la tensión, un español llamado Santelices disparó hacia una colina donde solo había mujeres y niños indígenas, lo que desató una reacción muy violenta. En la madrugada del día 11, una multitud asaltó la casa de Endeiza, donde murieron todos los españoles y personas de origen africano que se habían refugiado allí.
Durante la mañana del 11, el vicario de la villa reunió a los vecinos más importantes, y Jacinto Rodríguez y Herrera fue nombrado corregidor de la Villa.
Los saqueos continuaron, afectando las casas de los españoles y de algunos criollos, y hubo más muertes. Para evitar ser atacados, muchos criollos se vistieron con ropa indígena y gritaban vivas a Túpac Amaru.
El día 12 fue un poco más tranquilo.
Muerte de Sebastián Pagador
El 13 de febrero, el sargento Sebastián Pagador, quien era el jefe de la guardia del edificio de las Cajas Reales, cometió el error de agredir a uno de los líderes indígenas. Esto provocó una reacción violenta, y Pagador fue asesinado en el mismo lugar.
El día 14, el hermano del nuevo corregidor, Juan de Dios Rodríguez y Herrera, llegó a la Villa con un grupo de indígenas de Paria para intentar calmar la situación. Finalmente, se decidió repartir el dinero de las Cajas Reales entre los indígenas en la "cancha" del cacique Manuel Campoverde (probablemente la actual calle Murguía y Pagador), a cambio de que se fueran de la Villa.
El día 17, los indígenas fueron expulsados a la fuerza de Oruro por los milicianos de Rodríguez.
¿Cómo se castigó la rebelión de Oruro?
La rebelión de Oruro había terminado, pero surgieron desacuerdos que llevaron a una división. Ante la derrota de los rebeldes, los criollos de Oruro fingieron ser leales a la monarquía española. Dijeron que los criollos y cholos se habían rebelado y atacado a los españoles europeos en defensa propia, porque estos últimos planeaban atacarlos.
Durante la rebelión del 10 de febrero de 1781 y los días siguientes en Oruro, murieron alrededor de treinta y cinco españoles europeos y unas veinte personas de origen africano. A los fallecidos se les quitaron barras de plata sellada, objetos de Castilla y otros bienes valiosos, por un monto de más de 600000 pesos.
Varios españoles que lograron sobrevivir, incluido el corregidor Ramón de Urrutia y Las Casas, llegaron a Cochabamba y denunciaron los hechos de Oruro. Desde allí, continuaron hacia Chuquisaca para hacer lo mismo. Esto llevó a un gran intercambio de cartas con el gobernador de Potosí, los jueces de La Plata e incluso con el Virrey del Virreinato del Río de la Plata, Juan José de Vértiz y Salcedo.
La investigación y los arrestos
Los rebeldes controlaron Oruro hasta 1783, cuando el virrey Vértiz decidió perdonar secretamente a la gente mestiza de Oruro y ordenó investigar los hechos para encontrar a los principales líderes de la rebelión. Esto se hizo para castigar lo sucedido y por rumores de un nuevo levantamiento en Oruro, junto con la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru en la provincia de Quispicanchis.
El virrey Vértiz encargó al Coronel José Sebastián de Segurola que capturara a los líderes principales. Le pidió que actuara con mucha precaución y en secreto hasta que todos estuvieran en prisión, disimulando sus movimientos. Debía informar al corregidor Ramón de Urrutia y Las Casas bajo juramento de guardar el mayor secreto. Los arrestados debían ser llevados de inmediato a Potosí, y desde allí, con la misma seguridad, a Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de la Plata. Vértiz advirtió que el caso era muy importante y había sido recomendado por el Rey, por lo que esperaba que se actuara con la mayor prudencia y cuidado.
Al año siguiente, un número no exacto de personas, en su mayoría criollos y cholos, fueron arrestados y enviados a Buenos Aires, en grupos, por tierra y en mulas. Fueron encerrados en celdas especiales construidas en las Casas Redituantes de la Universidad, o de Temporalidades, ubicadas en la actual Manzana de las Luces.
Las celdas especiales
En 1782, el virrey Vértiz mandó construir una serie de casas, llamadas Casas Redituantes, en el terreno de la actual Manzana de las Luces (calles Perú, Moreno, Alsina y Bolívar). Su propósito original era alquilarlas a particulares. Las obras ya habían comenzado cuando, debido a la importancia de los prisioneros de Oruro y para asegurar su custodia, Vértiz ordenó en 1784 adaptar habitaciones de las nuevas casas para alojarlos. Esto significó usar a la mayoría de los albañiles y trabajadores de la obra principal para instalar puertas y ventanas con los herrajes adecuados y pequeñas rejas para dar luz a las celdas.
Primero se construyeron veintiocho celdas, un cuarto para el oficial de guardia y otro para la guardia. Luego se añadieron dos celdas más y una común para el servicio de los presos. También se construyó una sala para tomar declaraciones. Las celdas se hicieron en los cuartos y a veces en los pasillos, añadiendo puertas o ventanas a la construcción principal, con sus respectivas llaves, cerrojos y rejas.
El costo total de estas adaptaciones fue de dos mil ochocientos veintiún pesos y cuatro reales. Se señaló que las habitaciones usadas como celdas podrían haber generado un alquiler mensual de tres pesos cada una, y que seis viviendas principales quedaron inutilizadas por la parte ocupada para la custodia de los prisioneros.
A medida que los prisioneros eran trasladados a la Real Cárcel o a otros destinos, o se les concedía libertad bajo fianza, las celdas se desocupaban. Al mismo tiempo, las casas se fueron habilitando para ser alquiladas, según su propósito original.
Los doctores Antonio Francisco Mutis y Francisco Bruno de Rivarola fueron los abogados que defendieron a los principales acusados. La defensa argumentó que los acusados estaban:
...muy asustados por el horror de la cárcel y las prisiones, y por las preguntas, repreguntas, acusaciones y reproches constantes que se les hacían, manteniéndolos de pie durante horas enteras con la cabeza confundida, el espíritu inquieto y todo el cuerpo alterado por las prisiones, las incomodidades y el sufrimiento mental, esperando la muerte en cualquier momento. Por eso, deseábamos terminar nuestras confesiones, aunque fuera para sufrir la misma muerte, a la que a veces aspirábamos para librarnos de tantas fatigas, y alejarnos de un Juez enojado en su forma y expresiones, con las que parecía querer hacernos culpables a la fuerza.
El juicio de Oruro en Buenos Aires
El caso de Oruro fue clasificado como un Crimen de Lesa Majestad (un delito muy grave contra la autoridad del rey). Fue llevado a cabo por la recién creada Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, por orden del rey Carlos III y su representante, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, a partir de 1784.
La Corona española llevó a cabo este largo proceso judicial (de 1784 a 1801), algo sin precedentes en la gran rebelión general del Alto y Bajo Perú. Esto se debe a la actitud cautelosa que se mantuvo con los criollos, ya que los juicios a los acusados de las clases sociales más bajas fueron muy rápidos, con castigos severos y ejecuciones.
Los acusados de ser los líderes de la rebelión de Oruro eran en su mayoría criollos. El poder que habían alcanzado, la crueldad y ambición que se les atribuían por los ataques, y la peligrosa alianza que habrían formado con las clases sociales más bajas, motivaron a los españoles a investigar a fondo sus motivos y alcances.
Los resultados del juicio de Oruro no fueron muy útiles para España. Los largos interrogatorios a los acusados y a muchos testigos crearon una situación confusa sin respuestas claras. Sin embargo, parece que se mantuvo cierta formalidad legal y no hubo castigos físicos durante los interrogatorios en Buenos Aires. A pesar de esto, las difíciles condiciones que soportaron los prisioneros en sus celdas causaron una coerción psicológica en sus declaraciones, lo que llevó a contradicciones, acusaciones mutuas y confusión constante.
Durante los primeros años, muchos de los prisioneros estuvieron incomunicados, con grilletes, encerrados día y noche en celdas oscuras y húmedas, en condiciones muy difíciles, ya que no se les permitía asearse ni recibir medicinas. Eran vigilados por guardias que hacían requisas cada dos horas.
En 1787, una parte de ellos fue trasladada a la Real Cárcel en mejores condiciones, y a muchos se les concedió libertad bajo fianza. A los reos que eran sacerdotes se les envió a conventos con la orden de mantenerlos incomunicados y prisioneros.
Por lo tanto, solo una parte de ellos, alrededor de diez, los considerados principales cabecillas, permanecieron en las celdas de Oruro. En 1791, debido a las malas condiciones de las celdas, se les dio libertad condicional dentro de la ciudad para que pudieran recuperarse de sus muchas enfermedades. Poco a poco, entre 1793 y 1795, fueron devueltos a la cárcel porque la sentencia del caso estaba cerca.
La sentencia fue dictada finalmente en 1795 por el juez Francisco Garasa Giménez de Vázquez, a cargo del caso. Los considerados principales impulsores y cabecillas del levantamiento fueron condenados a muerte, especialmente los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez de Herrera, quienes ya habían fallecido y serían ejecutados simbólicamente post mortem. El resto sufriría penas similares, pero en vida.
Anulación del juicio de Oruro en España
Además, tres prisioneros importantes (el vicario Patricio Gabriel Menéndez, Juan Gualberto Mexia y Antonio Quirós) fueron enviados a España para que el Real Consejo de Indias dictara allí la decisión final.
Después de tres revisiones y anulaciones por parte del Consejo de Indias del caso de Oruro, finalmente, por una orden real del 20 de noviembre de 1801, el rey Carlos IV aceptó la revisión del Consejo de Indias y decretó la anulación de la sentencia dada en Buenos Aires por el Juez Comisionado Francisco Garasa Giménez de Vázquez. El rey ordenó que el caso se diera por terminado y se archivara tal como estaba. También mandó que se le diera al doctor Patricio Gabriel Menéndez un puesto como canónigo en alguna de las Iglesias del Perú, y que a los abogados Juan Gualberto Mexía y Antonio Quirós, teniente de Milicias, se les dieran puestos adecuados a su edad y profesión. Lo mismo se aplicaría a Diego Flores, Clemente Menacho, Nicolás Iriarte y José Mariano Azurduy, a quienes se les debía liberar rápidamente de las prisiones en Buenos Aires. El rey también ordenó que se les devolvieran los bienes que les habían quitado "sin problemas ni alborotos", para dar por terminada esta cuestión tan complicada.
Véase también
