Abolición de los señoríos en España para niños
La abolición de los señoríos en España fue un cambio muy importante que ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Este proceso buscaba eliminar un sistema antiguo donde algunas personas, llamadas señores, tenían mucho poder y control sobre tierras y personas.
Este cambio comenzó cuando se aprobó una ley en las Cortes de Cádiz el 18 de marzo de 1812. Terminó de aplicarse por completo el 26 de agosto de 1837. Los líderes de la revolución liberal española, que empezó en 1808, querían acabar con los señoríos porque los veían como parte de un sistema antiguo que limitaba la libertad de las personas y el poder del rey.
También se inspiraron en lo que había pasado en la Revolución francesa, donde se eliminó un sistema similar en 1789. En España, esto llevó a varias acciones:
- La desamortización: Se vendieron propiedades que antes no podían venderse, como las de la Iglesia o las de los ayuntamientos. Esto empezó antes, pero se hizo más grande con leyes como la de Juan Álvarez Mendizábal en 1836 y la de Pascual Madoz en 1855.
- La desvinculación de propiedades: Se eliminó el "mayorazgo", una regla que impedía que las familias nobles vendieran sus tierras. Esto se hizo con un decreto en 1820.
- La supresión de los señoríos: Se aprobaron leyes para quitar el poder a los señores.
Aunque se abolieron los señoríos jurisdiccionales (los que daban poder sobre la justicia y el gobierno de un lugar), hoy en día todavía existen algunos señoríos nobiliarios. Estos son solo títulos honoríficos y no dan ningún poder sobre la gente o las tierras. Algunos ejemplos son el Señorío de la Casa de Lazcano o el Señorío de Vizcaya.
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¿Qué fue el Decreto de las Cortes de Cádiz de 1811?
Entre junio y julio de 1811, las Cortes de Cádiz debatieron y aprobaron la abolición de los señoríos. Este decreto fue muy importante porque:
- Transformó los señoríos en simples propiedades privadas.
- Eliminó el "vasallaje", que era la relación de dependencia de las personas hacia el señor.
- Acabó con los pagos y servicios personales que la gente debía dar al señor.
- Estableció que el gobierno y la justicia en los pueblos serían responsabilidad pública, no de los señores.
El decreto decía que los señoríos que daban poder sobre la justicia pasaban a ser parte de la nación. Esto significaba que el gobierno nombraría a los jueces y otros funcionarios. También se eliminaron los términos "vasallo" y "vasallaje", y los pagos que venían de esa relación.
Sin embargo, el decreto respetó los señoríos territoriales. Estos eran tierras que los señores poseían como propiedad privada. Los acuerdos que se habían hecho entre señores y habitantes sobre el uso de tierras se considerarían ahora como contratos normales entre particulares.
¿Qué cambios trajo el Decreto de 1820?
El 27 de septiembre de 1820, las Cortes aprobaron un decreto para eliminar los "mayorazgos". El rey Fernando VII lo firmó el 12 de octubre de ese año.
Un mayorazgo era una forma de heredar bienes (tierras, casas, etc.) que impedía que se vendieran o dividieran. Así, la riqueza de una familia noble se mantenía unida a lo largo de las generaciones.
Este decreto de 1820 declaró que todos los mayorazgos y otras formas de "vinculación" de bienes quedaban suprimidos. Esto significaba que las propiedades que antes no se podían vender, ahora eran completamente libres. Los dueños de estas propiedades podían disponer libremente de la mitad de ellas. La otra mitad pasaría al siguiente heredero, quien también podría disponer de ella libremente.
Además, el decreto prohibió crear nuevos mayorazgos o cualquier otra forma de vincular bienes en el futuro. También impidió que instituciones como iglesias, monasterios u hospitales pudieran adquirir nuevas propiedades.
¿Qué pasó con la Ley de 1823 durante el Trienio Liberal?
Cuando Fernando VII regresó al poder, anuló todas las leyes liberales, incluyendo la abolición de los señoríos. Pero durante el Trienio Liberal (un periodo en el que la Constitución de 1812 volvió a estar en vigor), se retomó el interés por eliminar los señoríos.
Así, se aprobó una nueva ley el 3 de mayo de 1823. Esta ley buscaba aclarar y reforzar el decreto de 1811. Declaraba que todas las prestaciones y derechos que venían del poder de los señores quedaban abolidos. Los antiguos señores no podían exigirlos, y los pueblos no estaban obligados a pagarlos.
Sin embargo, esta ley no se pudo aplicar por completo. Ese mismo año, una intervención militar de otros países europeos, conocida como los Cien Mil Hijos de San Luis, repuso a Fernando VII como rey absoluto. Esto significó que la ley de 1823 fue anulada.
La abolición definitiva del régimen señorial en 1837
Finalmente, en 1837, durante la regencia de María Cristina de Borbón, un gobierno liberal abolió de forma definitiva los señoríos. También se eliminó el mayorazgo y se continuó con la desamortización.
A diferencia de lo que ocurrió en la Revolución francesa, donde los campesinos se levantaron y a veces tomaron las propiedades de los nobles, en España no hubo una gran revolución social en el campo. La diferencia entre los señoríos que daban poder (jurisdiccionales) y los que eran solo propiedades (territoriales) fue muy importante.
Muchos antiguos señores lograron que los tribunales reconocieran sus tierras como propiedad privada. Así, aunque perdieron su poder sobre la justicia y los habitantes, mantuvieron sus grandes propiedades. La desaparición del mayorazgo significó que ahora podían vender sus tierras, pero también corrían el riesgo de perderlas si tenían deudas.

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En el norte de España, muchos campesinos lograron convertirse en dueños de pequeñas parcelas de tierra. Pero en el sur, la mayoría de la gente se convirtió en jornaleros, trabajando en grandes fincas que seguían siendo propiedad de las familias aristocráticas o de la nueva burguesía.