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Reforma militar de Manuel Azaña para niños

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La reforma militar de Manuel Azaña fue un conjunto de cambios importantes que se hicieron en el Ejército español entre abril y septiembre de 1931. Estos cambios fueron propuestos por Manuel Azaña, quien era el Ministro de la Guerra y luego también llegó a ser Presidente del Gobierno. El objetivo principal de esta reforma era modernizar el ejército, hacerlo más profesional y asegurar que estuviera bajo el control del gobierno civil, es decir, que los militares no intervinieran en la política.

Cuando se formó el gobierno provisional, Manuel Azaña fue nombrado Ministro de la Guerra. Él tenía conocimientos sobre temas militares y una idea clara de lo que quería hacer: reducir el gran número de oficiales y lograr que el ejército obedeciera al gobierno. Su buen trabajo en este ministerio lo hizo muy reconocido y lo llevó a ser presidente del gobierno en octubre de 1931, después de que Niceto Alcalá-Zamora renunciara por un desacuerdo importante sobre temas religiosos.

¿Por qué era necesaria la reforma militar?

Manuel Azaña quería un ejército más moderno, profesional y eficiente. También quería que fuera un ejército que apoyara a la República. Cuando asumió su cargo el 14 de abril de 1931, el mismo día en que se proclamó la República, les dijo a los jefes militares que el gobierno buscaría mejorar el ejército, reorganizarlo y asegurarse de que los militares se dedicaran a su profesión y se mantuvieran alejados de la política.

Reducir el número de oficiales

En 1931, el Ejército español tenía muchísimos oficiales. Por ejemplo, para 16 divisiones que normalmente necesitarían unos 80 generales, había 800. También había más comandantes y capitanes que sargentos. En total, había 21.000 jefes y oficiales para 118.000 soldados.

Para solucionar esto, Azaña propuso un decreto el 25 de abril de 1931. Este decreto ofrecía a los oficiales la posibilidad de retirarse voluntariamente del servicio activo con su sueldo completo. Si no se retiraban suficientes, el ministro podía destituir a otros sin ningún beneficio. Casi 9.000 oficiales, incluyendo 84 generales, aceptaron esta medida. Esto fue cerca del 40% de todos los oficiales, especialmente los de grados más altos. Gracias a esto, Azaña pudo reorganizar el ejército.

Después de la reforma, el número de generales pasó de 190 en 1931 a 90 en 1932. El número de jefes y oficiales se redujo en más de 8.000, pasando de 20.576 a 12.373.

En marzo de 1932, se aprobó una ley que permitía al ministro de la Guerra pasar a la reserva a los generales que no hubieran tenido un puesto durante seis meses. Esto era una forma de retirar a los generales de los que el gobierno dudaba si eran leales a la República.

Cambios en la organización y ascensos

Por un decreto del 25 de mayo de 1931, el ejército de la península se reorganizó. El número de divisiones se redujo de 16 a 8. Las antiguas capitanías generales, que eran divisiones administrativas de la Monarquía, fueron eliminadas y reemplazadas por ocho divisiones orgánicas. También se crearon Comandancias Militares en Canarias y Baleares.

Otro tema importante fue el de los ascensos. Azaña anuló muchos ascensos que se habían dado durante la Dictadura por "méritos de guerra". Esto significó que unos 300 militares perdieron uno o dos grados, y otros bajaron mucho en el escalafón, como el general Francisco Franco. Una ley posterior, de septiembre de 1932, estableció nuevas reglas para los ascensos, dando más importancia a la preparación profesional que a la antigüedad.

Cierre de la Academia General Militar

El 1 de julio de 1931, Azaña decretó el cierre de la Academia General Militar en Zaragoza, que era dirigida por el general Franco. Esta Academia había sido creada en 1928. Azaña consideraba que la Academia promovía ideas militaristas y que era un obstáculo para su objetivo de que el ejército no interviniera en la política y estuviera bajo el control del gobierno, como en otros países europeos.

Los alumnos de la Academia de Zaragoza fueron distribuidos en otras academias militares. Además, se estableció que los cadetes de las academias también debían estudiar en universidades para complementar su formación militar.

Creación de suboficiales y otras medidas

En diciembre de 1931, se creó el cuerpo de suboficiales. Para ser suboficial, se pedía el título de Bachiller. También se les dio la posibilidad de llegar a ser oficiales y se les reservó el 60% de las plazas en las academias militares. Esto buscaba que los mandos del ejército tuvieran una base social más amplia.

Una Ley del 6 de febrero de 1932 creó el Consorcio de Industrias Militares. Este consorcio unía las fábricas de armas y explosivos para centralizar y aumentar su producción. El objetivo era que el ejército tuviera material más moderno sin tener que comprarlo en el extranjero.

Finalmente, el servicio militar obligatorio se redujo a 12 meses. Azaña también disolvió el somatén y eliminó las Órdenes militares.

Indultos y nombramientos

El gobierno de la República perdonó y ascendió a los militares que habían sido condenados por intentar cambiar el gobierno por la fuerza durante la Dictadura. También se rehabilitó a los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que habían sido fusilados en la sublevación de Jaca.

Por ejemplo, el general Francisco Aguilera y Egea fue ascendido, el general Gonzalo Queipo de Llano fue nombrado jefe de la Primera División Orgánica en Madrid, y el comandante Ramón Franco fue nombrado director general de la Aeronáutica Militar.

El ejército y el orden público

Además de modernizar el ejército, Azaña quería que los militares dejaran de intervenir en la política. Una de sus primeras decisiones fue eliminar la Ley de Jurisdicciones de 1906, que permitía que los civiles fueran juzgados por tribunales militares si se les acusaba de delitos contra la Patria o el Ejército.

Sin embargo, a pesar de eliminar esa ley, la justicia militar siguió usándose para mantener el orden público, incluso para juzgar a civiles. Esto significaba que los militares seguían teniendo un papel importante en el control de la sociedad. Muchos de los generales que luego participaron en el levantamiento de julio de 1936 habían tenido responsabilidades en la policía y en el mantenimiento del orden público, como Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano o Franco.

La Constitución de 1931 mantuvo que la jurisdicción militar podía juzgar "delitos militares" y todo lo relacionado con los "servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados". Esto incluía no solo al ejército, sino también a fuerzas como la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que mantenían el orden público.

Reacciones a la reforma

La reforma militar de Azaña fue muy criticada por algunos militares y por los medios de comunicación conservadores. A Manuel Azaña se le acusó de querer "destruir" al Ejército.

Una de las reformas más criticadas fue el cierre de la Academia General de Zaragoza. Algunos oficiales lo vieron como un golpe al espíritu de unidad del ejército, ya que era el único lugar donde los oficiales de diferentes armas se formaban juntos.

El intento de levantamiento encabezado por el general Sanjurjo en agosto de 1932, mostró el descontento de una parte del ejército. La fuerte campaña de los medios conservadores contra la reforma, centrada en Azaña, contribuyó a que muchos militares lo vieran como un enemigo.

Valoración de la reforma

El filósofo José Ortega y Gasset calificó la reforma de Azaña como "maravillosa e increíble", destacando que se había logrado sin grandes problemas y con la colaboración de los militares.

Aunque la reforma era necesaria debido al gran tamaño del ejército y a que su material y estructura estaban desactualizados, la forma en que Azaña la llevó a cabo generó el rechazo de un sector importante de los militares hacia las reformas y, por lo tanto, hacia la República.

Según el historiador Francisco Alía Miranda, Manuel Azaña quería que la sociedad civil fuera la protagonista de la política y que los militares volvieran a sus cuarteles. Sin embargo, no lo logró del todo. Los militares siguieron teniendo mucha importancia en la política y en el control del orden público, lo que mostró una debilidad del Estado republicano.

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