Fueros de Aragón para niños
Los Fueros de Aragón eran un conjunto de leyes y normas muy importantes que se usaban en el Reino de Aragón. Estas leyes, al igual que las de otros territorios de la Corona de Aragón, daban mucho poder a los nobles frente al rey. Eran la base de un sistema llamado "pactista", donde el rey y los representantes del reino llegaban a acuerdos.
Estas leyes se escribieron en el año 1247. En ese momento, el rey Jaime I de Aragón reunió a las Cortes Generales del Reino en Huesca. Su idea era organizar todas las leyes en un solo documento para que regularan la vida de las personas y la forma en que se impartía justicia. Los nobles y los representantes de las ciudades y pueblos del reino aprobaron entonces los Fueros de Aragón.
La tarea de recopilar estas leyes se le encargó al obispo de Huesca Vidal de Canellas. Él hizo dos versiones: una más corta y basada en las costumbres aragonesas (llamada Compilatio Minor) y otra más larga que se parecía al derecho romano (llamada Compilatio Maior). La Compilatio Minor se escribió primero en latín y luego se tradujo al idioma de la gente. La Compilatio Maior se hizo directamente en latín y después se tradujo a una versión en romance conocida como Vidal Mayor.
En el año 1283, el rey Pedro III de Aragón confirmó los fueros mediante un acuerdo llamado Privilegio General. Así, estas leyes se aplicaron en todo el Reino de Aragón.
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Historia de los Fueros de Aragón
Los fueros, que eran como privilegios legales para proteger a las personas, al principio se acordaban entre los consejos de los pueblos y el rey, quien los aprobaba. Se fueron recopilando y llegaron a tener hasta doce libros en las revisiones de los años 1496, 1517 y 1542. En 1552, se hizo una gran reorganización que incluyó las Observancias, que eran interpretaciones de los fueros. La última vez que se recopilaron fue en 1667. A menudo, las leyes que dictaban las propias Cortes de Aragón se añadían a los fueros, formando parte de las normas legales del Reino.
Cambios en los Fueros tras las Alteraciones de Aragón
Después de un conflicto conocido como las Alteraciones de Aragón y la ejecución de Juan de Lanuza y Urrea, el Justicia de Aragón, por orden del rey, Felipe II convocó las Cortes aragonesas en 1592. Estas Cortes cambiaron los Fueros de Aragón para que el rey y sus funcionarios tuvieran más poder y control. Además, los Fueros de Teruel y Albarracín, que eran leyes locales, se unieron a los Fueros de Aragón en 1598. Para lograr este cambio, Felipe II dio una compensación económica y más poder al Concejo de Teruel.
La supresión de los Fueros en el siglo XVIII
Felipe V fue reconocido como rey de Aragón en 1701. Sin embargo, durante la Guerra de Sucesión Española, el Archiduque Carlos ocupó gran parte de Aragón en 1706, y las instituciones aragonesas lo proclamaron rey. Felipe V reaccionó en 1707 con el primer Decreto de Nueva Planta. Este decreto eliminó los fueros y las instituciones propias de Aragón, e impuso las leyes y la forma de gobierno de Castilla. Más tarde, en 1711, un nuevo decreto permitió que los fueros aragoneses volvieran a usarse para asuntos entre personas (su derecho civil), pero confirmó que las leyes públicas y las instituciones propias de Aragón seguían suprimidas.
La protección contra la violencia y la "manifestación de personas"
En el Reino de Aragón, la violencia contra las personas con fueros (como nobles, caballeros o ciudadanos importantes) fue prohibida en 1325. Esto se hizo con la Declaratio Privilegii generalis, aprobada por el rey Jaime II en las Cortes de Aragón en Zaragoza. Solo había una excepción: si personas extranjeras, vagabundos sin bienes o personas de mala reputación falsificaban moneda. Como dijo el jurista Miguel de Molino en 1513, esta era una de las grandes libertades de Aragón.
Esta prohibición fue muy efectiva gracias a un derecho que tenían los aragoneses con fueros, llamado "Manifestación de personas". Este derecho era similar al habeas corpus del derecho inglés. Su objetivo, según el jurista del siglo XVIII Juan Francisco La Ripa, era "librar a la persona detenida en sus cárceles de la opresión que padeciese con violencia o alguna prisión excesiva". Este derecho permitía al Justicia de Aragón ordenar a un juez o a cualquier autoridad que le entregara a una persona detenida con fueros. Así, se aseguraba que no se le hiciera daño antes de que se dictara una sentencia. Solo después de que la sentencia fuera justa, el Justicia devolvía al detenido para que cumpliera su castigo. Si un juez o autoridad se negaba a "manifestar" al preso, estaba cometiendo un "contrafuero", es decir, iba en contra de las leyes. De esta manera, se evitaba que el detenido fuera sometido a violencia. Sin embargo, este derecho no se aplicaba a los siervos de los señores aragoneses, sobre quienes sus amos tenían un control total.