Proceso de destitución de Dilma Rousseff para niños
| Proceso de destitución de Dilma Rousseff |
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 De arriba, de izquierda a derecha: Rousseff es anunciada como la candidata presidencial del Partido de los Trabajadores junto a Luiz Inácio Lula da Silva; Rousseff es elegida presidenta en 2010; Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, anuncia la apertura de un proceso de juicio político en diciembre de 2015; Rousseff da un discurso durante su segunda toma de posesión en enero de 2015; Rousseff, como presidenta suspendida, durante su juicio de impeachment en el Senado; Eje Monumental en Brasilia el día de la votación del juicio político con manifestaciones a favor y en contra de Dilma; Dilma da su último discurso tras su destitución. |
| Informaciones |
| Autores: Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal |
| Acusaciones: "pedaladas fiscales", investigaciones de irregularidades y falta de responsabilidad |
| Inicio del proceso: 2 de diciembre de 2015 |
| Final del proceso: 31 de agosto de 2016 (destitución de la presidenta Dilma Rousseff) |
| Votación final: 61 senadores (a favor de su destitución) y 30 (en contra) |
| Votación en la Cámara: 17 de abril de 2016 Horario: A partir de las 14:00 (UTC−3) |
| Votaciones |
| Admissibilidade: aprobado por 38 votos a 27 en la Comisión del Impeachment de la Cámara de Diputados |
| Predecesor: Proceso de destitución de Fernando Collor |
| Sucesor: Ninguno hasta la fecha |
El proceso de destitución de Dilma Rousseff fue un procedimiento legal que buscaba decidir si ella debía seguir siendo la presidenta de la República Federativa del Brasil. Este proceso comenzó el 2 de diciembre de 2015, cuando el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, aceptó una denuncia presentada por Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal.
Las acusaciones principales se relacionaban con el incumplimiento de las leyes de presupuesto y de administración pública. También había sospechas sobre su posible relación con actos de irregularidad en Petrobras, que estaban siendo investigados por la Policía Federal. Sin embargo, algunos expertos legales no estaban de acuerdo con la denuncia, argumentando que las llamadas "pedaladas fiscales" no eran una falta grave y que no había pruebas de que la presidenta hubiera cometido un delito intencional que justificara su destitución.
Las votaciones se llevaron a cabo el 17 de abril de 2016 en la Cámara de Diputados y el 12 de mayo de 2016 en el Senado. El resultado en la Cámara fue de 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones. En el Senado, hubo 55 votos a favor y 22 en contra. Debido a esto, Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo por 180 días para que se realizara una investigación, y el vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia de forma temporal.
Contenido
- ¿Qué llevó al proceso de destitución?
- El proceso en el Congreso Nacional
- Otros eventos importantes
- Véase también
¿Qué llevó al proceso de destitución?
Las "pedaladas fiscales" y las investigaciones en Petrobras
Las "pedaladas fiscales" eran una forma en que el Gobierno manejaba sus cuentas para dar la impresión de que recaudaba más de lo que gastaba. En realidad, sucedía lo contrario. El Gobierno no pagaba a tiempo a los bancos públicos y privados que financiaban programas sociales. Para que las personas siguieran recibiendo los beneficios, los bancos adelantaban el dinero sin recibir la compensación del Gobierno.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) consideró que esta práctica era como un préstamo no pagado por el Gobierno, lo cual iba en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aunque el TCU no puede condenar directamente al presidente, su opinión es importante para el Congreso Nacional y puede abrir la puerta a un proceso de destitución.
También existían investigaciones sobre irregularidades en Petrobras. Se trataba de un sistema donde se desviaba dinero de la empresa estatal hacia otras compañías y políticos. Se acusó a muchos políticos y empresas. El juez Sérgio Moro fue el encargado de los casos que no involucraban a políticos con cargos especiales. La investigación se conoció como "Operación Lava Jato". Es importante saber que la presidenta Dilma no fue acusada directamente en esta operación.
El ambiente político en Brasil
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Dilma Rousseff fue reelegida en 2014 con una votación muy ajustada. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2015, su gobierno ya estaba debilitado por problemas económicos y políticos. Su aprobación bajó mucho, llegando al 9% en julio de ese año. Desde marzo de 2015, miles de personas salieron a las calles en todo el país para pedir su destitución o renuncia.
El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, también estaba siendo investigado por irregularidades. Se decía que había recibido dinero y tenía cuentas secretas. Cunha corría el riesgo de perder su cargo. Surgieron rumores de que él y el partido de la presidenta estaban negociando para resolver su situación. Sin embargo, cuando el partido de la presidenta apoyó que Cunha perdiera su cargo, él aceptó la solicitud de destitución contra Dilma.
¿Qué pensaba la gente?
Desde que se empezó a hablar de la destitución de Dilma, varias encuestas preguntaron a la gente si creían que debía ser removida de la presidencia. La mayoría de las encuestas mostraron que una gran parte de la población estaba a favor de su destitución.
| Fecha | Instituto | Muestra | Sí | No | No sabe | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–8 Abr | Datafolha | 2.779 | 61% | 33% | 6% | 28% | ||
| 28–29 Mar | Idea Inteligencia | 10.005 | 69% | 31% | — | 38% | ||
| 17–18 Mar | Datafolha | 2.794 | 68% | 27% | 5% | 41% | ||
| 24–25 Feb | Datafolha | 2.768 | 60% | 33% | 3% | 27% | ||
| 17–18 Feb | CNT | 2002 | 55,6% | 40,3% | 4,1% | 15,3% | ||
| 13–27 Ene | Ipsos | 1.200 | 60% | 22% | 18% | 38% | ||
| 22–26 Ene | Paraná Investigaciones | 2004 | 59,4% | 38,2% | 2,4% | 21,2% | ||
| 2016 | ||||||||
| 16–17 Dic | Datafolha | 2.810 | 60% | 34% | 6% | 26% | ||
| 5–9 Dic | Ibope | 2002 | 67% | 28% | 4% | 39% | ||
| 24–25 Nov | Datafolha | 3.541 | 65% | 30% | 5% | 35% | ||
| 20–24 Oct | Datafolha | 2002 | 61,3% | 33,8% | 4,9% | 27,5% | ||
| 6 Ago | Datafolha | 3.358 | 66% | 28% | 5% | 38% | ||
| 21 Jul | CNT/MDA | 2002 | 62,8% | 32,1% | 5,1% | 30,7% | ||
| 11 Abr | Datafolha | 2.834 | 63% | 33% | 4% | 30% | ||
| 21 Mar | CNT/MDA | 2002 | 59,7% | 34,7% | 5,6% | 25% | ||
Una encuesta entre diputados federales en diciembre de 2015 mostró que el 42% estaba a favor de la destitución. Se necesitaban 342 votos para que el proceso avanzara.
El proceso en el Congreso Nacional
¿Cómo se aceptó la solicitud?
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Hasta septiembre de 2015, se habían presentado 37 solicitudes de destitución contra Dilma Rousseff en la Cámara de los Diputados. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, solo aceptó la que fue escrita por Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Conceição Paschoal. Varios movimientos sociales y parlamentarios apoyaron esta solicitud.
Los abogados intentaron relacionar a Dilma Rousseff con las investigaciones de irregularidades y con las "pedaladas fiscales". También mencionaron seis decretos que la presidenta firmó en 2015 sin la autorización del Congreso Nacional, lo cual iba en contra de la ley de presupuesto.
Argumentos de la solicitud
Irregularidades en Petrobras y decretos sin autorización
Los autores de la solicitud argumentaron que Dilma no actuó correctamente para detener las irregularidades en Petrobras. Dijeron que ella se comportó como si no supiera nada, manteniendo a sus colaboradores en sus puestos. Según ellos, se intentó dar la impresión de que la economía de Brasil estaba bien, cuando no era así.
También se acusó a Dilma de firmar decretos en 2014 y 2015 para abrir créditos adicionales por un valor muy alto (R$ 18,4 mil millones) sin la aprobación del Congreso. Los autores señalaron que el gobierno sabía que no se estaba cumpliendo la meta de superávit (ahorro) desde 2014, pero aun así emitió los decretos sin permiso.
Las "pedaladas fiscales" como argumento
La solicitud también mencionaba las "pedaladas fiscales". Se argumentó que estas maniobras permitieron al gobierno mostrar resultados económicos mejores de lo que eran en realidad. Los juristas afirmaron que las "pedaladas" eran un delito de responsabilidad. El texto decía que el objetivo de estas acciones era crear una situación fiscal falsa para el país.
Según los juristas, los préstamos se hicieron en contra de la ley, que prohíbe al Gobierno Federal pedir préstamos a entidades financieras que controla. Argumentaron que la presidenta Dilma, como máxima autoridad, debería haber detenido esta ilegalidad, pero no lo hizo, a pesar de haber sido advertida. Además, señalaron que Dilma es economista y había asegurado durante su campaña que las cuentas estaban sanas. Consideraron que la situación era aún más grave porque estas acciones se intensificaron durante el año electoral, para engañar a los votantes.
En su defensa, el gobierno reconoció que hubo retrasos en los pagos, pero dijo que era una práctica antigua y que las "pedaladas fiscales" no eran operaciones de crédito. Sin embargo, el TCU decidió por unanimidad que sí eran una infracción grave a la ley. Según el TCU, estas maniobras causaron un desequilibrio de unos R$ 40 mil millones en las cuentas públicas en 2014.
El gobierno también dijo que las "pedaladas fiscales" se hicieron para pagar programas sociales. La presidenta afirmó que no había ningún delito ni desvío de dinero, sino una diferencia en cómo se contabilizaban los gastos. El expresidente Lula también defendió la medida, diciendo que Dilma quizás no había pagado a la Caja por falta de dinero para programas como Bolsa Familia. Sin embargo, una organización no gubernamental (ONG) informó que la mayor parte de los recursos de estas maniobras se destinó a pagar subsidios a empresas.
Discusiones al inicio del proceso
El proceso de destitución comenzó con la creación de una comisión especial de 65 diputados. Esta comisión debía evaluar la solicitud y decidir si el proceso debía ir al pleno de la Cámara de Diputados. Una vez que la presidenta Dilma fue notificada, tuvo diez sesiones para presentar su defensa. Si la comisión aprobaba la destitución, se necesitarían 342 votos de los diputados para suspender temporalmente a la presidenta, lo que llevaría a que el vicepresidente Michel Temer asumiera el cargo por hasta 180 días.
Si la Cámara de Diputados aprobaba la destitución, se iniciaría un segundo proceso en el Senado. Si el Senado no llegaba a una conclusión en el período de suspensión, o si la presidenta era absuelta, Dilma podría regresar a su cargo. En el Senado, una comisión de senadores prepararía una acusación formal. Luego, el presidente del Senado, Renan Calheiros, enviaría este material al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, quien dirigiría el juicio. La presidenta tendría derecho a defenderse. Solo con el voto favorable de dos tercios de los senadores (54), la destitución sería definitiva, y la presidenta perdería su cargo y no podría ocupar un puesto público por ocho años.
Suspensión del proceso y decisiones del STF
El 8 de diciembre, el ministro Luiz Edson Fachin del STF suspendió todo el proceso de destitución para evitar problemas futuros. La suspensión se debió a una solicitud del PC do B, que cuestionaba la forma en que se había elegido a los miembros de la comisión y la votación secreta. El ministro Fachin consideró que la votación secreta no estaba permitida por las normas.
El 11 de diciembre, Dilma envió un documento al STF pidiendo que se anulara la solicitud aceptada por Cunha y la votación de la comisión. Argumentó que la Cámara solo debía autorizar el proceso, que se abriría realmente en el Senado. El Procurador-General de la República, Rodrigo Janot, también opinó que la presidenta tenía derecho a defenderse en cualquier etapa del proceso. Además, Janot pidió la suspensión de Eduardo Cunha, acusándolo de no ser imparcial en el proceso.
El 16 de diciembre, el STF juzgó las reglas del proceso de destitución. La decisión final del STF estableció cómo debía ser el procedimiento, incluyendo la votación abierta para elegir a los miembros de la comisión.
Comisión especial de destitución en la Cámara de los Diputados
Primeros pasos y argumentos
El 17 de marzo, la Cámara eligió a los 65 miembros de la comisión especial que analizaría la solicitud de destitución. Rogério Rosso fue nombrado presidente de la comisión y Jovair Arantes, relator del proceso. Arantes presentó un plan de trabajo que incluía invitar a los autores de la solicitud y a expertos en presupuesto.
El 30 de marzo, Miguel Reale Júnior, uno de los autores, declaró ante la comisión. Dijo que las "pedaladas" eran un delito grave porque ocultaban el déficit fiscal y porque el gobierno había pedido préstamos a entidades que controlaba, lo cual es ilegal. Afirmó que estas acciones llevaron a una crisis económica con inflación y desempleo. También señaló que, aunque estas maniobras hubieran ocurrido en gobiernos anteriores, no les quitaba su carácter de delito.
Luego, la abogada Janaina Paschoal también habló. Aseguró que había "delitos de responsabilidad de sobra", refiriéndose a los decretos no autorizados y a la supuesta omisión de la presidenta en las irregularidades de Petrobras. Dijo que la falta de responsabilidad fiscal del gobierno había creado una situación financiera muy grave para los brasileños.
La defensa de la presidenta
El 31 de marzo, el Ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, y el profesor Ricardo Lodi Ribeiro presentaron la defensa de la presidenta. Barbosa argumentó que el proceso solo debía considerar los hechos ocurridos desde el inicio del segundo mandato, donde no hubo "pedaladas". Lodi defendió que la meta fiscal de 2015 se había cumplido y que no hubo delito de responsabilidad.
El 4 de abril, el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, defendió a la presidenta Dilma ante la comisión. Afirmó que el proceso era inválido y que no había un delito de responsabilidad que lo justificara. Cardozo dijo que la destitución de un presidente sin base constitucional era un "golpe". También alegó que Eduardo Cunha había aceptado la solicitud por "venganza" y "represalia".
El 14 de abril, el STF negó varias solicitudes del gobierno que buscaban suspender o cambiar el orden de la votación en el pleno.
El informe de Jovair Arantes
El 6 de abril, la presidenta Dilma sufrió una derrota importante en la comisión, ya que el relator Jovair Arantes presentó un informe que recomendaba votar a favor de abrir un proceso contra ella. Arantes dijo que había "indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución Federal" y que existía un delito de responsabilidad. Su análisis se centró en las irregularidades en la gestión de las cuentas públicas, como las "pedaladas fiscales", y sus efectos en la crisis económica.
Arantes sostuvo que los retrasos en los pagos no eran simples demoras, sino un mecanismo para ocultar el déficit fiscal. Según él, estos retrasos eran préstamos al Gobierno, lo que podría ser un delito de responsabilidad.
En respuesta, el ministro Ricardo Berzoini y el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, declararon que el informe de Arantes no señalaba un delito de responsabilidad claro y que era "viciado" y "nulo".
Discusión y votación en la comisión
La comisión de destitución inició las discusiones el 8 de abril. El 11 de abril por la noche, la comisión aprobó el informe de Arantes por 38 votos a 27. La sesión fue muy tensa. Arantes afirmó que la población pedía la continuidad del proceso. José Eduardo Cardozo acusó el informe de tener "contradicciones" y "errores conceptuales", y de ser impulsado por un "deseo político".
Plenario de la Cámara de los Diputados
El 15 de abril, los diputados abrieron una sesión para analizar la solicitud. La votación final ocurrió el domingo 17 de abril. Cada diputado debía ir al micrófono y decir "sí" para aprobar la apertura del proceso, "no" para rechazarlo, o "abstención". Se necesitaban 342 votos favorables para que el proceso fuera autorizado en el Senado.
Otros eventos importantes
La disputa política
La lucha por los votos fue muy intensa. Tanto el gobierno como la oposición intentaron conseguir el apoyo de los parlamentarios.
Estrategia del gobierno
Dilma buscó llevar el proceso al STF, apoyar a sus aliados, y atraer a partidos pequeños y medianos. También intentó vincular su posible salida con el fin de programas sociales, como Bolsa Familia. Se rumoreó que el gobierno ofrecía cargos y beneficios a los diputados para asegurar su voto. El expresidente Lula fue un negociador clave para el gobierno.
El ministro Ricardo Berzoini negó que hubiera negociación de votos, diciendo que el gobierno solo buscaba demostrar que la solicitud de destitución no tenía fundamentos legales.
Estrategia de la oposición
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, anunció que votaría a favor de la destitución. Creó una estrategia para el día de la votación, que incluía llamar a los diputados ausentes varias veces y comenzar la votación por estados donde los parlamentarios eran más favorables a la destitución. También programó la votación para un domingo, esperando una mayor presión de las manifestaciones en las calles.
Acciones de Michel Temer
En diciembre de 2015, se informó que el vicepresidente Michel Temer estaba organizando un movimiento a favor de la destitución. Buscaba unificar su partido (PMDB) y conseguir el apoyo de otros partidos para presionar a los ministros.
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Temer también empezó a planear su posible gobierno si Dilma era destituida. Su objetivo era atraer a los mismos partidos que Dilma intentaba convencer, ofreciéndoles cargos y ventajas.
Posiciones de los partidos
La siguiente tabla muestra las posiciones que los partidos anunciaron, junto con el número de sus representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Congreso de los Diputados
| Asunto | Fecha | Voto |  |
 |
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Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso de destitución de Dilma Rousseff | 8 de junio de 2021
Mayoría absoluta requerida (257/513) |
 Yes |
59 | 14 | 22 | 52 | 29 | 6 | 28 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 26 | 8 | 38 | 4 | 10 | 29 | 2 | 14 | 2 |
367/513
|
||||
| No | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 60 |
137/513
|
||||||||||||
| Abs. | 1 | 3 | 3 |
7/513
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aus. | 1 | 1 |
2/513
|
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Senado
| Asunto | Fecha | Voto | |
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Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceso de destitución de Dilma Rousseff | 8 de junio de 2021
Mayoría absoluta requerida (41/81) |
Yes |
13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 |
55/81
|
||||
| No | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
22/81
|
||||||||||||
| Abs. | 1 |
1/81
|
||||||||||||||||||||
| Aus. | 2 | 1 |
3/81
|
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Apoyos y oposiciones al proceso
Manifestaciones a favor
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Durante el proceso, hubo muchas manifestaciones populares. El 13 de diciembre de 2015, miles de personas se reunieron en Brasilia y otras cien ciudades para pedir la destitución de la presidenta.
En marzo de 2016, varios eventos aumentaron el apoyo a la destitución: la detención de un publicista por las investigaciones de irregularidades, la filtración de información de un senador que acusaba a la presidenta de saber sobre el esquema de irregularidades en Petrobras, y una solicitud de detención contra el expresidente Lula por acusaciones de irregularidades.
El 13 de marzo, los movimientos a favor de la destitución organizaron protestas masivas en todo el país. Millones de personas salieron a las calles para manifestarse contra el gobierno y apoyar las investigaciones.
Después de que se publicaran grabaciones de conversaciones entre Lula y la presidenta Dilma, se sugirió que el contenido indicaba un intento de interferir en la justicia con el nombramiento de Lula como Ministro de la Casa Civil. Esto causó indignación y más protestas.
Manifestaciones en contra
También hubo manifestaciones en contra del proceso. El Consejo Nacional de Iglesias Cristianas y la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil se opusieron oficialmente. Varias universidades y entidades de trabajadores, como la Central Única de los Trabajadores y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, también se unieron al grupo contrario.
Dieciséis gobernadores y dieciséis alcaldes de capitales firmaron una carta contra el proceso. La presidenta también recibió el apoyo de treinta juristas. Algunos juristas, como Marcello Lavenére, argumentaron que el caso de Dilma era diferente al de otros presidentes destituidos porque ella no enfrentaba acusaciones de actos ilícitos directos.
Otros líderes políticos lanzaron un movimiento llamado "Red de la Legalidad contra el impedimento de la presidente Dilma Rousseff", argumentando que el proceso era un "golpe" porque, según ellos, no había una base legal sólida.
Reacciones internacionales
La prensa internacional tuvo opiniones divididas. Algunos periódicos importantes como The New York Times y The Financial Times publicaron artículos contrarios a la destitución, expresando preocupación por la democracia en Brasil. Otros, como The Economist, sugirieron que la salida de Dilma podría ser una oportunidad para un nuevo comienzo en Brasil.
Líderes y entidades mundiales también se manifestaron. La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas respaldó el Estado Democrático de Derecho en Brasil. Presidentes de países como Bolivia y Venezuela alertaron sobre el riesgo de un "golpe de Estado". La ONU hizo un llamado a respetar el Poder Judicial y la democracia brasileña.
Otros puntos importantes
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB)
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) presentó un informe favorable a la destitución de la presidenta Dilma. La OAB argumentó que la presidenta había cometido delitos de responsabilidad por las "pedaladas fiscales", por beneficios fiscales para la Copa del Mundo de 2014, y por una supuesta interferencia en las investigaciones de irregularidades.
La OAB envió una nueva solicitud de destitución a la Cámara de Diputados, apoyada por muchos abogados. El presidente de la OAB, Claudio Lamachia, afirmó que la decisión se basaba en razones técnicas y que la OAB defendía a los ciudadanos y a la sociedad.
Declaraciones de Dilma Rousseff
La presidenta Dilma convocó una conferencia de prensa el 11 de marzo de 2016. En respuesta a la sugerencia de Aécio Neves de que renunciara, Dilma dijo que no era apropiado que un líder de la oposición pidiera la renuncia de un presidente elegido legítimamente sin pruebas de que hubiera violado la Constitución.
El 22 de marzo, Dilma declaró enfáticamente que no renunciaría y calificó el proceso de destitución como un "delito contra la democracia". Dijo que la destitución solo es válida si hay un delito de responsabilidad, y sin él, el proceso se convierte en un "golpe".
El 24 de marzo, Dilma se reunió con periodistas extranjeros y reafirmó que no renunciaría. Argumentó que no había fundamentos legales para la destitución y calificó el proceso como un "golpe". También defendió el nombramiento de Lula.
El 15 de abril, Dilma hizo su último pronunciamiento antes de la votación en la Cámara. Repitió la idea de que era un "golpe" y afirmó que lo que estaba en juego era el respeto a la voluntad del pueblo brasileño y a los programas sociales.
Pago de las "pedaladas"
El 30 de diciembre de 2015, el gobierno pagó todas las deudas relacionadas con las "pedaladas fiscales" a bancos públicos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la Caja Económica Federal. El valor total pagado fue de R$ 72,4 mil millones.
Opiniones de ministros del STF
Varios ministros y exministros del Supremo Tribunal Federal (STF) dieron su opinión sobre el proceso. El 23 de marzo de 2016, Días Toffoli, ministro del STF, afirmó que el proceso de destitución estaba previsto en la Constitución y las leyes brasileñas. Dijo: "No se trata de un golpe. Todas las democracias tienen mecanismos de control y el proceso de destitución es un tipo de control".
La ministra Carmen Lúcia también dijo que el proceso de destitución no sería un "golpe" si se respetaba la Constitución. El exministro Ayres Britto afirmó que la destitución es legal y está en la Constitución. El ministro Celso de Mello también defendió que la destitución no es un "golpe" si se respetan las reglas constitucionales.
El exministro Eros Grado advirtió que clasificar el proceso de destitución como "golpe" sería una agresión a la Constitución. El presidente del STF, Ricardo Lewandowski, dijo que "golpe es una expresión que pertenece al mundo de la política. Nosotros aquí usamos solo expresiones del mundo jurídico". El ministro Luís Roberto Barroso afirmó: "destitución no es golpe, es un mecanismo previsto en la Constitución". Sin embargo, el ministro Marco Aurélio Mello declaró: "Si no hubiera hecho jurídico que respalde el proceso de destitución, ese proceso no se encuadra en figurín legal y transparece como golpe".
Lista de Odebrecht
La publicación de una lista de políticos que supuestamente recibieron dinero de la empresa Odebrecht generó rumores de que el proceso de destitución podría verse afectado. La lista incluía a algunos opositores que pedían la destitución de Dilma. No se sabía si el dinero era de origen ilegal ni por qué se divulgó sin autorización judicial.
Véase también
En inglés: Impeachment of Dilma Rousseff Facts for Kids
- Golpe blando
- Crisis económica en Brasil desde 2014
- Juicio político a Fernando Collor
- Protestas en Brasil de 2015
- Movimiento Brasil Libre
