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Conflicto de los «papeles de Salamanca» para niños

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El conflicto de los «papeles de Salamanca» fue una discusión importante, tanto política como legal, que surgió en España durante el periodo en que el país pasó a ser una democracia. Alcanzó su punto más alto cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno (entre 2004 y 2008).

El problema trataba sobre la devolución a la Generalidad de Cataluña (el gobierno de Cataluña) de unos documentos que habían sido recogidos por las autoridades durante la guerra civil española. Estos documentos estaban guardados en el Archivo de la Guerra Civil Española en Salamanca.

Este asunto se convirtió en un gran debate. Por un lado, una parte importante de la población catalana, junto con su gobierno y partidos políticos, defendía con firmeza que los documentos debían volver a Cataluña. Por otro lado, la gente de Castilla y León, liderada por el alcalde de Salamanca y el presidente de la Junta de Castilla y León (el gobierno de esa región), se oponía con la misma fuerza. Ellos decían que devolver los documentos sería como un "robo" o "expolio".

La Junta de Castilla y León llevó el caso ante el Tribunal Constitucional, pero este tribunal decidió el 31 de enero de 2013 que los documentos sí podían ser trasladados. Con esta decisión, el conflicto llegó a su fin.

¿Cómo se recogieron los documentos?

Archivo:Spanish civil war archive
Fachada del Archivo de la Guerra Civil Española en Salamanca.

Cuando las tropas que ganaron la guerra civil española tomaron Cataluña a principios de 1939, poco antes de que terminara la guerra, las autoridades militares recogieron muchos documentos. Los encontraron en oficinas de instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y casas de personas. El objetivo era usar estos documentos como pruebas para investigar y juzgar a quienes habían apoyado al otro bando durante la guerra.

Toda esta gran cantidad de documentos, junto con carteles, revistas, periódicos y libros, fue enviada a Salamanca. Allí se encontraba el cuartel general del líder de las tropas. Se calcula que con toda la información recogida, no solo de Cataluña sino de todos los lugares que fueron ocupados, se hicieron unos tres millones y medio de fichas de personas.

Durante el tiempo en que el general Franco gobernó España, los historiadores no podían ver estos documentos. Fue a finales de los años 70, cuando España empezó a ser una democracia, que los investigadores pudieron acceder a ellos. El historiador Julián Casanova dijo que se convirtió en un lugar muy importante para quienes estudiaban la Guerra Civil y la historia de principios del siglo XX. En 1979, se creó una sección especial del Archivo Histórico Nacional en Salamanca para estos documentos. En 1999, se convirtió en el Archivo General de la Guerra Civil.

El debate sobre los documentos

¿Por qué algunos se oponían a devolver los documentos a Cataluña?

El historiador Julián Casanova explicó que, como el Archivo de la Guerra Civil Española se creó para controlar a las personas y se formó recogiendo documentos a la fuerza, era normal que, una vez que España ya era una democracia, surgiera una discusión sobre a quién pertenecían algunos de esos documentos. Cataluña fue la primera en pedir su regreso. En 2001, se formó un grupo de ciudadanos llamado Comisión de la Dignidad, que empezó una campaña para que los documentos incautados volvieran. Entre sus fundadores había personas como Teresa Rovira i Comas, que querían recuperar los archivos y bibliotecas de sus familias que habían sido requisados.

Pero pronto apareció la oposición a que los documentos se movieran. Ya en 1989, el gobierno de Felipe González rechazó la petición del presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol. Sin embargo, en 1995, el gobierno cambió de opinión y aprobó devolver a Cataluña los archivos de su gobierno que habían sido recogidos. Esto provocó una gran movilización de ciudadanos en Salamanca, liderada por el Partido Popular. El 25 de abril, el alcalde de Salamanca entregó a la ministra Carmen Alborch más de 97.000 firmas en contra del traslado. Al final, el traslado no se hizo porque el Partido Popular ganó las elecciones de 1996. La nueva ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, dijo que al archivo de Salamanca "no le sobraban documentos".

En el año 2000, el grupo que dirigía el Archivo de la Guerra Civil Española decidió crear una comisión de expertos para ver si se podían dejar algunos documentos en Cataluña. Pero los cuatro miembros de la comisión no se pusieron de acuerdo. Presentaron dos informes diferentes en junio de 2002: uno decía que el archivo debía mantenerse unido, y el otro proponía que todos los documentos relacionados con Cataluña anteriores a 1936 se guardaran en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña. Al mes siguiente, el Patronato del Archivo anunció que seguiría la recomendación de mantener el archivo unido, diciendo que era importante preservar su "unidad" según las "recomendaciones de la Unesco". El Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León (ambos del Partido Popular) dieron el asunto por terminado. La Generalidad de Cataluña, por su parte, dijo que apelaría la decisión. El 15 de octubre, miles de personas se manifestaron en Barcelona pidiendo el regreso de los «papeles de Salamanca» a Cataluña.

La ley de 2005 para devolver los «papeles de Salamanca»

Después de ganar las elecciones en marzo de 2004, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero apoyó la idea de devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos recogidos al final de la Guerra Civil. Esto causó un gran revuelo político. En noviembre, el Archivo General de la Guerra Civil Española formó una comisión de 18 expertos (historiadores, archivistas, intelectuales y abogados) para que aconsejaran al Ministerio de Cultura sobre el tema. Al mes siguiente, estos expertos publicaron su informe, en el que estaban a favor de devolver a Cataluña los documentos. Tres de los miembros no apoyaron la propuesta y se abstuvieron: los representantes de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de esa ciudad.

El 15 de septiembre de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó una ley para devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos que habían sido recogidos durante y después de la Guerra Civil y que estaban en el Archivo de Salamanca. Los diputados del Partido Popular votaron en contra. Su portavoz, Eduardo Zaplana, lamentó que "la primera ley cultural que aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional" y que se aprobara "por presiones políticas" y "sin contar con los informes de los técnicos". Dijo que era "un atropello", pero que acatarían la ley. Sin embargo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, aseguró que si era posible, presentarían un recurso de inconstitucionalidad.

Antes y después de que se aprobara la ley, miles de personas se manifestaron en Cataluña y Salamanca, tanto a favor como en contra del traslado. Algunos lo veían como un ataque a la unidad de España, y otros como una agresión a Cataluña. Se crearon varias comisiones de expertos para dar su opinión. Cuando parecía que el traslado era inevitable, se puso una valla en la calle para impedir que los documentos salieran. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote del Partido Popular, incluso cambió el nombre de la calle donde está el archivo a 'calle del Expolio', una decisión que no corrigió hasta 2011, cuando volvió a llamarse calle de Gibraltar.

Hubo una gran movilización liderada por los políticos del Partido Popular de Castilla y León, con varias protestas en Salamanca. Una de las más grandes fue el 11 de junio de 2005, mientras se debatía la ley en el Congreso. Fue convocada por el alcalde Julián Lanzarote para que el gobierno mantuviera la "unidad del archivo". A esta manifestación asistieron líderes nacionales del Partido Popular como Eduardo Zaplana, Ángel Acebes y Esperanza Aguirre. Muchos manifestantes llevaban carteles con la bandera española y la frase "ESPAÑA Y ARCHIVO = UNIDAD".

Después de que la ley se aprobara en 2005, se enviaron 500 cajas de documentos a Cataluña. La operación se hizo de madrugada el 19 de enero de 2006, con un gran despliegue policial para evitar problemas. A pesar de esto, algunos manifestantes gritaron a los trabajadores del archivo. En los meses y años siguientes, hubo más traslados de documentos, siguiendo los acuerdos de una comisión conjunta del Estado y la Generalitat. A principios de 2013, se calculaba que habían llegado a Cataluña unos 400.000 documentos y cerca de 600 libros, que fueron clasificados y guardados en el Archivo Nacional de Cataluña. En ese momento, se esperaba la llegada de otros 85.000 documentos más, junto con publicaciones y objetos como sellos o banderas.

Las autoridades de Salamanca y Castilla y León acudieron entonces a los tribunales para intentar revertir el traslado, pero no tuvieron éxito. A finales de 2008, la Audiencia Nacional rechazó la petición del Ayuntamiento de Salamanca para anular la orden del Ministerio de Cultura que regulaba la devolución de los documentos. A principios de 2012, el Tribunal Supremo rechazó la petición del mismo ayuntamiento de declarar el edificio del archivo (el colegio de San Ambrosio) como Bien de Interés Cultural. Con esto, se quería evitar que salieran más documentos del archivo. Al mismo tiempo, la Junta de Castilla y León decidió apelar ante el Tribunal Constitucional la ley de 2005 que había permitido el traslado de los documentos.

En su apelación, la Junta argumentaba que el archivo "se ve seriamente dañado, convirtiéndose en un archivo parcial o un almacén parcial de restos documentales" y que era "un robo" porque impedía que los fondos y el Archivo General de la Guerra Civil cumplieran su función social.

El final del conflicto: la decisión del Tribunal Constitucional en 2013

El 31 de enero de 2013, el Tribunal Constitucional rechazó la apelación presentada por la Junta de Castilla y León contra la ley que permitió la devolución de los «papeles de Salamanca» a la Generalidad de Cataluña. Esto significó que los documentos seguirían en Cataluña. En la sentencia, el tribunal rechazó la idea de que fuera un "robo", que era lo que decían las instituciones de Castilla y León gobernadas por el Partido Popular.

El tribunal dijo:

No estamos ante un caso de robo y debemos señalar que no le corresponde a este tribunal decidir si es mejor mantener los documentos originales en el archivo o devolver los fondos documentales recogidos a sus dueños originales. Esa decisión le corresponde tomarla a quien hace las leyes.

Cuando se conoció la sentencia, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, dijo que aceptaba la decisión, pero añadió que los documentos trasladados a Cataluña "no cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución". Por su parte, el consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Ferran Mascarell, afirmó:

Es una noticia que esperábamos y que, por fin, ha hecho justicia. [...] La razón ha terminado imponiéndose a una de las grandes maldades del franquismo, la de querer borrar la memoria de los catalanes. [...] Ya no hay argumentos para seguir retrasando esto. [...] El fin de este conflicto debe ayudar a que las diferencias futuras entre Cataluña y España se resuelvan con buena voluntad y no se basen en debates históricos que nunca terminan.

Rogelio Blanco, ex director general de Archivos, que presidió la comisión que decidía qué documentos debían ser devueltos (y de los cuales se conserva una copia en Salamanca), dijo:

Me pregunto para qué ha servido toda esta actuación engañosa contra algo aprobado por el Parlamento y cuánto ha pagado el contribuyente para sostener estos fallos que todos han sido a favor del Estado.

El historiador Julián Casanova propuso crear un "archivo de la historia y de la memoria de la Guerra Civil y de la dictadura":

Hemos perdido la oportunidad, en más de tres décadas de democracia, de crear un archivo de la historia y de la memoria de la guerra civil y de la dictadura, como existen en otros países con pasados recientes de violencia. Un archivo que pudiera reunir los documentos dispersos por todo el mundo, desde Stanford, en California, a Moscú, pasando por Roma o Ámsterdam, y que incorporara como propiedad pública los fondos originales de la Fundación Nacional Francisco Franco, gestionados por la familia del líder. Esa importante labor, con un buen equipo de investigadores y archivistas, sería relativamente fácil en la actual era digital. Las generaciones futuras conocerán la historia por el material documental que seamos capaces de preservar y legarles. Las disputas políticas son otra cosa.

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Véase también

Kids robot.svg En inglés: Salamanca Papers Facts for Kids

  • Conflicto de los bienes eclesiásticos de la Franja
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Conflicto de los «papeles de Salamanca» para Niños. Enciclopedia Kiddle.