La Brea y Pariñas para niños

Datos para niños La Brea y Pariñas
Tipo	Refinería de petróleo
Localización	Departamento de Piura (Perú)

El complejo industrial La Brea y Pariñas era un importante lugar de extracción de petróleo en el norte de Perú. Se encontraba en la provincia de Talara, en el departamento de Piura. Desde 1890, fue explotado por la empresa anglo-estadounidense London Pacific Petroleum Co. Luego, de 1914 a 1968, estuvo a cargo de la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC), que era parte de la Standard Oil de New Jersey.

Estos yacimientos se hicieron muy conocidos a partir de 1911. Se descubrió que las empresas estaban usando y explotando muchas más áreas de las que habían declarado inicialmente. A pesar de esto, se negaban a pagar los impuestos que les correspondían según las leyes peruanas. La IPC incluso consiguió beneficios especiales en impuestos y otras cosas, gracias a acuerdos con gobiernos peruanos a lo largo de varias décadas. Este caso fue uno de los más grandes problemas causados por la presencia de empresas extranjeras en Perú. Tuvo una gran influencia en la política del país. En 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado tomó el control de las instalaciones de la IPC en Talara, poniendo fin al problema. Sin embargo, la empresa nunca pagó todo lo que debía al Estado peruano.

Historia de La Brea y Pariñas

¿Cómo empezó el problema de La Brea y Pariñas?

La historia de estos yacimientos de petróleo comenzó en los primeros años de la República del Perú. Los terrenos cambiaron de dueño varias veces. En 1873, pasaron a manos de Genaro Helguero.

Después de la Guerra del Pacífico (alrededor de 1880), Helguero empezó a negociar con empresarios ingleses interesados en el petróleo. También buscó poner en orden los documentos de propiedad de sus terrenos. En 1888, un juez ordenó medir las áreas de La Brea y Pariñas. Se encontró que había 10 "pertenencias" (cada una de 10 mil metros cuadrados). Por cada pertenencia, se debía pagar un impuesto de 30 soles.

Esta medición resultó ser incorrecta. Más tarde se descubrió que el terreno tenía en realidad miles de pertenencias más. Se cree que el error pudo ser por falta de experiencia de los que midieron o por no conocer bien las leyes. También causó sospecha que el juez trabajara para Helguero. Lo cierto es que este error dio origen a uno de los problemas más difíciles que el Estado peruano enfrentaría con empresas de otros países.

La llegada de empresas extranjeras

El 3 de febrero de 1888, poco después de las mediciones, Genaro Helguero vendió sus propiedades a Herbert Tweddle, un estadounidense que vivía en Inglaterra. La venta fue por 18.000 libras esterlinas y fue aprobada por el gobierno.

En 1889, se creó en Londres la empresa London Pacific Petroleum Co.. Tweddle era el accionista principal. Luego se asoció con William Keswick, un ciudadano británico. Ambos, en 1890, alquilaron las propiedades de La Brea y Pariñas a la London Pacific por 99 años. Ese mismo año, Keswick compró los derechos de su socio y se convirtió en el único dueño de la London Pacific.

El inicio del conflicto

El conflicto comenzó en 1911. El ingeniero Ricardo A. Deustua denunció públicamente que la London Pacific estaba explotando muchas más áreas de las que se habían reconocido en 1888. Ante esto, el ministro de Fomento ordenó una nueva medición de la propiedad. Los ingenieros Héctor Boza y Alberto Jochamowitz fueron los encargados. A pesar de la oposición de los ingleses, que incluso ordenaron a la gente no darles comida ni agua, los ingenieros terminaron su trabajo. Descubrieron que la mina no tenía 10, sino nada menos que 41.614 pertenencias.

El 15 de marzo de 1915, el gobierno de Óscar R. Benavides ordenó registrar la propiedad minera "La Brea" con el nuevo número de pertenencias. Esto significaba que el dueño debía pagar un impuesto anual de S/. 1'248,420, y no los S/. 300 que se habían pagado hasta entonces.

La London Pacific Petroleum se negó a pagar esta gran suma, considerándola exagerada. En 1914, vendió sus derechos de alquiler a la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC), que era parte de la Standard Oil de New Jersey. En 1924, la IPC se convirtió en dueña de los yacimientos al comprarlos a los herederos de William Keswick.

El segundo gobierno de José Pardo y Barreda (1915-1919) tuvo que enfrentar este problema. La IPC, por su parte, pidió ayuda a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. El 26 de diciembre de 1918, el Congreso de Perú aprobó una ley que autorizaba al Estado a someter el asunto a un arbitraje internacional. Esto significaba que un tribunal externo decidiría sobre un asunto que era interno del Perú.

El Laudo de París de 1922

Luego, Augusto B. Leguía llegó al poder. Él era un político que favorecía mucho a las empresas estadounidenses. No quiso seguir la ley del Congreso y prefirió llegar a un acuerdo directo. Este acuerdo se firmó el 2 de marzo de 1922, entre el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés A. C. Grant Duff. Este acuerdo fue presentado a un tribunal de arbitraje en París. El 24 de abril de 1922, el tribunal aprobó el acuerdo, dándole el carácter de "Laudo". Sus condiciones eran obligatorias para ambas partes.

Los acuerdos del llamado Laudo de París establecían, entre otras cosas:

• Que la propiedad "La Brea y Pariñas" abarcaba 41.614 pertenencias.
• Que los dueños y arrendatarios pagarían por 50 años, a partir de 1922, un impuesto anual de 30 soles por cada pertenencia en uso y un sol por cada pertenencia sin usar.
• Como único otro impuesto, pagarían un impuesto por la exportación de productos petroleros, que no podría aumentar por veinte años.
• Por deudas anteriores hasta 1921, pagarían un millón de dólares americanos.

Este laudo arbitral fue muy desfavorable para los intereses de Perú. Estableció un sistema de impuestos especial y muy bajo para los dueños y explotadores de La Brea y Pariñas. El Estado peruano dejó de recibir grandes sumas de dinero en impuestos. El gobierno de Augusto B. Leguía sentó un precedente de sumisión a los intereses extranjeros. Esto causó muchas protestas nacionalistas durante varias décadas.

La IPC obtuvo más leyes favorables (como la Ley 9485 de 1941 y la Ley 11780 de 1952) y beneficios especiales en esas leyes. El descontento de la gente por esta situación se convirtió en una causa importante para líderes jóvenes como Héctor Cornejo Chávez, Alfonso Benavides Correa y Fernando Belaúnde Terry. Ellos basaron parte de su carrera política en defender los derechos de la Nación sobre sus recursos.

El Acta de Talara

En 1963, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones presidenciales. Una de sus promesas de campaña fue resolver el problema de La Brea y Pariñas. Primero, envió al Congreso un proyecto para anular el Laudo de París. También pidió que los campos de La Brea y Pariñas pasaran a manos de la Empresa Petrolera Fiscal (una entidad del Estado). El Congreso aprobó la Ley Nº 14.696, que declaraba nulo el Laudo. Sin embargo, no se pronunció sobre el segundo punto. El gobierno promulgó la ley el 4 de noviembre de 1963, quedando autorizado para buscar una solución. Finalmente, por Ley 16.674 del 26 de julio de 1967, se autorizó al gobierno a recuperar los yacimientos e instalaciones de la IPC por las deudas.

En julio de 1968, el gobierno comenzó a negociar con la IPC. El 13 de agosto de ese año, ambas partes firmaron el Acta de Talara. Por este acuerdo, todos los campos petroleros pasaban a la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) para cubrir las deudas de la IPC. Pero la IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución de combustible en el país y otras concesiones. La IPC se comprometía a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender para procesarlo en su refinería. Esto iba en contra de lo que la Ley 16.674 esperaba, que era la entrega de todas las instalaciones de la IPC por sus deudas. Sin embargo, en ese momento, el gobierno presentó el acuerdo como un gran éxito.

El Acta fue firmada por el presidente Belaúnde, por el presidente del Senado Carlos Manuel Cox, por el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Ezcurra y por altos funcionarios de la IPC. Todos los medios de comunicación anunciaron el fin del "Problema de la Brea y Pariñas", lo que contentó a la opinión pública.

La toma militar de las instalaciones de Talara

El 9 de octubre de 1968, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada ordenó la toma de las instalaciones de la IPC en Talara. Las fuerzas de la Primera Región Militar, al mando del general Fermín Málaga, llevaron a cabo esta acción. Este evento tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a fortalecer su poder. La fecha del 9 de octubre se celebró durante el gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional.

La IPC fue expulsada definitivamente del país. Aunque el gobierno de Velasco dijo varias veces que no pagaría ninguna compensación a la empresa, más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la IPC. Mediante el Convenio De la Flor-Greene, Perú pagó una compensación total de 76 millones de dólares a todas las empresas estadounidenses afectadas por las expropiaciones. En cuanto a las deudas que la IPC tenía con el Estado (que desde 1924 se estimaban en 690 millones de dólares), estas nunca se pagaron.

Los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas ya estaban produciendo menos petróleo. La refinería de Talara también estaba muy antigua. Con base en todo esto, el gobierno militar creó la entidad Petróleos del Perú (PETRO-PERU). Esta nueva empresa se encargaría de la extracción y venta del petróleo del país.

Véase también

• Oncenio
• Primer Gobierno de Fernando Belaúnde Terry
• Gobierno de Juan Velasco Alvarado
• Petroperú