Caso Calviá para niños
El Caso Calviá fue un suceso que ocurrió en 1992 en el pueblo de Calviá, en las Islas Baleares, España. Se trató de un intento de ofrecer dinero a un concejal del ayuntamiento, José Miguel Campos, para que cambiara su voto. El objetivo era lograr que se votara en contra de la alcaldesa de ese momento, Margarita Nájera, y así cambiar el gobierno local.
Contenido
¿Qué sucedió en el Caso Calviá?
El intento de soborno
El 27 de enero de 1992, algunas personas intentaron convencer al concejal José Miguel Campos de que cambiara su apoyo al gobierno local. Le ofrecieron una gran cantidad de dinero, 100 millones de pesetas (que era mucho dinero en aquella época), para que votara a favor de una moción que buscaba cambiar al alcalde.
La denuncia y las pruebas
Sin embargo, el plan no funcionó. El concejal José Miguel Campos no aceptó el dinero. En su lugar, decidió denunciar lo que estaba ocurriendo. Para demostrar el intento de soborno, aportó unas grabaciones que había hecho. Estas grabaciones sirvieron como prueba de lo que había sucedido.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Varias personas fueron mencionadas en relación con este caso. Algunas de ellas eran miembros de un partido político o empresarios.
- Francesc Gilet Girart: Fue un exconsejero del Gobierno de las Islas Baleares y exdiputado.
- Eduard Vellibre: Era el expresidente del partido en Calviá.
- Andreu Bordoy: Ocupaba el cargo de vicepresidente del partido en Calviá.
- Andreu Pizà: Era un concejal del mismo partido en Calviá.
- Miquel Deyà: Se encargaba de la organización del territorio en el partido a nivel de las Islas Baleares.
- Joan Forcades: Fue el expresidente del Comité Electoral del partido en Baleares.
¿Qué decidieron los tribunales?
Las primeras sentencias
El Caso Calviá fue investigado por los tribunales. En 1993, la Audiencia Provincial dictó una sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1994. En esta sentencia, se declaró culpables a dos exdirigentes del partido en Baleares, Andreu Bordoy y Miguel Deyà, y a un empresario llamado Guillem Ginard. Se les condenó por intentar sobornar al concejal José Miguel Campos.
Personas exculpadas
Durante el juicio, otras personas como Eduard Vellibre, Francesc Gilet y el entonces presidente Gabriel Cañellas, también declararon. Sin embargo, ellos fueron declarados inocentes y no se les encontró culpables en esta primera fase del caso.
La reapertura del caso
En marzo de 1996, Andreu Bordoy presentó lo que parecían ser nuevas pruebas. Estas pruebas sugerían que más personas importantes del partido en Baleares podrían haber estado involucradas en el plan. Por esta razón, el caso se volvió a abrir para una nueva investigación.
El final del caso
La investigación se trasladó a un tribunal superior debido a que afectaba a personas con un estatus especial (aforadas). Sin embargo, finalmente el caso regresó al juzgado de instrucción porque no se encontraron pruebas suficientes contra estas personas. A principios de 1999, el delito fue declarado "prescrito". Esto significa que había pasado demasiado tiempo desde que ocurrieron los hechos y, según la ley, ya no se podía juzgar a nadie por ellos. Por lo tanto, no hubo un nuevo juicio.